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Violencia contra las mujeres

Madres de Juárez piden apoyo a forenses internacionales para identificar restos de sus hijas

El gobernador César Duarte reconoció negligencia en investigación de feminicidios ante el Comité de Madres, y prometió cumplir sus demandas

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, (México).- “Es una masacre de jovencitas y, al final, sólo entregan cinco o seis huesos, con el reporte de ADN”, señala con indignación Francisca Galván Segura, asesora jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Es el tercer día de velación de Jéssica Peña, en la explanada del frente de la fiscalía del estado de Chihuahua, y las madres de Juárez ya lograron reunirse con el gobernador César Duarte, quien les dio el pésame y reconoció públicamente la negligencia de las investigaciones de sus hijas desaparecidas, hoy feminicidios.

Galván, en conversación con las madres de víctimas, precisó sobre la necesidad de contar con apoyo internacional de antropólogos forenses en la verificación de los restos de las jóvenes. “Hacen falta observadores internacionales forenses o con especialidad en criminología, que nos ayuden a revisar todo el proceso de investigaciones de estos crímenes”, dice la abogada. Al respecto, señaló que la fiscalía es la única que ha venido realizando los cotejos de ADN, y que la información forense “deja fuertes dudas a las madres”. Además, de que no es la primera vez que las autoridades mienten o engañan sobre las investigaciones de las víctimas.

En el caso de Jéssica Peña, desaparecida a los 17 años de edad, el 29 de mayo de 2010, explica la asesora jurídica, que la madre, María García, “sólo recibió dos partes de huesos largos, parte del cráneo y la dentadura incompleta, que fue lo que identificó por fotografías”. No hay una estructura ósea completa o más o menos completa, dice la abogada, ni tampoco dejan entrar a las madres a la morgue a revisar directamente los. No les presentan más elementos de apoyo para la identificación de las osamentas, pese a que cuentan con las prendas que llevaban las víctimas cuando las ultimaron.

Con suma preocupación, Galván Segura señala que “el estado no ha hecho bien su trabajo de investigación, y los criminales ahora son más brutales, porque se han especializado muy bien en sus crímenes”. Los feminicidios están en completa impunidad, por una parte, pero por otra las madres tienen serias dudas de que les entreguen realmente los restos de sus hijas, dice en conversación para Los Ángeles Press.

Foto: Cecilia Espinoza, Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

Madres de Juárez logran la asistencia del gobernador del Estado

Francisca Galván informó que el gobernador César Duarte se reunió con el comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas. Unas treinta madres expusieron sus puntos de vista y su indignación por las irregularidades en las investigaciones de las desparecidas y la impunidad en los feminicidios, dijo.

Por su parte, el gobernador  les confirmó la existencia de sólo cinco cuerpos más en la morgue de Juárez, y prometió desparecer la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes. También dijo que se sancionaría penalmente a los funcionarios que han omitidos o fabricado evidencias, así como los que han corrompido las investigaciones.

Después de reconocer el titular del Ejecutivo su responsabilidad en la falta de eficiencia y justicia en estos crímenes, dijo la abogada que les había dado su palabra ante el grupo de madres de que llevará a cabo los nueve puntos que le pidió el Comité de Madres, y el mismo gobernador incluyó la promesa de terminar con la impunidad de los feminicidios y la creación de una nueva fiscalía de género especializada en la materia.

La fiscalía del estado propone «darles un tour a las madres por la morgue»

Ante las inquietudes y desconfianzas de las madres sobre la veracidad de las identificaciones de los restos óseos de sus hijas, la fiscalía ofreció darles un “tour” (“así con esas palabras”, observa Galván) por SEMEFO, el servicio forense, para que conozcan todo el proceso de identificación de los cuerpos. Aunque el gobernador después les reiteró que las «puertas estaban abiertas» para que ellas mismas siguieran de cerca las investigaciones.

