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Justicia pendiente

Madres de familia y testigos confirman amenazas de muerte de Enrique Peña Nieto a Estrada

Enrique Peña Nieto dijo a las madres de familia que apoyaban a Estrada en reiteradas veces que “muerto el perro se acababa la rabia” en referencia al maestro.

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Por Guadalupe Lizárraga

Amenazas de muerte de Peña Nieto

El 3 de septiembre del 2007, Agustín Estrada Negrete, recibió una llamada telefónica del director de Gobierno del Estado de México, José Ignacio González Salgado. Estaban en el municipio de Ecatepec, en torno a las siete de la mañana. La llamada provenía de un número privado, y el funcionario le dijo a Estrada que el gobernador Enrique Peña Nieto lo estaría esperando en el estacionamiento de la Universidad de Netzahualcóyotl.

Así describió los hechos Agustín Estrada en denuncia dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando abuso de poder y uso de los recursos del estado para atentar contra su vida por parte del entonces funcionario público.

Estrada Negrete continúa el testimonio por escrito, con abundancia de detalles de lo que sucedió ese día. Una maestra del mismo centro educativo en el que laboraba Estrada (de la que nos reservamos su identidad por seguridad, pero su nombre consta en el acta de denuncia) pasó en auto por él para asistir juntos a una junta de supervisión escolar en el municipio de Netzahualcóyotl. Después de la reunión laboral, la docente ofreció a Estrada regresarlo a su casa, y llegó a comentarle que la visita del gobernador a la universidad era una “buena señal” sobre el caso, “después de todo lo que había pasado”.

Estrada pidió a la maestra que detuviera el auto cerca de la universidad, que el gobernador lo había citado y que “se trataba de una reunión muy rápida”, mientras ella esperaría en el auto. En el documento señaló Estrada que caminó hasta el estacionamiento y buscó al gobernador. Mencionó que el estacionamiento estaba vacío, y que tuvo miedo, por las anteriores ocasiones en que había sido maltratado físicamente por Peña Nieto, en la Casa Estado con sede en Ecatepec, donde atendía el funcionario.

Al estar frente a frente, sostuvo Estrada en el testimonio que el gobernador le dijo:

–“No tengo mucho tiempo, voy a ser muy concreto en lo que te voy a decir. Es definitivo, es lo que he decidido. Si se te ocurre decir que cogíamos, no vivirás para contarlo, porque todavía te quiero. Busca al secretario de Educación, te va a apoyar con una licencia con uso de sueldo. Cuando se termine la licencia, no regresarás a los CAM, lo que harás es renunciar al sistema educativo. Te voy a dar una liquidación como trabajador al cien por ciento. Cometiste un grave error en travestirte. Ya no puedo volver a verte ni a estar contigo. Si no haces lo que te digo te voy a romper la madre”.

–¿Me estás amenazando otra vez?, respondió Estrada.

–“Te voy a matar, hijo de tu puta madre y a la primera puta manifestación que me hagas te meto a la cárcel pendejo”, le dijo Peña Nieto.

Estrada, declaró al organismo de derechos humanos, que “estaba aterrado” y que regresó con la maestra que lo esperaba en su auto. Mientras regresaba, Estrada pensaba en cómo iba a seguir apoyando a su familia económicamente y declaró que no daba crédito a las palabras del hombre que había sido tan cercano a él, y ahora lo amenazaba de muerte.

Esa tarde, señaló Estrada, que convocó a una reunión de padres de familia de la escuela de donde era director, para tratar el problema de la primaria de educación especial. Para entonces, la jefa del Departamento de Educación Especial, María Magdalena Salgado Contreras, “había retirado a los maestros de varios grupos y no había quién les diera clases a los alumnos”.

Estrada, tratando de proteger su vida, tomó la decisión de informarles a los padres de familia que venía de reunirse con el gobernador y que él le había pedido “que se fuera de licencia a estudiar”. En seguida, las madres de familia, Alma L. y Beatriz R. de la Sociedad de Padres de familia intervinieron: “¿Es por lo de la obra de teatro, maestro?” dijo Alma. Y fue Beatriz quien le contestó: “No, Alma, es por la discriminación”.

