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Mexico Violento

Madres con hijos desaparecidos en México demandan justicia

Madres de jóvenes desaparecidos que reclaman justicia en México también han sido amenazadas de muerte por teléfono.

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Madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México Foto: Daniela Pastrana /IPS

Por Daniela Pastrana

MÉXICO, Distrito Federal (IPS).- Emma Veleta y Toribio Muñoz se casaron hace 40 años y tuvieron siete hijos, cuatro varones y tres mujeres. Vivían en el municipio de Anáhuac, a 100 kilómetros de la capital del norteño estado mexicano de Chihuahua. El 19 de junio de 2011, en pleno festejo del Día del Padre, se desató la tragedia.

Unos hombres armados y vestidos con uniforme de la policía federal entraron a la casa de esta familia y se llevaron a Muñoz, un jubilado ferrocarrilero, y a todos sus hijos varones, un sobrino, un yerno y un nieto. Veleta no los ha vuelto a ver.

«Pensé que si venía a (la ciudad de) México iba a tener pistas de mi familia, y no encontré nada, pero descubrí que somos muchísimas sufriendo lo mismo», dijo la mujer, quien tuvo que huir de su comunidad después de recibir una serie de amenazas telefónicas.

La enfermera jubilada Guadalupe Aguilar, tampoco sabe nada de su hijo, José Luis. Lo último que supo de él fue el 11 de enero de 2011, cuando el joven de 34 años iba a reunirse con su hermano en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

«Era un recorrido de 12 minutos, pero nunca llegó. Y su carro (automóvil) apareció después en Colima (estado aledaño)», dijo la madre, quien el 7 de septiembre se hizo presente en un acto del presidente de México, Felipe Calderón, y le pidió ayuda para encontrar a su hijo.

Calderón «me dijo que me recibirían en la Procuraduría de Víctimas, que abriría un expediente, y todo eso se ha hecho, pero en concreto no tengo nada», dijo. «Por eso yo veo a todas estas mujeres aquí y pregunto: ¿cuántas tenemos que ser para que nos hagan caso? ¿Por qué no hacen nada?».

Veleta, Aguilar y muchas otras no festejaron el Día de la Madre, que en México se celebra cada 10 de mayo. Cambiaron las flores y los mariachis por una demanda de justicia a la que llamaron Marcha de la Dignidad Nacional.

«Fuimos a recordarle a México que no tenemos mañanitas, no tenemos mucho que celebrar porque una parte del corazón está muerta», dijo la activista Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua.

Salieron el lunes 7 de este mes de los municipios del norte de México, asolados por la violencia, como Cuauhtémoc, Anáhuac, Bocoyna, Gran Morelos y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Luego se les unieron madres de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.

Después de andar 2.000 kilómetros llegaron el miércoles 9 a la capital del país, donde se sumaron las madres del Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), que tiene registrados 319 casos de nacionales de ese país desaparecidos en México.

El viernes 11 se reunieron con la procuradora general de la República, Marisela Morales, para plantearle sus principales demandas, como la investigación federal de los casos y la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, la creación de una base nacional de datos con cada hecho documentado y la creación de una fiscalía especial para las desapariciones.

También reclamaron la implementación de protocolos de investigación y un programa federal para atender a las familias, así como la aceptación de todas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para desapariciones forzadas de personas.

El secretario de gobernación (ministro del Interior), Alejandro Poiré, les canceló la cita que tenían.

«¿Dónde están», es el grito de estas madres organizadas en cada puerta que tocan. Con ellas caminaron integrantes de la organización HIJOS, formada por hijas e hijos de personas desaparecidas durante las décadas del 60 y del 70, en el período conocido en México como la «guerra sucia».

«No pierdan la fe. Nunca piensen que están muertos, Búsquenlos todo lo que se pueda, luchen todo lo que se pueda. Yo estoy luchando desde 1975, ya estoy muy vieja», les dijo la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y quien fue a visitarlas al campamento que instalaron el jueves 10 en el Ángel de la Independencia.

La mayoría de estas mujeres, sin embargo, son víctimas indirectas de la guerra contra la delincuencia emprendida por el presidente Calderón, desde que inició su mandato en diciembre de 2006. A partir de entonces, las organizaciones convocantes de la marcha han documentado más de 800 desapariciones.

Pero no hay cifras oficiales. La única pista sobre la dimensión de la tragedia la dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos en abril de 2010, cuando informó que tenía registrados 5.397 reportes de personas desaparecidas y casi 9 mil cuerpos sin identificar.

