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Justicia pendiente

Madres de familia y testigos confirman amenazas de muerte de Enrique Peña Nieto a Estrada

Enrique Peña Nieto dijo a las madres de familia que apoyaban a Estrada en reiteradas veces que «muerto el perro se acababa la rabia» en referencia al maestro.

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Por Guadalupe Lizárraga

Amenazas de muerte de Peña Nieto

El 3 de septiembre del 2007, Agustín Estrada Negrete, recibió una llamada telefónica del director de Gobierno del Estado de México, José Ignacio González Salgado. Estaban en el municipio de Ecatepec, en torno a las siete de la mañana. La llamada provenía de un número privado, y el funcionario le dijo a Estrada que el gobernador Enrique Peña Nieto lo estaría esperando en el estacionamiento de la Universidad de Netzahualcóyotl.

Así describió los hechos Agustín Estrada en denuncia dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando abuso de poder y uso de los recursos del estado para atentar contra su vida por parte del entonces funcionario público.

Estrada Negrete continúa el testimonio por escrito, con abundancia de detalles de lo que sucedió ese día. Una maestra del mismo centro educativo en el que laboraba Estrada (de la que nos reservamos su identidad por seguridad, pero su nombre consta en el acta de denuncia) pasó en auto por él para asistir juntos a una junta de supervisión escolar en el municipio de Netzahualcóyotl. Después de la reunión laboral, la docente ofreció a Estrada regresarlo a su casa, y llegó a comentarle que la visita del gobernador a la universidad era una “buena señal” sobre el caso, “después de todo lo que había pasado”.

Estrada pidió a la maestra que detuviera el auto cerca de la universidad, que el gobernador lo había citado y que “se trataba de una reunión muy rápida”, mientras ella esperaría en el auto. En el documento señaló Estrada que caminó hasta el estacionamiento y buscó al gobernador. Mencionó que el estacionamiento estaba vacío, y que tuvo miedo, por las anteriores ocasiones en que había sido maltratado físicamente por Peña Nieto, en la Casa Estado con sede en Ecatepec, donde atendía el funcionario.

Al estar frente a frente, sostuvo Estrada en el testimonio que el gobernador le dijo:

–“No tengo mucho tiempo, voy a ser muy concreto en lo que te voy a decir. Es definitivo, es lo que he decidido. Si se te ocurre decir que cogíamos, no vivirás para contarlo, porque todavía te quiero. Busca al secretario de Educación, te va a apoyar con una licencia con uso de sueldo. Cuando se termine la licencia, no regresarás a los CAM, lo que harás es renunciar al sistema educativo. Te voy a dar una liquidación como trabajador al cien por ciento. Cometiste un grave error en travestirte. Ya no puedo volver a verte ni a estar contigo. Si no haces lo que te digo te voy a romper la madre”.

–¿Me estás amenazando otra vez?, respondió Estrada.

–“Te voy a matar, hijo de tu puta madre y a la primera puta manifestación que me hagas te meto a la cárcel pendejo”, le dijo Peña Nieto.

Estrada, declaró al organismo de derechos humanos, que “estaba aterrado” y que regresó con la maestra que lo esperaba en su auto. Mientras regresaba, Estrada pensaba en cómo iba a seguir apoyando a su familia económicamente y declaró que no daba crédito a las palabras del hombre que había sido tan cercano a él, y ahora lo amenazaba de muerte.

Esa tarde, señaló Estrada, que convocó a una reunión de padres de familia de la escuela de donde era director, para tratar el problema de la primaria de educación especial. Para entonces, la jefa del Departamento de Educación Especial, María Magdalena Salgado Contreras, “había retirado a los maestros de varios grupos y no había quién les diera clases a los alumnos”.

Estrada, tratando de proteger su vida, tomó la decisión de informarles a los padres de familia que venía de reunirse con el gobernador y que él le había pedido “que se fuera de licencia a estudiar”. En seguida, las madres de familia, Alma L. y Beatriz R. de la Sociedad de Padres de familia intervinieron: “¿Es por lo de la obra de teatro, maestro?” dijo Alma. Y fue Beatriz quien le contestó: “No, Alma, es por la discriminación”.

