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Justicia pendiente

Lunes negro: “El error de Gustavo” y el fracaso de la política

Cronología de la represión policial en los plantones de protesta en el centro de gobierno de Mexicali, capital de Baja California

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MEXICALI, Baja California.-El día lunes 13 de febrero alrededor de las 6 de la mañana, en protesta por la falta de compromiso político e incongruencia de valores por parte del alcalde de la ciudad, Gustavo Sánchez (PAN), miembros de los Campamentos Ciudadanos de Mexicali comenzaron a ocupar parte de las entradas del Ayuntamiento.

Los manifestantes, acampados desde hace un mes en el Centro Cívico del Estado, habían comunicado dichas intenciones desde el viernes 10 de febrero, al salir de su quinta mesa de diálogo con el Cabildo de Mexicali y el alcalde Gustavo Sánchez. La intención de volver a bloquear la Casa Municipal se debió a una percibida falta de cooperación de parte de la Institución, ya que en 5 mesas de diálogo, cada una de 4 a 5 horas de duración, el alcalde aún no completaba, por escrito, ninguno de los puntos en el pliego petitorio original.

Para tal efecto, los ciudadanos manifestantes convocaron a una toma simbólica de la Casa Municipal el domingo 12 de febrero, que serviría para reforzar al bloqueo real programado para el día lunes 13.
Horas antes del mitin del 12 de febrero, alrededor de las 11 de la mañana, dos camiones escolares llenos de efectivos policiales y dos unidades k9 entraron al estacionamiento subterráneo de la Casa Municipal. También hubo un despliegue de al menos 20 unidades policiales (patrullas, pick-ups y camionetas sin ventanas), incluida una unidad de inteligencia con cámara, una ambulancia y un camión de bomberos, los cuales se posicionaron sobre la Calle Mar Adriático, casi esquina con Ave. De los Pioneros.

De 6 a 7 de la mañana del lunes 13 de febrero hubo tres transmisiones en vivo por Internet vía Facebook-Live, todas hechas por miembros de los campamentos, y la relación con los agentes de policía que guardaban el perímetro era, como en ocasiones similares, cordial. En éste espacio de tiempo, el subsecretario del Ayuntamiento salió personalmente a tomarle fotos a los rostros de las mujeres que resguardaban la puerta principal del edificio, frente a la plaza ubicada sobre la Ave. Independencia; la mayoría de ellas profesoras jubiladas.

Alrededor de las 7 de la mañana del mismo día, trabajadores del Ayuntamiento empezaron a ocupar la esquina de la Calle Mar Adriático y Ave. De los Pioneros. Al mismo tiempo, parte de los manifestantes se ubicaron alrededor de las vallas metálicas que la policía había colocado el día anterior. A partir de esta hora, los medios de comunicación locales, tanto tradicionales como independientes, comenzaron a transmitir en vivo.

Entre 7:00 y 7:30 de la mañana los manifestantes corearon consignas reivindicando nociones de justicia y democracia, y exponían a otros manifestantes, así como a trabajadores del Ayuntamiento, las razones por las cuales se consideraba necesario cerrar las oficinas municipales. En resumidas cuentas: una falta de administración de justicia por parte del xxii Ayuntamiento de Mexicali.

En medio de una clase universitaria de ciencias sociales frente a los escalones de la Casa Municipal, y mientras se leía en voz alta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), decenas de pisadas marchando se escucharon por encima de la voz del alumno que leía y, desde el edificio municipal, fueron saliendo cerca de 50 agentes policiales —sumándose al medio centenar ya desplegado— e hicieron una formación militar de tres filas mirando al este de la plaza, misma que habían hecho el día anterior con el perímetro de vallas.

Inmediatamente después de esta formación, una figura resaltaba entre los policías uniformados, la cual sería clave para el desarrollo de los eventos. Era un hombre de pasados 40 años, moreno, de complexión media, no muy alto, con corte de pelo militar, a ras, lentes de sol, un traje de dos piezas café, tenis blancos desgastados y un celular que revisaba constantemente. Se movía con completa soltura dentro de la plaza, su caminar siendo una mezcla entre militar retirado y figura de acción.

