Lucha contra la impunidad en México, desde la ciudadanía activa

Firmas para pedir a la ONU la creación de la comisión de justicia en México. Foto: Frente Refundación
Firmas para pedir a la ONU la creación de la comisión de justicia en México. Foto: Frente Refundación

Carlos Figueroa Ibarra*

Los acontecimientos políticos en Guatemala durante 2015, provocados por las revelaciones que hiciera la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han tenido repercusiones insospechadas. El pueblo de Guatemala, especialmente los sectores urbanos, dio una imagen de combatividad y conciencia política que acaso no corresponda exactamente a la realidad. No obstante, el hecho cierto es que la develación de la organización criminal encabezada desde la presidencia del país, ocasionó una indignación contra la corrupción que ha resultado positiva para la salud política en éste.

En México un amplio sector de la sociedad civil ha comenzado una lucha para que la ONU instale una Comisión Internacional por la Justicia y la Verdad en México (CIJUVEM). Los promotores de esta iniciativa, la organización Frente Refundación, ha recolectado hasta el 27 de julio de 2016, aproximadamente 50 mil firmas en las 32 entidades federativas del país, solicitando al máximo organismo internacional la instalación de dicha comisión para investigar los crímenes y actos de corrupción que el gobierno mexicano se niega a esclarecer y penalizar.

Dicen los firmantes de dicha petición que “Con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma, tenemos derecho a presionar para que esto suceda y lo estamos haciendo por medio de una carta dirigida al Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU. Como precedente cercano tenemos la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG)”.

El fundamento que anima tal solicitud es que el “Estado mexicano se encuentra infiltrado por un grupo de corruptos y asesinos. Ello explica el actual clima de impunidad, poca operación de la seguridad pública e impartición de justicia así como la sistemática violación de derechos humanos y la falta de democracia en el país. Por eso, un grupo cada vez más grande de mexicanos nos hemos organizado pacíficamente dentro y fuera del país para pasar de la protesta a la propuesta y de ahí a la acción”.

El movimiento por la CIJUVEM se ha extendido de México hacia los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos de América y Canadá. El contexto de la petición es el que crearon la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los más de 154 mil ejecutados extrajudicialmente y las más de 26 mil desapariciones forzadas en los últimos años. A esto se suma la conciencia creciente de la enorme corrupción en el seno del Estado que fue evidenciada con el escándalo de la lujosa residencia que había adquirido la pareja presidencial. Esta residencia les había sido cedida por uno los empresarios beneficiados por contratos otorgados por Peña Nieto a lo largo de un buen tiempo.

Hoy en medio de la impunidad, el presidente ha pedido perdón por este hecho, pero al mismo tiempo se ha propiciado una ofensiva judicial contra Carmen Aristegui, la periodista que abanderó un equipo de reporteros para develar la existencia de la mansión.

Lo deseable es que un Estado administre justicia de manera soberana. Pero cuando esto no sucede, la ciudadanía desconfía plenamente de dicho Estado y busca alternativas. Esto es lo que acontece en México.

*Profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Secretario de Defensa de los Derechos Humanos del Partido Morena.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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