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Justicia pendiente

Madres de Juárez exigen la verdad y justicia sobre feminicidios

Las Madres de Juárez exigen al gobierno que entregue los más de 230 restos óseos que guarda en la morgue y esclarezca los feminicidios

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Por Guadalupe Lizárraga

Cámara: Carlos Ruvalcaba

CIUDAD JUÁREZ, México.- Hoy ha sido un día especial para las madres de Juárez por la solidaridad de las redes sociales al hacer eco del sacrificio por encontrar justicia para sus hijas, así lo ha señalado Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres con Hijas desaparecidas y feminicidios de Ciudad Juárez, mientras camina por tercer día consecutivo al lado de una decena de madres que portan mantas con los rostros de sus hijas desaparecidas.

Con una valiente caminata de Ciudad Juárez a Chihuahua, un tramo de 369 kilómetros a temperaturas de hasta 3 grados bajo cero, familiares de jóvenes que siguen en calidad de desaparecidas y algunas ya víctimas de feminicidios exigen a las autoridades que les entreguen los más de 230 restos óseos que han guardado en el Servicio Mexicano Forense por varios años y que han sido denunciados desde noviembre de 2011 por Los Ángeles Press.

La exigencia surge como un acto de indignación colectiva después de que les entregaran dos huesos con la supuesta identidad de Beatriz Alejandra Hernández Trejo, raptada el 27 de abril de 2010 y localizada de acuerdo a la versión oficial el 26 de enero de 2011, junto a otros 13 restos óseos. “Se trata de la misma estrategia este 2013, dice la abogada especialista de derechos humanos, de entregar un cuerpo que ya tenían ahí, desde hace más de un año, y esto es una tortura para las madres”.

Galván Segura explicó que no son pocas las madres del Comité que han puesto en duda la identidad de estos restos óseos entregados por la Fiscalía del Estado, porque no coinciden en sus casos las prendas que las jóvenes llevaban puestas, ni sus características físicas como dentaduras, grosor de cabello o forma del cráneo cuando éstos los han mostrado completos.

Mencionó que la presencia de expertos internacionales, como los recién contratados por el gobierno del Estado para esclarecer los feminicidios de Campo Algodonero, perpetrados en 1993, requiere de ampliarse a los varios cientos de casos para dar con la verdad y ayudar a las madres que dejen de sufrir la indiferencia e ineficacia de las autoridades, además del dolor de las ausencias de sus hijas.

La abogada Francisca Galván Segura, del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez. Foto: Carlos Ruvalcaba/LA Press

Los datos surgidos en las investigaciones han sido, en su mayoría, aportados por las madres y padres de las víctimas. En algunos casos, los padres se han puesto en situación de riesgo para buscar a sus hijas en bares donde asisten narcotraficantes y funcionarios de poder o han simulado ser indigentes en las calles donde han raptado a sus hijas para encontrar pistas de los criminales.

Gran parte de esta información obtenida con sus propios recursos, la han entregado a las autoridades y éstas la han obstaculizado, ignorado por completo, o incluso manipulado. Uno de los casos más recientes es el de Marlen Amox Fernández, joven de 20 años con un hijo de un año, quien después de ser raptada el 30 de julio de 2012, la familia encontró evidencias de que estaba viva, y la fiscalía insistió en darla por muerta el 17 de octubre ante la obediencia ciega de los medios de comunicación.

Entre las evidencias de corrupción informativa y amenazas de muerte por parte de las autoridades ha sido denunciada reiteradamente la fiscal Rosa María Sandoval, quien pretendía que Manuel García, ayudante de Marisela Escobedo y familiar de la joven desaparecida Brenda Berenice Castillo García, incriminara a la señora Escobedo como miembro del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Al negarse el joven García recibió las amenazas en voz de un comandante, lo que lo llevó a entregarse a las autoridades migratorias de Estados Unidos donde ahora está en un proceso de asilo, después de que las autoridades determinaron que su vida corría peligro.

La fiscal Rosa María Sandoval aún está al frente de las investigaciones de feminicidios, y al ser entrevistada por los medios locales de Juárez se refirió a que las madres “lucraban” con las ausencias de sus hijas.

 

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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