Cuando salieron marchando los policías, algunos manifestantes se alarmaron y les pidieron a gritos que no hicieran nada, que sus hijos los verían, que el país y el futuro los juzgaría. El que esto escribe se acercó a dos policías mujeres que cuidaban uno de los perímetros y les preguntó su opinión sobre “Mexicali Resiste, a lo cual ambas respondieron que estaban “del lado del movimiento”, pero que su trabajo no les permitía estar “del otro lado” de la valla y se disculparon por limitarse a ser “sólo” policías.

Cerca de las 8 de la mañana comienza a formarse un cuello de botella en la parte más cercana a la banqueta de Ave. De los Pioneros, cuya parte central estaba ocupada por manifestantes. Hasta aquí, la policía había mantenido su distancia de los manifestantes, sin embargo, sin previo aviso ni consenso, agentes de la policía municipal comenzaron a quitar parte de la valla diseñada para proteger al edificio y salieron a presionar a los manifestantes.

Al mismo tiempo, un hombre de entre 50 y 60 años de apariencia burócrata/empresarial, a quienes algunos medios han identificado como José Pablo Angulo, subsecretario de Ayuntamiento, se abre paso por cuello de botella a gritos y empujones. Su enojo y desesperación es ajena a la calma del resto de trabajadores del Ayuntamiento, quienes siguen observando las acciones desde el otro lado de la calle. El hombre encara a José Fierro en un encendido debate frente a los medios. Los manifestantes gritan y repiten: “¡No violencia!” El hombre de apariencia burócrata cada vez grita más fuerte, pero los manifestantes lo superan en coro y en número, lo cual lo hace rabiar.

Para las 8:05 de la mañana los policías están muy cerca de los manifestantes sin que éstos los hayan percibido —ya que los manifestantes ven hacia “fuera” de la plaza, mientras los policías van “saliendo” de la plaza—, hasta que el sujeto de aspecto militar, con un par de movimientos, hace que cerca de 30 policías municipales intenten formar dos líneas rectas con dirección a la avenida, con la intensión de formar un pasillo de aproximados dos metros de ancho que separe y divide a la masa de manifestantes que, segundos antes, controlaba el centro del espacio. Así, una vez controlado el espacio afuera de la valla, los policías comienzan a reprimir.

Durante los primeros minutos de la represión, las fuerzas policiales someten a cinco manifestantes por medio de la fuerza, dos de ellos mujeres. Los manifestantes forcejean con los policías para no ser presa de los explosivos ataques que el hombre de figura militar ejecuta: rompe filas por detrás de los policías para sorprender a objetivos fijos (esto es, a manifestantes específicos) que forcejean ya sea para proteger a alguien o por su propia seguridad. El hombre de apariencia militar intenta sus propios sometimientos, de tal forma que entra y sale de las discordias, pero si él no logra someter a una persona en pocos segundos, el resto de policías ya saben por quién deben ir.

Cuando un grupo de policías levanta a un par de manifestantes que ya tenían sometidos en el piso, un reportero de Canal 3 Televisa intenta acompañar a uno de los detenidos hasta el edificio municipal. Al percatarse de esto, un oficial vestido de civil y dos uniformados lo interceptan antes de que pueda entrar al edificio con el detenido. El reportero se sienta en el suelo inmediatamente y logra no ser aprehendido, pero lo sacan en ese mismo instante de la plaza, ahora vacía, que controla la policía.

En medio de la represión, varios manifestantes, tanto hombres como mujeres, jóvenes y gente mayor, son golpeados, pateados, sometidos con uso excesivo de la fuerza (como varios videos y fotografías comprueban), así como aprehendidos sin justo motivo.

Minutos después, en medio de un caos que se interrumpe y avanza por secciones, un vocero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos decide entrar al edificio del Ayuntamiento, mientras manifestantes, hombres y mujeres, le gritan con voz desesperada: “¡Queremos ver a nuestros compañeros!” “¡Sáquenlos!” “¿¡Por qué se los están llevando!?” Al hombre de la CEDH lo acompañan dos mujeres uniformadas con los mismos colores del organismo.

