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Justicia pendiente

Madres de familia y testigos confirman amenazas de muerte de Enrique Peña Nieto a Estrada

Enrique Peña Nieto dijo a las madres de familia que apoyaban a Estrada en reiteradas veces que «muerto el perro se acababa la rabia» en referencia al maestro.

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Por Guadalupe Lizárraga

Amenazas de muerte de Peña Nieto

El 3 de septiembre del 2007, Agustín Estrada Negrete, recibió una llamada telefónica del director de Gobierno del Estado de México, José Ignacio González Salgado. Estaban en el municipio de Ecatepec, en torno a las siete de la mañana. La llamada provenía de un número privado, y el funcionario le dijo a Estrada que el gobernador Enrique Peña Nieto lo estaría esperando en el estacionamiento de la Universidad de Netzahualcóyotl.

Así describió los hechos Agustín Estrada en denuncia dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando abuso de poder y uso de los recursos del estado para atentar contra su vida por parte del entonces funcionario público.

Estrada Negrete continúa el testimonio por escrito, con abundancia de detalles de lo que sucedió ese día. Una maestra del mismo centro educativo en el que laboraba Estrada (de la que nos reservamos su identidad por seguridad, pero su nombre consta en el acta de denuncia) pasó en auto por él para asistir juntos a una junta de supervisión escolar en el municipio de Netzahualcóyotl. Después de la reunión laboral, la docente ofreció a Estrada regresarlo a su casa, y llegó a comentarle que la visita del gobernador a la universidad era una “buena señal” sobre el caso, “después de todo lo que había pasado”.

Estrada pidió a la maestra que detuviera el auto cerca de la universidad, que el gobernador lo había citado y que “se trataba de una reunión muy rápida”, mientras ella esperaría en el auto. En el documento señaló Estrada que caminó hasta el estacionamiento y buscó al gobernador. Mencionó que el estacionamiento estaba vacío, y que tuvo miedo, por las anteriores ocasiones en que había sido maltratado físicamente por Peña Nieto, en la Casa Estado con sede en Ecatepec, donde atendía el funcionario.

Al estar frente a frente, sostuvo Estrada en el testimonio que el gobernador le dijo:

–“No tengo mucho tiempo, voy a ser muy concreto en lo que te voy a decir. Es definitivo, es lo que he decidido. Si se te ocurre decir que cogíamos, no vivirás para contarlo, porque todavía te quiero. Busca al secretario de Educación, te va a apoyar con una licencia con uso de sueldo. Cuando se termine la licencia, no regresarás a los CAM, lo que harás es renunciar al sistema educativo. Te voy a dar una liquidación como trabajador al cien por ciento. Cometiste un grave error en travestirte. Ya no puedo volver a verte ni a estar contigo. Si no haces lo que te digo te voy a romper la madre”.

–¿Me estás amenazando otra vez?, respondió Estrada.

–“Te voy a matar, hijo de tu puta madre y a la primera puta manifestación que me hagas te meto a la cárcel pendejo”, le dijo Peña Nieto.

Estrada, declaró al organismo de derechos humanos, que “estaba aterrado” y que regresó con la maestra que lo esperaba en su auto. Mientras regresaba, Estrada pensaba en cómo iba a seguir apoyando a su familia económicamente y declaró que no daba crédito a las palabras del hombre que había sido tan cercano a él, y ahora lo amenazaba de muerte.

Esa tarde, señaló Estrada, que convocó a una reunión de padres de familia de la escuela de donde era director, para tratar el problema de la primaria de educación especial. Para entonces, la jefa del Departamento de Educación Especial, María Magdalena Salgado Contreras, “había retirado a los maestros de varios grupos y no había quién les diera clases a los alumnos”.

Estrada, tratando de proteger su vida, tomó la decisión de informarles a los padres de familia que venía de reunirse con el gobernador y que él le había pedido “que se fuera de licencia a estudiar”. En seguida, las madres de familia, Alma L. y Beatriz R. de la Sociedad de Padres de familia intervinieron: “¿Es por lo de la obra de teatro, maestro?” dijo Alma. Y fue Beatriz quien le contestó: “No, Alma, es por la discriminación”.

