El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

Por Ignacio García

Periodistas de Los Ángeles Press lanzan convocatoria a las personas interesadas en formar parte de la Comisión Independiente de Observación en la Liberación de Presos, a raíz del Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario de la Federación, el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria de los periodistas, podrán participar integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de derechos humanos, colegios de abogados, facultades de Derecho, Medicina e Instituciones Universitarias que podrán nombrar a un representante para participar a título individual o realizar una declaración firmada de no tener vínculo con alguno con instancias de gobierno o acusadores de las personas privadas de libertad.

La convocatoria especifica que no podrán participar notarios públicos, funcionarios o ex servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipales, por lo que los resolutivos serán enviados a la Comisión Nacional, las comisiones estatales de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

En caso de que la comisión independiente de observación emita acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios del poder judicial, serán enviadas al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunado a que se dará a conocer a la opinión pública.

De la misma manera, la convocatoria invita a participar a personas expertas en diferentes áreas como médicos especialistas en Protocolos de Estambul, periodistas de investigación, médicos legistas, criminólogos, posgraduados en Derecho Penal, entre otros.

La convocatoria estará abierta a partir del 15 de septiembre y se cerrará el jueves 30 de septiembre de 2021, por lo que los interesados deberán enviar su solicitud de participación al correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com, en donde adjunten un documento oficial que acredite su identidad, el cual será únicamente utilizado para validar la identidad del participante.

Asimismo, debe incluir una breve semblanza curricular de no más de diez líneas y los resultados de los integrantes de la comisión serán dados a conocer el 5 de octubre de 2021, por lo que dependiendo del número de integrantes se abrirá un foro virtual, mismo que admitirá propuestas y testimonios sobre la organización de acuerdos que serán entregados a un secretario de la comisión elegido por los integrantes de la misma.

Convocatoria abierta

a formar parte de la

Comisión Independiente de Observación

por la Liberación de Presos

Considerandos

1. El ACUERDO presidencial publicado el pasado 25 de agosto del 2021 por el que se instruye “a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de pre liberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, adolece de distintas condiciones indispensables de considerar.
2. Que la mayoría de las condiciones para la liberación de presos en el ACUERDO, YA ESTÁN ESTABLECIDAS EN DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS como es el caso del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y el Artículo 20, Apartado B, fracción IX, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice que “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares; En la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley Federal de Amnistía; así como en las legislaciones estatales correspondientes.”

• Que de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos, las normas deben ser interpretadas expandiendo la protección de los derechos de la persona. En atención a este principio, el marco jurídico de la duración de privación de libertad favorece a las personas sentenciadas más que a las personas procesadas. Mientras que a las personas procesadas les aplica el máximo de la pena que la ley fija para el delito de que se trate, a la mayoría de las personas sentenciadas, el plazo de privación de libertad es del cincuenta o del setenta por ciento de la pena[1] por la aplicación de las medidas preliberacionales de libertad condicionada o anticipada. Esta situación genera una diferencia irracional y desproporcionada basada en la situación jurídica, que como se señaló favorece a las personas sentenciadas más que a las procesadas, lo que no resulta lógico ni jurídico.

1. Que el artículo 1 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
2. “Que el artículo 52 del referido ordenamiento legal establece que procederá el reconocimiento de inocencia de la persona sentenciada” … “en virtud de haberse obtenido a través de una violación de derechos humanos o fundamentales”.
3. Que a pesar de estar en vigor el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal denominado “Pre liberación por criterios de política penitenciaria” donde se establece “Cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia, o bien cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia”, en la práctica NO SE CUMPLE.

• Que hay suficientes testimonios de abogados penalistas que dan cuenta de la violación de derechos humanos y parcialidad de jueces en la aplicación de las leyes, a los que se les identifica como “jueces de consigna”.
• Que más de 112 mil personas en México (INEGI, 2019) permanecen por más de dos años de prisión preventiva bajo el argumento de sobre carga de trabajo en los juzgados o la suspensión de labores por motivos de la pandemia, violando derechos constitucionales.

1. Que el Comité a formarse conforme al Acuerdo Presidencial, “deberá de estar integrado por servidores públicos que se encuentren adscritos a las dependencias previstas en el artículo Primero de este Acuerdo, a fin de que den seguimiento a la implementación de este instrumento, cuyos acuerdos serán vinculantes y remitidos a la persona Titular del Ejecutivo Federal.
2. Que hay una tendencia natural a que los integrantes de los poderes públicos, en general, y del Poder Judicial, en particular, se protejan entre sí, porque la liberación de personas privadas de su libertad por estas causas revela errores, actos de corrupción y actos ilícitos de servidores públicos.
3. Que la mayoría de las personas privadas de libertad que alegan tortura no cuentan con el Protocolo de Estambul que acredite estos hechos, y en miles de casos se ha sentenciado con confesiones bajo tortura y sin evidencia científica por delitos de alto impacto, negándoles la aplicación del protocolo por estar sentenciados.

