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Violencia contra las mujeres

Madre de desaparecida reprueba a investigadores de la fiscalía de Chihuahua

Madre de desaparecida pide la intervención del rector de la UACJ para que profesionales colaboren en investigaciones de desaparecidas.

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Por Gero Fong / LAPress

CIUDAD JUÁREZ, México.- La violencia ha alcanzado a la máxima casa de estudios en Ciudad Juárez. Cuatro casos de secuestradas dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, varios asesinatos de maestros y un estudiante baleado por policías federales, son hechos que no puede ignorar la sociedad ni la comunidad estudiantil. Así los han manifestado por medio de su protesta pacífica a tres años del secuestro de Mónica Janet Alanís Esparza, de 18 años de edad. Ella era estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas, y sus padres, Olga Esparza y Ricardo Alanís, convocaron a la comunidad estudiantil para pedir a las autoridades universitarias atención a la violencia que viven a diario los jóvenes de esta ciudad, y principalmente que pongan atención al caso de su hija.

Foto: noticiasenlinea.com

Junto con Mónica Alanís, se encuentra el caso abierto de Lidia Ramos Mancha, también secuestrada en las instalaciones de la UACJ, el 2 de diciembre de 2008, a la edad de 17 años. Existe el reporte de otros dos casos de los cuales sus familiares han preferido guardar su identidad.

Para Olga Esparza, los investigadores de la fiscalía están “reprobados” en su desempeño profesional, porque no han logrado resultados satisfactorios de los casos de jovencitas desaparecidas en la zona centro de la ciudad ni tampoco en la universidad. Por lo que la madre solicitó a las autoridades universitarias que colaboren con un equipo de profesionales para la búsqueda de sus hijas. Sin embargo, la máxima casa de estudios de esta ciudad tampoco está exenta de hostilidad.

La UACJ lleva en sus registros de violencia la agresión de los policías federales que dispararon contra Darío Álvarez Orrantia, estudiante de Sociología, quien participaba en una manifestación pacífica en las puertas de la universidad, el 29 de octubre de 2010, y el asesinato del maestro de economía, José Alfonso Martínez Luján, el 13 de noviembre de 2009.

Otros homicidios de la comunidad universitaria se perpetraron el 3 de diciembre de 2008, del maestro Gerardo González Guerrero; el 11 de enero de 2009, el alumno de Derecho, Jaime Alejandro Irigoyen Frías; el 2 de diciembre de ese mismo año, del estudiante de Medicina, Juan Antonio Chávez Morales, de 21 años de edad; y el 29 de mayo también de 2009, fue asesinado el maestro Manuel Arroyo. Estos homicidios se cometieron fuera de las instalaciones de la UACJ.

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La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

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La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

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Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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Investigaciones

La violencia tolerada de los youtuberos: el caso de las activistas de CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Los youtuberos Carlos Alberto de la Mora, en su personaje “Rata Política”, y Óscar Onofre Zurita, “Cerdonio fifí”, fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México, acusados de agredir y grabar a mujeres de distintos colectivos feministas que se pronunciaban contra los feminicidios durante la marcha del primero de noviembre. Al hacer públicos los hechos, se generó un revuelo en las redes sociales contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien pedían su renuncia, y contra destacadas activistas, a quienes lanzaron insultos, críticas, y amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres en la red fue la marca de los youtuberos.

La abogada y activista, integrante del colectivo Las del Aquelarre Feminista, Ana Elena Contreras, denunció durante el conversatorio “Nuestras Muertas”, en la Ciudad de México, que los youtuberos habían agredido a varias mujeres que habían participado en la marcha y se encontraban en el monumento de los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes.

La defensora de los derechos humanos dijo que los agresores acosaron y filmaron a varias mujeres sin su consentimiento, e incluso hubo agresiones físicas a una menor, familiar de la activista Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa, por lo que solicitó el apoyo policiaco, y fueron detenidos los youtuberos. Fue entonces que se desplegó un ataque intenso en las redes sociales hacia las mujeres y hacia la jefa de Gobierno.