Los padres y madres de familia y niños empezaron a protestar, y uno de los padres habló:

–“No, maestro, no te vayas. Nosotros te vamos a defender. Tú nos enseñaste a defender a nuestros hijos y nos toca ahora luchar por ti, a nosotros no nos importa que seas homosexual”.

–“No, padres de familia, el gobernador me dijo que si hacía manifestaciones que me iba a meter a la cárcel. Por favor, no se vayan a exponer, no hagan nada, no se pongan en riesgo por favor”, les respondió Estrada.

“¿Para qué quieren un director gay?”

Los padres de familia desobedecieron las indicaciones del director de la escuela, al siguiente día, 4 de septiembre, se dirigieron a la Casa Estado, ubicada en la avenida 30-30, en el Municipio de Ecatepec, en busca de Enrique Peña Nieto. La respuesta inmediata del entonces gobernador fue cerrar las puertas de la Casa Estado. Sólo aceptó entrevistarse con una comisión de madres, encabezada por la señora Alma, de acuerdo al testimonio de la señora Victoriana.

Enrique Peña Nieto conocía algunos padres de familia, porque lo habían apoyado durante su campaña a gobernador en el 2005, liderados por el maestro Agustín Estrada. Pero también los padres conocían ya a Peña Nieto, y lo desafiaron, con siete marchas más, en diferentes fechas, que quedaron registradas en los diarios de la localidad y en el anexo 1 de la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Detalle del reportaje de la revista Proceso en el 2008

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La señora Victoriana, del grupo de madres de familia que hablaron con Enrique Peña Nieto, ese 4 de septiembre, sostuvo en entrevista para Los Ángeles Press, que el gobernador les había dicho al grupo de madres: “¿Para qué quieren un director gay? Muerto el perro, se acabó la rabia”. La madre de familia también aseveró que el gobernador les prometió en ese momento que todos los jóvenes con discapacidad tendrían trabajo. Una de las promesas que hasta la fecha no se ha cumplido. Pero reiteró la madre que el gobernador fue insistente con esa frase.

Victoriana tiene hijos gemelos de lento aprendizaje. En 2007, los jóvenes tenían 23 años de edad y aprendían computación. Hoy, ayudan a su madre en repostería doméstica para sobrevivir. Lamentó la madre de familia que a sus hijos les quitaran la oportunidad de aprender computación y participar en los talleres formativos. Denunció a que la escuela fue desmantelada y los alumnos expulsados sin ninguna oportunidad de seguir su educación.

Formal prisión para menores discapacitados y madres de familia

Las diferentes manifestaciones de parte de padres y madres de familia en favor de Agustín Estrada fueron reprimidas en varias ocasiones con violencia por las autoridades. Además de la manifestación del 4 de septiembre de 2007, los padres fueron desalojados de la vía pública el 16 de febrero de 2008 y el 8 de septiembre de 2009, en la que se utilizaron granaderos para sus desalojos. Les giraron órdenes de aprehensión a personas que no se encontraban en esas manfiestaciones, incluyendo a sus hijos con necesidades especiales. El expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró que el Juzgado Quinto de lo Penal de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec radicó la causa penal 108/2009, por “ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados al servicio público”. Con estas órdenes fueron detenidos, sin averiguación previa, y auto de formal prisión para 21 adultos y 2 menores de edad con discapacidad mental.

De acuerdo a la investigación de Los Ángeles Press, no todos estuvieron en la manifestación ni en el inmueble, causa por la que se les consignó ante el Ministerio Público de Ecatepec, de Ciudad Cuauhtémoc y de San Agustín, el 16 de febrero y el 2 de abril de 2008. Sin embargo, las autoridades persistieron en dictar pena privativa de libertad mayor a tres años a los inculpados, cuando la misma ley del estado establece que la pena es menor a tres años y a 200 salarios mínimos por el delito de ocupación de inmueble.