Cerca de las 8:15 de la mañana hay confusión en ambos bandos. Los manifestantes se mueven de un lado a otro, como péndulos afuera de un perímetro vallado, pero los rostros de los policías también muestran desfiguros: es obvio que no están entrenados para estos choques, no saben cómo enfrentar a grandes cantidades de gente: rompen formaciones, usan fuerza excesiva, golpean a las costillas, dan patadas, sujetan a manifestantes pero no tienen forma de hacerlos mover uno-contra-uno, por lo cual se unen tres, cuatro o cinco y entre todos tratan de levantar al siguiente desafortunado. Los policías sudan, también gritan, bufan, miran hacia ambos lados, están confundidos.

Finalmente logran formar el pasillo completo hacia la calle. Los manifestantes responden formando un perímetro justo fuera de las barreras humanas de los policías y vuelven a intentar bloquear el acceso. La mayoría de los manifestantes en la cadena humana son mujeres, señoras de alrededor 50 años.

Al otro lado de la calle, observando la confusión y el ruido, empleados del municipio parecen esperar a que todo se resuelva por sí solo. Disimuladamente, agentes ministeriales con pantalón kahki y camisa azul marino, también observan, armados con pistola al cinto y esposas colgando bajo la camisa.

Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali

Pasadas las 8:20 de la mañana y para estos momentos la policía se ha llevado a 9 manifestantes más. Los nombres de los 12 miembros de los Campamentos Ciudadanos son: Arturo Ramírez, Francisco Javier Pérez, Benjamín Zavala Méndez, Filiberto Sánchez Gurrola, Jorge Hugo Bravo, Jorge Benítez López, Ignacio Gastélum Ruiz, Santa Cecilia Hernández Osorio, Mario Sotelo Rodríguez, María Guadalupe Mora Quiñonez, Verónica Jiménez Orta, Jorge Hugo Brambila Valdés, José Guadalupe Montoya, Luis Miguel Ocampo.

El licenciado Salinas toma un megáfono y afirma alzando la voz que se ha violentado la Constitución, específicamente los artículos 1 y 9. Lo repite una y otra vez y en algún momento también él se ve envuelto en un forcejeo con dos policías. José Fierro y León Fierro también toman el megáfono y tratan de evidenciar aún más los maltratos de la policía y del Ayuntamiento, las provocaciones de los personajes que ya no están en la escena, los arrestos predeterminados de miembros de Mesas de Diálogo y, detrás de todo esto, la administración del recién jurado alcalde  Gustavo Sánchez.

A las 8:40 de la mañana se escuchan sonidos de una patrulla desde la rampa que lleva al subterráneo del edificio municipal. Veinte policías que cuidan esa entrada se movilizan y comienzan a empujar a manifestantes y periodistas por igual. Vuelve el forcejeo y los gritos: “¡Suéltame!” “¡No me toques!” “¡Asesinos!” “¡Cómplices!”

Mientras algunas personas caen al piso, manifestantes y policías, de la rampa emerge a toda velocidad una patrulla-camioneta sin vidrios. Un manifestante se para frente a ella y la obliga a detenerse. “¡Se los están llevando!” “¡No dejen que se los lleven!” “¡Póngase enfrente!” Pero hay demasiados policías y por un momento logran despejar suficiente espacio para que pase la camioneta y ésta arranca a toda velocidad y se va.

A las 9:08 de la mañana Abril Rodríguez tiene una llamada con Carmen Aristegui, en la cual relata parte de lo sucedido para el programa en directo. Sobre las personas sometidas y arrestadas: “Casualmente los eligieron bien —dice—, porque son aquellas personas que forman parte de la mesa de trabajo con el palacio municipal”.

Ahora mismo, gracias a la presión ciudadana y los rápidos amparos de los abogados, están saliendo los 12 manifestantes que se llevaron a la comandancia. Los manifestantes fueron privados de su libertad por 10 horas. Da la casualidad que Gustavo Sánchez acaba de terminar de dar un discurso transmitido por radio FM, en donde apenas y menciona los eventos de hoy.

Comentario:

1) Las doce personas que hoy han perdido y recuperado su libertad han sido los primeros presos políticos de este movimiento. Pero no queremos mártires, queremos justicia y libertad.

2) A pesar de los comentarios de Gustavo Sánchez la tarde de ayer, en donde observaba que el Ayuntamiento sigue apostando por el diálogo, hasta el momento no hemos tenido ningún contacto o invitación a reanudarlo.

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

Especialistas de Red Solidaria Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

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A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

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Fuente: tlachinollan.org

 

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