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Violencia contra las mujeres

Madres de Juárez, en plantón ante la Fiscalía, exigen información de mujeres en la morgue

Las madres no se moverán hasta que cumplan sus demandas sobre las investigaciones de feminicidios y el gobierno reconozca la negligencia de la fiscalía de Chihuahua.

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, (Chihuahua).- Indignadas y dolientes, las madres de Juárez exigen en plantón ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua la información sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas en la morgue. El Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, así lo informó en un comunicado en las redes sociales, en el que también exigen las evidencias y prendas localizadas en los rastreos realizados por las autoridades para que las madres y familiares las identifiquen.

“No nos vamos a mover de aquí hasta que se presente el gobernador a dar el pésame a la señora Maria García”, señalaron las madres y familiares de las tres adolescentes que fueron desaparecidas entre 2009 y 2010, en el centro de Ciudad Juárez, y ahora la fiscalía del Estado las entrega como restos óseos.

A la señora María García le notificaron, el 23 de febrero, que su hija Jessica Leticia Peña García, de 17 años, era una de las osamentas identificadas por la fiscalía. Esta joven fue desaparecida en el centro de Ciudad Juárez, desde el 29 de mayo de 2010. La fiscalía elaboró un boletín oficial, en el que afirmó haber encontrado junto a los restos de Jéssica, otros dos cuerpos: el de Andrea Guerrero Venzor, de 15 años de edad, capturada el 19 de agosto, y de Lizbeth Avilés García, reportada su desaparición el 22 de abril de 2009, a la edad de 17 años.

Jéssica Peña, feminicidio Foto: @juarez.com

Los restos de las jóvenes fueron encontrados en el Poblado de San Agustín, del municipio de Praxis G. Guerrero, supuestamente a principios del mes de febrero de acuerdo al comunicado de la fiscalía. Sin embargo, fuentes confidenciales ya habían denunciado la existencia de los cuerpos desde el 29 de noviembre de 2011, a Los Ángeles Press.

En San Agustín, han encontrado varios cuerpos en diferentes fechas, como el de Yazmín Villa Esparza de tan sólo 13 años de edad. Incluso, los lugareños ya identifican ciertas zonas del municipio, como la parte trasera del panteón, donde dicen, “hay una casa muy elegante” donde “sacrifican” a las jovencitas. No obstante, nada de esto se ha investigado con seriedad, y quien lo hace es amenazado de muerte.

Andrea la buscaba su hermana, y no la fiscalía

Andrea Guerrero Venzor estaba embarazada cuando la desaparecieron en 2010, y tenía un mes de haber ingresado a la Cruz Roja para estudiar enfermería. A su compañero lo mataron ocho días después de haber visitado a la madre de la joven, Dora Venzor, y las autoridades notificaron el asesinato como “un ajuste de cuentas”, sin mayor investigación. Incluso, la familia Guerrero Venzor fue advertida para que no se hiciera presente en el velorio.

La hermana de Andrea, Alejandra, apenas dos años mayor que ella, empezó una búsqueda exhaustiva, ante la indiferencia de las autoridades. No se resignaba a la desaparición de su hermana y sabía que había sido forzada; pero la fiscalía sólo aceptó levantar un reporte de “ausencia”, como en la mayoría de los casos de estas jóvenes.

Alejandra y el novio de su hermana se metían en lugares peligrosos en el centro de Ciudad Juárez, con la esperanza de encontrar una pista. Fueron preguntando sitio por sitio, en un círculo del centro donde han desaparecido a muchas jóvenes desde hace veinte años. Ahí, alguien les dijo que la habían visto. Llegaron a ubicar una casa y gente alrededor de este secuestro, importantes pistas de investigación que hubieran llevado a la joven, probablemente. Sin embargo, las autoridades no apoyaron la búsqueda, y ahora Andrea es una más en la larga lista de los feminicidios de Juárez.

Los casos de la fiscalía no coinciden con los del Comité de Madres

Desde 1993 hasta la fecha, la Fiscalía del estado mantiene vigentes 116 casos de mujeres que se han reportado como desaparecidas. Sin embargo, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, en el comunicado difundido en las redes sociales, señaló que en su registro y documentación de casos de desapariciones de mujeres en la frontera de Juárez hay más de 200 casos vigentes, la mayoría han sido desaparecidas en el centro de la ciudad.