Los padres y madres de familia y niños empezaron a protestar, y uno de los padres habló:

–“No, maestro, no te vayas. Nosotros te vamos a defender. Tú nos enseñaste a defender a nuestros hijos y nos toca ahora luchar por ti, a nosotros no nos importa que seas homosexual”.

–“No, padres de familia, el gobernador me dijo que si hacía manifestaciones que me iba a meter a la cárcel. Por favor, no se vayan a exponer, no hagan nada, no se pongan en riesgo por favor”, les respondió Estrada.

“¿Para qué quieren un director gay?”

Los padres de familia desobedecieron las indicaciones del director de la escuela, al siguiente día, 4 de septiembre, se dirigieron a la Casa Estado, ubicada en la avenida 30-30, en el Municipio de Ecatepec, en busca de Enrique Peña Nieto. La respuesta inmediata del entonces gobernador fue cerrar las puertas de la Casa Estado. Sólo aceptó entrevistarse con una comisión de madres, encabezada por la señora Alma, de acuerdo al testimonio de la señora Victoriana.

Enrique Peña Nieto conocía algunos padres de familia, porque lo habían apoyado durante su campaña a gobernador en el 2005, liderados por el maestro Agustín Estrada. Pero también los padres conocían ya a Peña Nieto, y lo desafiaron, con siete marchas más, en diferentes fechas, que quedaron registradas en los diarios de la localidad y en el anexo 1 de la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Detalle del reportaje de la revista Proceso en el 2008

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La señora Victoriana, del grupo de madres de familia que hablaron con Enrique Peña Nieto, ese 4 de septiembre, sostuvo en entrevista para Los Ángeles Press, que el gobernador les había dicho al grupo de madres: “¿Para qué quieren un director gay? Muerto el perro, se acabó la rabia”. La madre de familia también aseveró que el gobernador les prometió en ese momento que todos los jóvenes con discapacidad tendrían trabajo. Una de las promesas que hasta la fecha no se ha cumplido. Pero reiteró la madre que el gobernador fue insistente con esa frase.

Victoriana tiene hijos gemelos de lento aprendizaje. En 2007, los jóvenes tenían 23 años de edad y aprendían computación. Hoy, ayudan a su madre en repostería doméstica para sobrevivir. Lamentó la madre de familia que a sus hijos les quitaran la oportunidad de aprender computación y participar en los talleres formativos. Denunció a que la escuela fue desmantelada y los alumnos expulsados sin ninguna oportunidad de seguir su educación.

Formal prisión para menores discapacitados y madres de familia

Las diferentes manifestaciones de parte de padres y madres de familia en favor de Agustín Estrada fueron reprimidas en varias ocasiones con violencia por las autoridades. Además de la manifestación del 4 de septiembre de 2007, los padres fueron desalojados de la vía pública el 16 de febrero de 2008 y el 8 de septiembre de 2009, en la que se utilizaron granaderos para sus desalojos. Les giraron órdenes de aprehensión a personas que no se encontraban en esas manfiestaciones, incluyendo a sus hijos con necesidades especiales. El expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró que el Juzgado Quinto de lo Penal de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec radicó la causa penal 108/2009, por “ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados al servicio público”. Con estas órdenes fueron detenidos, sin averiguación previa, y auto de formal prisión para 21 adultos y 2 menores de edad con discapacidad mental.

De acuerdo a la investigación de Los Ángeles Press, no todos estuvieron en la manifestación ni en el inmueble, causa por la que se les consignó ante el Ministerio Público de Ecatepec, de Ciudad Cuauhtémoc y de San Agustín, el 16 de febrero y el 2 de abril de 2008. Sin embargo, las autoridades persistieron en dictar pena privativa de libertad mayor a tres años a los inculpados, cuando la misma ley del estado establece que la pena es menor a tres años y a 200 salarios mínimos por el delito de ocupación de inmueble.

