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Con voz propia

Los síndromes de la Seguridad pública

Una serie de síndromes han afectado a la Seguridad pública en México extinguiendo la eficiencia y capacidad que requiere hoy la ciudadanía

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”
Ortega y Gasset

Cuando el pasado 13 de febrero del año en curso, circularon en redes sociales las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, donde el funcionario en comento criticó a los veracruzanos por quejarse por la inseguridad y exigir al actual mandatario de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez del partido MORENA más seguridad, cuando “nunca la habido en la entidad”, hizo que el funcionario fuera noticia no por su labor, sino por lo soez de sus frases.

Dichas palabras (que posteriormente fueron desmentidas por el funcionario), muestran la punta del iceberg en materia de seguridad, donde los funcionarios no cumplen las funciones por las cuales devengan un sueldo, con los resultados por todos conocidos, al grado de que una gran parte del país es un cementerio clandestino, y la delincuencia un asunto no ya de seguridad pública, sino de seguridad nacional.

El funcionario en cuestión, según medios nacionales, dejó una cuenta pendiente en Nuevo León, donde se le ligó a una banda de extorsionadores, motivo por el cual fue destituido de su cargo en noviembre del 2016 del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, junto con un fiscal y 28 policías de la corporación.

El reciclar cartuchos quemados, es un mal que se ha anquilosado en la administración pública y más en materia de seguridad, donde una serie de males o complejos (más detallados en un libro de próxima aparición) aquejan a los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos. Algunos de estos síndromes o complejos se sintetizan a continuación:

El síndrome de Petrorio

De acuerdo al diccionario, pretorio (en latín, praetorium) fue el nombre dado al cuartel general del ejército romano, ello debido a que el praetorium era la tienda o edificio del comandante de una fortificación romana.

A pesar de estar hablando de un imperio que hace siglos dejó de existir, su legado pervive en el mundo occidental, de tal manera que, en caso mexicano teníamos un grupo llamado “Guardias presidenciales”, que se encargaba de custodiar al presidente en turno y a su familia, incluso cuando ya no estaban en funciones, lo que ha hecho que una serie de servidores públicos traten de emular al “César en turno”, un mal que el actual mandatario, López Obrador está tratando de erradicar, bajo el argumento de “quien nada debe, nada teme”, pese a las críticas de algunos ex presidentes.

El Cesarismo policiaco

Como término, surgió en el siglo XIX y varios autores lo enlazan con el bonapartismo, pero Antonio Gramsci consideró que éste último era el cesarismo aburguesado, el cual, aplicado en materia de seguridad, se refiere a aquellos mandos policiacos que se sienten emperadores, y que el Estado o demarcación de la cual son los responsables, sea considerado por ellos y su séquito como su feudo o reino.

En este contexto, la seguridad pública no escapa a las políticas públicas del César en turno (llámese gobernador o Presidente), ya que él es quien impone al titular de Seguridad Pública, quien se encargará de jure en seguir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el rubro de seguridad y justicia.

El síndrome de Procusto

Tomado de la mitología griega por el personaje Procusto quien, de acuerdo a la leyenda, era un posadero de las afueras de Atenas, quien con engaños llevaba a viajeros incautos a su morada, donde al momento de brindarles posada los acostaba en un lecho, el cual estaba más corto de lo normal y, por ende, les cortaba las extremidades a los infelices con tal de que no sobresalieran del lecho.

Por lo tanto, el término es utilizado hoy en día para designar a las personas que pretenden acomodar los hechos o las situaciones a sus propios parámetros, aunque también para señalar a las personas que no les gustan que los demás sobresalgan.

Este síndrome queda muy ad hoc con aquellos mandos policiacos que les gustan rodearse de mediocres y gente de baja ralea, con el único objeto de que no lo superen en sapiencia, ya que el “jefe es él” y como dice la conseja militar “El mando no se equivoca y cuando lo hace, vuelve a mandar”.

Estos sujetos jamás van a aceptar que sus acciones son erróneas y siempre buscaran el aplauso y la aprobación pública y denostarán a todo aquel que piense o cuestione lo más nimio de su proceder, bajo el rancio argumento de que son víctimas de vendettas políticas.

Como dijo en su momento el finado Ramón Durón Ruiz, el “Filosofo de Güémez”: “¡El que sabe, sabe! Y el que no, ¡pues es el jefe!

Al respecto, cabe señalar que los estándares los pone el mando en turno, quien huelga a decir “no se equivoca”, y cualquier elemento que ose levantar la cabeza, se la cortan (metafóricamente), tal como Procusto lo hacía con las extremidades de los que caían en su morada.

