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Justicia pendiente

Maestros hacen recuento de violencia de Estado en Guerrero

Maestros enlistan desde 1995, la violencia del gobierno contra normalistas y campesinos en el estado de Guerrero

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Maestros denuncian la responsabilidad de las autoridades de Guerrero en el asesinato político de indígenas y activistas en el estado. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinación de Egresados en Defensa de Ayotzinapa, convoca a una reunión de egresados normalistas en la que se dialogará sobre la situación de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, asentada en Guerrero, así como de las demás normales del país que han sido atacadas por el gobierno.

A través de una convocatoria y un cartel que fue difundido durante el plantón que mantienen maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en rechazo a la reforma laboral, egresados normalistas llamaron a un encuentro para el próximo 10 de noviembre.

En el desplegado, se acusa tanto al ex gobernador priísta Ruben Figueroa Alcocer y al actual gobernador ex priísta Ángel Aguirre Rivero de ordenar acciones violentas y represivas en contra de estudiantes y campesinos en distintos periodos de su vida política.

El cartel que fue pegado en diversos lugares de las inmediaciones de la Cámara de Senadores, señala que han existido procesos dolosos contra estudiantes, campesinos y todas las personas que exigen los derechos básicos a la salud, educación o trabajo y enlista a continuación un recuento de “respuestas equívocas de gobiernos priístas, neo-panistas y perredistas en Guerrero.

En cierto orden cronológico, el texto marca primeramente en 1995 el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas por parte del gobierno de Rubén Figueroa. Sigue el 12 de diciembre de 1998 con el desalojo violento del Palacio de Gobierno por parte de policía estatal contra normalistas bajo órdenes del gobernador interino Ángel Aguirre Rivero y su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado.

El 7 de junio de 1998, remarca el asesinato de 11 indígenas en la comunidad de El Charco por parte del gobierno estatal y federal incluido el Ejército. Posteriormente la lista se ubica en la siguiente década citando el periodo de agosto de 2007 a enero de 2008, durante el cual ocurrió “la represión sistemática en contra del movimiento de egresados de la generación Lucio Cabañas Barrientos de la Normal de Ayotzinapa por parte del ex gobernador expanista-perredista Zeferino Torreblanca Galindo”.

Por último, recuerda el asesinato de dos estudiantes normalistas abatidos el 12 de diciembre de 2011 en una operación dirigida por el entonces subsecretario de Seguridad Pública local, Ramón Arriola Ibarra, perpetrada en el periodo del actual gobernador ex priísta, Ángel Aguirre Rivero que tiene como secretario nuevamente a Humberto Salgado.

A estos funcionarios y ex funcionarios, los tachan de títeres del Figueroísmo que han corrompido al PRD “formados en la vieja escuela priísta represora como también es el caso de Fausto Vallejo, gobernador por el PRI en Michoacán que en días recientes reprimió a los estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán”, reclama el escrito.

Es así que los egresados responsabilizan al actual gobernador y a su secretario de gobierno por cualquier acción que atente contra la Normal Rural “Isidro Burgos” sus estudiantes y egresados y exigen una serie de demandas entre las que destaca el castigo a los culpables del crimen contra los normalistas de Guerrero.

El martes 23, hubo una marcha de normalistas de distintos estados de la República Mexicana cuya exigencia central fue la liberación de ocho estudiantes michoacanos detenidos en la represión del pasado 15 de octubre. Aparte, integrantes del grupo #YoSoy132, tomaron por algunos momentos la sede del gobierno de Michoacán en la capital del país con la misma exigencia.

Juan Melchor, integrante de la Instancia Nacional de Coordinación del CNTE, precisó en entrevista respecto al asesinato de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que dentro de un foro nacional efectuado en Michocacán se reconoció que el gobierno intenta desaparecer las normales públicas y convertirlas en instituciones de otro tipo.

“Vemos que así, como con la imposición de Peña Nieto, intentan borrar todo rasgo de resistencia como sucedió en Atenco, en Ayotzinapa, Michoacán y muchas partes. El priísmo ha sido el gobierno que se ha distinguido por la represión en el pasado, ahí está desde 1968, 1971, y ahora este viejo esquema está regresando y será una de sus políticas el desaparecer las normales”, sostuvo.

“En la Normal de Hidalgo, por ejemplo, después de un desalojo policiaco, se reabrió como una escuela técnica. Elba Esther Gordillo dijo hace años que las normales eran monstruos que debían convertirse en escuelas donde se ofrezca turismo para atender al turismo”, ejemplificó Melchor.

El maestro calificó de burdas las declaraciones de la dirigente cuando en base a estudios de la coordinadora se hace notoria la falta de maestros y detalló que en Michoacán el gobierno no quiso revisar la currícula, rompió la mesa y ejerció represión.

Para el integrante del ala democrática del magisterio, lo mismo está planteado que ocurra con el sindicato como instrumento del trabajador con la reforma laboral ya que con las subcontrataciones el sindicato no tiene ninguna posibilidad de negociar, aunque permanezca no tendrá utilidad para el trabajador.

“Vienen por todos lo derechos, a borrar las garantías constitucionales e imponer un esquema de mayor explotación, como pasa con la reforma fiscal en la cual el PRI plantea un régimen tributario de impuesto del 22 por ciento de IVA por lo que se necesita la unidad total del pueblo”, exclamó Melchor.

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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