“El lunes 2 de noviembre por la mañana y a raíz de una publicación en Facebook relacionada con los acontecimientos del domingo 1 de noviembre, me “doxean” llevando mi publicación a un foro llamado “Radio Búfalo”. En dicho post me referí a la reacción de las personas en el mundo virtual por la detención de un par de youtuberos y referí que desearía que así se indignaran cada vez que una niña o una mujer era violada o asesinada”.

Como reacción a su publicación, preguntaron a Ana Elena Contreras que si había estado en el lugar del suceso, por lo que ella respondió:

“Sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos con ellos, así que me tocó llamar a un contacto para que enviaran al resto de los policías”.

El mensaje, sin embargo, había sido desvirtuado y a partir de allí, el acoso en todos los espacios virtuales no cesaba. Ana Elena Contreras fue señalada con una serie de calificativos que la denigraban como mujer al tiempo que recibía amenazas de muerte. Se enfrentaba a una campaña de linchamiento virtual, pese a la evidencia videográfica del altercado donde una de las policías había sido agredida físicamente.

“Cuando me di cuenta de esto ya había fotografías mías en todos los espacios. Ahora se han enfocado en hostigar a mi jefe para exigir mi despido, lo que me tiene preocupada a pesar de que mi jefe ya se deslindó de los hechos, ya que al inicio fue señalado como la persona que supuestamente me financiaba”.

La persona a la que se refiere Ana Elena Contreras como su jefe es el diputado de MORENA, Martín Padilla Sánchez, del Congreso de la Ciudad de México.

“Se me involucró en estos incidentes, de que había sido partícipe. Sin embargo, yo no tuve nada que ver en el asunto, y me entero de que se me hace mención y empiezan a hacer cuestionamientos en torno a este tema y posteriormente vino una serie de acusaciones sin fundamentos, agresiones, incluso mensajes amenazadores, en ese sentido”, apuntó el diputado.

El diputado Padilla Sánchez señaló que ninguno de los youtuberos involucrados en el conflicto había solicitado su opinión al respecto, y que el foro de Facebook Radio Búfalo era el que más agresiones profería sin buscar ningún acercamiento para conocer su versión.

Respecto a la violencia de género en las redes sociales, señaló el diputado Padilla Sánchez que ha participado en campañas contra la erradicación, pero que el incremento de la violencia digital –calumnias, amenazas, dong y hostigamiento– requiere analizarse desde la tribuna legislativa.

El diputado también fue amenazado de muerte por ser el vínculo laboral de la activista, a quien destacó el legislador como una persona íntegra y comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres.

 

La versión que no se quiso escuchar

Dyan Verha, seudónimo de una de las voces que atestiguó cómo iniciaron las agresiones, dijo a Los Ángeles Press que sin ser dueña de la verdad, era importante conocer los dos lados de la historia. Sin embargo, su historia como la de las demás mujeres fue acallada por los youtuberos y sus aliados. La versión de Verha:

“Primero fueron dos policías a dialogar, incluso una de las activistas les pidió (a los youtuberos) que se marcharan; a lo cual la Ratita y su gente se negaron y alardearon de quiénes eran. Tanto fue el nivel de pelea y de agresividad que Ana Elena Contreras tuvo que pedir refuerzos”.

También señaló la testigo que los youtuberos fueron detenidos porque “la nieta de una activista fue agredida, menor de edad”, y que los youtuberos habían salido en libertad porque las denunciantes no levantaron cargos contra ellos ante la intimidación por las redes sociales en apoyo a ellos.

Verha también fue acosada en las redes sociales, y siendo del grupo de Amlovers difundían falsamente que era del movimiento opositor FRENAAA. Los seguidores de los youtuberos tomaron la imagen de su perfil con su hija de 11 años, y la difundieron profusamente en los grupos acusándola de ser opositora al presidente López Obrador.

“Le pedí a Rafael Herrera (youtubero de Sin Censura, de Vicente Serrano) que quitara la conversación y le expliqué lo que le acabo de contar, incluso le pedí que escuchara a las activistas. Al final sólo quitó mi conversación. Pero ni el Chapucero ni el Quesadillero de la verdad –o cómo se llame– lo han hecho”.

Señaló que habían fabricado unos videos donde relacionaban a un funcionario de gobierno de Claudia Sheinbaum con la activista Ana Elena Contreras, aludiendo una relación sentimental, y que por eso el influyentismo.

