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Mexico Violento

Madres con hijos desaparecidos en México demandan justicia

Madres de jóvenes desaparecidos que reclaman justicia en México también han sido amenazadas de muerte por teléfono.

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Madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México Foto: Daniela Pastrana /IPS

Por Daniela Pastrana

MÉXICO, Distrito Federal (IPS).- Emma Veleta y Toribio Muñoz se casaron hace 40 años y tuvieron siete hijos, cuatro varones y tres mujeres. Vivían en el municipio de Anáhuac, a 100 kilómetros de la capital del norteño estado mexicano de Chihuahua. El 19 de junio de 2011, en pleno festejo del Día del Padre, se desató la tragedia.

Unos hombres armados y vestidos con uniforme de la policía federal entraron a la casa de esta familia y se llevaron a Muñoz, un jubilado ferrocarrilero, y a todos sus hijos varones, un sobrino, un yerno y un nieto. Veleta no los ha vuelto a ver.

“Pensé que si venía a (la ciudad de) México iba a tener pistas de mi familia, y no encontré nada, pero descubrí que somos muchísimas sufriendo lo mismo”, dijo la mujer, quien tuvo que huir de su comunidad después de recibir una serie de amenazas telefónicas.

La enfermera jubilada Guadalupe Aguilar, tampoco sabe nada de su hijo, José Luis. Lo último que supo de él fue el 11 de enero de 2011, cuando el joven de 34 años iba a reunirse con su hermano en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

“Era un recorrido de 12 minutos, pero nunca llegó. Y su carro (automóvil) apareció después en Colima (estado aledaño)”, dijo la madre, quien el 7 de septiembre se hizo presente en un acto del presidente de México, Felipe Calderón, y le pidió ayuda para encontrar a su hijo.

Calderón “me dijo que me recibirían en la Procuraduría de Víctimas, que abriría un expediente, y todo eso se ha hecho, pero en concreto no tengo nada”, dijo. “Por eso yo veo a todas estas mujeres aquí y pregunto: ¿cuántas tenemos que ser para que nos hagan caso? ¿Por qué no hacen nada?”.

Veleta, Aguilar y muchas otras no festejaron el Día de la Madre, que en México se celebra cada 10 de mayo. Cambiaron las flores y los mariachis por una demanda de justicia a la que llamaron Marcha de la Dignidad Nacional.

“Fuimos a recordarle a México que no tenemos mañanitas, no tenemos mucho que celebrar porque una parte del corazón está muerta”, dijo la activista Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua.

Salieron el lunes 7 de este mes de los municipios del norte de México, asolados por la violencia, como Cuauhtémoc, Anáhuac, Bocoyna, Gran Morelos y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Luego se les unieron madres de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.

Después de andar 2.000 kilómetros llegaron el miércoles 9 a la capital del país, donde se sumaron las madres del Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), que tiene registrados 319 casos de nacionales de ese país desaparecidos en México.

El viernes 11 se reunieron con la procuradora general de la República, Marisela Morales, para plantearle sus principales demandas, como la investigación federal de los casos y la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, la creación de una base nacional de datos con cada hecho documentado y la creación de una fiscalía especial para las desapariciones.

También reclamaron la implementación de protocolos de investigación y un programa federal para atender a las familias, así como la aceptación de todas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para desapariciones forzadas de personas.

El secretario de gobernación (ministro del Interior), Alejandro Poiré, les canceló la cita que tenían.

“¿Dónde están”, es el grito de estas madres organizadas en cada puerta que tocan. Con ellas caminaron integrantes de la organización HIJOS, formada por hijas e hijos de personas desaparecidas durante las décadas del 60 y del 70, en el período conocido en México como la “guerra sucia”.

“No pierdan la fe. Nunca piensen que están muertos, Búsquenlos todo lo que se pueda, luchen todo lo que se pueda. Yo estoy luchando desde 1975, ya estoy muy vieja”, les dijo la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y quien fue a visitarlas al campamento que instalaron el jueves 10 en el Ángel de la Independencia.

La mayoría de estas mujeres, sin embargo, son víctimas indirectas de la guerra contra la delincuencia emprendida por el presidente Calderón, desde que inició su mandato en diciembre de 2006. A partir de entonces, las organizaciones convocantes de la marcha han documentado más de 800 desapariciones.

Pero no hay cifras oficiales. La única pista sobre la dimensión de la tragedia la dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos en abril de 2010, cuando informó que tenía registrados 5.397 reportes de personas desaparecidas y casi 9 mil cuerpos sin identificar.

Las gemelas Nitzia y Mita, de 16 años, buscan a su madre, Nitzia Paola Alvarado Espinoza, quien fue detenida el 29 de diciembre de 2009, junto con su tío José Ángel y su prima Rocío, por militares en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Ninguno de ellos fue presentado nunca a ninguna autoridad. Después de eso, 37 integrantes de esta familia tuvieron que salir del estado.

La caravana que llegó al Ángel de la Independencia, que el fin de semana pasado regresó, también recibió una carta de familiares de víctimas que conformaron la organización LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), de Nuevo León, uno de los estados más lastimados por la violencia y donde este fin de semana fueron encontrados 49 cuerpos decapitados.

“No hay palabras suficientes que describan el dolor que sentimos las madres por la desaparición de un hijo o hija (…), pero si algo pudiéramos decir, si con algunas palabras pudiéramos expresarlo, les diríamos que es un calvario, un vía crucis que no termina, una agonía que no cesa”, se indica en la misiva.

“Nuestro dolor y nuestra lucha por nuestros hijos e hijas desaparecidas se extiende al ver a una parte de la sociedad indiferente, un gobierno donde también hay autoridades corruptas y coludidas con el crimen”, añade LUPA.

Estas mujeres organizadas son madres huérfanas de sus hijos e hijas, y abuelas que no saben qué responder a sus nietos cuando les preguntan por su papá o su mamá. Pero han decidido convertir su dolor en una lucha por la justicia.

Julia Ramírez tuvo 12 hijos. Alejandro, el mayor de ellos, decidió emigrar a Estados Unidos cuando cumplió 18 años para ayudar con los gastos familiares. El 21 de marzo de 2011 dejó su casa de San Luis de la Paz, en Guanajuato, centro del país, y se marchó junto con otros 16 campesinos. Nadie los ha vuelto a ver.

“Mis hijos me decían que iba a haber un festival por el día de las madres. Me dolió mucho dejarlos, pero tengo que seguir la búsqueda: ellos están en la casa, su hermano no”, contó.

 

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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