• Que aun cuando está en vigor el principio constitucional de publicidad, que permite que las personas periodistas puedan presenciar audiencias, las autoridades siguen impidiendo el cumplimiento de este principio lo que favorece la opacidad en las resoluciones judiciales, por lo que se necesita socializar la información necesaria para que se ejerza el control comunitario de los procesos judiciales por medio de la labor periodística.
• Que se siguen fabricando culpables y cometiendo actos de tortura para simular la resolución de investigaciones sobre todo tipo de delitos y, en particular asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y ambientales, y que a la fecha representan un promedio de cuatro crímenes al mes, los abajo firmantes nos permitimos publicar la siguiente:

Convocatoria a integrar la Comisión Independiente de Observadores de Derechos humanos para vigilar, dar seguimiento e incluso impugnar públicamente las resoluciones de los servidores públicos en torno a las omisiones para la liberación masiva de personas privadas de su libertad, por los considerandos arriba mencionados:

1. Esta convocatoria está abierta a los integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de Derechos Humanos, Colegios de abogados, facultades de derecho y medicina e instituciones universitarias, quienes tendrán el derecho preferente de nombrar un representante por colectivo o asociación; sin embargo, los integrantes deberán participar a título individual y hacer una declaración firmada de no tener vínculo alguno con instituciones o personas que hayan sido vinculadas, mencionadas en expedientes judiciales o en la opinión pública como participantes de manera directa o indirecta de violaciones al debido proceso de personas privadas de libertad. Para garantizar la autonomía de criterios no se admitirá la participación de notarios, funcionarios o ex funcionarios públicos de ninguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto del fuero común como federal, ni integrantes de partidos políticos.
2. Los resolutivos serán entregados a las Comisiones Nacional y estatales de Derechos humanos, Las Cámaras de Diputados y Senadores, para la creación de las iniciativas de ley que de ella emanen, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de la Función Pública, así como a los diversos Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueven la liberación de víctimas de derechos humanos privadas de libertad.
3. En caso de que en la Comisión Independiente de Observación se desprendan acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios públicos del poder judicial o federal, se entregará la información correspondiente al Consejo de la Judicatura de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, y será puesta al conocimiento de la opinión pública.
4. Se alienta en particular la participación, mencionada pero no exclusiva de expertos en otras materias de médicos especialistas en Protocolo de Estambul, Periodistas de Investigación, Médicos legistas, criminólogos; postgraduados en Derecho penal, sin detrimento de la inscripción de profesionales en otras materias no contempladas en este primer borrador.

Se abre un primer plazo para inscripciones a la

Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos

Bases

Se abre un plazo para la inscripción de las personas interesadas a partir de la publicación y hasta las 00:00 del jueves 30 de septiembre de 2021, hora Ciudad de México, a través del correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com

Es requisito indispensable acompañar la solicitud de inscripción de un documento oficial que acredite la identidad de los participantes. Los documentos se utilizarán exclusivamente para la identificación de los ponentes y estarán sujetos a las disposiciones de ley que garantizan la protección de datos personales.

Junto a la solicitud de inscripción se debe incluir una breve semblanza o perfil biográfico no más de 10 líneas.

La dirección de esta Comisión Independiente informará el jueves 23 de septiembre de 2021, las personas aceptadas como miembros de esta comisión y organizará itinerario de sus participaciones.

De acuerdo con el número de inscripciones y espacialidad de los miembros se abrirá un foro virtual, con diversas mesas que se programarán en fechas sucesivas, en las diferentes redes sociales de Los Ángeles Press y la Nueva Unión de Periodistas Democráticos.

El Foro virtual promovido por la Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos admitirá testimonios y propuestas sobre los procesos de organización para los acuerdos que se tomen, los cuales serán entregados a un secretario de acuerdos designado por los propios participantes, para su publicación.

Las participaciones tendrán como objetivo central la exposición de motivos sobre los temas que no están previstos en el Acuerdo presidencial y la manera de subsanar estos fallos; dar seguimiento a los casos y generar propuestas para su solución.

Los materiales resultantes podrán ser utilizados, sin fines de lucro, exclusivamente para su publicación respondiendo al interés público con apego estricto a principios éticos y de derechos de autor.

Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el mismo Comité integrado.

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[1] Los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas; así como el delito de tortura no admiten medidas de preliberación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores, a la Comisión de Prevención y Readaptación Social y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el cuidado de la higiene menstrual de las mujeres que se encuentran internas en los penales de la capital del país.

El organismo autónomo refirió que se acreditó violaciones al derecho humano a la protección de la salud en transversalidad con las garantías de salud sexual y reproductiva en los diferentes penales estatales y federales del país.

De acuerdo con la CNDH, tras realizar visitas al Personal de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a los centros penitenciarios que albergan mujeres se constató que hay restricciones para obtener toallas sanitarias femeninas y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente y no existe una partida presupuestal para este sector.

La CNDH revisó los penales de las 32 entidades del país, por lo que confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal para la adquisición de elementos de gestión menstrual que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a las mujeres.

Por ello, consideró que el gobierno federal y las autoridades estatales deben se garantes de salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad sanitaria de la población penitenciaria femenina.

Anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que en México los penales femeninos no tienen la capacidad sanitaria necesaria para atender a las mujeres, por lo que también se han contabilizado problemas de hacinamiento permanentes.