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Justicia pendiente

Lunes negro: “El error de Gustavo” y el fracaso de la política

Cronología de la represión policial en los plantones de protesta en el centro de gobierno de Mexicali, capital de Baja California

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MEXICALI, Baja California.-El día lunes 13 de febrero alrededor de las 6 de la mañana, en protesta por la falta de compromiso político e incongruencia de valores por parte del alcalde de la ciudad, Gustavo Sánchez (PAN), miembros de los Campamentos Ciudadanos de Mexicali comenzaron a ocupar parte de las entradas del Ayuntamiento.

Los manifestantes, acampados desde hace un mes en el Centro Cívico del Estado, habían comunicado dichas intenciones desde el viernes 10 de febrero, al salir de su quinta mesa de diálogo con el Cabildo de Mexicali y el alcalde Gustavo Sánchez. La intención de volver a bloquear la Casa Municipal se debió a una percibida falta de cooperación de parte de la Institución, ya que en 5 mesas de diálogo, cada una de 4 a 5 horas de duración, el alcalde aún no completaba, por escrito, ninguno de los puntos en el pliego petitorio original.

Para tal efecto, los ciudadanos manifestantes convocaron a una toma simbólica de la Casa Municipal el domingo 12 de febrero, que serviría para reforzar al bloqueo real programado para el día lunes 13.
Horas antes del mitin del 12 de febrero, alrededor de las 11 de la mañana, dos camiones escolares llenos de efectivos policiales y dos unidades k9 entraron al estacionamiento subterráneo de la Casa Municipal. También hubo un despliegue de al menos 20 unidades policiales (patrullas, pick-ups y camionetas sin ventanas), incluida una unidad de inteligencia con cámara, una ambulancia y un camión de bomberos, los cuales se posicionaron sobre la Calle Mar Adriático, casi esquina con Ave. De los Pioneros.

De 6 a 7 de la mañana del lunes 13 de febrero hubo tres transmisiones en vivo por Internet vía Facebook-Live, todas hechas por miembros de los campamentos, y la relación con los agentes de policía que guardaban el perímetro era, como en ocasiones similares, cordial. En éste espacio de tiempo, el subsecretario del Ayuntamiento salió personalmente a tomarle fotos a los rostros de las mujeres que resguardaban la puerta principal del edificio, frente a la plaza ubicada sobre la Ave. Independencia; la mayoría de ellas profesoras jubiladas.

Alrededor de las 7 de la mañana del mismo día, trabajadores del Ayuntamiento empezaron a ocupar la esquina de la Calle Mar Adriático y Ave. De los Pioneros. Al mismo tiempo, parte de los manifestantes se ubicaron alrededor de las vallas metálicas que la policía había colocado el día anterior. A partir de esta hora, los medios de comunicación locales, tanto tradicionales como independientes, comenzaron a transmitir en vivo.

Entre 7:00 y 7:30 de la mañana los manifestantes corearon consignas reivindicando nociones de justicia y democracia, y exponían a otros manifestantes, así como a trabajadores del Ayuntamiento, las razones por las cuales se consideraba necesario cerrar las oficinas municipales. En resumidas cuentas: una falta de administración de justicia por parte del xxii Ayuntamiento de Mexicali.

En medio de una clase universitaria de ciencias sociales frente a los escalones de la Casa Municipal, y mientras se leía en voz alta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), decenas de pisadas marchando se escucharon por encima de la voz del alumno que leía y, desde el edificio municipal, fueron saliendo cerca de 50 agentes policiales —sumándose al medio centenar ya desplegado— e hicieron una formación militar de tres filas mirando al este de la plaza, misma que habían hecho el día anterior con el perímetro de vallas.

Inmediatamente después de esta formación, una figura resaltaba entre los policías uniformados, la cual sería clave para el desarrollo de los eventos. Era un hombre de pasados 40 años, moreno, de complexión media, no muy alto, con corte de pelo militar, a ras, lentes de sol, un traje de dos piezas café, tenis blancos desgastados y un celular que revisaba constantemente. Se movía con completa soltura dentro de la plaza, su caminar siendo una mezcla entre militar retirado y figura de acción.