La asesora jurídica del Comité, Francisca Galván, observó que hay elementos de coincidencia en estos casos, de acuerdo a los registros de la organización. Algunos son, por ejemplo, el que las jóvenes, en el momento de su captura, llevan un sobre amarillo con sus documentos personales, porque van en busca de trabajo. Otro elemento es su tránsito por las mismas calles del centro de la ciudad, un sector, además, que no desconocen las autoridades fiscales como de alto riesgo para las jóvenes. Y el perfil físico y la edad, son también un factor que coincide, observa la abogada.

Así mismo, Francisca Galván, junto con Cecilia Espinosa, de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, confirma que han detectado hechos de omisión y negligencia en las investigaciones. Una de las omisiones más relevantes impide la rápida localización de las jóvenes, es el reporte de 24 hasta 72 horas después de la desaparición. Las madres dicen que las autoridades les piden esperarse este tiempo, porque “muchas se van por su voluntad”.

Otra omisión grave, de acuerdo a las activistas contra la violencia hacia las mujeres de Juárez, es la resistencia de las autoridades a “no implementar el protocolo de búsqueda inmediata denominado Protocolo Alba por considerar que la joven no cubre un perfil de alto riesgo” y por último “la falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en las acciones de búsqueda”, señalaron.

El comunicado con las demandas del Comité a continuación:

A la Opinión pública

Al Gobierno del Estado de Chihuahua

A la comunidad Internacional de derechos humanos

Ante el contexto de prevalecer la violencia feminicida en nuestra ciudad y en el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, AC, mantendremos un plantón permanente hasta que den respuesta eficaz de las siguientes demandas:

Exigimos al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte Jaquez se presente con la Sra. María García y le dé el pésame por el asesinato de su hija, reconociendo las deficiencias en la investigación del caso de la desaparición de Jéssica Leticia Peña García.

Demandamos la presencia de la Lic. Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República y del Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas, para generar acciones de coordinación entre el estado y la federación en la investigación de los casos de asesinatos de las mujeres a quienes se les vincula a delitos de delincuencia organizada.

Exigimos al Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas y al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte Jaquez que den instrucciones para realizar una auditoría al SEMEFO de Ciudad Juárez y nos informen sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas que se localizan en el mismo, y se genere un proceso inmediato de su identificación en un periodo prudente.

Exigimos que se les muestren evidencias y prendas localizadas en los rastreos que se han realizado para que las Madres y Familiares con Hijas Desparecidas la identifique y que esto pueda llevar a acelerar el proceso de identificación, así como instalar el Programa de Identificación Humana que conlleve un protocolo de una cadena de custodia.

Ciudad Juárez, Chihuahua 24 de Febrero del 2012

¡Alto al feminicidio, Ni una más, No más mujeres desaparecidas!

Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas

Sra. Olga Esparza y Sr. Ricardo Alanis, madre y padre de Mónica Janeth Alanis Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.

Sra. Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010.

Sra. Luz Elena Muñoz, madre de Nancy Ivette Navarro Muñoz, desaparecida el 13 de julio de 2011.

Sra. Ana Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuellar, desaparecida el 07 de julio de 2011.

Sr. José Luís Castillo y Sra. Martha Rincón, padre y madre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009.

Sra. Juana Ibarra, madre de Griselda Espinoza Ibarra, desaparecida el 08 de marzo de 2011.

Sra. Silvia Rosas, madre de Grisel Paola Ventura Rosas, desaparecida el 22 de junio de 2011.

Sra. Bertha Castillo, madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 06 de enero de 2009.

Sra. Consuelo López, madre de Griselda Morua López, desaparecida el 13 de abril de 2009.

Sra. Elvira González, madre de Perla Ivonne Aguirre González, desaparecida el 21 de julio de 2009.

Sra. María García, madre de Jéssica Leticia Peña García, desaparecida el 29 de mayo de 2010 y entregada asesinada el 24 de febrero de 2012.

Sra. Inocenta Ceballos, madre de Vianca Olegaria Loera Cevallos, desaparecida el 13 de febrero de 2009.

Sra. Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, desaparecida el 24 de octubre de 2008.

Sra. Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, desaparecida el 08 de marzo de 1998.

Sra. Irma Vargas, madre de Marisela González Vargas, desaparecida el 26 de mayo de 2011.

Sra. Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 31 de enero de 2009.

