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Justicia pendiente

Maestros cercan sede del Congreso de Jalisco por la Educación pública

Maestros de Jalisco continúan la lucha por la educación pública y gratuita, así como por sus derechos laborales, con acciones en el Congreso local

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Maestros de Jalisco levantaron el campamento y refrendaron su convicción de continuar con la lucha hasta marzo. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena 

GUADALAJARA, Jalisco.- Después de 48 horas de cercar la sede del Congreso del Estado de Jalisco y mantener un campamento de protesta, los maestros de la Asamblea Magisterial Democrática volvieron a ratificar ante sus representantes su voluntad de mantenerse en la lucha en pro de la defensa de la educación pública y gratuita, así como en defensa de los derechos laborales conquistados a través de siete décadas de lucha sindical.

Esta nueva movilización se inició el día 11 de febrero, cuando trabajadores de la educación de las diferentes regiones del estado se dieron cita frente al Palacio Legislativo para hacer presión, a fin de que en los lineamientos de la nueva Ley Estatal de Educación, tomando en cuenta las propuestas ya presentadas y las minutas (se refiere a acuerdos tomados ante diferentes niveles de autoridad en manifestaciones anteriores) firmadas desde el pasado mes de octubre por funcionarios de alto nivel del Gobierno del Estado en las que se hace referencia a los procedimientos de promoción, derecho y garantías de los trabajadores del sistema educativo.

El Congreso del Estado fue rodeado por los asistentes, de los que se estima fueron uno mil 500 trabajadores. Ese mismo día se recibió a una comisión de Asamblea Magisterial Democrática Jalisco encabezados por Juan Carlos Bandera, Silvia Arévalo y Gabriel Isaac Ulloa entre otros. Durante el desarrollo de las conversaciones con los congresistas hubo incomodidad debido a la soberbia y postura impositiva por parte del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso diputado Héctor Pizano Ramos a quien solicitaron abandonara el diálogo. Pero al dejar la mesa, dicho legislador de la bancada del PRI fue a rematar con los manifestantes que se encontraban en la puerta principal del edificio a quienes se dirigió con grosería de forma altanera y prepotente amenazando de solicitar el desalojo con la fuerza pública.

La situación se mantuvo tensa durante el resto del día, por la noche se estableció el campamento obstruyendo la circulación de la calle Hidalgo y levantando casas de campaña en una parte de la plaza de la Liberación.

Para este día se dio la noticia de que la luchadora social, ícono latinoamericano de la defensa de los derechos humanos, iba a dar una conferencia en el Congreso y con ella, estaría el Secretario de Educación Francisco Ayón López. Sin embargo, se hizo correr la noticia de que el evento iba a ser reprogramado debido a la presencia de los maestros y que se desarrollaría en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

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Comedor comunitario en el campamento de trabajadores de la educación establecido frente al Congreso del Estado. Foto: Teódulo Pineda

Los participantes en la manifestación se molestaron dado que consideraron se les quitaba la oportunidad de poder intercambiar algunas palabras con Menchú e incluso se habló de dirigirse a la Torre de Educación y demandar la destitución del Secretario de Educación.

Como a las doce del día se observó movimiento a un costado del edificio del Congreso del Estado y la rápida salida de vehículos y, la noticia fue que de esa forma sacaron del recinto a Rigoberta Menchú a quien también, de forma discreta habían introducido para que diera su plática sobre “Derechos humanos” y que fue tomado por los manifestantes como una burla y una mascarada hipócrita: Una Rigoberta Menchú que posiblemente se haya prestado a la farsa de hablar a un Congreso Jalisciense sumiso y obediente para aprobar leyes que precisamente llevan como fin, acabar con derecho individuales y colectivos de un gremio de trabajadores al servicio de la sociedad, al igual que la actitud de la denominada embajadora del SNTE ante la sociedad, Susana Alexander, prestando su imagen para promover una institución corrupta y al servicio del poder público y en contra de sus representados.

A las 13 horas la comisión de representantes de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco se dirigió e ingresó al Palacio de Gobierno del Estado para entrevistarse con el Secretario de Educación, Francisco Ayón López, y el Coordinador General de la Secretaría de Educación Jalisco, Alfonso Gómez Godínez, de los que se obtuvo la firma de un acuerdo dividido en tres puntos:

Primero.- La Secretaría de Educación Jalisco revisará los movimientos de personal directivo, supervisión y jefaturas de sector expuestas por la AMDJ aplicando los procedimientos de escalafón y/o de examen según corresponda, respetando lo señalado en la minuta (acuerdo) del 25 de noviembre de 2013, firmada por el Gobernador del Estado.

Segundo.- Se instalará una Mesa de Derechos Laborales el día 18 de febrero del 2014, a las 18:00 horas en la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Tercero.- Se instalará una Mesa de Trabajo con el Coordinador General de la Secretaría de Educación Jalisco y los directores y supervisores señalados por la Comisión de la AMDJ de realizar hostigamiento en contra de sus miembros.

Este documento firmado por todos los que estuvieron en esa entrevista a las 14:50 horas y con esta acción, se consideró que una parte de las demandas presentadas durante esas 48 horas se habían resuelto favorablemente para los integrantes de la Asamblea Magisterial, por lo que se decidió levantar el campamento y una vez más aplazar para fechas posteriores nuevas acciones dado que los principales objetivos de su lucha aún no se resuelven de forma definitiva.

Al darse a conocer lo anterior frente al edificio del congreso, todos los presentes de las diferentes regiones refrendaron su compromiso de mantener la lucha y cantaron con pasión el Himno Nacional de México.

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El cerco de 48 horas fue por los cuatro costados del Palacio Legislativo pero sin afectar el ingreso o la salida de los diputados o personal que labora en ese edificio. Foto: Teódulo Pineda

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Organizaciones internacionales piden justicia por asesinatos de periodistas en México

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Tras al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, diferentes organizaciones civiles internacionales defensoras de los derechos humanos exigieron justicia por los tres homicidios de comunicadores que se han registrado en el país en este año.

Amnistía Internacional (AI) condenó el homicidio de Lourdes Maldonado, quien fue ejecutada ayer por la noche afuera de su domicilio por un sujeto desconocido, por lo que demandó la intervención de las autoridades mexicanas para que el caso no permanezca en la impunidad.

El organismo internacional lamentó la violencia que padecen los periodistas en México, siendo el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, por lo que enfatizó en la importancia de implementar acciones integrales de protección para los periodistas y priorizar la libertad de expresión.

Por su parte, Artículo 19 también recordó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, que se sumó a los homicidios de José Luis Gamboa y Margarito Martínez, quienes fueron ultimados en este mes, y cuyos casos también se encuentran en la impunidad.

También Human Right Watch (HRW) pidió justicia a las autoridades mexicanas para que los casos de los periodistas asesinados sean procesados y no se mantengan en la impunidad, además de que solicitó al Estado mexicano acciones eficaces para atender a los comunicadores del país.

Desde 2000 se han registrado 145 asesinatos a periodistas en México, de los cuales 27 se han presentado en la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que las organizaciones internacionales solicitaron acciones integrales tanto del gobierno federal como de las estatales y municipales para atender la violencia contra los profesionales de la información.

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Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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