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Justicia pendiente

Marcha nacional por la libertad de falsos culpables, al Senado mexicano en busca de la Ley de Amnistía

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Por Guadalupe Lizárraga

«¡Nosotros como madres estamos presas con nuestros hijos!, ¡No más inocentes en la cárcel!, ¡Libertad para falsos culpables!»

Fueron algunas de las frases que acompañaron la primera marcha nacional por la libertad de falsos culpables en México, exigiendo la Ley de amnistía para delitos de alto impacto, propuesta por José Humbertus Pérez Espinoza, líder del movimiento Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

La marcha tuvo inicio en el Ángel de la Independencia con destino al Senado, sobre la avenida Reforma, y el objetivo, además de visibilizar los miles de casos de fabricación de culpables en las cárceles del Estado de México y el país, es la propuesta de la intervención del Senado para crear comisiones especiales y ordinarias para la liberación masiva de víctimas de corrupción judicial.

Humbertus señaló ante cientos de familiares de personas privadas de libertad que se presentaron 765 solicitudes de amnistía y que ya se tenía resuelto el ingreso.

“Vamos a solicitar la apertura al congreso para ver cómo vamos a materializar la ley -especificó- porque la presentación de este marco normativo abre las puertas de la cárcel”.

Enfatizó el defensor de derechos humanos, que su organización dice la verdad jurídica, “no engañamos a nadie”, y enfatizó que su activismo nació desde la prisión, y desde la criminalización del Estado, por lo que invitó a seguir la lucha por la libertad de los falsos culpables del país.

Explicó Humbertus que la insistencia en la fabricación de culpables con delitos de alto impacto era para proteger a los verdaderos responsables de los delitos, y mencionó a políticos que han destacado por su corrupción, desde el expresidente Enrique Peña Nieto y el exgobernador Eruviel Ávila. Pero también señaló a Genaro García Luna, uno de los responsables de la fabricación de culpables como política de gobierno para simular eficiencia policial.

En el Senado mexicano, José Humbertus dijo que es el órgano legislativo encargado de la estrategia de Seguridad nacional y el Poder Legislativo es el que realmente está facultado para crear el marco normativo para una Ley de Amnistía en delitos de alto impacto, y no el Poder Judicial como generalmente se cree.

Comunicado público de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

Queremos decirles que este movimiento social nació en cada una de las prisiones mexicanas, en donde están privadas de su libertad miles del falsos culpables por delitos de alto impacto mujeres y hombres, que son inocentes, que no cometieron conductas contrarias a la sociedad y que han destruido a miles de familias mexicanas.

Los falsos culpables son personas privadas de la libertad que el Estado mexicano los lleva a prisión, utilizando todos los medios coercitivos como policías, ministerios públicos, jueces, magistrados y la parte más dura de la coerción es la cárcel, son detenidos arbitrariamente, en donde primeramente, los policías aprehensores los extorsionan, el ministerio público les confecciona los delitos que mejor les parece, por su apariencia, condición económica y social, estando en prisión les fabrican más conductas delictivas y les otorgan largas sentencias por delitos de los llamados de alto impacto que no cometieron y son parte de la fallida lucha contra la criminalidad, los diseñadores de esta política para criminalizar a la sociedad es una élite que esta vinculada y forma parte del crimen organizado del poder político y público de México.

Los falsos culpables y sus familiares han emprendido una larga lucha organizada, que nació en el penal de Chiconautla ubicado en el municipio de Ecatepec Estado de México, que para llegar a esta primera marcha nacional se ha tenido que luchar y superar muchos obstáculos, el principal las divisiones, la persecución de las autoridades penitenciarias a los familiares que iniciaron esta lucha, el homicidio, los traslados a otros penales de los internos que sus familiares forman parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH).

PIDH quiere decirles que lo principal de esta lucha son las personas que están privadas de la libertad en las cárceles mexicanas, que su exitosa lucha está en que no pertenecemos a ningún partido político, ni tampoco nos autodenominados defensores de los derechos humanos, ni viajamos por el mundo para tener los títulos nobiliarios de activistas, nuestro activismo nació desde la prisión, en la dura prisión.

La rebelión de los falsos culpables se ha concentrado en la libertad de las personas por delitos de alto impacto que no cometieron y son inocentes de: homicidio calificado, secuestro, violación, feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, robos con violencia por utilizar armas y explosivos.

PIDH los invita para que continuemos la defensa de los falsos culpables en todo el país, somos los familiares que integran este gran movimiento y los autores de la Ley de Amnistía del Estado de México, en donde en sus artículos 16, 17, y 18 se incluyó la exposición de motivos, donde señalamos la existencia de los falsos culpables por delitos de alto impacto y que los delitos son fabricados, para no juzgar a los verdaderos responsables de cometer las conductas antisociales.

PIDH, quiere informar que ha presentado 765 Solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto en la Legislatura del Estado de México y que representan el 78% de todas las solicitudes que ingresaron a este órgano legislativo desde el 8 de abril al 3 de septiembre de 2021.

Nuestra organización dice la verdad jurídica, no engañamos a nadie y en todo el país vamos a avanzar si logramos reformar la Ley de Amnistía para delitos federales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las reformas a estos marcos normativos abrirán las puertas de las cárceles para que obtengan su libertad miles de falsos culpables.

El día de hoy PIDH presenta dos iniciativas al Senado de la República con proyectos de Decreto para reformar la Ley de Amnistía para delitos federales e incluyan los delitos de alto impacto como: homicidio calificado, secuestro, violación, feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, robos con violencia por utilizar armas y explosivos.

