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Europa

Lucha ideológica entre eurodiputados y presidente de México pone al margen situación de periodistas

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Por Guadalupe Lizárraga

A través de comunicación en redes, periodistas europeos advirtieron a sus homólogos mexicanos que diputados de derecha y extrema derecha del Parlamento europeo están aprovechando la resolución sobre la violencia contra periodistas en México, para estancarse en una lucha ideológica contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al margen de la defensa de la libertad de expresión.

La Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas y defensores de los derechos humanos en México (2022/2580(RSP) es una iniciativa de distintas ideologías políticas, emanada de un trabajo legislativo conjunto, señalan, y hay firmantes de izquierda, socialdemócratas, los verdes alemanes (de izquierda), los populares europeos (de la derecha moderada), y hay también de la extrema derecha, “pero es una amalgama de los distintos grupos parlamentarios”.

Sin embargo, la extrema derecha ha utilizado la situación de violencia que viven los periodistas para hacer cuestionamientos ideológicos al gobierno de López Obrador, en tanto éste responde en el mismo nivel ideológico y encono, acusándolos de corrupción e injerencia y negando la represión y el ambiente de censura y hostilidad contra los periodistas mexicanos, pese a los 53 asesinatos perpetrados durante los tres años que lleva de su mandato.

Para los periodistas europeos, “lo relevante es que por primera vez la mirada internacional se asoma a la realidad de los periodistas mexicanos, y lo que no está bien es la reacción del presidente de México, ni que los diputados de derecha y ultraderecha aprovechen esta situación, metan sus garras al problema, intenten contaminarlo, y enfrentar al gobierno mexicano con una lucha absolutamente ideológica y populista”.

Respecto al video que circula viralmente en México sobre algunos eurodiputados conservadores cuestionando al presidente López Obrador, advierten que se debe tener cuidado con la manipulación informativa. “Detrás está lo peor: la ultraderecha más dañina para nuestras democracias. El que sale al final es Tertsch, un eurodiputado de Vox, un fascista reconocido, xenófobo, homófobo, que no cree en la propia Unión Europea de la que gana mucho dinero, y están haciendo mucho daño a la convivencia de nuestro país, anhelan el franquismo”.

La referencia es a Herman Tertsch, español, vicepresidente del grupo de los conservadores y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, quien en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania escribió en sus redes que los ucranianos eran “refugiados de verdad, refugiados cristianos y blancos”.

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas y los defensores
de los derechos humanos en México

Después de una serie de considerandos en los que se enfatiza el ambiente de hostilidad y vulnerabilidad para el ejercicio de la libertad de expresión, el Parlamento europeo:

    1. Condena las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, incluidos defensores del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas; pide a las autoridades que investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial y, en el caso de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, de conformidad con el protocolo aprobado para la investigación de los delitos contra la libertad de expresión;
    2. Transmite su más profunda solidaridad y empatía, así como su más sentido pésame, a todas las víctimas de los atentados terroristas y a sus familias; reitera su preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad al que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y los periodistas y manifiesta su solidaridad para con ellos;
    3. Subraya que la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana; pide a las autoridades mexicanas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos en consonancia con las normas internacionales establecidas, entre otras formas, abordando a escala estatal y federal el problema de la corrupción generalizada, la formación y los recursos inadecuados, la complicidad de algunos funcionarios y los sistemas judiciales deficientes, lo que da lugar a unas tasas tan elevadas de impunidad;
    4. Observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en particular; reitera que la labor periodística solo puede llevarse a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales u otros actos de intimidación y acoso, y pide a las autoridades mexicanas que defiendan y salvaguarden las normas más estrictas en materia de protección de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de elección;5. Pide a las autoridades, y en particular a las más altas instancias, que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, exacerbar el ambiente contra ellos o distorsionar sus líneas de investigación; pide a dichas autoridades que destaquen públicamente el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en las sociedades democráticas;

      6. Insta al Gobierno de México a que adopte medidas concretas, rápidas y eficaces para reforzar las instituciones nacionales, estatales y locales y a que aplique un conjunto de estrategias urgentes, exhaustivas y coherentes de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas con el fin de garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones, en consonancia con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; recomienda que México integre una perspectiva de género al abordar la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos;

      7. Insta al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que cumpla su promesa de aumentar su financiación y sus recursos y a que establezca unos procesos más rápidos para incluir a los defensores y periodistas entre sus beneficiarios, al objeto de salvar vidas y garantizar la seguridad de las personas amenazadas, incluida la concesión de medidas de seguridad a sus familias, colegas y abogados; subraya que las políticas de protección pública deben implicar efectivamente a los organismos e instituciones gubernamentales de cada Estado y al nivel local;

      8. Anima al Gobierno mexicano a que adopte medidas para reforzar las instituciones del Estado y consolidar el Estado de Derecho con el fin de abordar algunos de los problemas estructurales que subyacen a las violaciones de los derechos humanos, y pide que las organizaciones civiles que trabajan en el ámbito de los derechos humanos participen en este proceso; acoge con satisfacción la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con el objetivo de buscar fosas comunes en todo el país y tomar medidas para determinar y publicar el número real de personas que han desaparecido;

