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Justicia pendiente

Madres denuncian violencia sexual y física en primaria de Ejido Yucatán

Irregularidades, corrupción y abuso sexual y físico, denuncian madres de familia de la escuela primaria Joaquín García del Ejido Yucatán, sin ser atendidas por autoridades educativas del estado de Baja California

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California.- El 25 de noviembre de 2012, una alumna de cuarto año de primaria de la escuela Joaquín García (antes Jaime Nuno), del Ejido Yucatán, de Mexicali, Baja California, fue atacada sexualmente por tres compañeros de su grupo. Ella tenía nueve años, sus compañeros entre 10 y 11. El día de los hechos, la maestra Martha Elena Cervantes Razo, dejó solos a estos alumnos en su salón, mientras el resto del grupo ensayaba en el patio para un evento artístico. La niña fue abusada sexualmente por sus compañeros y grabada en video con un celular de los niños en un lapso de treinta minutos, el tiempo que se ausentó la maestra.

Un cuarto niño que se encontraba en el aula -sin participar en el abuso- corrió a buscar a la maestra para informarle de la agresión que cometían sus compañeros. La maestra regresó al salón, y a decir de ella, encontró a los niños sentados cada uno en su pupitre. Sin embargo, el niño reiteró los detalles de la agresión sexual, por lo que la maestra se vio obligada a llevarlos a la dirección escolar. La directora minimizó los hechos en ese momento, pero las madres continuaron con la denuncia.

La maestra Cervantes Razo fue requerida por las autoridades educativas, ante las que justificó que la niña se encontraba en el salón de clases porque “no hablaba ni cantaba”, mientras los otros tres alumnos “tenían problemas de conducta y no respetaban las indicaciones que se les daba”, por lo que había decidido dejarlos en el salón a que terminaran un “trabajo pendiente”, señaló.

La directora Norma Vizcarra Salazar dio su versión de los hechos en audiencia ante las autoridades de Contraloría interna:

“El día 25 de noviembre (de 2012) aproximadamente a las tres de la tarde con treinta minutos vino la profesora Martha Elena en compañía de dos alumnos (da los nombres) y me comunica que en lo que ella fue al baño los dos niños molestaron a su compañera (nombre) en la forma en que se bajaron los pantalones y le mostraron sus partes los dos, los niños se quedaron aquí en la dirección y la maestra se fue al salón”.

Vizcarra Salazar, sin embargo, afirmó que la ausencia de la maestra en el grupo fue de tres a cinco minutos, y justificó que no contaban con suficiente personal para asistir a los alumnos en caso de ausencia del docente.

La madre de la niña supo del abuso de su hija hasta tres días después por parte de su hija mayor, quien tuvo acceso al video que circulaba entre los alumnos de la escuela. Contó a su madre cómo su hermana había sido abusada sexualmente por dos niños y un tercero grababa en video. La madre dijo que ese día su hija estaba en el aula, llorando, sin ser asistida adecuadamente por la maestra o la directora. Supo por su hija que no era la primera vez que abusaban de ella los mismos niños, y que no quería hablar con nadie ni participar en ninguna actividad por vergüenza y temor a sus agresores. Cuando fue a poner la denuncia al Ministerio Público más cercano, el Ejido Cuervos, le dijeron “que no podía hacer nada porque los agresores eran menores de edad”.   

Madre de la menor abusada dentro de la escuela Joaquín García. Foto: Los Ángeles Press

En entrevista para Los Ángeles Press, la madre de la menor abusada señaló también que cuando habló con la directora Norma Vizcarra Salazar, ésta intentó persuadirla a que no denunciara y “dejara las cosas así por el bien de la niña”, minimizando los hechos, y falseando la información como el que los niños sólo se habían bajado los pantalones. También enfatizó la madre las dificultades para que atendieran a su hija y en poner la denuncia por las distancias que tenía que recorrer, sin recursos para ello.

Por este hecho, sólo se le fincó responsabilidad administrativa a la maestra, mientras que la directora siguió al frente del plantel.

 

Denuncias de las madres de familia contra autoridades escolares

El grupo de madres de familia, a mediados de septiembre, tomaron las instalaciones de la escuela primaria Joaquín García como forma de protesta contra la directora Norma Vizcarra Salazar, por su falta de competencia e interés para atender situaciones graves del alumnado como fue el abuso sexual de la menor y de la que todavía no ha sido reparado el daño. Entre las denuncias, las mujeres destacaron la falta de atención psicológica a la niña abusada sexualmente en 2012, quien ahora tiene 14 años de edad y, por temor a sus agresores, no quiso continuar con sus estudios. En cambio, la directora Vizcarra Salazar aceptó que los menores agresores continuaran en el mismo plantel, aunque uno de los menores agresores fue protegido por sus padres cambiándolo de ciudad.

Otra de las denuncias bajo la responsabilidad de Vizcarra Salazar fue la tolerancia ante la agresión física y verbal de la maestra Melisa Yetzared Aida Valenzuela Robles a una alumna de 8 años, del tercer grado. La menor mostraba resistencia a asistir a la escuela, cuando su abuela presenció el maltrato de la que era víctima por parte de la maestra. Los padres de la niña han tenido que sufragar periódicamente los gastos de una clínica psicológica por un monto de 800 pesos por sesión, más los gastos de traslados desde el ejido a la ciudad.

Además de los problemas de seguridad e integridad física, las madres denunciaron negligencia de los maestros en el cuidado de los menores, falta de higiene y agua en los sanitarios que les ha causado infecciones vaginales a las niñas, y la malversación de fondos del dinero destinado por parte de los ejidatarios al plantel escolar.

Violación de los derechos humanos de los niños

El activista Antonio Hernández en apoyo a las madres de familia. Foto: Los Ángeles Press

El doctor Antonio Hernández, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (homónimo de la CIDH), en Baja California, ha acompañado a las denunciantes ante la indiferencia y tolerancia de las autoridades educativas, especialmente a los abusos sexuales y físicos que han ocurrido en las escuelas primarias del Valle de Mexicali.

El activista mencionó que en el Ejido 43 se han registrado ocho violaciones a menores, algunos cometidos por parte de los docentes. Incluso, comentó el caso de la negativa de adscripción por solicitud de los padres de familia de la escuela primaria “Joaquín García” al maestro Ramiro Ortiz Herrera por sus antecedentes de acoso sexual cometidos contra menores en escuelas pertenecientes a las zonas escolares 16 y 71.

Hernández también hizo las gestiones pertinentes para que la menor que fue abusada sexualmente por sus compañeros, en 2012, dentro de la escuela Joaquín García, pudiera continuar sus estudios con un programa de regularización y pudiera ser atendida psicológicamente. Al respecto, mencionó que la gestión para que pudiera continuar sus estudios le llevó un par de visitas a la SEP y dos días; algo que debería haber sido responsabilidad de las autoridades escolares.    

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

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A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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