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Mexico Violento

Marcha de mexicanos por la paz en Estados Unidos

La marcha de mexicanos por la paz en Estados Unidos pretende llamar la atención de Obama para pedirle cese el tráfico de armas a México

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Por Emilio Godoy

MÉXICO, DF (IPS).- El movimiento civil de México contra la violencia, que a menudo se expresa con marchas por este extenso país, se adentrará este domingo 12 en el territorio de Estados Unidos para reclamar que cese el suministro de armas de asalto.

“Que Estados Unidos deje de fabricar tantas armas que nos hacen daño; ellos también padecen mucha violencia. Son miles de millones de dólares en la fabricación de armas”, dijo el mexicano Fernando Ocegueda como mensaje a la sociedad estadounidense.

La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad reúne a activistas y víctimas de la violencia en México, un país asediado por la guerra entre mafias del narcotráfico. Las bandas criminales alimentan su poder de fuego con miles de armas que cruzan ilegalmente desde Estados Unidos. En ese país hay unos 100 mil permisionarios de venta de armas, de los cuales unos 12.000 operan en la franja fronteriza, según el gobierno mexicano. Pero el estadounidense Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia, indica que, de un total nacional de 55.000 sitios de venta minorista, 6.700 se encuentran en la frontera.

Estados Unidos tiene una población de 313 millones de habitantes y unas existencias de 270 millones de armas de fuego en manos civiles. Entre 1994 y 2004 rigió una prohibición federal para vender armas de asalto a civiles, cuya reinstauración es bien vista por organizaciones favorables al desarme. “Estamos muy desesperanzados porque nadie nos pone atención. Sabemos que la venta de armas es al por mayor. La misión es crear conciencia de que ya no se vendan tantas indiscriminadamente para que sean cruzadas a nuestro país”, insistió Ocegueda.

Este comerciante de equipos electrónicos fundó el grupo Unidos por los Desaparecidos de Baja California luego de que su hijo, Fernando Ocegueda Ruelas, fue sacado de su casa en febrero de 2007 en la ciudad de Tijuana, fronteriza de Estados Unidos, por hombres enfundados en trajes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.

La caravana de 70 personas –54 de ellas víctimas directas o indirectas de la violencia– partirá este sábado 11 de Tijuana y el domingo comenzará el trayecto formal en la ciudad estadounidense de San Diego, en el sureño estado de California.

El trayecto incluye prácticamente todo el borde sur estadounidense, con paradas en lugares clave, en especial en Arizona, donde los manifestantes temen alguna muestra de resistencia a su agenda, que no solo incluye el tráfico de armas, sino la represión contra los inmigrantes mexicanos indocumentados.

La caravana pasará, entre otras ciudades, por Los Ángeles, Phoenix, Tucson, El Paso, Nueva Orléans, Atlanta, Chicago y Nueva York hasta alcanzar el 12 de septiembre el corazón del poder político de ese país, Washington.

A su paso, celebrará reuniones con unas 80 organizaciones no gubernamentales del país vecino a las que expondrá una plataforma que incluye alternativas a la criminalización de las drogas, incluyendo regulación y despenalización, freno al contrabando de armas en la frontera, y medidas concretas contra el lavado de dinero y la rendición de cuentas de las instituciones financieras.

Los activistas reclaman la suspensión inmediata de la ayuda de Washington a las Fuerzas Armadas mexicanas y su reorientación hacia acciones de seguridad humana, así como el fin de la militarización de la frontera y de la criminalización de los inmigrantes por parte de Estados Unidos.

La expedición tocará suelo estadounidense en una coyuntura electoral y luego de dos tiroteos que dejaron 18 muertos y más de 50 heridos en distintos lugares de ese país.

Pero en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, la tenencia y el tráfico de armas no figuran como preocupación en las plataformas de los dos contendientes, el presidente Barack Obama, candidato del Partido Demócrata que busca la reelección, y el postulante del opositor Partido Republicano, Mitt Romney.

Organizadores de la caravana buscan un encuentro con Obama en Washington

El costo de esta movilización ronda los 300.000 dólares, reunidos mediante donaciones de organizaciones no gubernamentales. Es la tercera marcha de gran calado. “Esperamos abrir una nueva conversación amplia sobre lo que es necesario para la paz en México, que vaya más allá de los enfoques fallidos en la guerra contra las drogas. Necesitamos imponer mecanismos para frenar el flujo de armas de asalto”, dijo el director del Programa México de la organización estadounidense Global Exchange, Ted Lewis, que apoya la movilización.

Con sus mafias que encabezan el comercio de drogas ilegales de América del Sur hacia Estados Unidos, México se convirtió en el país más violento de la región desde que el presidente Felipe Calderón decidió sacar masivamente a las calles a las Fuerzas Armadas, en diciembre de 2006.

Desde entonces han muerto más de 60.000 personas, fueron desplazadas 250.000, han desaparecido 10.000 y quedaron huérfanas 8.000, según datos de organizaciones de derechos humanos.

“Más nos duele la indiferencia. Las autoridades no quieren asumir su responsabilidad, deben resarcirnos con justicia”, sostuvo Guadalupe Fernández, activista de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, que se apresta a sumarse a la caravana. Fernández busca a su hijo José Robledo, un ingeniero civil desaparecido en enero de 2009 en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila.

El estadounidense ATF reportó que unas 62.000 armas desaparecieron de los inventarios de los comercios de armas ligeras entre 2008 y 2010, presumiblemente para ingresar al mercado clandestino. Calderón ha criticado repetidamente la política de armas del gobierno vecino, pero sin adoptar políticas concretas.

“Si el gobierno mexicano quiere ser tomado en serio, debe ser muy concreto y contundente. La próxima administración puede hacer una demanda no negociable sobre el tema, puede elevar el nivel de presión”, planteó Lewis, en referencia a Enrique Peña, del aún opositor Partido Revolucionario Institucional.

A fines de julio, Estados Unidos, Rusia y China bloquearon las negociaciones para alcanzar un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en la Organización de las Naciones Unidas, el primer acuerdo vinculante para regular ese flujo.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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