Connect with us

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Los hombres de Peña Nieto

Los hombres que han estado al de Enrique Peña Nieto y que lo han ayudado a hacer su carrera política con los recursos del estado

Avatar

Published

on

[royalslider id=”40″]

Composición: El blog de la Izquierda

Por Guadalupe Lizárraga

MEXICO, DF.- Enrique Peña Nieto, destacó por la opulencia y el derroche en la campaña electoral. Junto a él, sus hombres de confianza, compadres, amigos íntimos, operadores políticos y los hijos de éstos, llegaron a mover sus cartas incluso en Europa, principalmente en París, donde los favoreció la prensa manipulada con espacios dedicados expresamente al PRI para convencer de que su retorno no sería una dictadura y que prometía «reglamentar el caso Cassez».

Con el mote que antes fuera del denostado ex presidente Carlos Salinas de Gortari, «El jefe de jefes», el hijo de Gerardo Ruiz Esparza, se refiere así a Peña Nieto, en su perfil de Facebook y muestra imágenes de la vuelta que ha dado al mundo, que no lo podría hacer con el sueldo de su padre (poco más de 15 mil dlls. mensuales) trabajando de burócrata en un partido político. El padre de este joven acostumbrado a ver el erario como propio, Gerardo Ruiz Esparza es parte del grupo político del tío de Peña Nieto, el ex gobernador Alfredo del Mazo González, y se desempeñó como secretario técnico durante ese sexenio de gobierno.

Desde 1970, Ruiz Esparza ha ocupado diferentes cargos en las administraciones del PRI estatales y federales, lo que le ha permitido estar siempre en una posición privilegiada del poder. Gerardo Ruiz Esparza, en el PRI y la llamada «burocracia de oro» ha amasado una fortuna, desde los inicios de su carrera. Sin embargo, no es hasta con Arturo Montiel Rojas, en la gubernatura (1999 – 2005), y después consolidado con Enrique Peña Nieto (2005 – 2011), cuando logra sus mayores retribuciones económicas como titular de la Secretaría de Comunicación del Estado de México.

Las licitaciones supuestamente públicas y las concesiones en México son privilegios otorgados a discreción del titular de la secretaría y del propio gobernador. Y Ruiz Esparza no fue la excepción en la regla que los convierte en receptores de importantes compensaciones.

Uno de los hombres privilegiados por Peña Nieto, en este sentido, es Juan Armando Hinojosa Cantú. El enlace fue directamente el ex gobernador Arturo Montiel, y desde el año 2000, Hinojosa incrementó considerablemente su fortuna, el mismo año que empezó a dar donativos al PRI por medio algunas de sus empresas. Entre éstas, según la información difundida en la red, se encuentra Grupo Higa; Aerotaxis Eolo; Constructora Teya- IGSA; Publicidad y Artículos Creativos; Autopistas de Vanguardia, S.A. de CV; Mezcla Asfáltica de Calidad; Señales y Mantenimiento, SA de CV, y Consorcio IGSA Medical del Perú.

Las licitaciones, como de las que salió privilegiado Juan Armando Hinojosa, no fueron complejas operaciones. Los amigos de Peña reciben los datos de la licitación con antelación a la fecha límite publicada en la Gaceta del Gobierno, Diario oficial del Gobierno del Estado de México. En el caso de Hinojosa, por ejemplo, de acuerdo a la información que se puede rastrear en los concursos de licitación, él mismo ha llegado a inscribir en un solo concurso tres empresas con prestanombres y cualquiera que gane, el contrato es suyo.

El monto y la importancia del contrato juegan un papel clave en la avaricia de los amigos de Peña Nieto. Pero no falta que entre su círculo privilegiado puedan incluso turnarse para obtener contratos “a modo” y repartir las comisiones con los funcionarios de gobierno, según corresponda el nivel de participación. Si los contratos no son de relevancia para la ambición del empresario, se lo dan a otras empresas de menor tamaño y sólo les piden un porcentaje de la ganancia, y los propietarios de estas empresas son en su mayoría amigos de Juan Armando Hinojosa como José Luis Tinoco Gutiérrez, Juvenal Meléndez Arriaga, Ramón Salgado Vega, Raúl Alamo Naidar, y Carlos Acra, entre los más cercanos.

