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Con voz propia

Marco Antonio Baños, la inacción sancionaria del IFE a televisoras

El ahora presidente del IFE, Marco Antonio Baños, responsable de la inacción sancionaria del IFE a las televisoras mexicanas por las elecciones del 2012

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El presidente del IFE, Marco Antonio Baños. Foto: red

¿No es así consejero Baños?

Francisco Bedolla Cancino*

La entrega del IFE a los designios de los poderes fácticos y los partidos políticos sucedió en una fecha como hoy, cinco años atrás. No se trató de la consecuencia desafortunada de un error de cálculo, sino de un acto premeditado, promovido por el actual presidente en funciones del Consejo General del IFE, Marco Antonio Baños. Sirva la presente como conmemoración luctuosa de la decisión que marcó el fin de la época en que el IFE, a base de eficacia y confianza, pudo erigirse como la palanca del cambio democrático en nuestro país.

Habían transcurrido cuatro meses desde la declaratoria de apertura del proceso electoral 2008-2009. Era el preludio de la puesta en vigor de la transformación más radical introducida por la reforma electoral de 2007, consistente en la prohibición total de la compra-venta de tiempo para efectos de propaganda política en los medios de comunicación y en la conversión del Instituto Federal en el administrador único de los tiempos del Estado para efectos políticos-electorales.

Quienes trabajábamos en las áreas de decisión del IFE, percibíamos con buenas dosis de nerviosismo que estaba encima nuestra el tiempo de la verdad para los modelos de arbitraje electoral y de comunicación política que meses atrás habían sido introducidos por la reforma electoral. En los ejercicios de prospectiva política que los asesores compartíamos era punto menos que evidente que las televisoras, tras perder un negocio de varios miles de millones de pesos al año, harían hasta lo imposible por doblegar al IFE y hacer abortar el intento de proveer a los ciudadanos de comicios organizados al margen de los sesgos televisivos.

Y así fue. La primera semana de febrero de 2009, poco antes del inicio de las campañas para la renovación de la Cámara de Diputados, Televisa y TV Azteca, en una acción coordinada y perfectamente planeada, decidieron poner a prueba la fortaleza jurídica y ética del árbitro. La ocasión lucía inmejorable. La tarde del sábado 7 de febrero ambas televisoras, aprovechando que tenían programados en cadena nacional sendos partidos de fútbol, de esos con alto rating garantizado, interrumpieron a la mitad la transmisión para dar paso a la difusión de la propaganda política de los partidos.

Al respecto, varias cuestiones merecen ser destacadas. Primero, la perfecta sincronía con la que los canales 13 y 2 interrumpieron la transmisión la tarde del mencionado sábado; segundo, que dicha decisión era abiertamente violataria del acuerdo signado con el IFE de dosificar la transmisión de los spots propagandísticos, y no de concentrarlos; y tercero, que ambas televisoras se valieran del idéntico y falso aviso de que la interrupción de la transmisión era en respuesta a la instrucción del IFE.

Al buen entendedor, como dice el conocido refrán, pocas palabras. Tal decisión del duopolio televisivo, a ojos vistas, entrañaba todos los ingredientes de una rebelión frontal en contra de la máxima autoridad arbitral (el IFE) y de un desacato abierto a las disposiciones legales en materia del uso de los tiempos oficiales. He aquí el primer y decisivo caso que el Consejo General habría de conocer y juzgar como autoridad única en materia de administración de los tiempos oficiales, de tal suerte que el dilema era crudo y, a la vez, contundente: o comportarse como árbitro y aplicar la sanción correspondiente con todo el rigor de la ley; o en abdicar de las facultades legales y convertirse en comparsa de los intereses de las corporaciones mediáticas.

Hoy, a exactos cinco años de distancia, es más que claro que la decisión del Consejo General de comportarse como comparsa de las televisoras, bajo los argumentos legal y materialmente falaces de que la rebelión de las televisoras no había sido tal, sino un mero y desafortunado episodio, marcó el triste derrotero que profundizó el agotamiento de la autonomía y el desplome de la confianza institucional, que son los signos distintivos de la esquela mortuoria del IFE.

Pese a todo, hay elementos suficientes para sostener que la entrega del IFE a los contubernios de los partidos políticos con las televisoras no fue una decisión fácil. Todavía entre las nueve y las diez de la noche del jueves 12 de febrero, a unas cuantas horas de que iniciara la sesión del Consejo General en que habría de votarse la resolución sobre este asunto, la instrucción enfática y vigente en el equipo de asesores del consejero Marco Antonio Baños, hoy presidente provisional del IFE, era que se le formulara un posicionamiento en el sentido de la aplicación de una multa de cinco millones de pesos.

Cabe precisar que el posicionamiento en cuestión fue pulcramente elaborado, pero el consejero Baños ni siquiera se tomó la molestia de solicitarlo. Al día siguiente, para sorpresa de su equipo de asesores, tomó él mismo en sus manos la estafeta de la entrega abyecta y la sumisión del árbitro electoral a los designios de los enemigos de la democracia y el interés público, y abanderó la propuesta del sobreseimiento del caso (léase: la inacción sancionatoria), en la que le secundaron los consejeros Arturo Sánchez, Francisco Guerrero, Benito Nacif, Macarita Elizondo y Marco Gómez.

Las razones por las cuales el consejero Baños dio el paso abrupto de paladín de la democracia a comparsa de las televisoras son una de las muchas cosas que, por salud pública, debiera explicar. En tanto eso sucede, o no, es pertinente precisar que las señales del viraje abrupto coincidieron con un intercambio telefónico intenso la noche del jueves 12 de febrero de 2009 entre Baños y Javier Tejado, vicepresidente de información del grupo televisa. Y no menos pertinente resulta señalar que, por más que el equipo de Baños se resistió a creer, la noticia de que la resolución del Consejo General apuntaría al sobreseimiento provino del coordinador de asesores del consejero Marco Gómez, quien aconsejó a los asesores de Baños irse a dormir en lugar de desvelarse elaborando un posicionamiento de sanción, que no sería utilizado.

Una fecha como hoy, cinco años atrás, se cocinó al interior del IFE, con la complacencia activa de Baños y cinco consejeros más, la contrarreforma electoral y el sometimiento del IFE a intereses contrarios a la democracia. Como resultado de ello, el hoy presidente provisional del IFE, recibió el trato preferencial de televisa con invitaciones a eventos de difusión, que en circunstancias diferentes le habrían correspondido al entonces presidente, Leonardo Valdés quien, junto con los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade, votó en contra del sobreseimiento.

Más allá del interés anecdótico, que lo hay, el promotor de la subyugación del IFE está éticamente obligado a revelar los términos de su negociación con Tejado, el funcionario de televisa, la noche anterior a la sesión del Consejo General del 13 de febrero de 2009 y, como todo parece indicar, las presiones a las que las fuerzas políticas le sometieron a él y a los consejeros que le secundaron. Y ya que ha comprometido públicamente su “expertise” técnico a las mejores causas del cambio por venir, que nos ilustre acerca de cómo podemos impedir que la falta de integridad ética de los futuros comisionados se convierta, como en su caso, en un obstáculo insalvable para el éxito de la nueva autoridad electoral nacional.

* Analista político

@franbedolla

 

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Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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