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Latinoamérica

Maras Salvatruchas proponen negociar paz a gobierno

Maras Salvatruchas y Barrio 18 intentan abrir procesos de paz con el gobierno de El Salvador, a cambio de cese de hostilidades en las calles

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Carlos Mojica, rodeado de otros pandilleros, en la cárcel de Cojutepeque Foto: Edgardo Ayala /IPS

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, El Salvador (IPS).- Las dos principales pandillas delictivas de El Salvador y el gobierno han intercambiado ya los puntos para discutir el fin de dos décadas de violencia criminal, mientras grupos claves de la sociedad aparecen hostiles a la apertura de una negociación al respecto.

Los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, presos en distintas cárceles del país, fueron los primeros en mover ficha al dar a conocer al gobierno del centroizquierdista Mauricio Funes los temas a incluir en una agenda negociadora. Públicamente, el gobierno rechaza aún la posibilidad de sentarse a dialogar con las “maras” (pandillas), principalmente por las implicaciones que pudiera acarrearle una iniciativa con poca receptividad entre la población, estiman analistas consultados.

Pero ha hecho llegar también la lista de temas que deberían abordarse, en lo que se define como segunda fase para la pacificación delictiva salvadoreña, por ahora preliminar e indirecta, pero con facilitadores en ambos lados. Las dos maras acordaron en marzo un cese de hostilidades entre ellos y contra personal de la policía, del ejército y civiles. Desde ese mes, los homicidios en este país de 6,2 millones de habitantes, hasta entonces uno de los más violentos del hemisferio, se han reducido drásticamente, al caer de entre 12 y 14 diarios a cinco o seis.

“Creemos que el proceso va marchando, aunque hay barreras, hay obstáculos, hay personas y entidades opuestas a este proceso”, dijo a IPS el líder de una de las dos facciones del Barrio 18, Carlos Mojica, partícipe en las negociaciones preliminares e indirectas con el gobierno desde la cárcel donde está preso, cerca de la capital.

Las maras fueron creadas en Estados Unidos por salvadoreños que huyeron de la guerra civil en los años 80. Cuando muchos miembros fueron deportados, reclutaron adeptos entre jóvenes sumergidos en la pobreza y la marginación y las pandillas derivaron en grupos violentos, dedicados a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.

Los medios de comunicación locales, mayoritariamente conservadores, actúan de caja de resonancia del rechazo hacia la negociación del gobierno con las pandillas, al igual que la mayoría de los integrantes del unicameral Congreso legislativo, claves para acoger algunas propuestas de los pandilleros.

No está claro el papel del gobierno en la tregua entre las dos pandillas, pero hay coincidencias en que tuvo un papel facilitador y, de hecho, en marzo se produjeron traslados de líderes pandilleros a cárceles de seguridad media, que los analistas consideran parte del proceso que ayudó al acuerdo.

Algunas de las propuestas de los pandilleros para una negociación tienen que ver con cambios en la legislación que los excluye de beneficios penitenciarios, como la libertad condicional y el indulto para quienes sufren enfermedades terminales o tienen 65 años o más.

“Mirá lo que están pidiendo: cambios en las leyes. Eso demuestra el poder alcanzado por estos grupos”, señaló el analista Dagoberto Gutiérrez. Estimaciones oficiales cifran en 60.000 el número de pandilleros, a los que se suman los 10.000 que están en prisión, parte condenados y parte en fase procesal.

Otras demandas son más complicadas de aceptar, como la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada por el propio Funes en 2010. Se trata de una respuesta represiva al auge delictivo de las pandillas y, al igual que normas anteriores parecidas, no ha generado resultados, coinciden expertos. Por ejemplo, permite detener a cualquier sospechoso de integrar una mara, pero después hay que liberarlo, salvo que se le haya encontrado cometiendo un delito.

“La Constitución estipula en el artículo 3 que nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo y otra naturaleza, pero a nosotros sí nos discriminan”, señaló Mojica, rodeado de un centenar de pandilleros recluidos en la cárcel de la ciudad de Cojutepeque, a 36 kilómetros al este de San Salvador. “La Ley de Proscripción de Pandillas es inconstitucional”, agregó.

También demandan la derogación de artículos que obligan a un régimen de aislamiento en centros especiales para pandilleros catalogados de alta peligrosidad. Esos pandilleros están concentrados en la cárcel de la central ciudad de Zacatecoluca, donde permanecen en total aislamiento. Es conocida como “Zacatraz”, en referencia a la ya cerrada y famosa prisión estadounidense de Alcatraz, y allí estuvo Mojica hasta marzo. Además, quieren la anulación de la figura que reduce la pena a los participantes en delitos que testifiquen contra otros presuntos involucrados.

Los fiscales hacen gran uso de este mecanismo de delación para procesar y encarcelar a pandilleros, que ahora saturan las hacinadas cárceles salvadoreñas. Pero ellos sostienen que se abusa de esa figura, con la que se “arman” casos sin evidencias suficientes y se logran condenas sin pruebas claras de participación en el delito.

Además, plantean la suspensión de los operativos policiales en los territorios con alta presencia de maras, un punto especialmente resistido por las comunidades afectadas y por la sociedad en general. “La policía tiene un mandato constitucional de combatir el delito, y no se puede plantear que cesen los operativos en esos territorios”, comentó Mauricio Figueroa, director ejecutivo de la Fundación Ideas y Acciones para la Paz Quetzalcoatl. “Eso podría ser un obstáculo y llevar a un entrampamiento”, agregó.

Por su parte, Raúl Mijango, un excomandante guerrillero y exdiputado que ejerce de “facilitador” o mediador en esta etapa preliminar e indirecta de una posible negociación entre el gobierno y las maras, aseguró que esos planteamientos no son vistos como puntos de honor por parte de las pandillas.

En julio, los líderes de ambas pandillas leyeron esas peticiones en privado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien visitó el país para conocer el proceso hacia la negociación. Esos puntos fueron revelados por el blog Política Stéreo. Insulza se comprometió a ejercer como garante de los acuerdos ya alcanzados y de los que pudieran producirse.

El Diario de Hoy publicó el 31 de julio los planteamientos que el gobierno ha presentado a las pandillas, entre los que destacan la suspensión definitiva de todo acto delictivo que provoque muertos o heridos, así como secuestros, extorsiones, robos o comercialización de droga.

Diferentes estudios evidencian que las estructuras de las pandillas se han fortalecido financieramente mediante el comercio de drogas y sobre todo la extorsión, de que es víctima indiscriminada la población, sin distingos de clases sociales.

Las extorsiones no se suspendieron desde marzo y eso alimenta la falta de fe de la población en la tregua y en una eventual negociación, estiman los analistas consultados.

El gobierno también plantea la entrega voluntaria de todos aquellos miembros de pandillas involucrados en delitos o que sean requeridos por las autoridades, así como la entrega de armas y explosivos que tengan en su poder de manera ilegal.

Además, solicita que se revelen los lugares de los cementerios clandestinos donde los pandilleros han enterrado a sus víctimas para eliminar rastros del crimen. Las autoridades han informado que, al primer semestre del año, había 680 casos de desaparecidos, pero de esos, 317 se encontraron, mientras 306 permanecían como desaparecidos.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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