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Justicia pendiente

Madres de Juárez exigen la verdad y justicia sobre feminicidios

Las Madres de Juárez exigen al gobierno que entregue los más de 230 restos óseos que guarda en la morgue y esclarezca los feminicidios

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Por Guadalupe Lizárraga

Cámara: Carlos Ruvalcaba

CIUDAD JUÁREZ, México.- Hoy ha sido un día especial para las madres de Juárez por la solidaridad de las redes sociales al hacer eco del sacrificio por encontrar justicia para sus hijas, así lo ha señalado Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres con Hijas desaparecidas y feminicidios de Ciudad Juárez, mientras camina por tercer día consecutivo al lado de una decena de madres que portan mantas con los rostros de sus hijas desaparecidas.

Con una valiente caminata de Ciudad Juárez a Chihuahua, un tramo de 369 kilómetros a temperaturas de hasta 3 grados bajo cero, familiares de jóvenes que siguen en calidad de desaparecidas y algunas ya víctimas de feminicidios exigen a las autoridades que les entreguen los más de 230 restos óseos que han guardado en el Servicio Mexicano Forense por varios años y que han sido denunciados desde noviembre de 2011 por Los Ángeles Press.

La exigencia surge como un acto de indignación colectiva después de que les entregaran dos huesos con la supuesta identidad de Beatriz Alejandra Hernández Trejo, raptada el 27 de abril de 2010 y localizada de acuerdo a la versión oficial el 26 de enero de 2011, junto a otros 13 restos óseos. «Se trata de la misma estrategia este 2013, dice la abogada especialista de derechos humanos, de entregar un cuerpo que ya tenían ahí, desde hace más de un año, y esto es una tortura para las madres».

Galván Segura explicó que no son pocas las madres del Comité que han puesto en duda la identidad de estos restos óseos entregados por la Fiscalía del Estado, porque no coinciden en sus casos las prendas que las jóvenes llevaban puestas, ni sus características físicas como dentaduras, grosor de cabello o forma del cráneo cuando éstos los han mostrado completos.

Mencionó que la presencia de expertos internacionales, como los recién contratados por el gobierno del Estado para esclarecer los feminicidios de Campo Algodonero, perpetrados en 1993, requiere de ampliarse a los varios cientos de casos para dar con la verdad y ayudar a las madres que dejen de sufrir la indiferencia e ineficacia de las autoridades, además del dolor de las ausencias de sus hijas.

La abogada Francisca Galván Segura, del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez. Foto: Carlos Ruvalcaba/LA Press

Los datos surgidos en las investigaciones han sido, en su mayoría, aportados por las madres y padres de las víctimas. En algunos casos, los padres se han puesto en situación de riesgo para buscar a sus hijas en bares donde asisten narcotraficantes y funcionarios de poder o han simulado ser indigentes en las calles donde han raptado a sus hijas para encontrar pistas de los criminales.

Gran parte de esta información obtenida con sus propios recursos, la han entregado a las autoridades y éstas la han obstaculizado, ignorado por completo, o incluso manipulado. Uno de los casos más recientes es el de Marlen Amox Fernández, joven de 20 años con un hijo de un año, quien después de ser raptada el 30 de julio de 2012, la familia encontró evidencias de que estaba viva, y la fiscalía insistió en darla por muerta el 17 de octubre ante la obediencia ciega de los medios de comunicación.

Entre las evidencias de corrupción informativa y amenazas de muerte por parte de las autoridades ha sido denunciada reiteradamente la fiscal Rosa María Sandoval, quien pretendía que Manuel García, ayudante de Marisela Escobedo y familiar de la joven desaparecida Brenda Berenice Castillo García, incriminara a la señora Escobedo como miembro del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Al negarse el joven García recibió las amenazas en voz de un comandante, lo que lo llevó a entregarse a las autoridades migratorias de Estados Unidos donde ahora está en un proceso de asilo, después de que las autoridades determinaron que su vida corría peligro.

La fiscal Rosa María Sandoval aún está al frente de las investigaciones de feminicidios, y al ser entrevistada por los medios locales de Juárez se refirió a que las madres “lucraban” con las ausencias de sus hijas.

 

Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Justicia pendiente

CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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