Los padres y madres de familia y niños empezaron a protestar, y uno de los padres habló:

–“No, maestro, no te vayas. Nosotros te vamos a defender. Tú nos enseñaste a defender a nuestros hijos y nos toca ahora luchar por ti, a nosotros no nos importa que seas homosexual”.

–“No, padres de familia, el gobernador me dijo que si hacía manifestaciones que me iba a meter a la cárcel. Por favor, no se vayan a exponer, no hagan nada, no se pongan en riesgo por favor”, les respondió Estrada.

“¿Para qué quieren un director gay?”

Los padres de familia desobedecieron las indicaciones del director de la escuela, al siguiente día, 4 de septiembre, se dirigieron a la Casa Estado, ubicada en la avenida 30-30, en el Municipio de Ecatepec, en busca de Enrique Peña Nieto. La respuesta inmediata del entonces gobernador fue cerrar las puertas de la Casa Estado. Sólo aceptó entrevistarse con una comisión de madres, encabezada por la señora Alma, de acuerdo al testimonio de la señora Victoriana.

Enrique Peña Nieto conocía algunos padres de familia, porque lo habían apoyado durante su campaña a gobernador en el 2005, liderados por el maestro Agustín Estrada. Pero también los padres conocían ya a Peña Nieto, y lo desafiaron, con siete marchas más, en diferentes fechas, que quedaron registradas en los diarios de la localidad y en el anexo 1 de la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Detalle del reportaje de la revista Proceso en el 2008

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La señora Victoriana, del grupo de madres de familia que hablaron con Enrique Peña Nieto, ese 4 de septiembre, sostuvo en entrevista para Los Ángeles Press, que el gobernador les había dicho al grupo de madres: “¿Para qué quieren un director gay? Muerto el perro, se acabó la rabia”. La madre de familia también aseveró que el gobernador les prometió en ese momento que todos los jóvenes con discapacidad tendrían trabajo. Una de las promesas que hasta la fecha no se ha cumplido. Pero reiteró la madre que el gobernador fue insistente con esa frase.

Victoriana tiene hijos gemelos de lento aprendizaje. En 2007, los jóvenes tenían 23 años de edad y aprendían computación. Hoy, ayudan a su madre en repostería doméstica para sobrevivir. Lamentó la madre de familia que a sus hijos les quitaran la oportunidad de aprender computación y participar en los talleres formativos. Denunció a que la escuela fue desmantelada y los alumnos expulsados sin ninguna oportunidad de seguir su educación.

Formal prisión para menores discapacitados y madres de familia

Las diferentes manifestaciones de parte de padres y madres de familia en favor de Agustín Estrada fueron reprimidas en varias ocasiones con violencia por las autoridades. Además de la manifestación del 4 de septiembre de 2007, los padres fueron desalojados de la vía pública el 16 de febrero de 2008 y el 8 de septiembre de 2009, en la que se utilizaron granaderos para sus desalojos. Les giraron órdenes de aprehensión a personas que no se encontraban en esas manfiestaciones, incluyendo a sus hijos con necesidades especiales. El expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró que el Juzgado Quinto de lo Penal de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec radicó la causa penal 108/2009, por “ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados al servicio público”. Con estas órdenes fueron detenidos, sin averiguación previa, y auto de formal prisión para 21 adultos y 2 menores de edad con discapacidad mental.

De acuerdo a la investigación de Los Ángeles Press, no todos estuvieron en la manifestación ni en el inmueble, causa por la que se les consignó ante el Ministerio Público de Ecatepec, de Ciudad Cuauhtémoc y de San Agustín, el 16 de febrero y el 2 de abril de 2008. Sin embargo, las autoridades persistieron en dictar pena privativa de libertad mayor a tres años a los inculpados, cuando la misma ley del estado establece que la pena es menor a tres años y a 200 salarios mínimos por el delito de ocupación de inmueble.