Son varias las madres que no están plenamente convencidas de que las osamentas fragmentadas que han recibido correspondan a la identidad de quienes fueron sus hijas, explica Galván. Pero también hacen referencia a la lentitud para identificar los restos óseos. La madre de Jessica Peña, por ejmplo, cuestionó “¿Y el tiempo que estuvo mi hija adentro en la morgue? ¿Y el tiempo que estuvo en el desierto?”

El titular de la fiscalía respondió que la parte de los huesos que se ha expuesto más al sol, “es más difícil para hacer el cotejo de ADN, y es más fácil y rápido hacerlo con los huesos que estuvieron bajo sombra o enterrados”. Pero esa respuesta no tranquiliza a las madres.

Podría haber más, muchas más en la morgue

La abogada Francisca Galván, sin temblarle la voz, señala que “cuando una autoridad acepta una cifra, es porque hay más”, podrían haber quizá 30 o 40 cuerpos de mujeres y niñas retenidos en la morgue, especula, aunque el gobernador haya confirmado la existencia de sólo cinco. “Si estuvieran en Juárez”, dice, “se darían cuenta de la magnitud del problema y de su impunidad”. La experiencia de los años de trabajar jurídicamente con estos casos de violaciones de derechos humanos, es el argumento que da la abogada para suponer la existencia de más cuerpos, “sólo basta observar los resultados de las investigaciones de las autoridades hasta ahora”. Sin embargo, la abogada dejó claro que, las madres y ella misma, darán un voto de confianza al gobernador y esperan que a la brevedad cumpla su palabra de respecto a las investigaciones. «No toleraremos una simulación más», dice.

“Por lo que está pasando en Juárez, parecería revivir el pasado, cuando se iniciaron los crímenes, hace veinte años”. Pero también, analiza, “a lo mejor nunca hubo un pasado, todo el tiempo ha sido el presente, porque no ha hemos tenido un año sin que suceda un feminicidio”. La abogada hace alusión a los asesinatos de jovencitas de Campo Algodonero, en 1993, crímenes que quedaron como una impronta de Ciudad Juárez, hasta la fecha.

Guatemala analiza ADN en escala masiva, ¿Por qué en Juárez se tardan tanto?

El análisis de una osamenta dura un promedio de cinco días, de acuerdo al Manual de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, reconocido mundialmente que han apoyado antropólogos alemanes y estadounidenses para realizar análisis de ADN en escala masiva por las masacres militares y feminicidios en Guatemala.

En el caso de los feminicidios de Juárez, las madres han recibidos los restos óseos y el reporte de ADN, después de varios años de haber retenido los cuerpos en la morgue. Así fue el caso de Adriana Sarmiento, desaparecida en enero de 2009 y asesinada diez meses después. Los restos de Adriana fueron entregados por la fiscalía hasta el 30 de noviembre de 2011, aunque su madre Ernestina Enríquez había entregado la muestra de ADN en abril de este mismo año.

Según la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que ha realizado un análisis de osamentas de 1026 víctimas entre 16 y 30 años de edad, en los años 2001 a 2006, es posible realizar identificaciones de ADN a escala masiva. En el primer trimestre de 2008, realizó más de 124 análisis de ADN, de osamentas encontradas en fosas comunes, víctimas de ejecuciones. Se ha hecho también con las desaparecidas de Bosnia y con las víctimas de las Torres gemelas de Nueva York. Esta fundación lo está haciendo con sus víctimas de feminicidios y de masacres por militares.

Del análisis de la información de ADN, se pueden establecer las características de la víctima, las zonas de mayor riesgo, mes, día y hora más violentos durante este periodo. En este documento se señala que el análisis del material óseo incluye si se trata de restos humanos, identificaciones y las señales de violencia. Pero las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez no continúan después de la entrega de los cuerpos.

La abogada Francisca Galván hace referencia a que la impunidad de los crímenes es absoluta, y que no lo podemos seguir permitiendo como sociedad, dice,“la sociedad de Juárez tiene que despertar. Hasta ahora no hay ningún culpable de los feminicidios confirmados”.

