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Justicia pendiente

Madres denuncian violencia sexual y física en primaria de Ejido Yucatán

Irregularidades, corrupción y abuso sexual y físico, denuncian madres de familia de la escuela primaria Joaquín García del Ejido Yucatán, sin ser atendidas por autoridades educativas del estado de Baja California

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California.- El 25 de noviembre de 2012, una alumna de cuarto año de primaria de la escuela Joaquín García (antes Jaime Nuno), del Ejido Yucatán, de Mexicali, Baja California, fue atacada sexualmente por tres compañeros de su grupo. Ella tenía nueve años, sus compañeros entre 10 y 11. El día de los hechos, la maestra Martha Elena Cervantes Razo, dejó solos a estos alumnos en su salón, mientras el resto del grupo ensayaba en el patio para un evento artístico. La niña fue abusada sexualmente por sus compañeros y grabada en video con un celular de los niños en un lapso de treinta minutos, el tiempo que se ausentó la maestra.

Un cuarto niño que se encontraba en el aula -sin participar en el abuso- corrió a buscar a la maestra para informarle de la agresión que cometían sus compañeros. La maestra regresó al salón, y a decir de ella, encontró a los niños sentados cada uno en su pupitre. Sin embargo, el niño reiteró los detalles de la agresión sexual, por lo que la maestra se vio obligada a llevarlos a la dirección escolar. La directora minimizó los hechos en ese momento, pero las madres continuaron con la denuncia.

La maestra Cervantes Razo fue requerida por las autoridades educativas, ante las que justificó que la niña se encontraba en el salón de clases porque “no hablaba ni cantaba”, mientras los otros tres alumnos “tenían problemas de conducta y no respetaban las indicaciones que se les daba”, por lo que había decidido dejarlos en el salón a que terminaran un “trabajo pendiente”, señaló.

La directora Norma Vizcarra Salazar dio su versión de los hechos en audiencia ante las autoridades de Contraloría interna:

“El día 25 de noviembre (de 2012) aproximadamente a las tres de la tarde con treinta minutos vino la profesora Martha Elena en compañía de dos alumnos (da los nombres) y me comunica que en lo que ella fue al baño los dos niños molestaron a su compañera (nombre) en la forma en que se bajaron los pantalones y le mostraron sus partes los dos, los niños se quedaron aquí en la dirección y la maestra se fue al salón”.

Vizcarra Salazar, sin embargo, afirmó que la ausencia de la maestra en el grupo fue de tres a cinco minutos, y justificó que no contaban con suficiente personal para asistir a los alumnos en caso de ausencia del docente.

La madre de la niña supo del abuso de su hija hasta tres días después por parte de su hija mayor, quien tuvo acceso al video que circulaba entre los alumnos de la escuela. Contó a su madre cómo su hermana había sido abusada sexualmente por dos niños y un tercero grababa en video. La madre dijo que ese día su hija estaba en el aula, llorando, sin ser asistida adecuadamente por la maestra o la directora. Supo por su hija que no era la primera vez que abusaban de ella los mismos niños, y que no quería hablar con nadie ni participar en ninguna actividad por vergüenza y temor a sus agresores. Cuando fue a poner la denuncia al Ministerio Público más cercano, el Ejido Cuervos, le dijeron “que no podía hacer nada porque los agresores eran menores de edad”.   

Madre de la menor abusada dentro de la escuela Joaquín García. Foto: Los Ángeles Press

En entrevista para Los Ángeles Press, la madre de la menor abusada señaló también que cuando habló con la directora Norma Vizcarra Salazar, ésta intentó persuadirla a que no denunciara y “dejara las cosas así por el bien de la niña”, minimizando los hechos, y falseando la información como el que los niños sólo se habían bajado los pantalones. También enfatizó la madre las dificultades para que atendieran a su hija y en poner la denuncia por las distancias que tenía que recorrer, sin recursos para ello.

Por este hecho, sólo se le fincó responsabilidad administrativa a la maestra, mientras que la directora siguió al frente del plantel.

 

Denuncias de las madres de familia contra autoridades escolares

El grupo de madres de familia, a mediados de septiembre, tomaron las instalaciones de la escuela primaria Joaquín García como forma de protesta contra la directora Norma Vizcarra Salazar, por su falta de competencia e interés para atender situaciones graves del alumnado como fue el abuso sexual de la menor y de la que todavía no ha sido reparado el daño. Entre las denuncias, las mujeres destacaron la falta de atención psicológica a la niña abusada sexualmente en 2012, quien ahora tiene 14 años de edad y, por temor a sus agresores, no quiso continuar con sus estudios. En cambio, la directora Vizcarra Salazar aceptó que los menores agresores continuaran en el mismo plantel, aunque uno de los menores agresores fue protegido por sus padres cambiándolo de ciudad.

Otra de las denuncias bajo la responsabilidad de Vizcarra Salazar fue la tolerancia ante la agresión física y verbal de la maestra Melisa Yetzared Aida Valenzuela Robles a una alumna de 8 años, del tercer grado. La menor mostraba resistencia a asistir a la escuela, cuando su abuela presenció el maltrato de la que era víctima por parte de la maestra. Los padres de la niña han tenido que sufragar periódicamente los gastos de una clínica psicológica por un monto de 800 pesos por sesión, más los gastos de traslados desde el ejido a la ciudad.

Además de los problemas de seguridad e integridad física, las madres denunciaron negligencia de los maestros en el cuidado de los menores, falta de higiene y agua en los sanitarios que les ha causado infecciones vaginales a las niñas, y la malversación de fondos del dinero destinado por parte de los ejidatarios al plantel escolar.

Violación de los derechos humanos de los niños

El activista Antonio Hernández en apoyo a las madres de familia. Foto: Los Ángeles Press

El doctor Antonio Hernández, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (homónimo de la CIDH), en Baja California, ha acompañado a las denunciantes ante la indiferencia y tolerancia de las autoridades educativas, especialmente a los abusos sexuales y físicos que han ocurrido en las escuelas primarias del Valle de Mexicali.

El activista mencionó que en el Ejido 43 se han registrado ocho violaciones a menores, algunos cometidos por parte de los docentes. Incluso, comentó el caso de la negativa de adscripción por solicitud de los padres de familia de la escuela primaria “Joaquín García” al maestro Ramiro Ortiz Herrera por sus antecedentes de acoso sexual cometidos contra menores en escuelas pertenecientes a las zonas escolares 16 y 71.

Hernández también hizo las gestiones pertinentes para que la menor que fue abusada sexualmente por sus compañeros, en 2012, dentro de la escuela Joaquín García, pudiera continuar sus estudios con un programa de regularización y pudiera ser atendida psicológicamente. Al respecto, mencionó que la gestión para que pudiera continuar sus estudios le llevó un par de visitas a la SEP y dos días; algo que debería haber sido responsabilidad de las autoridades escolares.    

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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