Sra. Yolanda Sáenz, madre de Brenda Ivonne Ponce Suárez, desaparecida el 22 de julio de 2008.

Sra. Rosa Ramírez, madre de Diana Rocío Ramírez Hernández, desaparecida el 04 de abril de 2011.

Sra. Norma Ibarra, madre de Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría, desaparecida el 02 de junio de 2011.

Sra. Leticia Leal, madre de Leticia García Leal, desaparecida el 17 de noviembre de 2011.

Sra. Carmen Cardona, María de la Luz Hernández Cardona, desaparecida el 26 de septiembre de 2011.

Sr. Juan Manuel Martínez, padre de Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez, desaparecida el 15 de junio de 2011.

Sr. Gaspar, padre de Bertha Alicia Vidal Varela, desaparecida el 19 de mayo de 2009.

Sra. Dora María Venzor, madre de Andrea Guerrero Venzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010 y entregada asesinada el 24 de febrero de 2012.

Sra. Antonia Martínez, madre de María Guadalupe Alcocer Martínez, desaparecida el 03 de enero de 2012.

Srita. Alejandra Díaz, hija de María Bertha Vázquez, desaparecida el 22 de septiembre de 2010.

Sra. María Modesta Gómez, madre de Claudia Antonia Núñez Gómez.

Sra. Elizabeth e Irma Hernández Lara, hermanas de Isela Hernández Lara, secuestrada el 14 de agosto de 2011.

Sra. Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, entregada asesinada el 27 de septiembre de 2011.

Sra. Ernestina Enríquez, madre de Adriana Sarmiento Enríquez, entregada asesinada el 27 de noviembre de 2011.

Sr. Luís Alberto Maciel, esposo de Brenda Alicia Agüero Rojas, desaparecida el 11 de enero de 2012, localizada el 13 de enero de 2012 y fallece el 18 de enero de 2012.

Abogada Francisca Galván Segura, Asesora Jurídica.

 

 

 

 

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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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Violencia contra las mujeres

Reeducar a un maltratador: ¿se puede cambiar la mentalidad machista?

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Las personas acusadas de violencia de género son sometidas a programas de reeducación contra la violencia machista

Programas de reeducación para agresores machistas dentro de las prisiones españolas

Por Martha Borraz

“Porque si no ¿qué?”. Es la respuesta que da la socióloga experta en políticas de género Bakea Alonso cuando se le pregunta por qué son importantes los cursos de reeducación para agresores machistas. España lleva casi dos décadas impartiéndolos, aunque fue con la ley de 2004 contra la violencia de género cuando comenzaron a desarrollarse con mayor intensidad. Varios estudios apuntan a que la reincidencia entre quienes pasan por ellos es menor y ya casi nadie cuestiona su necesidad, pero hay quienes reclaman que la apuesta del trabajo con agresores debe ir más allá: “La violencia no va a desaparecer hasta que ellos no dejen de violentar”, asume la también coordinadora del Área de Igualdad de la Fundación Cepaim.

Los programas de intervención con hombres que ejercen violencia de género son variados, pero fundamentalmente pueden diferenciarse tres tipos: por un lado, está el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género (PRIA) dentro de las prisiones y el mismo (PRIA-MA) como medida alternativa a la cárcel impuesta por un juez. Estos dos dependen de Instituciones Penitenciarias, son para hombres ya condenados y son los más extendidos, pero además existen otros normalmente desarrollados por entidades sociales a los que pueden acudir hombres agresores no necesariamente denunciados de forma voluntaria.

“El objetivo es la reinserción, reeducarles, van a seguir formando parte de la sociedad y van a volver a tener pareja, así que lo que intentamos es que no vuelvan a replicar la violencia. Es intentar poner ahí un cortafuegos o un cortocircuito”, esgrime el psicólogo Felipe Martín, que imparte el PRIA-MA desde la asociación R-Inicia-T. Estos cursos los suele dar directamente personal de Instituciones Penitenciarias o, en su mayoría, organizaciones con las que se firman convenios. La intervención dura aproximadamente un año en una treintena de sesiones y a ella acceden hombres sin antecedentes, condenados a menos de dos años de prisión.

