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Justicia pendiente

Marcha indígena por la libertad de presos políticos en Guerrero

Miles de indígenas de la Montaña Guerrero salieron a las calles par aexigir la libertad de presos políticos de la Policía comunitaria

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Marcha por la libertad de los policías comunitarios presos por el gobierno de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Marcha por la libertad de los policías comunitarios presos por el gobierno de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer


Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Miles de indígenas e integrantes de organizaciones marcharon para exigir la inmediata libertad de la presa y presos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los cuales cuatro han sido enviados a penales de máxima seguridad fuera del estado. 

Durante el recorrido que duró varios kilómetros y partió del seminario Tonantzin ubicado en la carretera Tlapa-Chilpancingo, mujeres y hombres reclamaron por la libertad de, Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Antonio Suastegui, Samuel Ramírez, Bernardino, García así como los demás policías comunitarios detenidos por el gobierno estatal acusados de múltiples delitos entre estos secuestro, terrorismo, delincuencia organizada, aunque se desempeñaban como integrantes de un sistema de justicia comunitario avalado por sus pueblos asi también en leyes estatales y convenios internacionales.

Otro reclamo de los campesinos cuyo número  de asistentes se aproxima a los cuatro mil, agrupados en el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña fue por la falta de la entrega de maíz prometido y pactado con autoridades del gobierno federal y estatal ya que aunque se acordó luego de regateo gubernamental de que serían seis meses de dotación de maíz y semillas básicas no transgénicas, solo hubo dos entregas y no más. 

Integrantes de Consejo señalaron que persona de la Comisión para el Desarrolo de los Pueblos Indígenas quieren obligaros a firmar un documento en el cua se menciona que el maíz entregado es parte de un programa federal sin considerar que es un insumo necesario demandado por los pueblos luego de la desatención tras el paso de los meteoros Ingrid y Manuel ocurridos en septiembre que afectaron plantíos, casas, terrenos y poblados enteros. 

Aniversario de Tlachinollan. Foto: Sergio Ferrer

Aniversario de Tlachinollan. Foto: Sergio Ferrer



En cuanto a la entrega de casas las autoridades se han quedado cortas y no han dotado de vivienda a los desplazados que siguen teniendo que cambiarse de lugar provisional de campamento. Comunidades de Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Acatepec, Zapotitán Tablas y otros municipios aunque fueron afectadas sus viviendas y su lugar de vivienda, han sido olvidados. 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández tras ratificar en una concentración masiva en el zócalo de la ciudad que la gente de la Montaña demanda la libertad de Nestora Salgado, ratifica su apoyo a Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a a presa la Parota (Cecop), exigió al gobierno respetar a los pueblos originarios y en el caso del Consejo, dotarles del maíz acordado o de lo contrario habrán de realizarse otras medidas para que no se juege con los pueblos. 

Barrera Hernández resaltó la fortaleza de los pueblos y su convicción  por exigir  justicia, ha prevalecido a lo largo de los años. Rechazo la entrada de empresas mineras a la región. En respaldo a la marcha acudió representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), movimientos en defensa de la tierra y el  territorio de Jalisco, Nayarit, Oaxaca. Se nombró la asistencia de representantes de la Embajada de Noruega.

Por la noche, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña que cumple 20 años presentará su informe XX denominado Destellos de Justicia y Esperanza en el auditorio municipal de Tlapa. 

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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Justicia pendiente

Familia desplazada denuncia tráfico de influencia y abuso de poder de autoridades locales de Oaxaca vinculadas al titular del INPI

Ignacio García

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Integrantes de la familia Rivera Gaytán denunciaron ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas como despojo de patrimonio y abuso de poder en una comunidad Mixteca, de Oaxaca, y en el que está relacionado el tráfico de influencias del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Por medio de una misiva enviada al ministro de la Corte, Guillermo Rivera, oriundo de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, denunció que fue víctima de robo de su patrimonio, después de que el pasado 26 de junio de 2015 fuera privada de la libertad su esposa, Adriana Gaytán López, a petición del comisario de bienes comunales, Fortino Islas Domínguez. Cuando acudió a la capital de Oaxaca para promover un amparo, su ganado caprino había sido hurtado de su propiedad.

