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Justicia pendiente

Madres denuncian violencia sexual y física en primaria de Ejido Yucatán

Irregularidades, corrupción y abuso sexual y físico, denuncian madres de familia de la escuela primaria Joaquín García del Ejido Yucatán, sin ser atendidas por autoridades educativas del estado de Baja California

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California.- El 25 de noviembre de 2012, una alumna de cuarto año de primaria de la escuela Joaquín García (antes Jaime Nuno), del Ejido Yucatán, de Mexicali, Baja California, fue atacada sexualmente por tres compañeros de su grupo. Ella tenía nueve años, sus compañeros entre 10 y 11. El día de los hechos, la maestra Martha Elena Cervantes Razo, dejó solos a estos alumnos en su salón, mientras el resto del grupo ensayaba en el patio para un evento artístico. La niña fue abusada sexualmente por sus compañeros y grabada en video con un celular de los niños en un lapso de treinta minutos, el tiempo que se ausentó la maestra.

Un cuarto niño que se encontraba en el aula -sin participar en el abuso- corrió a buscar a la maestra para informarle de la agresión que cometían sus compañeros. La maestra regresó al salón, y a decir de ella, encontró a los niños sentados cada uno en su pupitre. Sin embargo, el niño reiteró los detalles de la agresión sexual, por lo que la maestra se vio obligada a llevarlos a la dirección escolar. La directora minimizó los hechos en ese momento, pero las madres continuaron con la denuncia.

La maestra Cervantes Razo fue requerida por las autoridades educativas, ante las que justificó que la niña se encontraba en el salón de clases porque “no hablaba ni cantaba”, mientras los otros tres alumnos “tenían problemas de conducta y no respetaban las indicaciones que se les daba”, por lo que había decidido dejarlos en el salón a que terminaran un “trabajo pendiente”, señaló.

La directora Norma Vizcarra Salazar dio su versión de los hechos en audiencia ante las autoridades de Contraloría interna:

“El día 25 de noviembre (de 2012) aproximadamente a las tres de la tarde con treinta minutos vino la profesora Martha Elena en compañía de dos alumnos (da los nombres) y me comunica que en lo que ella fue al baño los dos niños molestaron a su compañera (nombre) en la forma en que se bajaron los pantalones y le mostraron sus partes los dos, los niños se quedaron aquí en la dirección y la maestra se fue al salón”.

Vizcarra Salazar, sin embargo, afirmó que la ausencia de la maestra en el grupo fue de tres a cinco minutos, y justificó que no contaban con suficiente personal para asistir a los alumnos en caso de ausencia del docente.

La madre de la niña supo del abuso de su hija hasta tres días después por parte de su hija mayor, quien tuvo acceso al video que circulaba entre los alumnos de la escuela. Contó a su madre cómo su hermana había sido abusada sexualmente por dos niños y un tercero grababa en video. La madre dijo que ese día su hija estaba en el aula, llorando, sin ser asistida adecuadamente por la maestra o la directora. Supo por su hija que no era la primera vez que abusaban de ella los mismos niños, y que no quería hablar con nadie ni participar en ninguna actividad por vergüenza y temor a sus agresores. Cuando fue a poner la denuncia al Ministerio Público más cercano, el Ejido Cuervos, le dijeron “que no podía hacer nada porque los agresores eran menores de edad”.   

Madre de la menor abusada dentro de la escuela Joaquín García. Foto: Los Ángeles Press

En entrevista para Los Ángeles Press, la madre de la menor abusada señaló también que cuando habló con la directora Norma Vizcarra Salazar, ésta intentó persuadirla a que no denunciara y “dejara las cosas así por el bien de la niña”, minimizando los hechos, y falseando la información como el que los niños sólo se habían bajado los pantalones. También enfatizó la madre las dificultades para que atendieran a su hija y en poner la denuncia por las distancias que tenía que recorrer, sin recursos para ello.

Por este hecho, sólo se le fincó responsabilidad administrativa a la maestra, mientras que la directora siguió al frente del plantel.