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El trabajo con ellos está enfocado a distintas cuestiones: desde la expresión de las emociones, al autocontrol, la gestión de la ira, la deconstrucción de esquemas mentales que tienen que ver con roles y estereotipos de género, la dependencia emocional, los celos, los estilos de apego, el establecimiento de relaciones saludables, cómo afrontar una ruptura, la mejora de las habilidades personales o el desarrollo de estrategias para resolver conflictos por una vía alternativa a la violenta. Según Instituciones Penitenciarias, el año pasado 7.800 penados hicieron el programa como medida alternativa a la cárcel. El mismo año, 21 mil hombres fueron condenados por violencia de género.

“Al final se ve evolución”

La experiencia de Martín en cuanto a los resultados que observan es positiva. “Lo que vemos es bastante esperanzador. Evidentemente entran con resistencias, pero al final hay evolución”, dice por teléfono al tiempo que acude a un centro educativo de Murcia a impartir un taller de sensibilización. “De hecho, empezamos a hacer estas dinámicas en colegios porque muchos agresores nos comentaban que si hubieran tenido toda esta información antes, les hubiera ayudado a tomar otro camino”, añade el psicólogo.

«Cambian, reducen la culpabilización a la víctima, que es algo muy importante que ellos traen al principio, disminuye la expresión de la ira, hay un mejor manejo emocional y el sexismo se ve reducido»

Elena Terreros — Subdirectora del programa Contexto

En la Comunitat Valenciana es referente el programa Contexto, que nació en 2006 como respuesta a la carencia de recursos y profesionales habilitados para poner en marcha las intervenciones con agresores que dos años antes había establecido la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además, desde este equipo de investigación e intervención de la Universitat de València se imparten también programas voluntarios con agresores. “Es un proceso y es verdad que cambiar creencias y actitudes lleva tiempo, por lo que no se pueden hacer programas muy cortos, pero la eficacia se demostró hace bastantes años”, avanza Elena Terreros, subdirectora del programa.

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La doctora en Psicología reconoce que “obviamente no vale para el 100%” de los agresores, “como ningún tipo de intervención”, pero asegura que hay cifras “que avalan” que funciona. Datos de Instituciones Penitenciarias apuntan a que la reincidencia de quienes pasan por los programas es baja: un 4,6% volvió a ser denunciado al año de haber participado y el 6,8% a los cinco años. Según las cifras que maneja Contexto, que estudia las nuevas denuncias hacia los agresores que trata y que figuran en el sistema VioGén, a los 12 meses, un agresor que abandonó el programa reincide en un 8,2% mientras que el 4,4% de los que lo finalizan, vuelven a ser denunciados.

Terreros asegura que la experiencia que observan también avala la efectividad de las intervenciones. “Cambian en variables de actitud, reducen la culpabilización a la víctima sobre la conducta violenta, que es algo muy importante que ellos traen al principio, disminuye la expresión de la ira, hay un mejor manejo emocional y el sexismo se ve reducido”, ejemplifica la experta.

El desafío de la falta de motivación

Aún así, todas las voces reconocen que los obstáculos no son pequeños. “El principal son las resistencias a la intervención, hay una falta de reconocimiento, de responsabilización y de motivación para cambiar”, explica Heinrich Geldschläger, psicólogo de Conexus, un programa de intervención con agresores no condenados en Barcelona. El experto afirma que existe “una triada” de ideas en el discurso con el que suelen acudir estos hombres, que consiste en “la negación o minimización de la violencia, la justificación y la culpabilización de la víctima o el sistema”. Son, asegura, “los típicos comentarios de ‘me ha denunciado falsamente’ o ‘es que la ley es injusta’ que tenemos que ayudar a deshacer”.

Por esta falta de motivación que identifican todos los expertos, y que no en pocos casos lleva al abandono de los programas, Contexto diseñó en 2013 un plan motivacional individualizado. “Lo clave e que entiendan la importancia y comprendan por qué usar la violencia como forma de resolver conflictos produce daño a sus parejas o exparejas y a ellos mismos”, cree Terreros. Por su parte, el psicólogo Jesús Pérez, que ha trabajado durante años coordinando equipos e impartiendo el PRIA-MA en Madrid, se muestra más escéptico: “Existe la posibilidad de que algunos hombres cambien, pero probablemente no sea muy generalizado, pocas veces hay un proceso de motivación personal”, cree.