Las gemelas Nitzia y Mita, de 16 años, buscan a su madre, Nitzia Paola Alvarado Espinoza, quien fue detenida el 29 de diciembre de 2009, junto con su tío José Ángel y su prima Rocío, por militares en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Ninguno de ellos fue presentado nunca a ninguna autoridad. Después de eso, 37 integrantes de esta familia tuvieron que salir del estado.

La caravana que llegó al Ángel de la Independencia, que el fin de semana pasado regresó, también recibió una carta de familiares de víctimas que conformaron la organización LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), de Nuevo León, uno de los estados más lastimados por la violencia y donde este fin de semana fueron encontrados 49 cuerpos decapitados.

«No hay palabras suficientes que describan el dolor que sentimos las madres por la desaparición de un hijo o hija (…), pero si algo pudiéramos decir, si con algunas palabras pudiéramos expresarlo, les diríamos que es un calvario, un vía crucis que no termina, una agonía que no cesa», se indica en la misiva.

«Nuestro dolor y nuestra lucha por nuestros hijos e hijas desaparecidas se extiende al ver a una parte de la sociedad indiferente, un gobierno donde también hay autoridades corruptas y coludidas con el crimen», añade LUPA.

Estas mujeres organizadas son madres huérfanas de sus hijos e hijas, y abuelas que no saben qué responder a sus nietos cuando les preguntan por su papá o su mamá. Pero han decidido convertir su dolor en una lucha por la justicia.

Julia Ramírez tuvo 12 hijos. Alejandro, el mayor de ellos, decidió emigrar a Estados Unidos cuando cumplió 18 años para ayudar con los gastos familiares. El 21 de marzo de 2011 dejó su casa de San Luis de la Paz, en Guanajuato, centro del país, y se marchó junto con otros 16 campesinos. Nadie los ha vuelto a ver.

«Mis hijos me decían que iba a haber un festival por el día de las madres. Me dolió mucho dejarlos, pero tengo que seguir la búsqueda: ellos están en la casa, su hermano no», contó.

 

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Inmujeres condena asesinato de la activista Cecilia Monzón

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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, quien fue ultimada el sábado pasado en San Pedro Cholula, Puebla, por lo que consideró que se trató de un referente en esa entidad en la lucha de los derechos humanos.

La dependencia federal refirió que Cecilia Monzón dedicó su vida a defender los casos de mujeres en situación de violencia o abuso y también tuvo una destacada actividad política, por lo que pidió a la Fiscalía General de Justicia de Puebla a esclarecer el crimen a la brevedad.

De acuerdo con la institución federal, las autoridades estatales deben desarrollar la investigación con perspectiva de género para que se ejecuten todas las medidas de prevención necesarias para proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las activistas defensoras de los derechos humanos que residen en la entidad.

De la misma manera, llamó a los medios de comunicación a apegarse a los lineamientos para cubrir y difundir los hechos sin revictimizar a la activista, su hijo y demás personas que pudieran ser afectadas, ya que ha sido una practica que han observado en algunos espacios noticiosos.

Asimismo, manifestó que están en disposición de colaborar con el gobierno estatal para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres para defender y proteger el acceso a la justicia de las defensoras y combatir la impunidad la corrupción, además de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el crimen como un ajusticiamiento cometido por un grupo de sicarios en contra de la activista, por lo que llamó a las autoridades estatales a colaborar de forma permanente para esclarecer los hechos.

El sábado pasado la activista fue asesinada por disparos de armas de fuego cuando circulaba a la altura del camino Real a Momoxpan y Periférico en el municipio de San Pedro Cholula.

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Mexico Violento

Cefereso #17 colapsa por renuncia de personal de seguridad y enfermería debido a extorsión y torturas de directivos

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Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

No es la primera vez que se generan estos conflictos dentro del penal. En enero de este año, ya se habían reportado problemas de seguridad con la organización de pandillas, rebasando al personal de custodia.

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Mexico Violento

Senador presenta punto de acuerdo para que comparezca Sanjuana Martínez por ilegalidades en Notimex

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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

Se propone: “Artículo 18.- El Director General de la Agencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelegido hasta por una sola ocasión, pudiendo ser ser removido cuando transgreda las disposiciones contenidas en la Constitución, esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Agencia o cuando haya sido sentenciado por cualquier delito”.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

 

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