El no sobresalir ni mucho menos contradecir al mando, ha hecho que estudiosos como Robert Greene coloque como regla número uno, la que reza; “No le haga sombra a su amo” (Robert Greene, Las 48 leyes del Poder, Atlántida, Buenos Aires 1999) al decir que “Hay amos terriblemente inseguros. Y basta con ser encantador (o decir lo que se piensa) y desenvuelto para hacerles sombra”.

Bajo la premisa de que “las instituciones son como las naves,  que deben de ser bien ideadas y tripuladas” (Karl R. Popper, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, Paidós 1992), vemos que en México (utilizando la analogía citada), pese haber buenas naves, se siguen escogiendo a pésimos capitanes, tal como ocurrió en Morelos, donde el entonces titular de Seguridad Pública, el tijuanense Alberto Capella Ibarra prometió combatir el crimen, dejando una cuenta pendiente en el estado, donde los índices de criminalidad se dispararon y pese a ello, fue nombrado titular en la materia en el estado de Quintana Roo.

Alberto Capella, quien gracias a su proselitismo en contra de la inseguridad, cobró notoriedad pública en el 2006, al ser el rostro visible del hartazgo ciudadano de una de las ciudades más castigadas por el fenómeno del narcotráfico (y quien fue elegido como titular de Seguridad Pública en los periodos 2007-2009 y 2010-2013), dejó la entidad con un alto índice de homicidios, situación que replicó en Morelos bajo el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), donde su estrategia de combate al crimen fue cuestionada por activistas, quienes incluso solicitaron en la plataforma Change.Org el cese del funcionario.

El caso de Capella Ibarra es sintomático, ya que resultó un buen activista, pero un pésimo Secretario de Seguridad Pública, quien sigue aprendiendo a costa del erario, lo cual es un claro ejemplo del “Principio de incompetencia”.

El principio de Peter,  o de incompetencia

Los casos mencionados son una muestra de lo que el psicólogo organizacional, Laurence J. Peter definió como “Principio de Peter” o “Principio de incompetencia”, el cual afirma que ”las personas que realizan bien su trabajo son promovidas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia”, lo cual queda más que evidenciado en los ejemplos citados.

Suena hasta irrisorio que se sigan viejas prácticas al nombrar a los titulares encargados de velar por la seguridad de los gobernados, dejando que un puesto de vital importancia, caiga en manos de gente incapaz y de dudosa honorabilidad, lo que demuestra que los tan mentados exámenes de control de confianza, sólo se aplican a la tropa y no a los mandos por más corruptos e incompetentes que sean.

La simulación de “lo ciudadano”

No hay que olvidar que desde que la seguridad pública se politizó, el poseer un cargo en este campo garantiza una carrera en el ámbito político, lo que es un aliciente para que gente honesta -y no la de siempre-, realice un buen trabajo sin opacidad y bajo el escrutinio ciudadano real, no bajo el amparo de esas organizaciones que bajo el sello de “ciudadanas”, apoyan a sus incondicionales y dictan las líneas a seguir en materia de seguridad, como lo hacen las asociaciones como Causa Común, AC, de María Elena Moreira Mitre (vinculada en su momento con Genaro García Luna) e Isabel Miranda de Wallace, con Alto al Secuestro,  cuya rapacidad quedó documentada en el excelente libro de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace.

Es importante detectar a tiempo a esos “defensores de los Derechos Humanos” y de sus “causas ciudadanas”, que sólo utilizan las movilizaciones para promover su imagen y utilizar el mote de ciudadanos, para lucrar o extorsionar en perjuicio de la población que dicen defender, tal como ha quedado demostrado en los casos antes señalados.

En espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realice en realidad un golpe de timón y ponga a trabajar a su titular en Seguridad pública, Alfonso Durazo, para que las prácticas señaladas y sus síndromes sean erradicadas por completo de la gestión pública, marcando un parteaguas en la materia. 

@borgestom

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Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Con voz propia

De lords y ladies en las redes sociales, ¿clasismo o burla?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Pareciera que en México no existen en lo absoluto fenómenos de otras latitudes como la discriminación, sea por origen étnico, diferencias de clase social, creencias religiosas o por ideas políticas, entre otras. No obstante, la realidad se ha encargado de plantearnos todo lo contrario. Y es importante considerar a este respecto esa especie de clasismo que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, con los denominados lords y ladies.

