Los senadores de la república rechazaron la propuesta de representantes republicanos de Estados Unidos, Dan Crenshaw y Michael Waltz, de otorgar facultades extraordinarias al presidente Joe Biden para declarar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos y con ello emplear a las fuerzas militares en territorio mexicano.

Los legisladores federales señalaron que una medida de este tipo sería intolerable para la soberanía nacional y negaría las soluciones diplomáticas y pacíficas que han caracterizado las relaciones entre México y Estados Unidos.

Los senadores reconocieron que existe un problema de seguridad en diferentes territorios del país, así como el problema de salud pública y comercio de armas que existe entre ambos países, por lo cual consideraron que se trata de un fenómeno que debe ser atendido de forma binacional.

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Recordaron que no habría productores de drogas si no existiesen consumidores, por lo cual enfatizaron que se trata de un problema que debe ser atendido por parte de los países con acciones de cooperación permanentes.

Asimismo, enfatizaron que se debe replantear el combate a la drogadicción para contemplar la posibilidad de regular los estupefacientes, así como las estrategias convencionales que han mostrado su fracaso.

Por ello, exhortaron a los gobiernos de los dos países acordar el entendimiento del bicentenario para combatir de forma integral el problema del tráfico de las drogas en el país, así como aplicar las leyes de forma adecuada como parte del respeto irrestricto de la soberanía de cada país.

También pidieron a los congresistas estadounidenses y a los gobernadores de los Estados Unidos abstenerse de usar y beneficiarse de los problemas reales que ambas naciones padecen y no lucrar políticamente con los mismos para fines electorales.

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Demandan se coloque en la antigua Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma

El domingo 5 de marzo, más de una veintena de mujeres dirigentes y representantes de distintas organizaciones indígenas y afrodescendientes, además de otros movimientos, acudieron a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, para hacer entrega formal del quinto oficio con carácter de urgente dirigido a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se instale la escultura La Joven de Amajac en la, así llamada, antigua Glorieta de Colón.

El documento fue firmado, en presencia de servidores públicos que lo recibieron en el Antiguo Ayuntamiento, con la finalidad de demostrar que las firmantes «existimos, que somos personas reales», dijo una de las asistentes a la entrega. Aunque el documento fue aceptado y recibido, con la promesa de que , «a la brevedad» tendrían respuesta, no se señaló fecha para que ello ocurra y tampoco se identificó a quien sería la persona responsable de darle seguimiento.

Luego de la entrega, las asistentes realizaron un mitin en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En élinsistieron en que la instalación de La Joven de Amajac es su derecho, además de ser un tema de resolución inmediata, para atender de manera parcial la deuda histórica resultado del genocidio indígena que ha vivido México desde 1492. Las asistentes recordaron que el Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destino al uso común, que debe prevalecer sobre el interés particular, y cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio. Para hacer realidad esos principios, el Estado debe tomar medidas que erradiquen e impidan la discriminación contra las comunidades indígenas y en especial hacia las niñas y mujeres.

Hicieron un llamado a que se reconozcan “las desventajas que enfrentan las comunidades indígenas y las etnias afrodescendientes, que no son exclusivas de estos grupos, pero que se agravan por el racismo, limitan el acceso de oportunidades y al pleno ejercicio de los derechos fundamentales”.

También exigieron que se cumplan las distintas leyes y reglamentos que reconocen los derechos de las comunidades indígenas, entre los que refirieron a la Constitución de Política del país, la de la Ciudad de México, además de las leyes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, además del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Peralta es revictimizado por el Poder Judicial de Oaxaca al ser un sobreviviente de tortura y obligado al desplazamiento forzado: CCTI

Los Ángeles Press

Se cumple un año de la orden de reaprehensión en contra del activista mazateco Miguel Ángel Peralta Betanzos, expreso político integrante de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán, Oaxaca, por lo que las organizaciones de derechos humanos exigieron un alto a la persecución y las violaciones a su debido proceso.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH), y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) lanzaron un comunicado público en solidaridad con Peralta Betanzos, quien ha sido un defensor de la comunidad y fue encarcelado por cuatro años y cinco meses, después de haber sufrido tortura y obligado al desplazamiento forzado.

Fue liberado el 14 de octubre de 2019, pero -de acuerdo con el comunicado-, el 4 de marzo de 2022 fue revocada su sentencia de libertad y se libró una nueva orden de aprehensión en su contra, lo que consideran una represalia por su trabajo en la defensa de la organización comunitaria.

Las organizaciones enfatizan que en México, la criminalización de la lucha social es un constante, y Miguel Ángel Peralta ha tenido que abandonar su trabajo, su familia y su comunidad; además de ser revictimizado por ser un sobreviviente de tortura al obligarlo a vivir en condiciones de desplazamiento forzado, lejos de sus seres queridos.

Las organizaciones firmantes señalaron que “ningún ser humano debe ser castigado ni perseguido por atreverse a defender los derechos humanos y las formas de organización comunitarias”. Por lo tanto, exigieron al Poder Judicial del estado de Oaxaca mantenga una posición imparcial y se apegue al debido proceso, retirando la orden de reaprehensión en contra del defensor comunitario.