Concluye que las madres exigen la información completa de las identificaciones de los cuerpos de sus hijas para disipar las fuertes dudas que tienen, y que la presencia del gobernador ha alimentado la esperanza de que se hagan bien las investigaciones. “Si el gobernador dice que sólo hay cinco cuerpos, entonces esperamos que las encuentren vivas”, dice.

Fotografías: Cecilia Espinoza, de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

 

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Libertad por Amnistía a víctima de violencia de género acusada de homicidio en Estado de México

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Alejandra Arriaga Romero, violentada por su situación de vulnerabilidad y discriminación, fue condenada a 45 años de prisión

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, (PIDH AC), dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, llevó la gestión de libertad por amnistía en favor de Alejandra Arriaga Romero, de 44 años, quien estaba condenada a 45 años de prisión, siendo víctima de violencia de género.

La organización tuvo el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), y de la maestra Myrna García Morón, de la “Casa de Libertades”, que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las mujeres violentadas.

Presunción de Inocencia presentó la argumentación jurídica y los fundamentos convencionales para la obtención de la libertad de Alejandra Arriaga Romero, y pidió a las familias de los falsos culpables seguir en la defensa de la Ley de Amnistía del Estado de México, ya que son el único colectivo que realiza estas gestiones de defensa ante el Poder Legislativo y la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura, instancias que tienen la facultad constitucional de otorgar las Amnistía a falsos culpables por delitos de alto impacto que son inocentes.

Argumentación y bases jurídicas para la libertad de Alejandra

  1. Alejandra Arriaga Romero, de edad 44 años, el nombre de la persona que presenta la solicitud es Beda Sarmiento Gutiérrez, representante legal de PIDH A.C., que su nombre a quedado descrito en el primer párrafo, también la identidad de la organización en defensa de los derechos humanos se describe con el Instrumento notarial, fue condenada a una sentencia de 45 años de prisión, no obstante, de realizar una legitima defensa para proteger su vida.
  2. Alejandra Arriaga Romero ella misma se presentó a la Agencia del Ministerio Público, para narrar como habían sucedido los hechos ante las constantes agresiones que vivía de violencia intrafamiliar, porque desde que se caso su esposo el sujeto que la agredía, exmilitar retirado que por celos la humillaba, la ofendía con golpizas interminables y la violentaba físicamente, sexual y psicológicamente.
  3. El 31 de mayo de 2015, Alejandra Arriaga Romero (aproximadamente a las 21.30 horas y 22:00 horas) fue violentada por enésima ocasión por José Ángel “N”, el agresor llegó con un cuchillo en  la mano amenazándola de que la iba a matar acercándole el arma blanca. Arriaga Romero, en defensa, sacó del buró una pistola vieja que no funcionaba, la cual nunca la accionó, solo la utilizó para defenderse, (porque ambos estaban solos y además sabían que no servía), al ver que se acercaba para agredirla ella le aventó la pistola, misma que se accionó y salió el disparo que privó de la vida al a José Ángel “N”.

El mismo 31 de mayo de 2015, José Ángel “N” intentó violentar sexualmente a Alejandra Arriaga Romero. Al poner resistencia, él la ofende y amenaza. Esto era un actitud frecuente durante los 14 años que estuvieron casados, Alejandra Arriaga Romero era golpeada y también sus hijos por José Ángel “N”, quién en el interior de la casa tenía diversas armas de fuego, (armas que fueron encontradas por la policía cuando llegaron al lugar de los hechos y las ubicaron debajo de la cama en el lugar en donde el dormía).

Diversos testimonio familiares se vertieron en contra del ex militar José Ángel “N” quien le colocaba almohadas para asfixiarla a Alejandra, y en ocasiones frente a los hijos y ellos mismos eran duramente lastimados por él.

4. Primeramente, la autoridad responsable que violó los derechos humanos fue el Ministerio Público, no obstante que Alejandra Arriaga Romero, al ver que no llegaba la ambulancia, en reiteradas ocasiones le habló al Ministerio Público y las patrullas que hacían rondines en el poblado de Santa María Totoltepec en el Municipio de Toluca.