En el caso de Leticia Isabel Estrada Negrete, según establece su documento de amparo, ella se encontraba en su trabajo en Ecatepec y presentó una constancia de trabajo firmada por su empleador, quien compareció ante las autoridades. Nada le valió a Leticia Isabel, ni aún las contradicciones en las que incurrieron de sus denunciantes, dos funcionarios de la SEP y otra madre de familia, que sin conocerla físicamente la describieron de tres maneras diferentes, y las declaraciones fueron aceptadas como pruebas de contundencia.

Otro caso fue el de Verónica Escobar Monroy, Azucena Escobar Monroy, Yesenia Escobar Monroy, Angélica Escobar Monroy, Maribel Escobar Monroy y Guadalupe Escobar Monroy. Ninguna de estas mujeres, según se señaló, estuvieron presentes en la manifestación por la que se les giró orden de aprehensión. Quien sí estuvo presente ante el plantel escolar fueron Alma Lidia, Reyna Escobar Monroy y la menor Jennifer Escobar Monroy, de 12 años de edad con discapacidad mental, quien fue obligada a subir a la patrulla con violencia y maltrato por los policías.

El mismo caso fue el de Lucero León Carapia, niña de 9 años de edad, con discapacidad mental y fue llevada al Ministerio Público en calidad de detenida. Según el testimonio de la madre, tuvieron que pagar 6 mil pesos para ser liberadas. En el caso de Minerva Martínez Luján y Abraham Cruz Canchola, se les detuvo en las mismas circunstancias, pero ellos se encontraban dentro del plantel por ser maestros de la institución, de los talleres de Corte y Confección y de Cómputo, respectivamente. También se le giró orden de aprehensión al señor Rodrigo Martínez Luján, sin haber estado presente en los hechos.

Entre los padres de familia que ya no tenía ninguna relación con la escuela, porque sus hijos ya no asistían a ese plantel, y aún así les giraron órdenes de aprehensión fueron Felisa Chio Villa y Keyla Dalia Cruz. La primera con dos años de haber retirado a su hijo de la escuela, y la segunda hacía cuatros años.

Víctor Sebastián Pérez Negrete, es un nombre que se agregó a la denuncia del Ministerio Público y se le giró orden de aprehensión, sin embargo, no fue identificado por las demás personas ni por Agustín Estrada.

Los casos de Teresa Soria Alvarado, Ivette Loera Vera, María del Rosario Hernández Pérez, Gonzalo Segovia Granados y Concepción Hernández Olguín, según testigos, no tenían hijos en el plantel educativo, y uno de ellos pertenecía a otro municipio. Son identificados como “grupo de choque” y se les dictó orden de aprehensión, pero también se les concedió el amparo de manera inmediata.

El testimonio de la madre de familia, Victoriana, sobre los niños que fueron agredidos por los policías “por decirles groserías” se refiere al evento del 8 septiembre de 2009.

CNDH confirma que el expediente contra Peña Nieto está abierto 

Los abogados defensores que llevaron el caso de Agustín Estrada y de las madres de familia contra el abuso de autoridad del estado, fueron Rodolfo Ruedas y Francisco Plata. La Dirección de Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que estaba en trámite el expediente en el que se reporta las arbitrariedades y abuso de poder contra Estrada y familiares, madres de familia de la escuela y las dos menores de edad con discapacidad mental. La denuncia tiene fecha del 2 de marzo de 2011, y se responsabiliza a Enrique Peña Nieto y varios funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, además de los miembros de la policía estatal que golpearon y empujaron a las menores.

El temor a hablar del caso Estrada y Enrique Peña Nieto

Francisco Plata, Abogado de CNDH

 

Anónimo, del Estado de México

 

Sacerdote Alfonso Leija, Iglesia Católica Antigua

 

 

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Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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