En el caso de Leticia Isabel Estrada Negrete, según establece su documento de amparo, ella se encontraba en su trabajo en Ecatepec y presentó una constancia de trabajo firmada por su empleador, quien compareció ante las autoridades. Nada le valió a Leticia Isabel, ni aún las contradicciones en las que incurrieron de sus denunciantes, dos funcionarios de la SEP y otra madre de familia, que sin conocerla físicamente la describieron de tres maneras diferentes, y las declaraciones fueron aceptadas como pruebas de contundencia.

Otro caso fue el de Verónica Escobar Monroy, Azucena Escobar Monroy, Yesenia Escobar Monroy, Angélica Escobar Monroy, Maribel Escobar Monroy y Guadalupe Escobar Monroy. Ninguna de estas mujeres, según se señaló, estuvieron presentes en la manifestación por la que se les giró orden de aprehensión. Quien sí estuvo presente ante el plantel escolar fueron Alma Lidia, Reyna Escobar Monroy y la menor Jennifer Escobar Monroy, de 12 años de edad con discapacidad mental, quien fue obligada a subir a la patrulla con violencia y maltrato por los policías.

El mismo caso fue el de Lucero León Carapia, niña de 9 años de edad, con discapacidad mental y fue llevada al Ministerio Público en calidad de detenida. Según el testimonio de la madre, tuvieron que pagar 6 mil pesos para ser liberadas. En el caso de Minerva Martínez Luján y Abraham Cruz Canchola, se les detuvo en las mismas circunstancias, pero ellos se encontraban dentro del plantel por ser maestros de la institución, de los talleres de Corte y Confección y de Cómputo, respectivamente. También se le giró orden de aprehensión al señor Rodrigo Martínez Luján, sin haber estado presente en los hechos.

Entre los padres de familia que ya no tenía ninguna relación con la escuela, porque sus hijos ya no asistían a ese plantel, y aún así les giraron órdenes de aprehensión fueron Felisa Chio Villa y Keyla Dalia Cruz. La primera con dos años de haber retirado a su hijo de la escuela, y la segunda hacía cuatros años.

Víctor Sebastián Pérez Negrete, es un nombre que se agregó a la denuncia del Ministerio Público y se le giró orden de aprehensión, sin embargo, no fue identificado por las demás personas ni por Agustín Estrada.

Los casos de Teresa Soria Alvarado, Ivette Loera Vera, María del Rosario Hernández Pérez, Gonzalo Segovia Granados y Concepción Hernández Olguín, según testigos, no tenían hijos en el plantel educativo, y uno de ellos pertenecía a otro municipio. Son identificados como “grupo de choque” y se les dictó orden de aprehensión, pero también se les concedió el amparo de manera inmediata.

El testimonio de la madre de familia, Victoriana, sobre los niños que fueron agredidos por los policías «por decirles groserías» se refiere al evento del 8 septiembre de 2009.

CNDH confirma que el expediente contra Peña Nieto está abierto 

Los abogados defensores que llevaron el caso de Agustín Estrada y de las madres de familia contra el abuso de autoridad del estado, fueron Rodolfo Ruedas y Francisco Plata. La Dirección de Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que estaba en trámite el expediente en el que se reporta las arbitrariedades y abuso de poder contra Estrada y familiares, madres de familia de la escuela y las dos menores de edad con discapacidad mental. La denuncia tiene fecha del 2 de marzo de 2011, y se responsabiliza a Enrique Peña Nieto y varios funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, además de los miembros de la policía estatal que golpearon y empujaron a las menores.

El temor a hablar del caso Estrada y Enrique Peña Nieto

Francisco Plata, Abogado de CNDH

 

Anónimo, del Estado de México

 

Sacerdote Alfonso Leija, Iglesia Católica Antigua

 

 

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CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Justicia pendiente

CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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