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Justicia pendiente

Madres denuncian violencia sexual y física en primaria de Ejido Yucatán

Irregularidades, corrupción y abuso sexual y físico, denuncian madres de familia de la escuela primaria Joaquín García del Ejido Yucatán, sin ser atendidas por autoridades educativas del estado de Baja California

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California.- El 25 de noviembre de 2012, una alumna de cuarto año de primaria de la escuela Joaquín García (antes Jaime Nuno), del Ejido Yucatán, de Mexicali, Baja California, fue atacada sexualmente por tres compañeros de su grupo. Ella tenía nueve años, sus compañeros entre 10 y 11. El día de los hechos, la maestra Martha Elena Cervantes Razo, dejó solos a estos alumnos en su salón, mientras el resto del grupo ensayaba en el patio para un evento artístico. La niña fue abusada sexualmente por sus compañeros y grabada en video con un celular de los niños en un lapso de treinta minutos, el tiempo que se ausentó la maestra.

Un cuarto niño que se encontraba en el aula -sin participar en el abuso- corrió a buscar a la maestra para informarle de la agresión que cometían sus compañeros. La maestra regresó al salón, y a decir de ella, encontró a los niños sentados cada uno en su pupitre. Sin embargo, el niño reiteró los detalles de la agresión sexual, por lo que la maestra se vio obligada a llevarlos a la dirección escolar. La directora minimizó los hechos en ese momento, pero las madres continuaron con la denuncia.

La maestra Cervantes Razo fue requerida por las autoridades educativas, ante las que justificó que la niña se encontraba en el salón de clases porque “no hablaba ni cantaba”, mientras los otros tres alumnos “tenían problemas de conducta y no respetaban las indicaciones que se les daba”, por lo que había decidido dejarlos en el salón a que terminaran un “trabajo pendiente”, señaló.

La directora Norma Vizcarra Salazar dio su versión de los hechos en audiencia ante las autoridades de Contraloría interna:

“El día 25 de noviembre (de 2012) aproximadamente a las tres de la tarde con treinta minutos vino la profesora Martha Elena en compañía de dos alumnos (da los nombres) y me comunica que en lo que ella fue al baño los dos niños molestaron a su compañera (nombre) en la forma en que se bajaron los pantalones y le mostraron sus partes los dos, los niños se quedaron aquí en la dirección y la maestra se fue al salón”.

Vizcarra Salazar, sin embargo, afirmó que la ausencia de la maestra en el grupo fue de tres a cinco minutos, y justificó que no contaban con suficiente personal para asistir a los alumnos en caso de ausencia del docente.

La madre de la niña supo del abuso de su hija hasta tres días después por parte de su hija mayor, quien tuvo acceso al video que circulaba entre los alumnos de la escuela. Contó a su madre cómo su hermana había sido abusada sexualmente por dos niños y un tercero grababa en video. La madre dijo que ese día su hija estaba en el aula, llorando, sin ser asistida adecuadamente por la maestra o la directora. Supo por su hija que no era la primera vez que abusaban de ella los mismos niños, y que no quería hablar con nadie ni participar en ninguna actividad por vergüenza y temor a sus agresores. Cuando fue a poner la denuncia al Ministerio Público más cercano, el Ejido Cuervos, le dijeron “que no podía hacer nada porque los agresores eran menores de edad”.   

Madre de la menor abusada dentro de la escuela Joaquín García. Foto: Los Ángeles Press

En entrevista para Los Ángeles Press, la madre de la menor abusada señaló también que cuando habló con la directora Norma Vizcarra Salazar, ésta intentó persuadirla a que no denunciara y “dejara las cosas así por el bien de la niña”, minimizando los hechos, y falseando la información como el que los niños sólo se habían bajado los pantalones. También enfatizó la madre las dificultades para que atendieran a su hija y en poner la denuncia por las distancias que tenía que recorrer, sin recursos para ello.

Por este hecho, sólo se le fincó responsabilidad administrativa a la maestra, mientras que la directora siguió al frente del plantel.

 

Denuncias de las madres de familia contra autoridades escolares

El grupo de madres de familia, a mediados de septiembre, tomaron las instalaciones de la escuela primaria Joaquín García como forma de protesta contra la directora Norma Vizcarra Salazar, por su falta de competencia e interés para atender situaciones graves del alumnado como fue el abuso sexual de la menor y de la que todavía no ha sido reparado el daño. Entre las denuncias, las mujeres destacaron la falta de atención psicológica a la niña abusada sexualmente en 2012, quien ahora tiene 14 años de edad y, por temor a sus agresores, no quiso continuar con sus estudios. En cambio, la directora Vizcarra Salazar aceptó que los menores agresores continuaran en el mismo plantel, aunque uno de los menores agresores fue protegido por sus padres cambiándolo de ciudad.

Otra de las denuncias bajo la responsabilidad de Vizcarra Salazar fue la tolerancia ante la agresión física y verbal de la maestra Melisa Yetzared Aida Valenzuela Robles a una alumna de 8 años, del tercer grado. La menor mostraba resistencia a asistir a la escuela, cuando su abuela presenció el maltrato de la que era víctima por parte de la maestra. Los padres de la niña han tenido que sufragar periódicamente los gastos de una clínica psicológica por un monto de 800 pesos por sesión, más los gastos de traslados desde el ejido a la ciudad.

Además de los problemas de seguridad e integridad física, las madres denunciaron negligencia de los maestros en el cuidado de los menores, falta de higiene y agua en los sanitarios que les ha causado infecciones vaginales a las niñas, y la malversación de fondos del dinero destinado por parte de los ejidatarios al plantel escolar.

Violación de los derechos humanos de los niños

El activista Antonio Hernández en apoyo a las madres de familia. Foto: Los Ángeles Press

El doctor Antonio Hernández, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (homónimo de la CIDH), en Baja California, ha acompañado a las denunciantes ante la indiferencia y tolerancia de las autoridades educativas, especialmente a los abusos sexuales y físicos que han ocurrido en las escuelas primarias del Valle de Mexicali.

El activista mencionó que en el Ejido 43 se han registrado ocho violaciones a menores, algunos cometidos por parte de los docentes. Incluso, comentó el caso de la negativa de adscripción por solicitud de los padres de familia de la escuela primaria “Joaquín García” al maestro Ramiro Ortiz Herrera por sus antecedentes de acoso sexual cometidos contra menores en escuelas pertenecientes a las zonas escolares 16 y 71.

Hernández también hizo las gestiones pertinentes para que la menor que fue abusada sexualmente por sus compañeros, en 2012, dentro de la escuela Joaquín García, pudiera continuar sus estudios con un programa de regularización y pudiera ser atendida psicológicamente. Al respecto, mencionó que la gestión para que pudiera continuar sus estudios le llevó un par de visitas a la SEP y dos días; algo que debería haber sido responsabilidad de las autoridades escolares.    

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Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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