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Justicia pendiente

Madre pide ayuda para su hijo preso injustamente en Tlapa Guerrero

Un joven de Colima fue encarcelado acusado de fraude, sin pruebas ni testigos, y su madre pide ayuda después de un año preso en que está detenido su caso

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María Concepción Martínez Reyes, madre de joven preso injustamente.  Foto: Sergio Ferrer

María Concepción Martínez Reyes, madre de joven preso injustamente. Foto: Sergio Ferrer

De Colima a Tlapa, reclama madre por encarcelamiento injusto de su hijo

Por Sergio  Ferrer

TLAPA, Guerrero.- María Concepción Martínez Reyes llora, muestra las fotos  familiares donde sale su hijo Aarón Hernández Martínez y pide que alguien le ayude para evitar la injusticia que padece Aarón desde hace más de un año.

Hernández Martínez  fue detenido al descender de un avión en Tijuana por policías federales cuando se dirigía a ver a su hermano para trasladar una camioneta para el comercio de frutas y verduras a Colima, lugar de donde es originario.

Sin embargo, desde el 28 de febrero de 2013 permanece en el Cerereso de Atlamajac acusado de fraude, aunque su madre insiste en que se trata de un caso de homonimia, que su hijo trabajaba trasladando frutas y verduras, que tiene dos niñas y que es inocente.

El asunto refiere que en 2006 arribaron a Tlapa varios supuestos videntes brujos “Hermanos de la fe”, entre ellos tres hombres de origen centroamericano que se hacían llamar Santos, Johan y Aarón Hernández Martínez, quienes a través de spots radiofónicos ofrecían curar prácticamente enfermedades y proveer abundancia.

Los sujetos les dijeron a los denunciantes: Leónides Hernández González, Conrado Gómez Rodríguez, Enrique Eulogio Flores Cruz, Amado Gómez Balbuena y  Florentino Ortiz Maldonado que debían limpiar su dinero, oscilando las cantidades entre los 50 y 600 mil pesos, a lo que los afectados accedieron pero cuando regresaron por el dinero, los tipos ya se habían ido.

Aunque hay contradicciones en el expediente, Martínez Reyes se dijo frustrada y desesperada porque la juez María Leonor Arroyo del Juzgado Primero de Tlapa, ha desestimado todas las pruebas, la de retrato hablado, topometría, así como no ha tomado en consideración los testimonios de una trabajadora contratada por los falsos curanderos como recepcionista y del propietario del inmueble que rentaron como base, quienes testificaron que el detenido no es la misma persona que se hacía llamar como él.

Cuando los hechos ocurrieron, el joven tenía 19 años y en la descripción de los delincuentes hecha por los afectados se mencionan personas de entre 35 a 40 años, con rasgos negros y acento centroamericano. Aarón mide 1.60 mts. y en aquel entonces trabajaba vendiendo frutas y verduras.

La mujer seca sus lágrimas con su mandil. El viaje ha sido costoso y no ven señales de que les hagan caso en el juzgado. Ella también trae consigo fotografías  de su hermano y de otro hijo que se murieron en un accidente cuando acudieron a visitar a su hermano, Aarón Hernández Martínez.

Entre los comentarios del caso, la mujer reprochó que el Ministerio Público filtrara  información a medios locales en los que apareció la foto de su hijo como defraudador aunque él no cometió ningún delito. La señora también dijo que le está costando más trabajo mantener a sus nietas y ya no quiere ver a su hijo preso por algo que no hizo.

En Tlapa, son constantes los casos de fraudes. En meses recientes, se han escuchado en las radios piratas locales anuncios de brujos que «curan». Mientras que los diarios locales continúan publicando fotos de presusntos responsables, sin estar sentenciados, pese a que legal y éticamente está prohibido.

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Justicia pendiente

Custodios de Cefereso de Oaxaca torturan a preso, denuncia familiar de víctima

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Por Ignacio García 

Personal custodio del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 13 de Mahuatlán, Oaxaca, torturaron al preso Nicolás Amaro Roy Martínez este miércoles, denunció la madre de la víctima, María Guadalupe Martínez Jaramillo, quien interpuso una queja ante el Ministerio Público federal.

De acuerdo con la denuncia, la madre de la víctima acudió el 1 de diciembre al cefereso de Oaxaca al área de visitas para ver a su hijo, quien se encuentra internado desde hace dos meses, tras haber sido canalizado del penal de Puente Grande, Jalisco. Fue cuando observó que se encontraba golpeado con el rostro desfigurado.

La madre del interno relató que tenía amoratado un ojo y casi no podía caminar, aunado a que tenía varios golpes en las costillas y se le difiltaba respirar.  Su hijo le comentó que había sido golpeado por los celadores del penal el 29 de noviembre, tras una supuesta denuncia de una de las celadoras; además, por ello también le rociaron gas y le impidieron defenderse al haber sido esposado.

Ante dicha situación, la madre del interno refirió que acudió a las autoridades penitenciarias para denunciar este abuso cometido por parte del personal del Cefereso pero no obtuvo respuesta.

La madre del preso señaló que la Defensoría Pública únicamente le comunicó que tenía que enviar un documento al juez de Ejecución Penal, pero constantemente niegan que se cometen violaciones a los derechos humanos en el interior del penal federal.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han presentado constantes casos de agresiones y violaciones de derechos humanos en los penales federales del país, siendo el número 13 de Oaxaca uno en los que se han cometido más vulneraciones a los internos por parte de los custodios.

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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