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Violencia contra las mujeres

Madres de Juárez piden apoyo a forenses internacionales para identificar restos de sus hijas

El gobernador César Duarte reconoció negligencia en investigación de feminicidios ante el Comité de Madres, y prometió cumplir sus demandas

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, (México).- “Es una masacre de jovencitas y, al final, sólo entregan cinco o seis huesos, con el reporte de ADN”, señala con indignación Francisca Galván Segura, asesora jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Es el tercer día de velación de Jéssica Peña, en la explanada del frente de la fiscalía del estado de Chihuahua, y las madres de Juárez ya lograron reunirse con el gobernador César Duarte, quien les dio el pésame y reconoció públicamente la negligencia de las investigaciones de sus hijas desaparecidas, hoy feminicidios.

Galván, en conversación con las madres de víctimas, precisó sobre la necesidad de contar con apoyo internacional de antropólogos forenses en la verificación de los restos de las jóvenes. “Hacen falta observadores internacionales forenses o con especialidad en criminología, que nos ayuden a revisar todo el proceso de investigaciones de estos crímenes”, dice la abogada. Al respecto, señaló que la fiscalía es la única que ha venido realizando los cotejos de ADN, y que la información forense “deja fuertes dudas a las madres”. Además, de que no es la primera vez que las autoridades mienten o engañan sobre las investigaciones de las víctimas.

En el caso de Jéssica Peña, desaparecida a los 17 años de edad, el 29 de mayo de 2010, explica la asesora jurídica, que la madre, María García, “sólo recibió dos partes de huesos largos, parte del cráneo y la dentadura incompleta, que fue lo que identificó por fotografías”. No hay una estructura ósea completa o más o menos completa, dice la abogada, ni tampoco dejan entrar a las madres a la morgue a revisar directamente los. No les presentan más elementos de apoyo para la identificación de las osamentas, pese a que cuentan con las prendas que llevaban las víctimas cuando las ultimaron.

Con suma preocupación, Galván Segura señala que “el estado no ha hecho bien su trabajo de investigación, y los criminales ahora son más brutales, porque se han especializado muy bien en sus crímenes”. Los feminicidios están en completa impunidad, por una parte, pero por otra las madres tienen serias dudas de que les entreguen realmente los restos de sus hijas, dice en conversación para Los Ángeles Press.

Foto: Cecilia Espinoza, Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

Madres de Juárez logran la asistencia del gobernador del Estado

Francisca Galván informó que el gobernador César Duarte se reunió con el comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas. Unas treinta madres expusieron sus puntos de vista y su indignación por las irregularidades en las investigaciones de las desparecidas y la impunidad en los feminicidios, dijo.

Por su parte, el gobernador  les confirmó la existencia de sólo cinco cuerpos más en la morgue de Juárez, y prometió desparecer la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes. También dijo que se sancionaría penalmente a los funcionarios que han omitidos o fabricado evidencias, así como los que han corrompido las investigaciones.

Después de reconocer el titular del Ejecutivo su responsabilidad en la falta de eficiencia y justicia en estos crímenes, dijo la abogada que les había dado su palabra ante el grupo de madres de que llevará a cabo los nueve puntos que le pidió el Comité de Madres, y el mismo gobernador incluyó la promesa de terminar con la impunidad de los feminicidios y la creación de una nueva fiscalía de género especializada en la materia.

La fiscalía del estado propone “darles un tour a las madres por la morgue”

Ante las inquietudes y desconfianzas de las madres sobre la veracidad de las identificaciones de los restos óseos de sus hijas, la fiscalía ofreció darles un “tour” (“así con esas palabras”, observa Galván) por SEMEFO, el servicio forense, para que conozcan todo el proceso de identificación de los cuerpos. Aunque el gobernador después les reiteró que las “puertas estaban abiertas” para que ellas mismas siguieran de cerca las investigaciones.

Son varias las madres que no están plenamente convencidas de que las osamentas fragmentadas que han recibido correspondan a la identidad de quienes fueron sus hijas, explica Galván. Pero también hacen referencia a la lentitud para identificar los restos óseos. La madre de Jessica Peña, por ejmplo, cuestionó “¿Y el tiempo que estuvo mi hija adentro en la morgue? ¿Y el tiempo que estuvo en el desierto?”

