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Mexico Violento

Mancera demandado por favorecer monopolio sindical en GDF

El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera demandado por desacato a autoridades federales y generar costos millonarios a organización sindical independiente

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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en convivio con miembros del SUTGDF. Foto: archivo/agu.df.gob.mx

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México (SSPCM) ratificó una demanda contra el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el pasado 26 de agosto, representado por el presidente de dicha asociación, Carlos Alejandro Dávila Vázquez por los delitos de abuso de autoridad, daños y perjuicios, desacato a la autoridad federal y los resultantes. La demanda fue puesta ante la Subprocuraduría de Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, después de que el Gobierno del Distrito Federal ha estado ignorando las gestiones de esta organización sindical en beneficio de sus afiliados y, a su vez, ha otorgado privilegios al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

En diciembre de 2008, el SSPCM presentó un amparo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de una resolución que en junio del mismo año le negó el registro como organización sindical, el Tribunal resolvió procedente el registro del sindicato e indicó que se le notificara de manera personal al jefe de Gobierno para realizar el descuento de las cuotas sindicales a 48 trabajadores que manifestaron su voluntad de constituir el SSPCM. No obstante, en la exposición de hechos de la demanda, se señaló que no se ha dado cumplimiento a esta sentencia y aseguraron que ha generado un daño económico para la organización de 17 millones de pesos, según un peritaje contable expuesto ante el notario público número 79 del Estado de México.

Citatorio para ratificar demanda 001

No es la primera vez que el SSPCM acude ante las autoridades argumentando abusos contra sus afiliados. En septiembre de 2012 dirigieron un oficio a Bertha Gómez Castro, directora general de la Administración de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, en el que se afirma que a Margot Sujey Camacho García le fue retenido su salario, recibió amenazas durante su embarazo y no se le validó su incapacidad. En dicho documento se adjuntan copias de un par de certificados médicos en el que se sugiere licencia de 90 días y se le otorga cita abierta en urgencias en caso de alarma obstétrica, todo esto signado por la doctora Lucina Argueta Gómez con cédula profesional 1938543 del Hospital General Enrique Cabrera.

Por otra parte, el doctor Alejandro Martínez, jefe de urgencias del nosocomio, firmó también la constancia de atención médica con folio 3445 en el que se le indicó a Margot Sujey reposo absoluto de 90 días a partir del 4 de septiembre. Sin embargo, según consta en el citado oficio, los funcionarios Andrés Zavaleta Cruz y  Francisco Romualdo Serna Cano aseguraron que su incapacidad no era válida, otorgando solamente 30 días a la trabajadora.

En los albores de la discusión sobre el aumento del salario mínimo y la intención expresa de algunos legisladores de recuperar el sindicalismo como parte importante de la línea política del PRD, el Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México exigió la reparación del daño a su organización por el supuesto desacato ilegal de ordenamientos federales y pidió que se iniciara el juicio de procedencia contra Mancera para otorgar el desafuero constitucional.

demanda pp 3 001

En mayo de 2014, acudieron también al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), señalando que la omisión de las sentencias a favor del SSPCM es un acto de discriminación en su contra. En noviembre de 2009, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tomó nota de alta de 582 trabajadores más que deseaban afiliarse al SSPCM, en mayo de 2011 tomó nota de 282 miembros más. En septiembre del mismo año, el Tribunal resolvió tomar nota nuevamente de 223 trabajadores más y en octubre fueron dados de alta otros trabajadores más; y en cada uno de esos acuerdos se resolvió también lo siguiente:

“NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal para los descuentos de las cuotas sindicales y su entrega al Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 38 fracción II y 43 fracción IX de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.”

Las fuentes del SSPCM afirmaron no haber recibido de parte del gobierno las cuotas salariales y mantenerse con aportaciones voluntarias de sus afiliados.

Carlos Dávila, líder del SSPCM, aseguró en entrevista que existe un claro favoritismo del gobierno de la ciudad hacia el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF). No obstante, hasta junio de 2010, se había reportado la existencia de otros tres sindicatos, aparte de su organización sindical al interior del Gobierno del Distrito Federal:

a) SUTGDF, el Sindicato de Trabajadores de CORENA “Gran Círculo de Obreros Libres”,

b) Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal,

c) Sindicato Democrático de Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal

d) Sindicato Democrático de Trabajadores y Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal “Valentín Campa”.

Según un oficio del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estos sindicatos están integrados uno por 48 miembros, otro con 1559, otro con 56 miembros y el último con 32 miembros. Sin embargo, para el sindicalista Carlos Dávila, llama la atención que en el expediente de registro sindical (el cual consta de 26 cuadernos) no consta comunicación del número de afiliados de la organización favorecida por Mancera, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, por lo cual tampoco existe constancia del último acuerdo plenario donde se tome nota de nuevos afiliados.

Dávila aseguró también que a un gran número de afiliados al Sindicato Único, ni siquiera se les consulta su tienen voluntad de incorporarse o no a éste, simplemente se les hacen descuentos salariales sin preguntarles, por lo que pidió mediante transparencia una copia certificada de la toma de nota de su afiliación y en el mismo oficio de 2010.

El Comité de Transparencia del Tribunal, por su parte, aseguró que en el expediente R.S. 6/39 relativo al registro del SUTGDF, no existe comunicación del alta peticionaria como miembro del sindicato. Se intentó entablar comunicación con el departamento de Comunicación Social y con la dirigencia del Sindicato Único para conocer su opinión, sin éxito.

Clara Rodríguez, presidenta del Comité General de Salud y Asuntos Internos del Sindicato denunció en entrevista que han recibido amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, y también se ratificó la demanda.

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Twitter: @maumontesdeoca

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Justicia pendiente

García Cabeza de Vaca pide a la SCJN invalidar orden de aprehensión en su contra

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos ilícitos.

El mandatario estatal interpuso una controversia constitucional para evitar ser aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos que lo acusan las autoridades federales al considerar que no existen ilícitos que perseguir y que se tratan de ataques políticos.

Sin embargo, hasta el momento, la controversia no ha sido recibida por la Corte, debido a que será la presidencia del máximo organismo del Poder Judicial la instancia que determine si existieron razones legales para proceder con el recurso del mandatario estatal.

Al respecto, la SCJN informó que una vez que comience el segundo periodo ordinario de sesiones se este año y se envíen los autos a la presidencia del alto tribunal se determinará la viabilidad del trámite correspondiente.

Francisco García Cabeza de Vaca es acusado por la FGR por lavado de dinero y recepción de dinero del crimen organizado, por lo cual las autoridades norteamericanas también lo investigan, sin embargo, el mandatario estatal ha rechazado haber cometido algún ilícito alegando persecución política por parte del gobierno federal.

El juez de Distrito federal de Almoloya del Estado de México giró la orden de aprehensión en contra del gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN), no obstante, el mandatario estatal cuenta con fuero que le impide ser detenido por las autoridades mexicanas.

 

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Justicia pendiente

Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Justicia pendiente

Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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