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Justicia pendiente

Madres denuncian violencia sexual y física en primaria de Ejido Yucatán

Irregularidades, corrupción y abuso sexual y físico, denuncian madres de familia de la escuela primaria Joaquín García del Ejido Yucatán, sin ser atendidas por autoridades educativas del estado de Baja California

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California.- El 25 de noviembre de 2012, una alumna de cuarto año de primaria de la escuela Joaquín García (antes Jaime Nuno), del Ejido Yucatán, de Mexicali, Baja California, fue atacada sexualmente por tres compañeros de su grupo. Ella tenía nueve años, sus compañeros entre 10 y 11. El día de los hechos, la maestra Martha Elena Cervantes Razo, dejó solos a estos alumnos en su salón, mientras el resto del grupo ensayaba en el patio para un evento artístico. La niña fue abusada sexualmente por sus compañeros y grabada en video con un celular de los niños en un lapso de treinta minutos, el tiempo que se ausentó la maestra.

Un cuarto niño que se encontraba en el aula -sin participar en el abuso- corrió a buscar a la maestra para informarle de la agresión que cometían sus compañeros. La maestra regresó al salón, y a decir de ella, encontró a los niños sentados cada uno en su pupitre. Sin embargo, el niño reiteró los detalles de la agresión sexual, por lo que la maestra se vio obligada a llevarlos a la dirección escolar. La directora minimizó los hechos en ese momento, pero las madres continuaron con la denuncia.

La maestra Cervantes Razo fue requerida por las autoridades educativas, ante las que justificó que la niña se encontraba en el salón de clases porque “no hablaba ni cantaba”, mientras los otros tres alumnos “tenían problemas de conducta y no respetaban las indicaciones que se les daba”, por lo que había decidido dejarlos en el salón a que terminaran un “trabajo pendiente”, señaló.

La directora Norma Vizcarra Salazar dio su versión de los hechos en audiencia ante las autoridades de Contraloría interna:

“El día 25 de noviembre (de 2012) aproximadamente a las tres de la tarde con treinta minutos vino la profesora Martha Elena en compañía de dos alumnos (da los nombres) y me comunica que en lo que ella fue al baño los dos niños molestaron a su compañera (nombre) en la forma en que se bajaron los pantalones y le mostraron sus partes los dos, los niños se quedaron aquí en la dirección y la maestra se fue al salón”.

Vizcarra Salazar, sin embargo, afirmó que la ausencia de la maestra en el grupo fue de tres a cinco minutos, y justificó que no contaban con suficiente personal para asistir a los alumnos en caso de ausencia del docente.

La madre de la niña supo del abuso de su hija hasta tres días después por parte de su hija mayor, quien tuvo acceso al video que circulaba entre los alumnos de la escuela. Contó a su madre cómo su hermana había sido abusada sexualmente por dos niños y un tercero grababa en video. La madre dijo que ese día su hija estaba en el aula, llorando, sin ser asistida adecuadamente por la maestra o la directora. Supo por su hija que no era la primera vez que abusaban de ella los mismos niños, y que no quería hablar con nadie ni participar en ninguna actividad por vergüenza y temor a sus agresores. Cuando fue a poner la denuncia al Ministerio Público más cercano, el Ejido Cuervos, le dijeron “que no podía hacer nada porque los agresores eran menores de edad”.   

Madre de la menor abusada dentro de la escuela Joaquín García. Foto: Los Ángeles Press

En entrevista para Los Ángeles Press, la madre de la menor abusada señaló también que cuando habló con la directora Norma Vizcarra Salazar, ésta intentó persuadirla a que no denunciara y “dejara las cosas así por el bien de la niña”, minimizando los hechos, y falseando la información como el que los niños sólo se habían bajado los pantalones. También enfatizó la madre las dificultades para que atendieran a su hija y en poner la denuncia por las distancias que tenía que recorrer, sin recursos para ello.

Por este hecho, sólo se le fincó responsabilidad administrativa a la maestra, mientras que la directora siguió al frente del plantel.

 

Denuncias de las madres de familia contra autoridades escolares

El grupo de madres de familia, a mediados de septiembre, tomaron las instalaciones de la escuela primaria Joaquín García como forma de protesta contra la directora Norma Vizcarra Salazar, por su falta de competencia e interés para atender situaciones graves del alumnado como fue el abuso sexual de la menor y de la que todavía no ha sido reparado el daño. Entre las denuncias, las mujeres destacaron la falta de atención psicológica a la niña abusada sexualmente en 2012, quien ahora tiene 14 años de edad y, por temor a sus agresores, no quiso continuar con sus estudios. En cambio, la directora Vizcarra Salazar aceptó que los menores agresores continuaran en el mismo plantel, aunque uno de los menores agresores fue protegido por sus padres cambiándolo de ciudad.

Otra de las denuncias bajo la responsabilidad de Vizcarra Salazar fue la tolerancia ante la agresión física y verbal de la maestra Melisa Yetzared Aida Valenzuela Robles a una alumna de 8 años, del tercer grado. La menor mostraba resistencia a asistir a la escuela, cuando su abuela presenció el maltrato de la que era víctima por parte de la maestra. Los padres de la niña han tenido que sufragar periódicamente los gastos de una clínica psicológica por un monto de 800 pesos por sesión, más los gastos de traslados desde el ejido a la ciudad.

Además de los problemas de seguridad e integridad física, las madres denunciaron negligencia de los maestros en el cuidado de los menores, falta de higiene y agua en los sanitarios que les ha causado infecciones vaginales a las niñas, y la malversación de fondos del dinero destinado por parte de los ejidatarios al plantel escolar.

Violación de los derechos humanos de los niños

El activista Antonio Hernández en apoyo a las madres de familia. Foto: Los Ángeles Press

El doctor Antonio Hernández, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (homónimo de la CIDH), en Baja California, ha acompañado a las denunciantes ante la indiferencia y tolerancia de las autoridades educativas, especialmente a los abusos sexuales y físicos que han ocurrido en las escuelas primarias del Valle de Mexicali.

El activista mencionó que en el Ejido 43 se han registrado ocho violaciones a menores, algunos cometidos por parte de los docentes. Incluso, comentó el caso de la negativa de adscripción por solicitud de los padres de familia de la escuela primaria “Joaquín García” al maestro Ramiro Ortiz Herrera por sus antecedentes de acoso sexual cometidos contra menores en escuelas pertenecientes a las zonas escolares 16 y 71.

Hernández también hizo las gestiones pertinentes para que la menor que fue abusada sexualmente por sus compañeros, en 2012, dentro de la escuela Joaquín García, pudiera continuar sus estudios con un programa de regularización y pudiera ser atendida psicológicamente. Al respecto, mencionó que la gestión para que pudiera continuar sus estudios le llevó un par de visitas a la SEP y dos días; algo que debería haber sido responsabilidad de las autoridades escolares.    

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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