Por ello, interpuso la denuncia penal correspondiente contra las autoridades municipales y comunales por abuso de autoridad, allanamiento de morada, abigeato, privación ilegal de la libertad, contra el entonces síndico Álvaro Pérez Montes, quien ha contado con el apoyo de Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, y entonces secretario de Asuntos Indígenas del exgobernador Gabino Cue Monteagudo.

De acuerdo con el denunciante, el síndico utilizó la organización Servicios para el Pueblo Mixe A.C., encabezada por el ahora funcionario federal, como despacho jurídico, e incluso denunció que Regino Montes llegó a solicitar al ayuntamiento 300 mil pesos para concluir la demanda a favor de las autoridades locales.

Aunque acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, los aludidos lo demandaron ante la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial del estado, por lo que el proceso legal desvirtuó el origen inicial de las demandas y durante seis meses ese organismo protegió a los demandados y en septiembre de 2016 le ordenaron pagar 150 mil pesos para la resolución de una demanda de robo.

Ante esa situación, interpuso un amparo, mientras que el ganado caprino de raza Boer fue vendido por las autoridades municipales sin haberse resuelto el caso. A razón de ello, Guillermo Rivera interpuso una queja ante la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, donde le informaron que el expediente sería resuelto por la SCJN.

También relató que en 2016 el comisario ejidal lo desplazó de un sitio solar, lo que generó una demanda que debe resolver el Tribunal Unitario Agrario y, un año después, las autoridades locales dañaron su domicilio y volvieron a sustraer parte de su ganado equino.

Asimismo, en enero de 2018 los agresores desalojaron a su familia de su vivienda con dos menores de edad, misma que fue incendiada, por lo que interpuso un amparo federal y exigió la intervención del gobierno de Oaxaca, que hasta la fecha no ha dado respuesta a sus necesidades.

Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca le dio la razón sobre las violaciones de derechos humanos que ha sido víctima con su familia, sin embargo, desde 2015 le negaron el servicio de agua potable y les prohíben el ingreso a las asambleas populares los mismos caciques de la comunidad Cristóbal Miranda Baltazar, Álvaro Pérez Montes y Ulises López Osorio.

El desacato a la Fiscalía de Nochixtlán

En octubre de 2015, las autoridades de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca recibieron un documento expedido por la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán dándoles la instrucción de que se abstuvieran de vender, matar, sustraer o regalar los animales que tenía retenidos de la familia Rivera Gaytán.

El argumento de la instrucción de la fiscalía era porque el ganado se encontraba bajo investigación derivado de la denuncia. No obstante, las autoridades de la comunidad en contubernio con el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, hicieron caso omiso de la instrucción, y vendieron el ganado, quedándose con los recursos obtenidos. Quienes se encargaron de la venta fueron el síndico Desiderio Rivera Cruz y Norberto Baltazar Valdez.

 

La red de tráfico de influencias del director del INPI

Guillermo Rivera denunció en entrevista para Los Ángeles Press la red de influencias que lo expulsaron junto con su familia de la comunidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca con el propósito de despojarle su patrimonio. Quienes iniciaron este atropello fue la entonces presidente municipal Rosa López Baltazar y el comisario de Bienes Comunales, Fortino Islas Rodríguez, responsables también del encarcelamiento contra derecho de Adriana Gaytán López, esposa de Guillermo Rivera, con supuestos cargos de agresión a la autoridad.

Rivera también denunció el contubernio de la Fiscalía General del Estado, con delegación en Nochixtlán, para hacer caso omiso del atropello a su familia y a su patrimonio. Así mismo, mencionó la interferencia del actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, quien además afirmó a las autoridades comunales que había dado 30 millones de pesos a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia en calidad de soborno para que resolvieran el caso en favor de la comunidad, y otros seis millones de pesos para el reconocimiento de comunidad indígena. Los jueces mencionados fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Carrancá, los tres en contra del proyecto a favor de Rivera promovido por Jorge Mario Pardo Rebolledo.

 

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