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Justicia pendiente

Madre de desaparecida huye de Juárez por acoso de autoridades

Karla Castañeda, madre de la desaparecida Cinthia Jacobed, de 13 años, huye con sus hijos de las autoridades del estado de Chihuahua

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Karla Castañeda, madre de Juárez, acosada por autoridades. Foto: Guadalupe Lizárraga/Los Angeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California, México.- La señora Karla Castañeda, acosada por las autoridades municipales y del Estado después de exigir al gobernador que dejara de mentir con los casos de sus hijas desaparecidas y víctimas de feminicidios, huyó de Ciudad Juárez con sus hijos, el sábado 9 de febrero por la tarde para ponerse a salvo. La decisión de Castañeda fue tomada después de que la Cipol (Centro de Inteligencia policial), entrara a su casa y expulsara a la señora Juana García, suegra de Castañeda, quien se encontraba en el domicilio preocupada por sus nietos después de haberse enterado de las noticias sobre el primer allanamiento de los policías municipales.

Cuando la suegra alertó a un hermano de Karla Castañeda de la presencia policial, él de inmediato se trasladó al lugar y encontró también a agentes de la Fiscalía del Estado. Preguntó a los agentes que por qué estaban molestando a su hermana, qué era lo que ella había hecho. Y los agentes respondieron que Karla “se había metido muy a fondo con la investigación de su hija”.

Castañeda, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press, ha ido narrando cada uno de los hechos que fueron incrementando su nerviosismo y que la llevaron a determinar que su vida estaba en peligro así como la de sus hijos, sobre todo por las amenazas proferidas por parte de la directora de Justicia para nuestras hijas, Norma Ledezma.

Castañeda cuenta cómo inició el acoso hacia ella. Dijo que Ledezma llegó a encontrarlas al inicio de la ‘Caminata por la vida’ de sus hijas, que emprendieran el pasado 15 de enero de 2013. Ahí, Ledezma le dijo que su organización “Justicia para nuestras hijas”, exigiría también una audiencia pública al gobernador y que necesitaba a Ricardo Alanís, padre de Mónica Liliana Alanís, desaparecida el 26 de marzo de 2009, y a ella. Cuando Karla Castañeda le preguntó porqué ella. Ledezma le dijo que porque era una de las “cabecillas” que movían a las demás madres.

Al negarse Castañeda e insistirle que no dejaría la Caminata ni a las demás madres, Ledezma le advirtió que se irían contra ella y que más le valía terminar con todo eso. No obstante, en esos momentos, Castañeda desestimó las advertencias de la directora. Pero después del acoso de las autoridades policiales y de la misma fiscalía, Castañeda dijo que a quienes más le tenía miedo era a la señora Norma Ledezma y a la fiscal Rosa María Sandoval quien fue intimidante el día de la audiencia pública cuando enfrentó al gobernador.

La madre de Juárez señaló que ese día preguntó al gobernador: “¿Por qué nos miente señor Duarte? ¿Por qué deja que nos mienta la fiscalía?”. Y el gobernador, en un tono enérgico, le respondió: “Déjame hablar”. Sin embargo, Castañeda, no lo dejó hablar y siguió cuestionándolo y enumerando cada una de las mentiras que el gobierno del estado, junto con la fiscalía había fabricado para desviar la información de los crímenes de sus hijas.

Karla Castañeda también denunció que desde hace más de un año ella no sabe nada del expediente de su hija. Que lo ha querido revisar, y que le han dicho en la fiscalía que Norma Ledezma ya lo ha revisado. “Yo no sé qué dice el expediente de mi hija desaparecida desde hace cuatro años, dice Castañeda, y tengo derecho a saberlo. También tengo miedo por mis otros hijos. Yo no puedo confiar ya en las autoridades”, dijo.

La terapeuta Adelina Solís, de Visión Alternativa, AC, asiste a la madre de Juárez. Foto: Los Ángeles Press

Organizaciones independientes ayudan a la familia Castañeda a huir de Juárez

La salida de Ciudad Juárez de Karla Castañeda y sus hijos ha sido implementada y apoyada por organizaciones independientes, como Visión Alternativa, AC, enfocada en la salud emocional de las víctimas de violencia y derechos humanos, así como el grupo Los Ángeles con México, integrados por mexicanos que han formado redes de ayuda económica e informativa para quienes están en situación de riesgo en ese país.

El coordinador general de Visión Alternativa, AC, Bonifacio Sandoval, señaló que a nombre de su organización se lanzó un comunicado público de protesta e indignación por los acosos de las autoridades de Chihuahua a las madres de Ciudad Juárez que exigen justicia e información sobre los crímenes contra sus hijas. Aportaron ayuda económica para hospedar en un hotel de Mexicali a Karla y sus hijos.

El grupo Los Ángeles con México, voluntarios con presencia en las redes sociales, logró que a través de apoyos anónimos en la red y en coordinación con el Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, que la señora Karla Castañeda pudiera salir de Ciudad Juárez y ponerse a salvo.

Mareli, hija menor de Karla Castañeda. Foto: Los Ángeles Press

“¿Ahora si vamos a ser felices?”

