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Mexico Violento

Mancera demandado por favorecer monopolio sindical en GDF

El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera demandado por desacato a autoridades federales y generar costos millonarios a organización sindical independiente

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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en convivio con miembros del SUTGDF. Foto: archivo/agu.df.gob.mx

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México (SSPCM) ratificó una demanda contra el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el pasado 26 de agosto, representado por el presidente de dicha asociación, Carlos Alejandro Dávila Vázquez por los delitos de abuso de autoridad, daños y perjuicios, desacato a la autoridad federal y los resultantes. La demanda fue puesta ante la Subprocuraduría de Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, después de que el Gobierno del Distrito Federal ha estado ignorando las gestiones de esta organización sindical en beneficio de sus afiliados y, a su vez, ha otorgado privilegios al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

En diciembre de 2008, el SSPCM presentó un amparo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de una resolución que en junio del mismo año le negó el registro como organización sindical, el Tribunal resolvió procedente el registro del sindicato e indicó que se le notificara de manera personal al jefe de Gobierno para realizar el descuento de las cuotas sindicales a 48 trabajadores que manifestaron su voluntad de constituir el SSPCM. No obstante, en la exposición de hechos de la demanda, se señaló que no se ha dado cumplimiento a esta sentencia y aseguraron que ha generado un daño económico para la organización de 17 millones de pesos, según un peritaje contable expuesto ante el notario público número 79 del Estado de México.

Citatorio para ratificar demanda 001

No es la primera vez que el SSPCM acude ante las autoridades argumentando abusos contra sus afiliados. En septiembre de 2012 dirigieron un oficio a Bertha Gómez Castro, directora general de la Administración de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, en el que se afirma que a Margot Sujey Camacho García le fue retenido su salario, recibió amenazas durante su embarazo y no se le validó su incapacidad. En dicho documento se adjuntan copias de un par de certificados médicos en el que se sugiere licencia de 90 días y se le otorga cita abierta en urgencias en caso de alarma obstétrica, todo esto signado por la doctora Lucina Argueta Gómez con cédula profesional 1938543 del Hospital General Enrique Cabrera.

Por otra parte, el doctor Alejandro Martínez, jefe de urgencias del nosocomio, firmó también la constancia de atención médica con folio 3445 en el que se le indicó a Margot Sujey reposo absoluto de 90 días a partir del 4 de septiembre. Sin embargo, según consta en el citado oficio, los funcionarios Andrés Zavaleta Cruz y  Francisco Romualdo Serna Cano aseguraron que su incapacidad no era válida, otorgando solamente 30 días a la trabajadora.

En los albores de la discusión sobre el aumento del salario mínimo y la intención expresa de algunos legisladores de recuperar el sindicalismo como parte importante de la línea política del PRD, el Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México exigió la reparación del daño a su organización por el supuesto desacato ilegal de ordenamientos federales y pidió que se iniciara el juicio de procedencia contra Mancera para otorgar el desafuero constitucional.

demanda pp 3 001

En mayo de 2014, acudieron también al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), señalando que la omisión de las sentencias a favor del SSPCM es un acto de discriminación en su contra. En noviembre de 2009, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tomó nota de alta de 582 trabajadores más que deseaban afiliarse al SSPCM, en mayo de 2011 tomó nota de 282 miembros más. En septiembre del mismo año, el Tribunal resolvió tomar nota nuevamente de 223 trabajadores más y en octubre fueron dados de alta otros trabajadores más; y en cada uno de esos acuerdos se resolvió también lo siguiente:

“NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal para los descuentos de las cuotas sindicales y su entrega al Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 38 fracción II y 43 fracción IX de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.”

Las fuentes del SSPCM afirmaron no haber recibido de parte del gobierno las cuotas salariales y mantenerse con aportaciones voluntarias de sus afiliados.

Carlos Dávila, líder del SSPCM, aseguró en entrevista que existe un claro favoritismo del gobierno de la ciudad hacia el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF). No obstante, hasta junio de 2010, se había reportado la existencia de otros tres sindicatos, aparte de su organización sindical al interior del Gobierno del Distrito Federal:

a) SUTGDF, el Sindicato de Trabajadores de CORENA “Gran Círculo de Obreros Libres”,

b) Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal,

c) Sindicato Democrático de Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal

d) Sindicato Democrático de Trabajadores y Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal “Valentín Campa”.

Según un oficio del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estos sindicatos están integrados uno por 48 miembros, otro con 1559, otro con 56 miembros y el último con 32 miembros. Sin embargo, para el sindicalista Carlos Dávila, llama la atención que en el expediente de registro sindical (el cual consta de 26 cuadernos) no consta comunicación del número de afiliados de la organización favorecida por Mancera, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, por lo cual tampoco existe constancia del último acuerdo plenario donde se tome nota de nuevos afiliados.

Dávila aseguró también que a un gran número de afiliados al Sindicato Único, ni siquiera se les consulta su tienen voluntad de incorporarse o no a éste, simplemente se les hacen descuentos salariales sin preguntarles, por lo que pidió mediante transparencia una copia certificada de la toma de nota de su afiliación y en el mismo oficio de 2010.

El Comité de Transparencia del Tribunal, por su parte, aseguró que en el expediente R.S. 6/39 relativo al registro del SUTGDF, no existe comunicación del alta peticionaria como miembro del sindicato. Se intentó entablar comunicación con el departamento de Comunicación Social y con la dirigencia del Sindicato Único para conocer su opinión, sin éxito.

Clara Rodríguez, presidenta del Comité General de Salud y Asuntos Internos del Sindicato denunció en entrevista que han recibido amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, y también se ratificó la demanda.

* * *

Twitter: @maumontesdeoca

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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