«Tenemos mucho ganado si interiorizan para qué utilizan la violencia, que no es que pierdan el control, como dicen, sino que la usan para controlar y mantener el dominio de la pareja y, muchas veces, también de ellos mismos»

Heinrich Geldschläger — Psicólogo de Conexus

“Son más eficaces de lo que dice mucha gente y menos de lo que nos gustaría”, opina sobre las intervenciones Geldschläger. En el caso de Conexus, se trata de hombres que acuden voluntariamente, aunque “la voluntariedad es relativa para la mayoría, ya que suelen venir porque alguien, normalmente su pareja o una tercera persona les empuja”. El programa se desarrolla en una veintena de sesiones semanales, se hace seguimiento al año y a los dos años y sus resultados son “alentadores”: dos de cada tres hombres, no vuelven a ejercer violencia física o sexual y la psicológica “se reduce”. Eso de los que terminan, porque la tasa de abandono se sitúa entre el 30 y el 50%.

“Tenemos mucho ganado si interiorizan para qué utilizan la violencia, que no es que pierdan el control, como dicen, sino que la usan para controlar y mantener el dominio de la pareja y, muchas veces, también de ellos mismos”, esgrime el experto. El enfoque con el que trabajan en Conexus intentar aunar “lo psicológico y lo social”. “Hay factores que juegan un papel, entre ellos la historia, el aprendizaje, su manera de autorregularse, pero hay que ponerle perspectiva de género. Por ejemplo, la dificultad de control de impulsos, que se trabaja mucho desde la psicología, en la mayoría de los hombres es muy selectiva porque normalmente no pegan a su jefe o a sus amigos”, afirma el experto.

 

¿Son suficientes?

Por su parte, Pérez considera que las intervenciones con agresores “son positivas y muy necesarias” y que incluso deberían hacerse obligatorias para todos los condenados, pero considera que “aún falta una respuesta social mucho más contundente y coordinada, en la que los programas sean una pata más de su reeducación”. Y pone un ejemplo: “A una persona que está deprimida porque tiene una mala situación económica no le sirve solo con ir al psicólogo, habrá que mejorar las condiciones estructurales de vivienda o empleo”.

En el ámbito del trabajo con agresores en violencia de género, “al final la pregunta importante es si es posible cambiar toda la educación o mentalidad machista con un programa de este tipo, si son suficientes unas sesiones durante unos meses o un año”, cuestiona el experto. “Y me explico: al final la construcción de un machista requiere muchos años, pensemos en cuántas horas tarda un hombre de 50 años en hacerse machista, o sea la construcción de la masculinidad hegemónica es tal que ningún programa sería suficientemente potente ni duradero como para compensarlo por sí mismo, lo que no quiere decir que los que se están implementando no sean efectivos”.

¿Y cuál es la solución? Pérez aboga por una respuesta más global y mira hacia el machismo estructural que sigue minimizando y normalizando la violencia hacia las mujeres. “Los programas necesitan de la sociedad y de la condena absoluta de cualquier forma de violencia porque si no lo que tenemos son psicólogos y psicólogas partiéndose la cara con los agresores para que luego salgan a la calle y se encuentren con el negacionismo de la violencia machista”, cree el psicólogo.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Además, en lo concreto, hay quienes consideran que los programas impartidos por Instituciones Penitenciarias deberían mejorar en algunos puntos, sobre todo en la evaluación. Así lo sostiene Geldschläger, para el que la revisión de su eficacia debe ir más allá de la reincidencia en número de denuncias. “Es un dato muy importante y significativo, pero no suficiente”. El psicólogo piensa que la evaluación debe ser “más profunda” y tener en cuenta qué pasa después con las mujeres, parejas o exparejas de los agresores, y sus hijos e hijas, porque “la reincidencia real queda oculta, sabemos que es mucho mayor que la cifra de denuncias”.

Por eso, un elemento diferencial de Conexus es que establecen contacto con ellas tanto al inicio del programa como en los seguimientos. “Las mujeres pueden tener expectativas no necesariamente realistas porque tienen la esperanza de que cambien y ellos se lo han prometido. Por eso les contactamos, les decimos que su pareja ha empezado a venir y puede ser un primer paso, pero que no hay ninguna garantía de éxito, por lo que es importante que sigan tomando las decisiones y actuando como si no vinieran”, explica Geldschläger.