Cuando salieron marchando los policías, algunos manifestantes se alarmaron y les pidieron a gritos que no hicieran nada, que sus hijos los verían, que el país y el futuro los juzgaría. El que esto escribe se acercó a dos policías mujeres que cuidaban uno de los perímetros y les preguntó su opinión sobre “Mexicali Resiste, a lo cual ambas respondieron que estaban “del lado del movimiento”, pero que su trabajo no les permitía estar “del otro lado” de la valla y se disculparon por limitarse a ser “sólo” policías.

Cerca de las 8 de la mañana comienza a formarse un cuello de botella en la parte más cercana a la banqueta de Ave. De los Pioneros, cuya parte central estaba ocupada por manifestantes. Hasta aquí, la policía había mantenido su distancia de los manifestantes, sin embargo, sin previo aviso ni consenso, agentes de la policía municipal comenzaron a quitar parte de la valla diseñada para proteger al edificio y salieron a presionar a los manifestantes.

Al mismo tiempo, un hombre de entre 50 y 60 años de apariencia burócrata/empresarial, a quienes algunos medios han identificado como José Pablo Angulo, subsecretario de Ayuntamiento, se abre paso por cuello de botella a gritos y empujones. Su enojo y desesperación es ajena a la calma del resto de trabajadores del Ayuntamiento, quienes siguen observando las acciones desde el otro lado de la calle. El hombre encara a José Fierro en un encendido debate frente a los medios. Los manifestantes gritan y repiten: “¡No violencia!” El hombre de apariencia burócrata cada vez grita más fuerte, pero los manifestantes lo superan en coro y en número, lo cual lo hace rabiar.

Para las 8:05 de la mañana los policías están muy cerca de los manifestantes sin que éstos los hayan percibido —ya que los manifestantes ven hacia “fuera” de la plaza, mientras los policías van “saliendo” de la plaza—, hasta que el sujeto de aspecto militar, con un par de movimientos, hace que cerca de 30 policías municipales intenten formar dos líneas rectas con dirección a la avenida, con la intensión de formar un pasillo de aproximados dos metros de ancho que separe y divide a la masa de manifestantes que, segundos antes, controlaba el centro del espacio. Así, una vez controlado el espacio afuera de la valla, los policías comienzan a reprimir.

Durante los primeros minutos de la represión, las fuerzas policiales someten a cinco manifestantes por medio de la fuerza, dos de ellos mujeres. Los manifestantes forcejean con los policías para no ser presa de los explosivos ataques que el hombre de figura militar ejecuta: rompe filas por detrás de los policías para sorprender a objetivos fijos (esto es, a manifestantes específicos) que forcejean ya sea para proteger a alguien o por su propia seguridad. El hombre de apariencia militar intenta sus propios sometimientos, de tal forma que entra y sale de las discordias, pero si él no logra someter a una persona en pocos segundos, el resto de policías ya saben por quién deben ir.

Cuando un grupo de policías levanta a un par de manifestantes que ya tenían sometidos en el piso, un reportero de Canal 3 Televisa intenta acompañar a uno de los detenidos hasta el edificio municipal. Al percatarse de esto, un oficial vestido de civil y dos uniformados lo interceptan antes de que pueda entrar al edificio con el detenido. El reportero se sienta en el suelo inmediatamente y logra no ser aprehendido, pero lo sacan en ese mismo instante de la plaza, ahora vacía, que controla la policía.

En medio de la represión, varios manifestantes, tanto hombres como mujeres, jóvenes y gente mayor, son golpeados, pateados, sometidos con uso excesivo de la fuerza (como varios videos y fotografías comprueban), así como aprehendidos sin justo motivo.

Minutos después, en medio de un caos que se interrumpe y avanza por secciones, un vocero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos decide entrar al edificio del Ayuntamiento, mientras manifestantes, hombres y mujeres, le gritan con voz desesperada: “¡Queremos ver a nuestros compañeros!” “¡Sáquenlos!” “¿¡Por qué se los están llevando!?” Al hombre de la CEDH lo acompañan dos mujeres uniformadas con los mismos colores del organismo.

