Integrantes de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad y otros defensores de derechos, artistas y colectivos por los derechos indígenas hicieron un pronunciamiento público para exigir un alto al acoso y amenazas contra la cantante Susana Harp.

Según información de medios locales, la senadora por MORENA en Oaxaca estaría en peligro de muerte tras haber «tocado intereses del narcotráfico» al buscar ser la candidata a la gubernatura del estado.

De acuerdo con la información, esta decisión de la senadora Harp ha generado problemas dentro del su partido y en las esferas de la narcopolítica en México. Por lo que los derecho-humanistas piden además se investigue quiénes son los autores de estas amenazas y se actúe conforme a derecho.

El pronunciamiento de los defensores de derechos humanos en favor de senadora morenista la distinguen por su solidaridad y compromiso con las causas de los más necesitados.

 PRONUNCIAMIENTO

Las organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos observamos con gran preocupación el acoso, las amenazas y los ataques de que es víctima actualmente la cantante Susana Harp, quién se ha distinguido por su hermandad, solidaridad y permanente compromiso con la defensa de los derechos humanos.

En respuesta a estas agresiones, acoso y amenazas que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de la cantante Susana Harp,

Exigimos:

1.- Un alto total al acoso y amenazas de la que es víctima

2.- Se investigue de manera transparente y expedita, quienes son los autores intelectuales y materiales de estos hechos.

3.- Se les procese conforme a derecho

Rechazamos que se le trasgreda a quien siempre ha estado comprometida con la defensa de los derechos humanos.

Atentamente:

Fray Julián Cruzalta Aguirre, Obtilia Eugenio Manuel, Lic. Ernesto Rodríguez Cabrera, Pastor Dan González Ortega, Ericka Zamora Pardo, Pastor Hugo Gallardo Duarte, Deeni Rodríguez López, Teóloga Teresa López Olvera, Efrén Cortes Chávez,  Dramaturgo Humberto Robles, Ie Tze Rodríguez López, Blanca Vera Mendoza Ramírez, Lic. Armando Vanegas Martínez, María Soledad Hernández Mena

Comunidad Teológica de México, Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Unidad por Coyomeapan, Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodista y Defensores de Derechos Humanos, Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.

Ciudad de México a 19 de enero de 2022

Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

El sábado 8 de enero a las 5 de la mañana, internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 CPS, de Michoacán, secuestraron al director general del penal Jorge Isaac Neri García, a la directora jurídica Angélica María Ramírez y a un oficial, del que nos reservamos su identidad por su seguridad, dentro de los dormitorios Eco-9 y Delta-9.

El oficial fue el primero en ser retenido contra su voluntad y herido con un arma punzocortante en una pierna, por los internos Demetrio de la Luz Rosales, José Luis Burgos Salazar, Jesús Rafael López Evangelista y Ramsés Alejandro Lugo, quienes se ostentan como líderes de las pandillas dentro del Cefereso.

El director general y la directora jurídica, cuando llegaron a ver la situación, también fueron retenidos de la misma forma. El entrevistado señaló que la Guardia Nacional estuvo en las puertas del Cefereso en espera de la instrucción para entrar a poner orden. Pero los internos que retenían a las autoridades dijeron que si entraban los militares iban a matar primero al oficial, y seguirían con los otros servidores públicos.

Los internos se han organizado en pandillas dentro de los dormitorios mencionados y afirman responder a las órdenes de César Iván Casarín Molina, alias El Tornado, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diferentes oficiales de seguridad denunciaron que las pandillas ya superan unos 300 internos siendo mayoría, porque son ocho módulos por dormitorio y los custodios han sido amenazados en varias ocasiones, incluso se enfatizó que es la segunda vez que secuestran a los directores del penal por las mismas órdenes del CJNG.

“Ya no podemos controlarlos, y nos han amenazado con la familia”, dice otro de los oficiales. Según el entrevistado, el motivo del secuestro fue para obligar al director del penal Jorge Isaac Neri a que mueva a todas las pandillas para estar juntas en el patio de población, lo que les permite mantener el control del penal y extorsionar o coaccionar a internos que no pertenezcan a sus grupos.

De acuerdo con la información, las pandillas son patrocinadas por César Iván Casarín Molina, pero también trascendió que el mismo narcotraficante ha dado dinero al director del penal y otras autoridades como el director técnico Librado Carmona García, entre otros. Por lo mismo se mantuvo con discreción la información del atentado del oficial y las retenciones ilegales de los directivos.

Durante todo el sábado estuvieron suspendidas las actividades para la población penitenciaria.