Por medio de la empresa Eolo, que tiene su base en el aeropuerto de la ciudad de Toluca, se han comprado jets y helicópteros pagados con los recursos obtenidos de los contratos de estas empresas con el Estado de México. Quien dirige esta empresa es el hijo de Hinojosa, quien lleva su mismo nombre: Juan Armando Hinojosa, y quien dirigió la logística de traslados de campaña de Enrique Peña Nieto.

A Peña Nieto y a Hinojosa Cantú los une además de la amistad, un compadrazgo. La mansión del municipio de Valle de Bravo, propiedad de Hinojosa, es un recinto de descanso para Peña Nieto, donde suele pasar sus vacaciones, según los lugareños que se refieren a la mansión «como la más cara de Valle» porque prácticamente es del tamaño de un cerro.

La relación entre estos funcionarios y empresarios va más allá de los meros negocios. Sus hijos los han llegado a emparentar, además de la complicidad en el reparto de privilegios desde poder público. Es el mismo caso de Juan Armando Hinojosa García (hijo) quien se unió en matrimonio con Rosa Herrera (hija de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz). Ello fue aprovechado por el empresario para realizar alianzas y negocios en el estado de Veracruz también, aunque después, según informaciones confidenciales, se divorciarían por asuntos de violencia doméstica contra la hija del ex gobernador.

David López Cárdenas, hijo del vocero de Peña Nieto

Otro de los hijos de los hombres clave de Enrique Peña Nieto es David López Cárdenas, quien jugó en esta elección para candidato a diputado local por el distrito 35 del Estado de México. Se trata de quien era encargado del despacho de Ana Lilia Herrera, presidenta municipal de Metepec, cuando ésta pidió licencia para buscar una curul en el Senado.

López Cárdenas es hijo de quien ha fungido como Coordinador de Comunicación Social de Peña Nieto (1982-1986, 1994-1995, 2005-2011) y ahora fue su vocero de campaña, presidencial, David López Gutiérrez. Él es el responsable de la imagen de Peña Nieto en la televisión mexicana.

Su hijo es uno de los mejores amigos de Juan Armando Hinojosa García (hijo del amigo y compadre de Peña Nieto). Esta amistad, siguiendo con la tradición de sus padres, la sellan con negocios en el marco del estado y con sus donativos al PRI estatal.

Alejandro Ozuna, su operador político

La impunidad de su operador político

Alejandro Ozuna Rivero ha sido la mano derecha de Enrique Peña Nieto en el manejo político de las gestiones del Estado. Una secretaría que le ha permitido mover a las masas de los pueblos y manipular la imagen de la pobreza, la de Desarrollo Social donde fue el titular hasta octubre de 2010. Fue presidente municipal de Toluca y tuvo una larga trayectoria en la burocracia del partido Revolucionario Institucional.

Es padre de José y Juan Ozuna, integrantes y líderes juveniles del PRI del Estdo de México y amigos íntimos de Gerardo Ruiz Dosal (hijo de Ruiz Esparza. Ozuna Rivero, no obstante, viene con otros bríos, su cercanía con Enrique Peña Nieto y con el grupo Atlacomulco le dan el poder de tomar decisiones y de conducirse con impunidad.

Hasta 2014, Alejandro Ozuna Rivero cumpliría una sanción impuesta en 2003 por el Gobierno Federal, debido a irregularidades en su desempeño como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México. El entonces gobernador Enrique Peña Nieto lo contrató como de secretario de Desarrollo Social. Y según un expediente de la Secretaría de la Función Pública, la inhabilitación se debió a la falta de vigilancia de los programas de la dependencia, a la liberación irregular de recursos y a violaciones a las disposiciones normativas en la aplicación del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva Viva.

La Función Pública dijo que en el 2005, Ozuna tendría tres inhabilitaciones, dos de ellas por un año, y otra por 10 años, asentadas en el expediente PA.0027. 2002. El 5 de diciembre del 2003, fue notificada la inhabilitación por 10 años porque realizó una liberación indebida de recursos para el Ayuntamiento de Ecatepec, del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva.

Sanciones económicas, suspensiones e inhabilitación para trabajar como funcionario público, se agregan a su récord como funcionario, luego de señalamientos referentes a su desempeño como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México.

Continue Reading
8 Comments

8 Comments

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

Published

on

  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Continue Reading

Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

Avatar

Published

on

  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

Continue Reading

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

Continue Reading

Trending