En el caso de Leticia Isabel Estrada Negrete, según establece su documento de amparo, ella se encontraba en su trabajo en Ecatepec y presentó una constancia de trabajo firmada por su empleador, quien compareció ante las autoridades. Nada le valió a Leticia Isabel, ni aún las contradicciones en las que incurrieron de sus denunciantes, dos funcionarios de la SEP y otra madre de familia, que sin conocerla físicamente la describieron de tres maneras diferentes, y las declaraciones fueron aceptadas como pruebas de contundencia.

Otro caso fue el de Verónica Escobar Monroy, Azucena Escobar Monroy, Yesenia Escobar Monroy, Angélica Escobar Monroy, Maribel Escobar Monroy y Guadalupe Escobar Monroy. Ninguna de estas mujeres, según se señaló, estuvieron presentes en la manifestación por la que se les giró orden de aprehensión. Quien sí estuvo presente ante el plantel escolar fueron Alma Lidia, Reyna Escobar Monroy y la menor Jennifer Escobar Monroy, de 12 años de edad con discapacidad mental, quien fue obligada a subir a la patrulla con violencia y maltrato por los policías.

El mismo caso fue el de Lucero León Carapia, niña de 9 años de edad, con discapacidad mental y fue llevada al Ministerio Público en calidad de detenida. Según el testimonio de la madre, tuvieron que pagar 6 mil pesos para ser liberadas. En el caso de Minerva Martínez Luján y Abraham Cruz Canchola, se les detuvo en las mismas circunstancias, pero ellos se encontraban dentro del plantel por ser maestros de la institución, de los talleres de Corte y Confección y de Cómputo, respectivamente. También se le giró orden de aprehensión al señor Rodrigo Martínez Luján, sin haber estado presente en los hechos.

Entre los padres de familia que ya no tenía ninguna relación con la escuela, porque sus hijos ya no asistían a ese plantel, y aún así les giraron órdenes de aprehensión fueron Felisa Chio Villa y Keyla Dalia Cruz. La primera con dos años de haber retirado a su hijo de la escuela, y la segunda hacía cuatros años.

Víctor Sebastián Pérez Negrete, es un nombre que se agregó a la denuncia del Ministerio Público y se le giró orden de aprehensión, sin embargo, no fue identificado por las demás personas ni por Agustín Estrada.

Los casos de Teresa Soria Alvarado, Ivette Loera Vera, María del Rosario Hernández Pérez, Gonzalo Segovia Granados y Concepción Hernández Olguín, según testigos, no tenían hijos en el plantel educativo, y uno de ellos pertenecía a otro municipio. Son identificados como “grupo de choque” y se les dictó orden de aprehensión, pero también se les concedió el amparo de manera inmediata.

El testimonio de la madre de familia, Victoriana, sobre los niños que fueron agredidos por los policías «por decirles groserías» se refiere al evento del 8 septiembre de 2009.

CNDH confirma que el expediente contra Peña Nieto está abierto 

Los abogados defensores que llevaron el caso de Agustín Estrada y de las madres de familia contra el abuso de autoridad del estado, fueron Rodolfo Ruedas y Francisco Plata. La Dirección de Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que estaba en trámite el expediente en el que se reporta las arbitrariedades y abuso de poder contra Estrada y familiares, madres de familia de la escuela y las dos menores de edad con discapacidad mental. La denuncia tiene fecha del 2 de marzo de 2011, y se responsabiliza a Enrique Peña Nieto y varios funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, además de los miembros de la policía estatal que golpearon y empujaron a las menores.

El temor a hablar del caso Estrada y Enrique Peña Nieto

Francisco Plata, Abogado de CNDH

 

Anónimo, del Estado de México

 

Sacerdote Alfonso Leija, Iglesia Católica Antigua

 

 

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FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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