 

Denuncias de las madres de familia contra autoridades escolares

El grupo de madres de familia, a mediados de septiembre, tomaron las instalaciones de la escuela primaria Joaquín García como forma de protesta contra la directora Norma Vizcarra Salazar, por su falta de competencia e interés para atender situaciones graves del alumnado como fue el abuso sexual de la menor y de la que todavía no ha sido reparado el daño. Entre las denuncias, las mujeres destacaron la falta de atención psicológica a la niña abusada sexualmente en 2012, quien ahora tiene 14 años de edad y, por temor a sus agresores, no quiso continuar con sus estudios. En cambio, la directora Vizcarra Salazar aceptó que los menores agresores continuaran en el mismo plantel, aunque uno de los menores agresores fue protegido por sus padres cambiándolo de ciudad.

Otra de las denuncias bajo la responsabilidad de Vizcarra Salazar fue la tolerancia ante la agresión física y verbal de la maestra Melisa Yetzared Aida Valenzuela Robles a una alumna de 8 años, del tercer grado. La menor mostraba resistencia a asistir a la escuela, cuando su abuela presenció el maltrato de la que era víctima por parte de la maestra. Los padres de la niña han tenido que sufragar periódicamente los gastos de una clínica psicológica por un monto de 800 pesos por sesión, más los gastos de traslados desde el ejido a la ciudad.

Además de los problemas de seguridad e integridad física, las madres denunciaron negligencia de los maestros en el cuidado de los menores, falta de higiene y agua en los sanitarios que les ha causado infecciones vaginales a las niñas, y la malversación de fondos del dinero destinado por parte de los ejidatarios al plantel escolar.

Violación de los derechos humanos de los niños

El activista Antonio Hernández en apoyo a las madres de familia. Foto: Los Ángeles Press

El doctor Antonio Hernández, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (homónimo de la CIDH), en Baja California, ha acompañado a las denunciantes ante la indiferencia y tolerancia de las autoridades educativas, especialmente a los abusos sexuales y físicos que han ocurrido en las escuelas primarias del Valle de Mexicali.

El activista mencionó que en el Ejido 43 se han registrado ocho violaciones a menores, algunos cometidos por parte de los docentes. Incluso, comentó el caso de la negativa de adscripción por solicitud de los padres de familia de la escuela primaria “Joaquín García” al maestro Ramiro Ortiz Herrera por sus antecedentes de acoso sexual cometidos contra menores en escuelas pertenecientes a las zonas escolares 16 y 71.

Hernández también hizo las gestiones pertinentes para que la menor que fue abusada sexualmente por sus compañeros, en 2012, dentro de la escuela Joaquín García, pudiera continuar sus estudios con un programa de regularización y pudiera ser atendida psicológicamente. Al respecto, mencionó que la gestión para que pudiera continuar sus estudios le llevó un par de visitas a la SEP y dos días; algo que debería haber sido responsabilidad de las autoridades escolares.    

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Justicia pendiente

Trabajadores del IMSS denuncian acoso, fraude y negligencia médica por parte de directivos en Tamaulipas

Ignacio García

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron haber sido víctimas de acoso por parte de directivos de la institución, luego de que una empleada evidenció las irregularidades cometidas por el médico Eduardo Rodríguez Balderas, acusado en reiteradas ocasiones de negligencia médica.

Los empleados del IMSS señalaron que Eduardo Rodríguez es protegido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como por autoridades de la institución y por la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, pese a las múltiples denuncias que existen en su contra por maltrato a pacientes y robo de medicamentos.

De acuerdo con los inconformes, el director del IMSS en la región, Alejandro Soto Villa, ha encubierto las anomalías del médico, quien se sustenta como oncólogo, sin embargo, no cuenta con certificados de estudios que avalen esa especialización médica, por lo que únicamente es médico general y el diploma que entregó para acreditarse como médico especializado no coincide con las firmas originales de autoridades del Seguro Social en la Ciudad de México.