      9. Pide al Gobierno mexicano que coopere plenamente con los órganos de las Naciones Unidas y que extienda una invitación permanente de visita a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que coopere con ellos de manera proactiva;

      10. Acoge con satisfacción la reciente visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a México y el reconocimiento por parte del Gobierno de la jurisdicción del Comité para examinar casos referentes a México, permitiendo que las familias de las víctimas presenten casos ante el Comité una vez hayan agotado los recursos legales a escala nacional;

      11. Pide a todos los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Delegación de la Unión Europea en México que planteen las preocupaciones en materia de derechos humanos a sus homólogos mexicanos y que confieran a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos un lugar destacado en los diálogos UE-México; insta a la Delegación de la Unión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, con el fin de prestar todo el apoyo adecuado a la labor de los defensores de los derechos humanos y los periodistas;

      12. Subraya la relevancia de México como socio estratégico; recuerda la importancia de una relación sólida y profunda entre la Unión Europea y México y reafirma su compromiso de fomentar las relaciones a través del Acuerdo Global UE-México modernizado, que refuerza aún más las disposiciones en materia de derechos humanos y permite a la Unión y a México debatir una serie de cuestiones, como los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral;

      13. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al presidente, al Gobierno y al Congreso de México.

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Europa

Finlandia aprueba formalmente unirse a la OTAN

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En espera de que respondan Turquía y Hungría

HELSINKI (AP) — El presidente finlandés Sauli Niinistö selló formalmente el jueves la histórica oferta del país nórdico para unirse a la OTAN al promulgar las enmiendas legales nacionales requeridas para ser miembro de la alianza militar occidental.

La medida del presidente significa que Finlandia ha completado las medidas nacionales necesarias para unirse a la OTAN, y ahora solo está esperando la aprobación de Turquía y Hungría, los únicos dos de los 30 miembros existentes de la alianza que no han ratificado su candidatura.

El jueves en Turquía, un comité parlamentario aprobó la solicitud de Finlandia para la OTAN, informó la agencia estatal Anadolu, acercando a Helsinki un paso más a unirse a la alianza.

La solicitud de Finlandia podría ser ratificada por la asamblea turca en pleno, donde el partido de Erdogan y sus aliados tienen mayoría, a partir de la próxima semana. Turquía tiene elecciones presidenciales y parlamentarias el 14 de mayo, y se espera la ratificación antes de eso.

La admisión de nuevos países requiere la aprobación unánime de los miembros de la alianza, y Ankara y Budapest aún no han dado luz verde.

Después de demoras de varios meses, se espera que el Parlamento húngaro finalmente apruebe la adhesión de Finlandia el 27 de marzo.

La legislatura finlandesa de 200 escaños respaldó la candidatura con una abrumadora mayoría de 184-7 el 1 de marzo.

Finlandia y Suecia solicitaron convertirse en miembros de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, abandonando décadas de no alineación.

La frontera de Finlandia con Rusia tiene un total de 1.340 kilómetros (832 millas).

Finlandia y Suecia, que son socios cercanos cultural, económica y políticamente, presentaron sus ofertas juntas y planeaban ingresar a la alianza al mismo tiempo. Sin embargo, la adhesión de Suecia se ha estancado debido a la oposición de Turquía. El miércoles, los legisladores suecos votaron abrumadoramente a favor de que Suecia se uniera a la OTAN, firmando la membresía del país junto con la legislación requerida.

***

Fuente: The Associated Press: Suzan Frazer en Ankara y Jan M. Olsen en Copenhague, contribuyeron a este despacho.

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Europa

Expresidente Dmitry Medvedev afirma que Rusia podría bombardear la Corte Penal Internacional

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La Unión Europa condena amenazas de Rusia y respalda la universalidad del Estatuto de Roma

La Corte Penal Internacional ha expresado su preocupación por los comentarios del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien este lunes dijo: “Es muy posible imaginar que un misil hipersónico sea lanzado por un buque ruso desde el mar del Norte contra la sede de la [Corte Penal Internacional] en La Haya”.

Medvedev agregó que cualquier intento de la Corte Penal Internacional de arrestar al presidente Vladimir Putin por cargos de crímenes de guerra equivaldría a una declaración de guerra. Rusia, Estados Unidos y Ucrania no han ratificado el Estatuto de Roma que estableció ese tribunal internacional.

Este jueves, la Unión Europea manifestó su rechazo a las amenazas de Rusia, luego que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, amenazara con lanzar un misil contra la Corte Penal Internacional (CPI), por la orden de arresto decretada contra el mandatario ruso, Vladimir Putin.

