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Con voz propia

Los síndromes de la Seguridad pública

Una serie de síndromes han afectado a la Seguridad pública en México extinguiendo la eficiencia y capacidad que requiere hoy la ciudadanía

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”
Ortega y Gasset

Cuando el pasado 13 de febrero del año en curso, circularon en redes sociales las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, donde el funcionario en comento criticó a los veracruzanos por quejarse por la inseguridad y exigir al actual mandatario de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez del partido MORENA más seguridad, cuando “nunca la habido en la entidad”, hizo que el funcionario fuera noticia no por su labor, sino por lo soez de sus frases.

Dichas palabras (que posteriormente fueron desmentidas por el funcionario), muestran la punta del iceberg en materia de seguridad, donde los funcionarios no cumplen las funciones por las cuales devengan un sueldo, con los resultados por todos conocidos, al grado de que una gran parte del país es un cementerio clandestino, y la delincuencia un asunto no ya de seguridad pública, sino de seguridad nacional.

El funcionario en cuestión, según medios nacionales, dejó una cuenta pendiente en Nuevo León, donde se le ligó a una banda de extorsionadores, motivo por el cual fue destituido de su cargo en noviembre del 2016 del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, junto con un fiscal y 28 policías de la corporación.

El reciclar cartuchos quemados, es un mal que se ha anquilosado en la administración pública y más en materia de seguridad, donde una serie de males o complejos (más detallados en un libro de próxima aparición) aquejan a los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos. Algunos de estos síndromes o complejos se sintetizan a continuación:

El síndrome de Petrorio

De acuerdo al diccionario, pretorio (en latín, praetorium) fue el nombre dado al cuartel general del ejército romano, ello debido a que el praetorium era la tienda o edificio del comandante de una fortificación romana.

A pesar de estar hablando de un imperio que hace siglos dejó de existir, su legado pervive en el mundo occidental, de tal manera que, en caso mexicano teníamos un grupo llamado “Guardias presidenciales”, que se encargaba de custodiar al presidente en turno y a su familia, incluso cuando ya no estaban en funciones, lo que ha hecho que una serie de servidores públicos traten de emular al “César en turno”, un mal que el actual mandatario, López Obrador está tratando de erradicar, bajo el argumento de “quien nada debe, nada teme”, pese a las críticas de algunos ex presidentes.

El Cesarismo policiaco

Como término, surgió en el siglo XIX y varios autores lo enlazan con el bonapartismo, pero Antonio Gramsci consideró que éste último era el cesarismo aburguesado, el cual, aplicado en materia de seguridad, se refiere a aquellos mandos policiacos que se sienten emperadores, y que el Estado o demarcación de la cual son los responsables, sea considerado por ellos y su séquito como su feudo o reino.

En este contexto, la seguridad pública no escapa a las políticas públicas del César en turno (llámese gobernador o Presidente), ya que él es quien impone al titular de Seguridad Pública, quien se encargará de jure en seguir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el rubro de seguridad y justicia.

El síndrome de Procusto

Tomado de la mitología griega por el personaje Procusto quien, de acuerdo a la leyenda, era un posadero de las afueras de Atenas, quien con engaños llevaba a viajeros incautos a su morada, donde al momento de brindarles posada los acostaba en un lecho, el cual estaba más corto de lo normal y, por ende, les cortaba las extremidades a los infelices con tal de que no sobresalieran del lecho.

Por lo tanto, el término es utilizado hoy en día para designar a las personas que pretenden acomodar los hechos o las situaciones a sus propios parámetros, aunque también para señalar a las personas que no les gustan que los demás sobresalgan.

Este síndrome queda muy ad hoc con aquellos mandos policiacos que les gustan rodearse de mediocres y gente de baja ralea, con el único objeto de que no lo superen en sapiencia, ya que el “jefe es él” y como dice la conseja militar “El mando no se equivoca y cuando lo hace, vuelve a mandar”.

Estos sujetos jamás van a aceptar que sus acciones son erróneas y siempre buscaran el aplauso y la aprobación pública y denostarán a todo aquel que piense o cuestione lo más nimio de su proceder, bajo el rancio argumento de que son víctimas de vendettas políticas.

Como dijo en su momento el finado Ramón Durón Ruiz, el “Filosofo de Güémez”: “¡El que sabe, sabe! Y el que no, ¡pues es el jefe!