La internista Kristel González Terán ha sido violentada en su espacio laboral en la Unidad de Medicina Familiar número 76 al negársele la incapacidad por problemas de salud que padece desde 2018, e incluso le negaron una resonancia magnética. La obligan a trabajar en su estado de salud, aunado a que el médico que le suscribía las incapacidades ha sido amenazado para negarle estos permisos, por lo que debe continuar con sus labores, pese a que tiene dificultad para caminar.

Asimismo, tanto en la unidad médica donde labora como en el Hospital General de Zona Número 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, le niegan los medicamentos como estudios de imagen y le aplican las faltas, pese a las incapacidades, por lo que no ha obtenido tampoco algún tipo de apoyo económico para adquirir sus insumos médicos para la colostomía que requiere mensualmente.

Aunque la trabajadora médica ha denunciado dichas irregularidades ante las autoridades del IMSS, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y la Secretaría de la Función Pública (SFP), no ha procedido ninguna queja, ya que los directivos han afirmado que cuentan con el respaldo del gobernador de esa entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Negligencia médica y violencia laboral

El médico Eduardo Rodríguez Balderas no ha sido sancionado por los casos de negligencia médica en los que ha incurrido, y se encuentra en incapacidad sin estar enfermo, recibiendo su sueldo completo e incluso continúa en atención médica en Monterrey, Nuevo León, donde es apoyado por su esposa.

Los trabajadores acusaron también de esas irregularidades a Rogelio Flores Villareal, ex director de la Unidad Médica 76 de Nuevo Laredo, quien ha agredido a varias mujeres que laboran en la institución sin que sea sancionado. Marcos Daniel Enríquez Sánchez, actual director de ese nosocomio, cuenta con cuatro denuncias penales, además de no contar con el perfil necesario para las responsabilidades de directivo.

Otro de los casos denunciados a Los Ángeles Press es el de Ricardo Manuel Obeso Treviño, quien ha agredido a trabajadores e incluso les ha proferido amenazas de muerte, y ha desacreditado a Kristel González. Ante las advertencias de ser denunciado, ha manifestado que debido a sus influencias no podrán proceder en su contra.

De la misma manera, Karla Melissa Machichi López, ex jefa de Recursos Humanos de la unidad médica, quien aplicaba sanciones a los trabajadores, aunado a que ha sido demandada por agredir físicamente a la enfermera Irma Palomo; mientras que Mónica Alejandra Pérez Morales, contadora de la unidad médica, también ha participado en las sanciones a los empleados.

 

Denuncias reiteradas contra el doctor Eduardo Rodríguez Balderas

De acuerdo con la denuncia del personal médico, parte del maltrato y violencia a la doctora Kristel González Terán es “por haber sido testigo de todas estas atrocidades, y haberlas denunciado ante el IMSS”, por lo que también recibió amenazas de muerte. Incluso denunció que el doctor Eduardo Rodríguez Balderas utilizaba sus redes sociales y teléfono para amenazar a pacientes y familiares de éstos de no atenderlos, al negarse a pagarle desde 13 mil hasta 80 mil. Incluso, señala la denuncia que este médico se negaba a atenderlos en el IMSS, al grado de dejarlos que se deteriorara su salud hasta la muerte.

También agrega la denuncia “el robo de estudios subrogados que aparentemente realizan a los pacientes, quienes entregan documentación en el HGZ No. 11 para que lo estudios sean realizados por el Hospital Privado México Americano. Sin embargo estos estudios nunca son realizados, pero sí son pagados por el IMSS, es decir han estado enmascarando la realización de estudios de tomografías y resonancias para los derechohabientes del IMSS sin realizarlos, pero sí los cobra el Hospital México Americano”.

La denuncia de la doctora Kristel González Terán especificó que firmaban mas de 1 millón de pesos de estudios que según eran realizados por medio subrogado, pero que al final no eran realizados a los pacientes, solo aceptaban los papeles administrativamente. “Todo esto es dinero y de acuerdo con un audio como prueba, el dinero es lo principal que los tiene realizando amenazas, así como el robo de medicamentos que realizaba el aparente oncólogo médico, quien trabajó durante casi 4 años en el Oncológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recomendado por políticos del mismo estado”.