Cerca de las 8:15 de la mañana hay confusión en ambos bandos. Los manifestantes se mueven de un lado a otro, como péndulos afuera de un perímetro vallado, pero los rostros de los policías también muestran desfiguros: es obvio que no están entrenados para estos choques, no saben cómo enfrentar a grandes cantidades de gente: rompen formaciones, usan fuerza excesiva, golpean a las costillas, dan patadas, sujetan a manifestantes pero no tienen forma de hacerlos mover uno-contra-uno, por lo cual se unen tres, cuatro o cinco y entre todos tratan de levantar al siguiente desafortunado. Los policías sudan, también gritan, bufan, miran hacia ambos lados, están confundidos.

Finalmente logran formar el pasillo completo hacia la calle. Los manifestantes responden formando un perímetro justo fuera de las barreras humanas de los policías y vuelven a intentar bloquear el acceso. La mayoría de los manifestantes en la cadena humana son mujeres, señoras de alrededor 50 años.

Al otro lado de la calle, observando la confusión y el ruido, empleados del municipio parecen esperar a que todo se resuelva por sí solo. Disimuladamente, agentes ministeriales con pantalón kahki y camisa azul marino, también observan, armados con pistola al cinto y esposas colgando bajo la camisa.

Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali

Pasadas las 8:20 de la mañana y para estos momentos la policía se ha llevado a 9 manifestantes más. Los nombres de los 12 miembros de los Campamentos Ciudadanos son: Arturo Ramírez, Francisco Javier Pérez, Benjamín Zavala Méndez, Filiberto Sánchez Gurrola, Jorge Hugo Bravo, Jorge Benítez López, Ignacio Gastélum Ruiz, Santa Cecilia Hernández Osorio, Mario Sotelo Rodríguez, María Guadalupe Mora Quiñonez, Verónica Jiménez Orta, Jorge Hugo Brambila Valdés, José Guadalupe Montoya, Luis Miguel Ocampo.

El licenciado Salinas toma un megáfono y afirma alzando la voz que se ha violentado la Constitución, específicamente los artículos 1 y 9. Lo repite una y otra vez y en algún momento también él se ve envuelto en un forcejeo con dos policías. José Fierro y León Fierro también toman el megáfono y tratan de evidenciar aún más los maltratos de la policía y del Ayuntamiento, las provocaciones de los personajes que ya no están en la escena, los arrestos predeterminados de miembros de Mesas de Diálogo y, detrás de todo esto, la administración del recién jurado alcalde  Gustavo Sánchez.

A las 8:40 de la mañana se escuchan sonidos de una patrulla desde la rampa que lleva al subterráneo del edificio municipal. Veinte policías que cuidan esa entrada se movilizan y comienzan a empujar a manifestantes y periodistas por igual. Vuelve el forcejeo y los gritos: “¡Suéltame!” “¡No me toques!” “¡Asesinos!” “¡Cómplices!”

Mientras algunas personas caen al piso, manifestantes y policías, de la rampa emerge a toda velocidad una patrulla-camioneta sin vidrios. Un manifestante se para frente a ella y la obliga a detenerse. “¡Se los están llevando!” “¡No dejen que se los lleven!” “¡Póngase enfrente!” Pero hay demasiados policías y por un momento logran despejar suficiente espacio para que pase la camioneta y ésta arranca a toda velocidad y se va.

A las 9:08 de la mañana Abril Rodríguez tiene una llamada con Carmen Aristegui, en la cual relata parte de lo sucedido para el programa en directo. Sobre las personas sometidas y arrestadas: “Casualmente los eligieron bien —dice—, porque son aquellas personas que forman parte de la mesa de trabajo con el palacio municipal”.

Ahora mismo, gracias a la presión ciudadana y los rápidos amparos de los abogados, están saliendo los 12 manifestantes que se llevaron a la comandancia. Los manifestantes fueron privados de su libertad por 10 horas. Da la casualidad que Gustavo Sánchez acaba de terminar de dar un discurso transmitido por radio FM, en donde apenas y menciona los eventos de hoy.

Comentario:

1) Las doce personas que hoy han perdido y recuperado su libertad han sido los primeros presos políticos de este movimiento. Pero no queremos mártires, queremos justicia y libertad.

2) A pesar de los comentarios de Gustavo Sánchez la tarde de ayer, en donde observaba que el Ayuntamiento sigue apostando por el diálogo, hasta el momento no hemos tenido ningún contacto o invitación a reanudarlo.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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