También deploró las medidas anunciadas por Rusia contra el Fiscal y los Jueces de la CPI involucrados en la emisión de órdenes de arresto contra representantes rusos, y reiteró su compromiso con la defensa de la Corte «de cualquier injerencia externa destinada a obstruir el curso de la justicia y socavar el sistema internacional de justicia penal».

La Unión Europea continuará abogando por la universalidad del Estatuto de Roma e invitará a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren unirse a la Corte Penal Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves.

En 2002, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó un proyecto de ley bipartidista conocido como Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que autorizaba a Estados Unidos a llevar a cabo una acción militar para liberar a cualquier miembro del personal de servicio estadounidense que fuera detenido a pedido de la Corte Penal Internacional.

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Europa

Claves de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin

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Putin CPI

Moscú no reconoce orden de arresto del tribunal contra el presidente ruso y su comisaria de infancia, pero la decisión de la Corte envía una señal

Por Peter Beaumont /Kiev (Ucrania)

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, y a la comisaria para la infancia, Maria Lvova-Belova, del traslado y la deportación ilegal de niños ucranianos. Esto significa que ya existe una orden de detención internacional contra Putin, en un reflejo de la rapidez con la que la comunidad jurídica internacional ha investigado las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión rusa de Ucrania.

Se trata de los primeros casos abiertos por la CPI desde que sus fiscales iniciaron una investigación sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Ucrania.

¿En qué consiste la orden de detención de la CPI contra Putin?

El tribunal ha dictado órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria rusa para los Derechos de la Infancia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, en relación con la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia, donde muchos han sido adoptados por familias rusas.

La deportación forzosa de poblaciones está reconocida como delito en el Estatuto de Roma, tratado por el que se creó el tribunal. Rusia fue signataria del Estatuto de Roma, pero se retiró en 2016, alegando que no reconocía la jurisdicción del tribunal.

Aunque Ucrania no es signataria del tribunal de La Haya, concedió a la CPI jurisdicción para investigar crímenes de guerra cometidos en su territorio. Cuatro visitas del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en el último año han llevado a la decisión de que “hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual” por las sustracciones de niños.

¿Qué significa eso en la práctica?

Dado que Rusia no reconoce el tribunal y no extradita a sus ciudadanos, es muy poco probable que Putin o Lvova-Belova se sometan pronto a la jurisdicción del tribunal.

Pero la emisión de la orden sigue siendo un momento muy significativo por varias razones. Envía una señal a los altos cargos rusos –militares y civiles– que pueden ser objeto de enjuiciamiento ahora o en el futuro y limitaría aún más su capacidad de viajar al extranjero, incluso para asistir a foros internacionales.

¿Gozan de inmunidad los jefes de Estado?

Aunque la CPI no reconoce inmunidad a los jefes de Estado en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, en un importante precedente, Sudáfrica se negó a ejecutar una orden de la CPI para la detención del dictador sudanés Omar al-Bashir durante una visita en 2015.

Pretoria, la capital de Sudáfrica, argumentó que no veía “ninguna obligación, en virtud del derecho internacional y del Estatuto de Roma, de detener a un jefe de Estado en ejercicio de una parte no estatal [de la CPI] como Omar al-Bashir”, y varios otros países que visitó también se negaron a detenerlo.

La detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998, gracias a una orden internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón ilustra las dificultades que entrañan estas cuestiones de inmunidad. Pinochet alegó inmunidad como ex jefe de Estado –una alegación rechazada por los tribunales británicos– pero, en última instancia, el ministro británico del Interior, Jack Straw, permitió que Pinochet regresara a su país por motivos de salud.

Caso Milosevic, ejemplo para Rusia

Aunque ahora Putin parece seguro en su cargo y a salvo de la extradición, un futuro líder del Kremlin puede decidir que es políticamente más conveniente enviarle a La Haya que protegerle.

Un buen ejemplo es Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia, acusado de una serie de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en plena guerra de Kosovo en 1999.

En 2001, en medio de una pugna entre figuras clave de la oposición en Serbia tras la caída de Milosevic del poder, el primer ministro, Zoran Djindjic, hizo caso omiso de una sentencia judicial que prohibía la extradición y ordenó el traslado de Milosevic a La Haya, afirmando: “Cualquier otra solución que no fuera la cooperación [con La Haya] llevaría al país al desastre”.

La detención de Milosevic –que precedió a su traslado– se produjo tras las presiones ejercidas sobre el gobierno yugoslavo para que detuviera al expresidente o se arriesgara a perder importantes ayudas económicas estadounidenses y préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Otras órdenes de detención

Los jueces han añadido que el fiscal podría presentar nuevas acusaciones contra Putin, ampliando así las órdenes de detención. Human Rights Watch describió la decisión de dictar una orden de detención contra Putin como una “llamada de atención a otros que cometen abusos o los encubren”. “Con estas órdenes de detención, la CPI ha convertido a Putin en un hombre buscado y ha dado su primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores de la guerra de Rusia contra Ucrania durante demasiado tiempo”, ha dicho Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de la ONG.

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Fuente: eldiaro.es

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