Los policías auxiliares llegaron entre la 1:30 y 2:00 de la mañana y no preservaron el lugar de los hechos, en virtud de que nadie estaba en la casa porque Alejandra Arriaga Romero estaba en la Agencia del Ministerio Público desde las 11:45 horas del 31 de mayo de 2015, y no hubo nadie que les abriera la puerta, toda vez que a la esposa no la dejaron salir de Ministerio Público, no obstante que ni siquiera la policía y el Ministerio Público habían iniciado las investigaciones.

El esposo de Raquel Romero Martínez el señor Roberto Martínez Mauricio fue quién llegó con la policía, el Ministerio Público, los peritos forenses, a las nueve horas, después no obstante que desde antes de las 24:00horas entre las 10:00 horas a 11:30 del 31 de mayo de 2015 Alejandra Arriaga Romero llamó reiteradamente al Ministerio Público para decirle de la muerte de José Ángel.

El Ministerio Público, al conocer de los hechos porque la propia Alejandra Arriaga Romero fue a denunciarlos en compañía del esposo de su mamá el señor Roberto Martínez Mauricio y lo acompaño su compadre, la representación social al tener la noticia criminal en donde perdió la vida de José Ángel “N”, el Ministerio Público no ordenó de manera inmediata que policías y peritos iniciaran las investigaciones y con esto se violó el Acuerdo 07/2013 del Protocolo de Homicidio, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el miércoles 29 de mayo de 2013.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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Salva a su hija de abuso sexual por parte de la nueva pareja de la madre, y ella lo acusa de violencia de género

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Acusado con falsos testimonios de maltrato familiar tras denunciar el abuso a su hija

  • Posible colusión entre la jueza y el acusado de abuso sexual en el Edomex

  • Le filtran al abusador que existe una orden de aprensión en su contra y se ampara

Por Zavianny Torres 

El doctor Honoris Causa Javier Avilez Martínez es un padre que ha peleado con todo lo que está a su alcance y posibilidades para procurar el bienestar de sus hijos. Hechos que hoy han servido para contar con la guardia y custodia provisional de sus dos hijos, de acuerdo con las decisiones que han tomado instancias del Poder Judicial del Estado de México. Dicho en sus palabras, su separación conyugal se convirtió en un episodio tortuoso para él y para ellos.

Antes, es necesario saber que el padre de familia que nos concedió esta entrevista es un profesionista exitoso venido de una familia solidaria y fuertes lazos con su comunidad. Es abogado deportivo, director legal de la Liga de Futbol Americano Profesional en México. Conferencista internacional en temas de Derecho deportivo en lugares como Ibiza, en Cali, Lima, Sao Paulo y Quito, entre otros. Premiado por sus aportaciones al deporte fue reconocido por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos perteneciente a la OEA.

En el proceso de separación, hubo de rescatar a su hija, de 12 años, de una posible acción de ataque sexual por parte de Ricardo Enrique Lara Carpio, socio y pareja de la madre, Laiza Mabel Cabrera Barrientos. Todo inició con momentos de incomodidad ante la presencia del acusado, y que la niña relató. Hasta que todo derivó en una denuncia ante la fiscalía. Ahí la menor tuvo que pasar por difíciles momentos ante autoridades, a las que debió relatar una y otra vez los presuntos abusos sufridos.

Como resultado hubo un acuerdo provisional para que los dos menores de edad quedaran en manos del padre, mientras se impulsaba un juicio de pérdida de patria potestad contra la madre. Un acto seguido por evasión de la justicia por parte del acusado.

Para el atribulado padre es un caso de corrupción entre algunos representantes del Poder Judicial y la persona contra quien pesa una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, Avilez Martínez ha presentado denuncia contra la jueza familiar que lleva parte del proceso legal, esto ante la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por “los acuerdos tendenciosos que favorecen a su contraparte”.

¿Cómo resume la situación actual del proceso legal?

