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Violencia contra las mujeres

Madres de Juárez, en plantón ante la Fiscalía, exigen información de mujeres en la morgue

Las madres no se moverán hasta que cumplan sus demandas sobre las investigaciones de feminicidios y el gobierno reconozca la negligencia de la fiscalía de Chihuahua.

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, (Chihuahua).- Indignadas y dolientes, las madres de Juárez exigen en plantón ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua la información sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas en la morgue. El Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, así lo informó en un comunicado en las redes sociales, en el que también exigen las evidencias y prendas localizadas en los rastreos realizados por las autoridades para que las madres y familiares las identifiquen.

“No nos vamos a mover de aquí hasta que se presente el gobernador a dar el pésame a la señora Maria García”, señalaron las madres y familiares de las tres adolescentes que fueron desaparecidas entre 2009 y 2010, en el centro de Ciudad Juárez, y ahora la fiscalía del Estado las entrega como restos óseos.

A la señora María García le notificaron, el 23 de febrero, que su hija Jessica Leticia Peña García, de 17 años, era una de las osamentas identificadas por la fiscalía. Esta joven fue desaparecida en el centro de Ciudad Juárez, desde el 29 de mayo de 2010. La fiscalía elaboró un boletín oficial, en el que afirmó haber encontrado junto a los restos de Jéssica, otros dos cuerpos: el de Andrea Guerrero Venzor, de 15 años de edad, capturada el 19 de agosto, y de Lizbeth Avilés García, reportada su desaparición el 22 de abril de 2009, a la edad de 17 años.

Jéssica Peña, feminicidio Foto: @juarez.com

Los restos de las jóvenes fueron encontrados en el Poblado de San Agustín, del municipio de Praxis G. Guerrero, supuestamente a principios del mes de febrero de acuerdo al comunicado de la fiscalía. Sin embargo, fuentes confidenciales ya habían denunciado la existencia de los cuerpos desde el 29 de noviembre de 2011, a Los Ángeles Press.

En San Agustín, han encontrado varios cuerpos en diferentes fechas, como el de Yazmín Villa Esparza de tan sólo 13 años de edad. Incluso, los lugareños ya identifican ciertas zonas del municipio, como la parte trasera del panteón, donde dicen, “hay una casa muy elegante” donde “sacrifican” a las jovencitas. No obstante, nada de esto se ha investigado con seriedad, y quien lo hace es amenazado de muerte.

Andrea la buscaba su hermana, y no la fiscalía

Andrea Guerrero Venzor estaba embarazada cuando la desaparecieron en 2010, y tenía un mes de haber ingresado a la Cruz Roja para estudiar enfermería. A su compañero lo mataron ocho días después de haber visitado a la madre de la joven, Dora Venzor, y las autoridades notificaron el asesinato como “un ajuste de cuentas”, sin mayor investigación. Incluso, la familia Guerrero Venzor fue advertida para que no se hiciera presente en el velorio.

La hermana de Andrea, Alejandra, apenas dos años mayor que ella, empezó una búsqueda exhaustiva, ante la indiferencia de las autoridades. No se resignaba a la desaparición de su hermana y sabía que había sido forzada; pero la fiscalía sólo aceptó levantar un reporte de “ausencia”, como en la mayoría de los casos de estas jóvenes.

Alejandra y el novio de su hermana se metían en lugares peligrosos en el centro de Ciudad Juárez, con la esperanza de encontrar una pista. Fueron preguntando sitio por sitio, en un círculo del centro donde han desaparecido a muchas jóvenes desde hace veinte años. Ahí, alguien les dijo que la habían visto. Llegaron a ubicar una casa y gente alrededor de este secuestro, importantes pistas de investigación que hubieran llevado a la joven, probablemente. Sin embargo, las autoridades no apoyaron la búsqueda, y ahora Andrea es una más en la larga lista de los feminicidios de Juárez.

Los casos de la fiscalía no coinciden con los del Comité de Madres

Desde 1993 hasta la fecha, la Fiscalía del estado mantiene vigentes 116 casos de mujeres que se han reportado como desaparecidas. Sin embargo, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, en el comunicado difundido en las redes sociales, señaló que en su registro y documentación de casos de desapariciones de mujeres en la frontera de Juárez hay más de 200 casos vigentes, la mayoría han sido desaparecidas en el centro de la ciudad.

La asesora jurídica del Comité, Francisca Galván, observó que hay elementos de coincidencia en estos casos, de acuerdo a los registros de la organización. Algunos son, por ejemplo, el que las jóvenes, en el momento de su captura, llevan un sobre amarillo con sus documentos personales, porque van en busca de trabajo. Otro elemento es su tránsito por las mismas calles del centro de la ciudad, un sector, además, que no desconocen las autoridades fiscales como de alto riesgo para las jóvenes. Y el perfil físico y la edad, son también un factor que coincide, observa la abogada.

Así mismo, Francisca Galván, junto con Cecilia Espinosa, de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, confirma que han detectado hechos de omisión y negligencia en las investigaciones. Una de las omisiones más relevantes impide la rápida localización de las jóvenes, es el reporte de 24 hasta 72 horas después de la desaparición. Las madres dicen que las autoridades les piden esperarse este tiempo, porque “muchas se van por su voluntad”.

