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Justicia pendiente

Madre de Juárez denuncia allanamiento de policías a su casa

Karla Castañeda, madre de una desaparecida de Ciudad Juárez, ha sido acosada por policías municipales después de la audiencia pública ocn el gobernador

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Madres de Juárez rumbo a la audiencia pública con el gobernador el domingo 3 de febrero de 2013. Foto: Gero Fong

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- Un grupo de seis policías municipales de Ciudad Juárez allanaron ayer por la tarde la casa de Karla Castañeda, madre de la joven Cinthia Jocabeth Castañeda, desaparecida en octubre de 2008. Castañeda es miembro del Comité de Madres y familiares con Hijas desaparecidas de Ciudad Juárez y fue de las que cuestionaron las mentiras del gobernador en la audiencia pública, el 3 de febrero.

Denunció a Los Ángeles Press que los policías entraron a su casa sin presentar ningún documento oficial ni darle mayor explicación, sólo le preguntaron por la camioneta que se encuentra estacionada en el patio de su casa, a lo que ella respondió que era suya. Los policías también preguntaron por su esposo, y ella dijo que estaba trabajando y que lo podían encontrar al día siguiente.

Mientras la interrogaban, una mujer del grupo policial la grabó con una cámara de video sin pedirle su autorización. Y en la madrugada, a las dos de la mañana, dos patrullas más llegaron al domicilio de la madre e intentaron abrir la puerta del cerco, cuando un vecino encendió las luces de su patio y los perros ladraron a los policías que se retiraron.

Ahora se siente intimidada por las autoridades y pondrá la denuncia ante el Ministerio Público por allanamiento y acoso, ya que ella ha sido una de las principales críticas ante la indiferencia de las autoridades por los crímenes de sus hijas y así se lo hizo saber al gobernador César Duarte en la audiencia pública a la que lo obligaron a presentarse.

Karla Castañeda al fondo, en la audiencia pública. Foto: Gero Fong

«¿Por qué nos miente el gobernador?»

“Lo agarramos en muchas mentiras y dice que estuvo hablándonos y que estuvo esperándonos el sábado, si nosotros llegamos hasta el martes”, señaló Karla Castañeda, madre del Comité de Madres de Juárez, después de que tuvieran la audiencia pública con el gobernador César Duarte. La madre fue una de las cinco personas que iniciaron la Caminata por la vida de sus hijas, desde Ciudad Juárez a Chihuahua, el pasado 15 de enero, para exigir a las autoridades que hagan su trabajo y termine la impunidad con estos crímenes de género.

Castañeda también preguntó abiertamente a los medios: “¿por qué nos miente la fiscalía? ¿Por qué dice que están bajando los índices de estos crímenes, si hoy mismo llegaron a la audiencia nueve madres que en este mes de enero desaparecieron a sus hijas y no son todas?”.

Para la señora Castañeda, “el gobernador se vio acorralado por todas la madres” que reclamaban la verdad sobre sus hijas desaparecidas y asesinadas. Comentó en entrevista para Los Ángeles Press que fueron cinco personas las que iniciaron la Caminata por la vida de sus hijas, y que dijeron que “nadie nos va a detener, a menos que venga el señor Duarte. Pero él nunca llegó, nosotros tuvimos que ir hasta su casa a exigirle que haga su trabajo”.

La madre de Juárez tambié indicó que dieron diez días naturales para que las autoridades respondieran a sus demandas y una de ellas es el informe sobre el caso de Brenda Berenice Castillo, desaparecida a los 17 años de edad, y que Los Ángeles Press entregó la información a la Policía de Los Ángeles, y asu vez ésta la hizo llegar a la Procuraduría General de la república hace un año. Otro de los puntos que destaca Castañeda es la destitución de los funcionarios que les han mentido y que las han hostigado, como la fiscal Rosa María Sandoval, quien fue denunciada en Estados Unidos y verificada la información por autoridades migratorias ante la amenaza de muerte que profirió a Manuel García, hermano de una madre de Juárez que buscaba a su sobrina y ayudaba a la asesinada Marisela Escobedo.

 

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Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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