Complicado, ha sido difícil en la parte familiar y personal. A los niños se les cambió su mundo, de la noche a la mañana, un buen día regresaron de la escuela y supieron que su mundo no iba a ser el mismo.

Después de tiempo de la separación con mi esposa, mi hija que se fue a vivir con su madre, me empieza a reportar que la pareja de su madre la jaloneaba y la maltrataba. En las distintas veces que convivía con mi hija me decía, “oye, es que este señor me jalonea y mi mamá me deja todo el tiempo acá’ o ‘este señor va a todos lados conmigo y a mí me incomoda’.

La niña me decía ‘es que yo me siento incómoda porque el socio de mi mamá se queda en la misma habitación. Y entonces cuando me bañan o me cambian ahí está, y me siento muy incómoda. La niña me empezó a relatar una serie de cosas y yo la veía rara, Le dije: ‘¿ya lo hablaste con tu mamá?’ y me decía: ‘¡sí!, pero mi mamá dice que no es cierto’.

Y así, hasta que llegó un momento en el que me dice la niña: ‘¿sabes que este señor me jalonea y me obliga a besarlo? Dije, ah caray. Cuando mi mamá se mete al baño o no está, el señor me dice que por qué nunca lo saludó de beso y me agarra la cabeza y me besa, dice, pero me besa en la boca. Ya van dos veces que lo hace’. Le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo: ‘Sí, me hace así’. Y me describía la niña cómo.

Es a raíz de eso que presenté una denuncia en la Fiscalía, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio.

Y, bueno, pues la niña empezó a pasar por un proceso de peritaje de psicología, de victimología, y entrevistas a solas la niña con los peritos, con el Ministerio Público y pues la niña narró lo que me había contado, lo que había pasado. A raíz de eso, el Ministerio Público me concede los cuidados familiares de la niña.

¿Existe una sentencia de custodia?

Sí, de acuerdo provisional, me dan los cuidados familiares de la niña.

Presente en la entrevista, el abogado Eduardo Gonzaga y representante legal de Javier Avilez Martínez, menciona:

“El acuerdo se da cuando detectan que hay una situación que pone en riesgo a la niña. La otorga un Ministerio Público, tiene una cierta vigencia. Posteriormente, derivado del hecho delictivo y de la denuncia que se presentó, promovimos ante un juez competente un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la primera medida que determina el juez se llama una audiencia de escucha de menor.

Dentro de esta audiencia y una vez que fue reunido el perito, Ministerio Público adscrito al juzgado, juez de la familia y psicóloga designada por el DIF, tuvieron una entrevista con los dos menores a solas, sacaron a las partes, a los abogados y a los padres y los ministerios públicos, jueces y psicóloga.

Los entrevistaron y es el primer momento en que podemos decir que es un periodo de prueba. Todavía no está en etapa probatoria, pero es para que determinen las medidas provisionales. En esa audiencia, la niña determina y lo manifiesta el hecho delictivo, la agresión que tienen en su contra y terminando la audiencia, la juez dicta las medidas precautorias y dentro de ello es que le otorguen la guardia y la custodia de manera provisional a mi cliente.

Hasta el día de hoy ¿Qué está dictaminado?

Ya hay una resolución, y es que a través de un juez de control que solicitó orden de aprehensión desde el año 2019, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio. La orden de aprehensión consiste en que el juez primero el delito de abuso sexual está tipificado como un delito grave y alcanza prisión preventiva. Significa que durante el proceso que se le lleve para demostrar su inocencia, porque hoy todos se presumen inocentes.

Sin embargo, por ser un delito grave no permite que este sujeto siga su proceso en libertad, entonces para eso se otorgó una orden de aprehensión, para detenerlo. Y estando recluido se le sigue su proceso hasta que se determine una sentencia, si es culpable o no. Si no lo es, se ordena su inmediata libertad, pero si es culpable se le dice cuántos años de presión va a tener que pagar.

En diciembre se van a cumplir tres años. ¿Por qué no lo han detenido?