Al respecto, cabe señalar que los estándares los pone el mando en turno, quien huelga a decir “no se equivoca”, y cualquier elemento que ose levantar la cabeza, se la cortan (metafóricamente), tal como Procusto lo hacía con las extremidades de los que caían en su morada.

El no sobresalir ni mucho menos contradecir al mando, ha hecho que estudiosos como Robert Greene coloque como regla número uno, la que reza; “No le haga sombra a su amo” (Robert Greene, Las 48 leyes del Poder, Atlántida, Buenos Aires 1999) al decir que “Hay amos terriblemente inseguros. Y basta con ser encantador (o decir lo que se piensa) y desenvuelto para hacerles sombra”.

Bajo la premisa de que “las instituciones son como las naves,  que deben de ser bien ideadas y tripuladas” (Karl R. Popper, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, Paidós 1992), vemos que en México (utilizando la analogía citada), pese haber buenas naves, se siguen escogiendo a pésimos capitanes, tal como ocurrió en Morelos, donde el entonces titular de Seguridad Pública, el tijuanense Alberto Capella Ibarra prometió combatir el crimen, dejando una cuenta pendiente en el estado, donde los índices de criminalidad se dispararon y pese a ello, fue nombrado titular en la materia en el estado de Quintana Roo.

Alberto Capella, quien gracias a su proselitismo en contra de la inseguridad, cobró notoriedad pública en el 2006, al ser el rostro visible del hartazgo ciudadano de una de las ciudades más castigadas por el fenómeno del narcotráfico (y quien fue elegido como titular de Seguridad Pública en los periodos 2007-2009 y 2010-2013), dejó la entidad con un alto índice de homicidios, situación que replicó en Morelos bajo el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), donde su estrategia de combate al crimen fue cuestionada por activistas, quienes incluso solicitaron en la plataforma Change.Org el cese del funcionario.

El caso de Capella Ibarra es sintomático, ya que resultó un buen activista, pero un pésimo Secretario de Seguridad Pública, quien sigue aprendiendo a costa del erario, lo cual es un claro ejemplo del “Principio de incompetencia”.

El principio de Peter,  o de incompetencia

Los casos mencionados son una muestra de lo que el psicólogo organizacional, Laurence J. Peter definió como “Principio de Peter” o “Principio de incompetencia”, el cual afirma que ”las personas que realizan bien su trabajo son promovidas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia”, lo cual queda más que evidenciado en los ejemplos citados.

Suena hasta irrisorio que se sigan viejas prácticas al nombrar a los titulares encargados de velar por la seguridad de los gobernados, dejando que un puesto de vital importancia, caiga en manos de gente incapaz y de dudosa honorabilidad, lo que demuestra que los tan mentados exámenes de control de confianza, sólo se aplican a la tropa y no a los mandos por más corruptos e incompetentes que sean.

La simulación de “lo ciudadano”

No hay que olvidar que desde que la seguridad pública se politizó, el poseer un cargo en este campo garantiza una carrera en el ámbito político, lo que es un aliciente para que gente honesta -y no la de siempre-, realice un buen trabajo sin opacidad y bajo el escrutinio ciudadano real, no bajo el amparo de esas organizaciones que bajo el sello de “ciudadanas”, apoyan a sus incondicionales y dictan las líneas a seguir en materia de seguridad, como lo hacen las asociaciones como Causa Común, AC, de María Elena Moreira Mitre (vinculada en su momento con Genaro García Luna) e Isabel Miranda de Wallace, con Alto al Secuestro,  cuya rapacidad quedó documentada en el excelente libro de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace.

Es importante detectar a tiempo a esos “defensores de los Derechos Humanos” y de sus “causas ciudadanas”, que sólo utilizan las movilizaciones para promover su imagen y utilizar el mote de ciudadanos, para lucrar o extorsionar en perjuicio de la población que dicen defender, tal como ha quedado demostrado en los casos antes señalados.

En espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realice en realidad un golpe de timón y ponga a trabajar a su titular en Seguridad pública, Alfonso Durazo, para que las prácticas señaladas y sus síndromes sean erradicadas por completo de la gestión pública, marcando un parteaguas en la materia. 

@borgestom

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Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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