La referencia es al médico Eduardo Rodríguez, quien se ostenta como  oncólogo, y tiene múltiples denuncias en derechos humanos y algunas denuncias penales, que no proceden por sus influencias políticas y sigue abusando de los pacientes y sus familiares. En la denuncia a Los Ángeles Press, también se hizo mención por parte de enfermeras que trabajaron con él, que “muchas veces no aplicaba quimioterapias completas o que sólo aplicaba dexamentasona con solución salina y que las dosis de quimioterapia las daba incompletas, así mismo mentía acerca de una vacuna mágica que cobraba en hasta 80 mil pesos, lo  cual era lo mismo esteroides, dexametasona aplicada en el brazo o glúteo”.

Las denunciantes de estos hechos se encuentran amenazadas por este médico, e incluso algunas fueron despedidas del Centro Oncológico por declarar lo que hacía, como robarse el medicamento de la institución pública y aplicarlo por el sector privado.

Una de las compañeras que es acosada se encuentra intubada en Monterrey, Nuevo León por COVID-19, la acosaron tanto que no le dieron tratamiento oportuno y estando enferma la destituyeron con un correo electrónico del puesto de subdirectora, eso le genero mas ansiedad durante su enfermedad, ahora esta grave en Monterrey.

 

El doctor Eduardo Rodríguez Balderas exigía 30 mil pesos a paciente de 74 años, con cáncer, a quien solicitó examen de próstata.

Testimonios de negligencia médica

Distintos pacientes han denunciado la negligencia médica de Eduardo Rodríguez como Enrique Meza, hijo de Eva Hernández, fallecida de cáncer a los 74 años de edad, sin haber recibido atención médica por el médico que se ostenta como oncólogo, pues les exigía un pago de 30 mil pesos para pagar una quimioterapia.

“Mi madre falleció sin una sola quimioterapia y sin ser atendida por el doctor Eduardo cuando le dijimos que no teníamos 30 mil pesos para pagar una quimioterapia”, explicó el hijo de Eva Hernández, quien perdió la vida por no ser atendida en el IMSS del cáncer de hígado con metástasis.

Otro caso en el que Alejandro Rodríguez es señalado es por Alejandrina Fernández Cárcamo, derechohabiente del IMSS, a quien le amputaron un seno por presuntamente padecer cáncer tras un diagnóstico del médico, sin embargo, no padecía esa enfermedad, por lo que interpuso la denuncia correspondiente por las irregularidades del galeno.

Además, el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Óscar Villa Garza, también denunció a Rodríguez por usurpación de funciones, ya que no cuenta con cédula profesional que lo avale como oncólogo y así ha realizado consultas médicas a pacientes.

 

Directivos médicos denunciados por violencia laboral

Doctor Alejandro Soto Villa. Director del Hospital General de Zona No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ha silenciado el robo de medicamentos, y el maltrato y violencia de género por parte del doctor Eduardo Rodríguez Balderas.

Doctor Rogelio Flores Villarreal. Exdirector de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Señalado de misoginia, con varias denuncias ante SNTSS por violentar a trabajadoras del IMSS, sin ser nunca sancionado.

Doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez. Director actual de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Anteriormente del sindicato, sin reunir requisitos para ejercer su cargo. Fue impuesto por el sindicato, pese a tener 4 denuncias penales. Ha sido denunciado por violencia familiar y violencia física a exparejas.

Doctor Ricardo Manuel Obeso Treviño. Señalado de amenazar y violentar a trabajadores, en contubernio con el doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez. Entre las denuncias de acoso laboral indican aplicarles faltas, no autorizar  pases de salida, modificarles vacaciones, hackeo de correos electrónicos, y junto con el doctor Alejandro Soto Villa han denigrado la dignidad de la doctora Kristel González, señalándola de “loca” para que desacrediten sus declaraciones. La doctora ha sido evaluada psicológicamente y destaca el psicólogo que tiene un índice superior de inteligencia y que se encuentra en un estado depresivo por acoso y violencia laboral.