El titular de la fiscalía respondió que la parte de los huesos que se ha expuesto más al sol, “es más difícil para hacer el cotejo de ADN, y es más fácil y rápido hacerlo con los huesos que estuvieron bajo sombra o enterrados”. Pero esa respuesta no tranquiliza a las madres.

Podría haber más, muchas más en la morgue

La abogada Francisca Galván, sin temblarle la voz, señala que “cuando una autoridad acepta una cifra, es porque hay más”, podrían haber quizá 30 o 40 cuerpos de mujeres y niñas retenidos en la morgue, especula, aunque el gobernador haya confirmado la existencia de sólo cinco. “Si estuvieran en Juárez”, dice, “se darían cuenta de la magnitud del problema y de su impunidad”. La experiencia de los años de trabajar jurídicamente con estos casos de violaciones de derechos humanos, es el argumento que da la abogada para suponer la existencia de más cuerpos, “sólo basta observar los resultados de las investigaciones de las autoridades hasta ahora”. Sin embargo, la abogada dejó claro que, las madres y ella misma, darán un voto de confianza al gobernador y esperan que a la brevedad cumpla su palabra de respecto a las investigaciones. “No toleraremos una simulación más”, dice.

“Por lo que está pasando en Juárez, parecería revivir el pasado, cuando se iniciaron los crímenes, hace veinte años”. Pero también, analiza, “a lo mejor nunca hubo un pasado, todo el tiempo ha sido el presente, porque no ha hemos tenido un año sin que suceda un feminicidio”. La abogada hace alusión a los asesinatos de jovencitas de Campo Algodonero, en 1993, crímenes que quedaron como una impronta de Ciudad Juárez, hasta la fecha.

Guatemala analiza ADN en escala masiva, ¿Por qué en Juárez se tardan tanto?

El análisis de una osamenta dura un promedio de cinco días, de acuerdo al Manual de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, reconocido mundialmente que han apoyado antropólogos alemanes y estadounidenses para realizar análisis de ADN en escala masiva por las masacres militares y feminicidios en Guatemala.

En el caso de los feminicidios de Juárez, las madres han recibidos los restos óseos y el reporte de ADN, después de varios años de haber retenido los cuerpos en la morgue. Así fue el caso de Adriana Sarmiento, desaparecida en enero de 2009 y asesinada diez meses después. Los restos de Adriana fueron entregados por la fiscalía hasta el 30 de noviembre de 2011, aunque su madre Ernestina Enríquez había entregado la muestra de ADN en abril de este mismo año.

Según la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que ha realizado un análisis de osamentas de 1026 víctimas entre 16 y 30 años de edad, en los años 2001 a 2006, es posible realizar identificaciones de ADN a escala masiva. En el primer trimestre de 2008, realizó más de 124 análisis de ADN, de osamentas encontradas en fosas comunes, víctimas de ejecuciones. Se ha hecho también con las desaparecidas de Bosnia y con las víctimas de las Torres gemelas de Nueva York. Esta fundación lo está haciendo con sus víctimas de feminicidios y de masacres por militares.

Del análisis de la información de ADN, se pueden establecer las características de la víctima, las zonas de mayor riesgo, mes, día y hora más violentos durante este periodo. En este documento se señala que el análisis del material óseo incluye si se trata de restos humanos, identificaciones y las señales de violencia. Pero las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez no continúan después de la entrega de los cuerpos.

La abogada Francisca Galván hace referencia a que la impunidad de los crímenes es absoluta, y que no lo podemos seguir permitiendo como sociedad, dice,“la sociedad de Juárez tiene que despertar. Hasta ahora no hay ningún culpable de los feminicidios confirmados”.

Concluye que las madres exigen la información completa de las identificaciones de los cuerpos de sus hijas para disipar las fuertes dudas que tienen, y que la presencia del gobernador ha alimentado la esperanza de que se hagan bien las investigaciones. “Si el gobernador dice que sólo hay cinco cuerpos, entonces esperamos que las encuentren vivas”, dice.

Fotografías: Cecilia Espinoza, de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

 

Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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