La salud de los menores fue también una de las preocupaciones de estas organizaciones independientes. Su hijo Juan, de diez años de edad, sufre de asma, Mareli de cuatro años, padece una alergia nerviosa, Janeth de 12 años, tuvo un colapso nervioso y Alberto, de 14 años, es ahora el brazo fuerte de su madre.

La menor de cuatro años, mientras su madre daba los pormenores de su huída y su voz se quebraba por el estado emocional en el que se encontraba, le pregunta: “¿ahora si vamos a ser felices, mami?”.

Karla Castañeda, por último, agradeció el apoyo y dijo que no va a desistir de la búsqueda de su hija y de seguir apoyando al Comité de Madres de Ciudad Juárez por las hijas de las demás.

 

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PVEM perdería registro por reincidencia en llamado a voto en elecciones

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro como instituto político como una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la reincidencia en llamar al voto durante la jornada electoral del pasado 6 de junio como sucedió en 2015.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron sanciones menores al PVEM por llamar al voto en la contienda electoral de 2015.

El INE determinó que el Verde Ecologista pagó a varios “influencers” para promocionar el voto a favor a su causa durante la jornada electoral, lo que representó un delito electoral, como ocurrió en las elecciones federales intermedias de hace seis años, donde también pagó para que distintos artistas promocionaran el voto.

Varios consejeros electorales del INE señalaron que como una sanción adecuada debería retirarse el registro al PVEM, debido a que es la segunda ocasión en la que incurre en estas prácticas para obtener ventaja durante el proceso electoral, por lo que ignoró a las autoridades electorales.

Al respecto, diferentes colectivos y organizaciones civiles pidieron a las autoridades electorales retirar el registro del PVEM, ya que ha incurrido en estas ocasiones en dos ocasiones influyendo en el voto durante dos procesos electorales, por lo que demandaron que sea sancionado de forma eficiente.

En la contienda electoral de 2015 el PVEM pagó a varios artistas y deportistas miles de pesos para promocionar en sus respectivas redes sociales el voto a favor del Verde Ecologista, sin embargo, el INE no retiró el registro al partido y sólo impuso una multa económica, por lo que en esta jornada electoral volvió a proceder de la misma forma.

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Líder de la mafia rumana es vinculado a proceso

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El juez federal de control de Quintana Roo vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador determinó que tanto Florian Tudor como Adrián “N” y Alin Gabriel “S” incurrieron en el delito de asociación delictuosa y realizaron operaciones irregulares en disposición de dinero en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México e Hidalgo, en las cuales se retiraban más de 14 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Tudor de incurrir en la comisión de diferentes delitos asociados al lavado de dinero, por lo que el juez vinculó a proceso con una investigación complementaria de cuatro meses, por lo que deberá permanecer en reclusión.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que Tudor fue recibido como cualquier otro ciudadano y aunque rechazó haber formado parte de la mafia rumana, enfatizó que recibió la mayor cantidad de apoyos posibles.

Según el acusado, las autoridades mexicanas fabricaron su delito, sin embargo, la investigación fue complementada con las autoridades rumanas que solicitaron la extradición del presunto delincuente para que sea procesado por esos delitos.

Florian Tudor fue detenido en Quintana Roo por la FGR, después de ser acusado de diferentes hechos ilícitos, en los cuales incurrió en lavado de dinero con dinero con procedencia desconocida y por ello fue procesado por ese ilícito.

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Internos del penal de Atlacholoaya piden libre acceso a familiares

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Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, pidieron a las autoridades penitenciarias permitir el libre acceso a los familiares de los reos para las labores de trabajo social que en la actualidad están restringidas.

Por medio de una carta enviada a la directora del penal de Atlacholoaya y firmada por varios reos, los inconformes solicitaron que se conceda a sus familiares el acceso a trabajo social para renovar y realizar sus trámites para obtener sus folios durante su horario laboral, debido a que varios de sus parientes radican en regiones alejadas.

De acuerdo con la misiva, al acotarse la entrega de las fichas, muchos de sus familiares no tienen posibilidad de obtenerlas, ya que en la actualidad sólo asignan 40 fichas de este tipo, por lo que pidieron que no existan restricciones para la entrega de las mismas.

Los internos señalaron que de esta manera se les garantiza la accesibilidad a sus derechos humanos, pues muchos de los reos no han tenido oportunidad de reunirse con sus familiares ante las restricciones para la entrega de las fichas de trabajo social.

Enfatizaron que para la sobrepoblación interna que existe en el penal de Atlacholoaya, la asignación de apenas 40 fichas para sus familiares es insuficiente, por lo que recalcaron que se trata de un derecho humano que debe tener apertura para la población penitenciaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que hubo distintas irregularidades al momento de garantizar derechos humanos en el interior del penal de Atlacholoaya, donde persiste una elevada sobrepoblación y hacinamiento en el interior del centro de reclusión.

Por otra parte, también familiares de los internos denunciaron recientemente que autoridades penitenciarias les pedían compensaciones para dejarlos entrar al penal, incluso para dejar entrar a menores a la visita familiar. Por lo que el abogado especialista en ejecución penal Gerardo Manrique señaló que se trata de una violación de derechos humanos contra los internos, porque la visita familiar e incluso con menores de edad es un derecho constitucional y humano.

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