Karla Melissa Machichi López. Ex jefa de recursos humanos de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente cambiada a la UMF No. 78 por violencia a trabajadores por indicaciones del doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez y el doctor Alejandro Soto Villa, quien seguía indicaciones de aplicar faltas, negar vacaciones, negar autorización de pases de salida, negar autorizaciones de cubrir a trabajadores. Esta persona tiene una demanda penal por agredir físicamente a una enfermera llamada Irma Palomo, quien después de haber apoyado a la doctora Kristel González, empezó a recibir amenazas, agresiones físicas y aplicación de faltas por esta persona, así como agresiones físicas por parte de Enríquez Sánchez.

Mónica Alejandra Pérez Morales. Contadora de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien se encuentra en coalición con el doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez y con Machichi Lópezy permite la aplicación de faltas, la falta de autorización de pases de salida, firma y autoriza junto con el director de la UMAA y anteriormente con la Lic. Karla Melissa Machichi López, la autorización de dar horas extras faltas a personal que les apoya para amedrentar personas o que se dedican a hacer más grande el gremio para crear violencia y controlar en la unidad. Tiene una denuncia penal y es protegida por su ex pareja Moisés Malpica Córdova, quien labora en el SNTS Tamaulipas, también denunciado penalmente por corrupción en el IMSS en Tamaulipas.

Doctor Eduardo Rodríguez Balderas. Médico general con solo dos años de medicina interna, quien realizó aparentemente Oncología médica, en el Siglo XXI, en donde sus mismos maestros lo señalaron de no acudir a sus guardias, clases y de fingir enfermedades para ausentarse de la residencia, así mismo una de sus maestras asegura que no terminó la tesis. Es señalado reiteradamente de violencia laboral y violencia de género, además de negligencia en la práctica médica.

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Justicia pendiente

Cienfuegos será enjuiciado en México

Ignacio García

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el ex responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, será enjuiciado en México por los delitos de vínculos con el crimen organizado durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El funcionario federal dijo que Estados Unidos retiró los cargos por los que se le acusa y será trasladado a México, donde continuará con sus respectivos procedimientos penales, por lo que consideró que se trata de un acto de justicia por los delitos cometidos en el país.

De acuerdo con el canciller, debe prevalecer la confianza entre México y Estados Unidos, por lo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que continúe con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Agregó que serán las autoridades mexicanas las que finquen responsabilidades en contra del ex titular de la Sedena, quien presuntamente proporcionó apoyo a los grupos del crimen organizado durante el sexenio pasado.

Asimismo, expresó que las autoridades mexicanas no desecharán los casos que formularon las instancias norteamericanas, por lo que destacó la cooperación permanente que existe entre México y Estados Unidos para temas de combate al crimen organizado.

El pasado 15 de octubre Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos por su presunta colusión con los grupos del crimen organizado, al haber ayudado al cártel de los Beltrán Leyva, por lo que habría sido considerado como “El Padrino” de los narcotraficantes.

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Juez gira nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles

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Por Ignacio García 

Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión en contra de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez del distrito de Almoloya, Estado de México, ordenó una nueva orden de aprehensión contra la ex funcionaria federal, quien permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por su presunta participación en el esquema de la corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.

Por las nuevas acusaciones en su contra, Robles Berlanga sería acreedora a prisión preventiva oficiosa, aunado a que es procesada por indebido ejercicio del servicio público por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Aunque la semana pasada, la también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México intentó recuperar su libertad, un juez federal ordenó que el proceso por el que es inculpada debe continuar tras las rejas, por lo que seguirá en prisión como ha ocurrido desde hace 14 meses.

Según la defensa legal de Rosario Robles, el delito por el que es acusada ya fue derogado, pero el juez consideró que no existen los elementos para sustentar esas afirmaciones y por ello deberá seguir su proceso en la cárcel.

Rosario Robles fue la primera ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto encarcelada, aunque el pasado 16 de octubre también fue aprehendido Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntos nexos con el crimen organizado.

 

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