Las conductas socialmente reprobables de estas fugaces “celebridades” se nos dan a conocer a través de videos, memes y demás, que podemos encontrar en las diversas redes sociales existentes, a manera de denuncia preponderantemente al principio, y acaso de forma burlona en la actualidad.

Recordemos que todo inició en 2011 cuando Azalia Ojeda, exparticipante de la primera edición de Big Brother México en 2002, y otra mujer de alto nivel económico fueron captadas por el usuario de un smartphone cuando agredieron a oficiales de la policía durante un operativo del alcoholímetro en la zona exclusiva de Polanco; ocurriendo más exactamente el incidente en plena avenida Mazaryk, considerada por muchos como el equivalente a Rodeo Drive, Fifth Avenue o Les Champs Elysées en Ciudad de México. El video se viralizó en Twitter en cuestión de minutos, surgiendo de esta manera el trending tropic “Ladies de Polanco”. Exponerlas como mujeres adineradas actuando violentamente y sin respeto alguno para con los demás que no forman parte de su clase social era el objetivo.

Y en efecto, en un principio los lords y ladies sí pertenecían a la clase media-alta y alta, distinguiéndose por ser personajes prepotentes con personas de estatus inferior, comportándose de manera abusiva, que se saltan las normas o que buscan ser atendidos de inmediato, haciendo a un lado a los que estaban delante de ellos, ofendiendo con el “eres un naco, un indio, un muerto de hambre”, etcétera.

No obstante, también es necesario destacar que últimamente en las redes sociales se nos presentan a estos seres con una llamativa particularidad, y es que no son precisamente de alto nivel económico. Pero, paradójicamente, proceden como si fuesen lords o ladies, conduciéndose sobre todo de manera prepotente y haciendo alarde de un estatus que no tienen, caricaturizándose de tal modo que obligan el reír.

Esta gran paradoja resulta interesante porque indicaría que personas de clase baja y media-baja, gracias a poseer un teléfono celular de gama media y acceso a internet, pueden poner en evidencia la violencia física o verbal de alguien de su misma clase social sólo por el hecho de tener a la mano un teléfono móvil. Y no por exhibir a un rico malvado haciendo cosas horribles a los pobres.

Por ende, pareciera que en sentido estricto el aludir a los lords o ladies no es un asunto de orden clasista como podría pensarse, pues este fenómeno social ha evolucionado de una manera peculiar. Ahora, reitero, no necesariamente se requiere ser de clase alta y conducirse con desprecio hacia personas ajenas a su estatus social para adquirir el título de lord o lady. Más bien parece una pugna de todos contra todos, donde la violencia genera violencia, pero también carcajadas y éstas son válidas y esperadas.

Y aunque hay momentos en que el señalamiento toma forma de una legítima denuncia, en otros sólo adquiere relieves de sarcasmo o burla. Y al final el asunto puesto a la luz de la opinión pública difícilmente pasa por las manos de las autoridades respectivas, cuando hay un delito que perseguir; o lamentablemente termina en el inconsciente colectivo como un hecho normal y cuyo objetivo sólo era hacernos reír. 

 

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Con voz propia

Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador

Ramses Ancira

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Historias para A(r)mar la Historia

Por Ramsés Ancira

México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión, por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.

Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.

Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Patricia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil; pero que se arrepintió de ultimo momento porque su madre, una mujer castradora llamada Isabel Miranda de Wallace se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.

Un cuerpo que fue demandado en 2006, por un asunto inmobiliario cuando se supone, que había desaparecido el año anterior.

La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y debió ser vista por un ministerio público federal.

El viernes nueve de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se reparara el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años continuos.

Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura.

Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Khoury Layón.

Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo como el director de la escuela de derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el Estado de Guerrero y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal.

Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.

El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio no le dejaron defenderse por sí mismo.

El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.

El abogado solo cumplió con su deber, el problema es que si el argumento se da por válido demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro, fue previamente una secuestradora.

Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.

En otro frente, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.

El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, que esperaban que Morena fuera diferente, pero al igual que los demás postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.

También esta el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él. La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18 por ciento, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila, quienes terminaron su gestión con la deuda histórica más alta, este es el caso de Ciudad Acuña en donde se quedan a deber 201 millones 400 mil pesos.

En contraste el Municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de Cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN.

No son los únicos, Judas hay en todos lados, pero son los que han destacado últimamente después de que la titular de Notimex, Sanjuana Martínez, usando los recursos del Estado, sólo le diera voz de manera reiterada a la victimaria del falso caso Wallace en perjuicio de las verdaderas víctimas.

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