En el caso de la Ley de Amnistía concretamente presentamos que se adicionen los artículos 9, 10, y 11 que señalan lo siguiente:

Artículo 9. La LXV Legislatura del Senado de la República con base en su normatividad, integrará una Comisión Especial en Materia de Amnistía, con el fin de dar seguimiento a lo ordenado en esta ley, así como para conocer de aquellos casos que por su relevancia son puestos a su consideración por medio de las personas y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.

La Comisión Ordinaria integrará a un grupo de expertos de México y de otros países, en donde el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido exitoso, quienes analizarán de manera minuciosas cada una de las solicitudes presentadas y resolverán a que organismos turnarán las peticiones para solicitar la Opinión Consultiva.

El grupo de expertos analizarán de los casos por su relevancia, principalmente que investiguen la etapa de investigación inicial y de investigación judicializada, para concluir si las conductas delictivas se cometieron o no por las personas que están procesados o sentenciados por delitos de alto impacto.

Artículo 10. La Comisión al conocer de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, solicitará la opinión consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de República, del Poder Judicial de la Federación y del Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Población, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable.

En atención a las facultades señaladas en el párrafo anterior, tratándose de solicitudes de amnistía, la recepción de la solicitud por parte de la Comisión no implica el otorgamiento de la misma.

Artículo 11. La determinación que resulte del análisis de cada caso, será turnada a la autoridad judicial o procuradora de justicia a efecto de que atienda la recomendación legislativa de libertad por amnistía de casos que por su relevancia haya conocido y se cumplan uno más supuestos los del artículo 16 de la citada ley. También se hará́ del conocimiento del Titular del Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente.

En este mismo sentido presentamos la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar los artículos 491, 492 y 493 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 491. Se constituyen los Proyectos de Inocencia y que se instalarán en las universidades públicas o privadas de las entidades federativas, para que realicen el análisis y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los Proyectos de Inocencia se le asignaran recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento, y duraran hasta que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cuente con operadores de justicia.

Artículo 492. Los Proyectos de Inocencia serán órganos especializados que revisaran la integridad de las condenas dictadas por los órganos jurisdiccionales del fuero común y federal, en el periodo que lleva el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La revisión integral consistirá en base a los argumentos y las pruebas que ofrecieron las fiscalías durante el proceso penal y que sirvieron dictar las sentencias o medios de defensa del fuero común o federales.

Artículo 493. Los Proyectos de Inocencia instalados en las universidades recibirán las solicitudes de revisión de casos, por parte de las personas privadas de la libertad que aleguen haber sido objeto de injusticias, afecto de determinar si dichas peticiones tienen algún merito o no.

El propósito es establecer si se cometieron o no errores en la investigación del delito, por lo que se les consideró responsable y de ser el caso solicitar a la autoridad respectiva que se proceda a exonerar al sentenciado.

En este punto el Senado de la República no cumplió con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, en donde se reformó el artículo 76 fracción XI, otorgándole la facultad exclusiva de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y desde esa fecha hasta el día de hoy que presentamos esta Iniciativa Ciudadana, la Estrategia Nacional de Seguridad se ha convertido en la fabricación de delitos en contra de miles de ciudadanos mexicanos que son inocentes, lo más graves son sentenciados por delitos de alto impacto que no cometieron.

La Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 para instalar y consolidar el SJPA no se cumplió y así mismo no se cumplieron las obligaciones legislativas que se les impusieron a las legislaturas de los Estados y el resultado es que en todo el país miles de personas privadas de la libertad son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron, principalmente los llamados de alto impacto como: (homicidio calificado, secuestro, violación, extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los diversos delitos cometido por medios violentos con armas, principalmente robos con la modificativa de violencia).

 

“Prisioneros hoy, libres por Siempre”

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA

 

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Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

 

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala. El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

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Justicia pendiente

Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Los Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

 

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Justicia pendiente

Juez concede amparo a Murillo Karam contra proceso por delitos de tortura

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Al ex gobernador de Hidalgo le concedieron un amparo por los delitos de tortura y desaparición forzada

El juzgado 16 de distrito en materia de amparo concedió la suspensión provisional al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, con respecto a los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada.

El juzgado aceptó el recurso que interpuso el ex gobernador de Hidalgo y por ello citó a la audiencia constitucional el próximo 11 de octubre para conocer si el juez le concede la suspensión definitiva por estos delitos.

Para saber más del tema: Murillo Karam fue trasladado al Hospital Balbuena por revisión médica

El ex senador solicitó un amparo contra la vinculación de proceso que le fue dictada el pasado 24 de agosto por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por las irregularidades en torno a las investigaciones por el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) puede realizar la investigación complementaria por la audiencia intermedia para que formalice sus acusaciones presente las pruebas correspondientes contra Murillo Karam.

La FGR acusó al ex legislador federal de fabricar la denominada “verdad histórica”, por lo que ordenó la tortura de personas para que declararan a favor de la construcción de la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto en torno a la desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

No te pierdas: Políticos de Hidalgo adulaban a Jesús Murillo Karam con su nombre en edificios y colonias

Jesús Murillo Karam estuvo a cargo de la extinta PGR durante la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, pero ante las críticas por las inconsistencias en las investigaciones, renunció a su cargo y fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Murillo Karam, trasladado a hospital

A finales de gosto pasado, Murillo Karam fue trasladado del reclusorio Norte al Hospital Balbuena de la Ciudad de México para una revisión médica sobre su situación de salud.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el también ex gobernador de Hidalgo fue trasladado por personal penitenciario para conocer su situación de salud, debido a que su defensa legal aseveró que padece hipertensión arterial, enfermedad obstructiva crónica por tabaquismo y otros padecimientos.

 

 

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