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Fuente: eldiario.es

 

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Mexico Violento

Por intereses económicos, hijos atentan contra la integridad de su madre, adulta mayor

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María Rodríguez Lemus sufre el maltrato y abandono de dos de sus hijos; es un adulta mayor, con problemas auditivos

Juan Gabriel y Roberta Torres Rodríguez dan testimonio falso en la fiscalía en contra de sus hermanos acusándolos de secuestro de su madre

Por Zavianny Torres Baltazar

Hace 25 años, doña María Rodríguez Lemus se jubiló tras tres décadas de trabajo constante y asiduo. Servidora pública, laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la Semarnat, y durante los últimos 25 años vivió en su casa ubicada en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, al cuidado de sus hijos Juan Gabriel Torres Rodríguez y su hija Roberta Torres Rodríguez.

Sus hijos tienen locales comerciales en el domicilio de doña María, espacios que están exentos de pago de renta. En esos 25 años todo transcurrió con “normalidad”, sus hijos menores, Marlein Torres Rodríguez y Marcos Javier Torres Rodríguez, podían visitarla con la frecuencia que desearan y estar al tanto de los cuidados de su mamá.

Con el paso de los años los hijos menores conformaron sus propias familias y dejaron el hogar materno. Doña María Rodríguez quedó al cuidado de los hermanos mayores Juan Gabriel y Roberta. Sin embargo, hace 7 años la situación se tornó dramática y preocupante, debido a que sus hijos Marlein y Marcos Javier empezaron a notar que a su madre la tenían en un estado de abandono total – por parte de sus hermanos Juan Gabriel y Roberta – pues el departamento donde vivía doña María estaba en completo abandono y en condiciones de insalubridad. Rodeada de decenas de gatos y perros.

Previo a la pandemia del Covid 19 que a todos nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, sus hijos menores -Marlein y Marcos- ya habían tomado en sus manos el cuidado de su madre. Es cuando los hermanos mayores -Juan Gabriel y Roberta- empiezan a restringir el libre acceso a la casa de doña María y da inicio un conflicto intrafamiliar con repercusiones de tipo jurídico, que al día de hoy continúan en los juzgados del estado de Morelos- y que tienen acusados de manera dolosa (con testimonios y declaraciones falsas) a los hermanos menores.

En este proceso, Juan Gabriel y Roberta, han levantado denuncias de secuestro en contra de los dos hermanos menores. Acusan que se llevaron a su madre sin su conocimiento y por la fuerza. En el estado de Morelos levantaron una denuncia con carpeta de investigación FEDFPM/101/2021. Entre las acusaciones más delicadas están la de tener secuestrada a su madre y en contra de su voluntad, vivir con los hijos menores en sus domicilios en Temixco, Morelos.

Considerando que las acusaciones son muy serias, Marlein y Marcos Javier tuvieron que contratar los servicios profesionales de un abogado defensor, ya que en diversas ocasiones han sido asediados por elementos de la fiscalía del estado y agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, personas que se identifican como representantes del poder judicial, han tratado de ingresar de forma ilegal al fraccionamiento donde habitan Marlein con su hijo menor de edad y Marcos Javier, sin contar con alguna orden de aprensión o presentación a los acusados.

En junio de 2021, la fiscalía general del estado de Morelos emitió una alerta para localizar a la María Rodríguez Lemus, en la que solicita la ayuda para encontrar a la supuesta extraviada. Ante estas circunstancias ajenas a una buena impartición de justicia por parte de las autoridades a las que corresponde esta responsabilidad, es que solicitamos el testimonio de Marlein Torres Rodríguez por estas falsas acusaciones y en entrevista nos narra.

Testimonio

“Mi mamá desde muy niña perdió el oído. A los ocho años inició un trabajo, a su corta edad fue muy trabajadora, y a pesar de su discapacidad pudo ser independiente, hasta incluso separarse de mi papá y hacerse cargo de sus cuatro hijos. A los 25 años de laborar se jubiló. Desde entonces, mis hermanos – Juan y Roberta- administraron todo lo correspondiente a sus ingresos. Aproximadamente al año que mi mamá se jubiló adquiere un terreno, pero le faltó dinero para completar su pago. Es ante esta circunstancia que nos percatamos que no tenía dinero para adquirirlo. En ese tiempo les pedimos a los hermanos mayores que explicaran el por qué mi mamá no tenía dinero, ambos se negaron rotundamente a responder.

