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Mexico Violento

Mafia internacional, liderada por el Cártel de Sinaloa, controla aeropuerto de Cancún

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El Cártel de Sinaloa cobra hasta 4 mil dólares a migrantes indocumentados que quieran entrar a México por el Aeropuerto de Cancún

Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Controlan el tráfico de drogas y de personas.

  • Fiscalía del estado ofrece recompensa por el líder del CDS en Cancún.

  • Autoridades federales tienen un tabulador de cobro a migrantes.

 

Por Alfredo Griz

Nada cambió en Quintana Roo. El estado, ahora gobernado por Morena, y la gobernadora Mara Lezama, se ven entre la violencia y la corrupción; los focos rojos se centran en quien era antes su aliado electoral: “El cártel de Sinaloa”, que aún tiene el control del estado en el trasiego de drogas y de migrantes que se dirigen a la Unión Americana.

Se trata de Héctor Elías Flores Aceves, conocido entre los narcotraficantes como “el 15”, quien tiene el control del estado en todos los sentidos, y es el principal generador de violencia en la península de Yucatán, pues sus operaciones abarcan a este estado, donde reside normalmente, bajo la protección del secretario de Seguridad Pública de esa entidad.

Una de sus fortalezas es mantener el control del aeropuerto internacional de Cancún, donde paga millonarias sumas de dinero para poder bajar aviones cargados de cocaína y de migrantes a los que después de cobrarles importantes sumas de dinero los conducen a la frontera norte y los entregan a sus familiares, lo mismo que los cientos de kilos de cocaína que trasladan junto a los migrantes.

Esto no sería posible sin la complicidad de las autoridades estatales tanto de Yucatán como de Quintana Roo, pero peor aún sin la ayuda de las autoridades federales y de migración dentro del aeropuerto de Cancún, que es donde mayor flujo de operaciones en trasiego y movimiento de migrantes tiene el Cártel de Sinaloa.

Para leer más del autor: Otra amenaza de muerte al periodista Alfredo Griz para que deje de reportar corrupción en la CFE de Yucatán

Héctor Elías Flores tiene el control de la mayor red de tráfico de personas en el Caribe, debido a que mueven alrededor de 200 personas diarias, según la fuente.

El mencionado narcotraficante tiene una alianza con un ciudadano de originario de la India, de nombre Vikrant Bhardwaj, y con la delegación de migración en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. La alianza obtiene millonarias ganancias por los migrantes que reciben en las terminales aéreas y que vienen acompañados de personas que transportan droga para el Cártel de Sinaloa, las cuales posteriormente son en una parte para su venta y distribución en las principales zonas turísticas de Quintana Roo y Yucatán, y las demás trasladadas hasta el norte del país donde son entregadas a otros jefes del narcotráfico y alcanzan su destino final en los Estados Unidos de América

El Cártel de Sinaloa, por medio del ciudadano de origen Indio es quien copta a los migrantes de origen europeo, sobre todo turcos, rusos, chinos y afganos. La Guardia Nacional, adscrita en el aeropuerto y el Instituto Nacional de Migración, como si fueran una empresa, tienen en conjunto un tabulador de cobro para los migrantes, que van desde los 1.500 dólares hasta los 4 mil dólares, por dejarlos pasar en el aeropuerto, esto dependiendo la nacionalidad o el origen del ciudadano, además de que entre ellos van ciudadanos cargados con droga como ya se había mencionado.

tabulador

Estos delincuentes, refiriéndonos a todos, narcotraficantes, traficantes de personas, Guardia Nacional y Oficiales migratorios, tienen bien establecido su negocio en el aeropuerto de Cancún, de hecho, en una investigación realizada por este reportero, en la frontera de El Paso, Texas, se puede apreciar el incesante flujo de ciudadanos turcos, colombianos, ecuatorianos, afganos, que pasan en su mayoría por el aeropuerto internacional de Cancún.

Tan lucrativo es el negocio que ha despertado la codicia de otros grupos criminales que le están peleando esa plaza al Cártel de Sinaloa, dado que algunos oficiales migratorios fueron amenazados, otros que no quisieron entrar al negocio literalmente salieron huyendo de la ciudad y se encuentran escondidos pues temen por sus vidas, ya que el Cártel Jalisco Nueva Generación colgó hace unos días una narcomanta alertando a las autoridades sobre lo que está sucediendo en las terminales aéreas de Cancún, sin embargo no han hecho nada al respecto ninguna autoridad ya sea estatal ni federal, pues todas están coludidas en el lucrativo negocio.

Lee también: Residencia de obra de la CFE Yucatán, centro de prostitución a cargo del erario

Se estima que al mes por el flujo de migrantes y droga en el citado aeropuerto se mueven alrededor de 40 millones de dólares de ganancia.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado y de Secretaría de Marina mencionan que no se puede hacer nada, que lo único que puede cambiar es que el baño de sangre iniciado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, defina quien se quedará a cargo de la plaza próximamente.

Así es como incluso para guardar las apariencias, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín de búsqueda de Héctor Elías Flores Aceves, ofreciendo un millón de pesos de recompensa a quien dé información sobre su paradero, cuando es un secreto a voces que tienen un pacto criminal y económico con él, entre otros líderes criminales en la entidad. Ya que saben que él tiene una residencia de varios millones de pesos en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en el Country Club, y que también cuenta con la complicidad y la venia de las autoridades de esa entidad.

El Cártel Jalisco ha incrementado sus operaciones y trató de ejecutar al «15» para tomar el control del aeropuerto, así como de confrontar de manera directa a las autoridades migratorias, pues incluso en la avenida Luis Donaldo Colosio fue colocada hace unos días una narcomanta mencionando a todas las autoridades coludidas.

El ciudadano de origen indio, Vikrant Bhardwaj, sigue manteniendo sus operaciones criminales en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún, aquí dejamos un video donde se ve una riña de varios migrantes indocumentados en dicha terminal y que terminaron a golpes con elementos del Instituto Nacional de Migración, pues querían cobrarles más dinero del que ya habían pagado para dejarlos pasar.

El jefe de ese grupo criminal, Vikrant Bhardwaj, tiene la fuerza y la protección del cártel de Sinaloa y de la Guardia Nacional adscrita a las terminales aéreas, pero además cuenta con la colaboración de elementos de Migración que se llaman, Erika, Máyela, Lucero y Martha, quienes está bajo la tutela del Delegado estatal de dicha dependencia, y tiene un primer círculo de seguridad con Evgenia Cherednichenko, de origen ucraniano, Ashot Gevorgyan, Vazgen Gevorgyan, ambos padre e hijo respectivamente, de origen Armenio, pero naturalizados en Rusia y en la República Mexicana. También se encuentra Heva Onzule, de origen lituano, todos ellos conforman la peligrosa red internacional, de tráfico de drogas y de personas que opera en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo.

Por su parte, la gobernadora del Estado, Mara Lezama, ni se inmuta del baño de sangre que está ocasionando la pelea por la plaza del aeropuerto, el Fiscal Óscar Montes de Oca, pues se mantiene a la expectativa, recibiendo obviamente sus respectivos sobornos y todas las demás autoridades, mientras no caiga abatido o preso Héctor Elías Flores Aceves, alias “el 15”, seguirán trabajando y cobrando millonarias cantidades de dinero en dólares.

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Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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