“El hombre es mi primo, vive en Morelia y se llama Eduardo. En los grupos se maneja que ese mismo día Rata política ya había tenido un enfrentamiento con unas personas de FRENAAA, me atrevo a suponer que se buscaba este roce para comenzar una campaña de desprestigio para la jefa de Gobierno”.

Insistió en que les pedía por favor que retiraran de los grupos la foto de su hija menor de edad por el daño moral que le ocasionaba, sin embargo, no fue escuchada.

La violencia de género en la red, normalizada

“Puta, femenaca, zorra, culera, perra, por eso las matan”, fueron parte de los insultos que recibió Ana Elena Contreras, de los que hacían eco los seguidores de los youtuberos, utilizando bots y cuentas anónimas.

El usuario con el nombre de Mau Rodríguez de la cuenta @mau_rodriguez77 dijo que “al parecer el colectivo feminista estaba bien conectado”, ya que aseveró que “su líder” –en referencia a Ana Elena Contreras– se presentaba como asesora de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 

La activista Norma Andrade, quien desarrolló su trabajo de lucha en contra de los feminicidios de Ciudad Juárez a raíz del secuestro y asesinato de su hija en 2001, fue también acosada por los youtuberos y señalada en la red como una “líder feminazi” por presuntamente haber reclamado a los youtuberos de grabar a las mujeres en la movilización. Incluso, sus agresores convocaron a otros seguidores a unirse para amedrentarla. Uno de los mensajes que revelaba su identidad decía: “Duro con esta líder feminazi en su próxima marcha, démosle con todo”. Incluso el youtubero Nacho Rodríguez (El Chapucero) retuiteaba las agresiones a Norma Andrade y pedía la renuncia de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras llamaba “presos políticos” a los youtuberos detenidos Carlos Alberto de la Mora y Óscar Onofre Zurita.

 

Los seguidores de los youtuberos que agredieron a las activistas se presentaron en la red como simpatizantes de la 4T, movimiento ideológico liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que la activista Ana Elena Contreras formaba parte del movimiento político denominado “FRENAAA” que ha demandado la salida del mandatario. En tanto, otros seguidores reclamaron que ella supuestamente había usado sus influencias para detener a los youtuberos y convocaban al linchamiento digital.

Los usuarios de las redes en favor de los youtuberos atacaban de manera coordinada con información engañosa y convocaban a otros grupos a organizarse de la misma manera. En Facebook, destacaban los mensajes de los usuarios como Héctor Fuentes que deseaban que Ana Elena Contreras fuera encarcelada, mientras que otro identificado como Mauricio Pulido la amenazaba con desaparecerla. Quesadillas de Verdades también la acusó de ser cercana a la jefa de Gobierno y de “meter a gente que se le da la gana a la cárcel”.

Al respecto, la red feminista internacional Enredhadas reprobó las agresiones contra la activista y exigieron al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad para evitar nuevos ataques, por lo que demandaron que concluya el linchamiento mediático en su contra, situación por la que llamaron a más organizaciones y colectivos a unirse a la exigencia general.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, condenó la violencia digital que ha sufrido la activista en redes sociales, y expuso que el colectivo Las del Aquelarre Feminista forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a las acciones de la Alerta de la violencia contra las mujeres, quienes tienen cargos honorarios, sin remuneración de la administración pública local.

Las campañas de odio en Twitter

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2016, realizó un estudio en el que especifica que Twitter es la plataforma digital donde más se promueven campañas de odio contra las mujeres, y en Facebook donde más se agrede a las mujeres activistas. Uno de los más recientes estudios, Ser Periodista en Twitter realizados por las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, reveló que las consecuencias de la violencia digital contra mujeres consistían en disminuir drásticamente su participación en el debate público, aislarse socialmente y su movilidad era limitada, además de padecer sufrimiento psicológico, físico y verbal.

Asimismo señala el estudio que el 67% de las periodistas entrevistadas optaron por dejar de hacer publicaciones sobre temas que podían generales una agresión; otras, de plano, se retiraron de la red.

En el caso de Ana Elena Contreras, optó por cerrar sus cuentas ante las constantes amenazas de muerte.

 

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