Me asesoré legalmente, pero no pude hacer algo en ese momento porque mi mamá estaba en condiciones de decidir, me pidió respetar su decisión, que ella estaba consciente de lo que estaban haciendo. En ese momento respeté su decisión y salí de su casa. Mi hermano y yo no tenemos la libertad de visitar a mi mamá cuando nosotros lo deseamos, y mucho menos intervenir en el arreglo de su casa. Cuando se daban cuenta de que mi mamá nos daba llaves de su casa, con diferentes excusas ellos cambiaban la combinación. Hace siete años aproximadamente, era evidente el deterioro y el descuido en el que se encontraba la casa.

Por otro lado, mi mamá tenía problemas severos de circulación, colesterol, triglicéridos altos, retención de líquidos, hipertensión, sin que tuviera tratamiento médico alguno, además tenía problemas con mis hermanos y con mi mamá porque decían que ella estaba bien de salud. Tenía también mala alimentación, no tenía comida en su casa. En varias ocasiones me percaté que no tenía dinero, le dejaba yo dinero y se le perdía o se lo daba a mis hermanos. No tenía un super o despensa en su casa, su lavadora y boiler estaban oxidados en su caja, no se los habían instalado porque no tenía dinero; artículos o prendas que le regalábamos no las usaba, las regalaba o se le perdían. Vivía entre basura, con demasiadas cosas acumuladas, las paredes con bastante humedad, no tenía luz porque la misma humedad había provocado un corto en toda la instalación.

Vivía con 22 gatos y perros que adoptaba de la calle, viviendo en una situación inhabitable e inhumana. Después de algún tiempo se nos empiezan a negar las visitas a casa de mi mamá, poniendo excusas y diciendo que no quería ver a nadie, en ocasiones los vecinos le permitían brincarse la barda para poder verla. En agosto del 2020 mi hermano menor logra visitar a mi mamá. Roberta le comenta que mi mamá presenta comportamientos y actitudes extrañas, le dicen que no la ven bien y consideran internarla en una clínica psiquiátrica o en un asilo. Posterior a eso, uno de mis hermanos le llama a mi hermano Marcos para que vaya por ella y se la lleve unos días mientras acondicionan su casa.

Mientras mi mamá está con nosotros en Temixco, Morelos, inicia tratamiento médico, jamás presentó problemas de alimentación o que algo le hiciera daño, tampoco presentó cuadros depresivos, se adaptó inmediatamente a la rutina y hábitos que teníamos en casa. Nos quedó claro que lo que necesitaba era atención, compañía, amor y convivir con personas. En octubre del 2020 mi mamá regresa a su casa, Marcos y yo exponemos nuestras observaciones al convivir con mi mamá, proponemos estar al pendiente todos, que se contrate una persona para que conserve su casa ordenada, le tenga comida y ella pueda comer cuando lo disponga. Les preguntamos quién es el encargado de cobrar las pensiones de mi mamá y cuánto es lo que percibe.

Roberta y Juan se niegan a contestar y se ponen a la defensiva, rechazan el medicamento que mi mamá llevaba porque dicen que ella tenía a sus médicos, también se niegan a que una persona extraña entre a la casa de mi mamá y nos dicen que ejerzamos nuestro derecho de hijos e investiguemos cuánto cobra mi mamá. Dejamos que mi mamá se quede en su casa porque ella así lo quería, a pesar de que Marcos y yo no estábamos muy convencidos, dejándoles en claro que para tomar una decisión de internar a mi mamá debían consultarlo con nosotros, situación que no considerábamos fuera necesario, ya que nosotros estábamos dispuestos a cuidar de ella. En diciembre mi madre se enfermó de COVID, al hacerlo de su conocimiento, ella pidió que nos la trajéramos, ya que consideraba que mis hermanos mayores no le tenían paciencia ni empatía.

Actualmente está a nuestro cuidado, está sana, anímicamente se ve bien, se muestra más segura, ya se siente merecedora de recibir afecto, acepta abrazos y está sonriente, ya se preocupa por su aseo y su aspecto personal. Lo único que solicitamos es que nos dejen cuidar a mi señora madre. Que desistan de sus falsas acusaciones. Y respeten nuestros derechos a la privacidad. Finalmente, debo decir que hacemos responsables a mis hermanos Juan Gabriel y Roberta, ambos de apellido, Torres Rodríguez, de cualquier agresión o atentado físico y/o psicológico en contra de mi hijo menor, de mi mamá o de mi hermano Marcos, denuncia que hice pública en las redes sociales a través de Instagram«.

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