Otra omisión grave, de acuerdo a las activistas contra la violencia hacia las mujeres de Juárez, es la resistencia de las autoridades a “no implementar el protocolo de búsqueda inmediata denominado Protocolo Alba por considerar que la joven no cubre un perfil de alto riesgo” y por último “la falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en las acciones de búsqueda”, señalaron.

El comunicado con las demandas del Comité a continuación:

A la Opinión pública

Al Gobierno del Estado de Chihuahua

A la comunidad Internacional de derechos humanos

Ante el contexto de prevalecer la violencia feminicida en nuestra ciudad y en el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, AC, mantendremos un plantón permanente hasta que den respuesta eficaz de las siguientes demandas:

Exigimos al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte Jaquez se presente con la Sra. María García y le dé el pésame por el asesinato de su hija, reconociendo las deficiencias en la investigación del caso de la desaparición de Jéssica Leticia Peña García.

Demandamos la presencia de la Lic. Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República y del Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas, para generar acciones de coordinación entre el estado y la federación en la investigación de los casos de asesinatos de las mujeres a quienes se les vincula a delitos de delincuencia organizada.

Exigimos al Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas y al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte Jaquez que den instrucciones para realizar una auditoría al SEMEFO de Ciudad Juárez y nos informen sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas que se localizan en el mismo, y se genere un proceso inmediato de su identificación en un periodo prudente.

Exigimos que se les muestren evidencias y prendas localizadas en los rastreos que se han realizado para que las Madres y Familiares con Hijas Desparecidas la identifique y que esto pueda llevar a acelerar el proceso de identificación, así como instalar el Programa de Identificación Humana que conlleve un protocolo de una cadena de custodia.

Ciudad Juárez, Chihuahua 24 de Febrero del 2012

¡Alto al feminicidio, Ni una más, No más mujeres desaparecidas!

Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas

Sra. Olga Esparza y Sr. Ricardo Alanis, madre y padre de Mónica Janeth Alanis Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.

Sra. Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010.

Sra. Luz Elena Muñoz, madre de Nancy Ivette Navarro Muñoz, desaparecida el 13 de julio de 2011.

Sra. Ana Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuellar, desaparecida el 07 de julio de 2011.

Sr. José Luís Castillo y Sra. Martha Rincón, padre y madre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009.

Sra. Juana Ibarra, madre de Griselda Espinoza Ibarra, desaparecida el 08 de marzo de 2011.

Sra. Silvia Rosas, madre de Grisel Paola Ventura Rosas, desaparecida el 22 de junio de 2011.

Sra. Bertha Castillo, madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 06 de enero de 2009.

Sra. Consuelo López, madre de Griselda Morua López, desaparecida el 13 de abril de 2009.

Sra. Elvira González, madre de Perla Ivonne Aguirre González, desaparecida el 21 de julio de 2009.

Sra. María García, madre de Jéssica Leticia Peña García, desaparecida el 29 de mayo de 2010 y entregada asesinada el 24 de febrero de 2012.

Sra. Inocenta Ceballos, madre de Vianca Olegaria Loera Cevallos, desaparecida el 13 de febrero de 2009.

Sra. Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, desaparecida el 24 de octubre de 2008.

Sra. Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, desaparecida el 08 de marzo de 1998.

Sra. Irma Vargas, madre de Marisela González Vargas, desaparecida el 26 de mayo de 2011.

Sra. Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 31 de enero de 2009.

Sra. Yolanda Sáenz, madre de Brenda Ivonne Ponce Suárez, desaparecida el 22 de julio de 2008.

Sra. Rosa Ramírez, madre de Diana Rocío Ramírez Hernández, desaparecida el 04 de abril de 2011.

Sra. Norma Ibarra, madre de Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría, desaparecida el 02 de junio de 2011.

Sra. Leticia Leal, madre de Leticia García Leal, desaparecida el 17 de noviembre de 2011.

Sra. Carmen Cardona, María de la Luz Hernández Cardona, desaparecida el 26 de septiembre de 2011.

Sr. Juan Manuel Martínez, padre de Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez, desaparecida el 15 de junio de 2011.

Sr. Gaspar, padre de Bertha Alicia Vidal Varela, desaparecida el 19 de mayo de 2009.

Sra. Dora María Venzor, madre de Andrea Guerrero Venzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010 y entregada asesinada el 24 de febrero de 2012.

Sra. Antonia Martínez, madre de María Guadalupe Alcocer Martínez, desaparecida el 03 de enero de 2012.

Srita. Alejandra Díaz, hija de María Bertha Vázquez, desaparecida el 22 de septiembre de 2010.

Sra. María Modesta Gómez, madre de Claudia Antonia Núñez Gómez.

Sra. Elizabeth e Irma Hernández Lara, hermanas de Isela Hernández Lara, secuestrada el 14 de agosto de 2011.

Sra. Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, entregada asesinada el 27 de septiembre de 2011.

Sra. Ernestina Enríquez, madre de Adriana Sarmiento Enríquez, entregada asesinada el 27 de noviembre de 2011.

Sr. Luís Alberto Maciel, esposo de Brenda Alicia Agüero Rojas, desaparecida el 11 de enero de 2012, localizada el 13 de enero de 2012 y fallece el 18 de enero de 2012.

Abogada Francisca Galván Segura, Asesora Jurídica.

 

 

 

 

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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