La pareja de mi exesposa tramitó un amparo en donde es raro que se tramite un amparo si no se sabe que hay un acto en contra de uno. Lo curioso es que en ese amparo, él en su narrativa, señala los datos precisos de la orden de aprehensión.

Aquí hay una orden de aprehensión cuya característica esencial es que debe estar en sigilo, en resguardo, no es pública. No todo el mundo tiene por qué enterarse, sin embargo, él señala que es la mamá de mis hijos quien le avisa que existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que no sé es cómo es que ella, en calidad de imputada y acusada tiene acceso a esa información.

En ese punto, ¿podríamos presumir una colusión?

¿De corrupción? totalmente, ya sea de alguna autoridad. O la policía que está encargada de la búsqueda, localización y aprehensión de este sujeto se dejó extorsionar, se dejaron corromper o ellos mismos lo propusieron. De eso si tenemos certeza porque en la demanda de amparo que promueve el acusado sobre quien pesa una orden de aprehensión manifiesta textualmente que es su pareja, Laisa Mabel Cabrera Barrientos la que le da la información con lujo de detalles. ¿Cómo tiene ella la información? no lo sé.

También sabemos de las investigaciones que se han hecho en la búsqueda del acusado, tiene en su haber una investigación en la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Amparo contra la orden de aprehensión del acusado

¿Han corroborado esa información? Igualmente son acusaciones muy graves de la misma persona…

Sí. De hecho, también las de las investigaciones ministeriales que se dan una vez que él tiene la orden de aprehensión, es que arroja el dato que además de la orden de aprehensión, que la tiene por este delito que ya está probado hay una secuela procesal que también se le sigue por estos delitos. Lo que estamos buscando es que nuestras autoridades, tanto la Fiscalía General de la República como de aquí en el Estado de México, podamos coadyuvar con ellos.

Por parte de su exesposa, hay un señalamiento también muy grave contra Usted, lo que se conoce como violencia vicaria…

Primero, la violencia vicaria, para bien o para mal, en el Estado de México todavía no está tipificada, no existe. Es un tipo de violencia de género. Y, sin embargo, si ella está tratando de insinuar que esta situación sucede, es totalmente falsa, es una difamación. La violencia de este tipo implica que el padre de los hijos los maltrata e incluso llega a asesinarlos para causarle daño a la madre que no los tiene.

Hoy no sé qué tipo de intereses tenga la madre de mis hijos al mantener esta relación ni tengo la certeza de que ella sepa o no los antecedentes penales de su pareja.

¿Cómo ha sido el papel que han desempeñado las instancias de impartición de Justicia del Estado de México?

Muy complicado, en el sentido de que han perdido de vista que el juicio no es en contra la madre de mis hijos. Es por proteger a los menores, a mis hijos.

En el último año, la madre ha emprendido acciones de la mano con una asociación feminista para victimizarse. Y no había un momento que, ante cualquier autoridad, fuera juzgado o Ministerio Público no se presentara para mostrarse como víctima. Incluso levantó por ahí dos o tres denuncias falsas por violencia familiar que no prosperaron y que al momento no ha logrado demostrar absolutamente nada.

Y, bueno, pues al final a la jueza familiar que conoce del asunto la tengo denunciada ante la judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es la jueza del séptimo familiar, Amalia Marroquí. En su momento le hice notar en el expediente, que muchos de sus acuerdos eran tendenciosos en favor a la señora Cabrera Barrientos.

¿Estaríamos hablando de una violencia de género a la inversa?

Creo que sí, ella ha hecho con falsos testimonios que a mí se me vea como un agresor. No ha podido probarlo. Al día de hoy no tiene ni una sola carpeta que haya prosperado porque no existen argumentos, elementos o prueba alguna que yo la violentaba.

¿Tiene debidamente documentado sus dichos, todo lo que este momento ha dicho en esta entrevista?

Sí tengo pruebas, tengo documentos oficiales en juzgados y el Ministerio Público que acreditan todo.

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