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Justicia pendiente

Los desaparecidos del 11 de enero en Veracruz

Se cumple un año de la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, presuntamente entregados por policías a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Foto: Mónica González / piedepagina.mx

José Ignacio De Alba

Hoy se cumple un año de la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca; también se cumplen cuatro años de la desaparición de 8 policías municipales en Úrsulo Galván.  Las dos historias están ligadas por la fecha, pero también por la impunidad que permea su caso y porque se conoce al responsable: la temible policía estatal de Veracruz.

Hace un año, 5 jóvenes fueron detenidos y luego desaparecidos mientras hacían una parada antes de volver a sus casas en Playa Vicente. La investigación realizada por sus padres reveló lo que durante años ha sido una realidad en ese estado: las desapariciones forzadas cometidas por la policía estatal de Veracruz.                                             

Los 5 muchachos – José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, Susana Tapia, Mario Arturo Orozco Sánchez y Alfredo González Díaz – recorrían en un sedan la carretera La Tinaja-Tierra Blanca después de pasar unos días de descanso en el Puerto de Veracruz. Pararon en un puesto de comida a orilla del camino, donde fueron abordados por policías estatales y desaparecidos.

Todo quedó grabado por una cámara de vigilancia de una tienda colindante con la carretera. El video ayudó a que el caso tuviera repercusión fuera del estado y el impacto en redes sociales obligó a medios nacionales e internacionales a retomarlo. El subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, atendió personalmente a los padres. Pero otros casos no tuvieron la misma suerte.

En un recuento realizado por Pie de Página, se registraron al menos 80 casos en los que la policía estatal estuvo implicada en la desaparición de personas. Las cifras son atroces: el 83 por ciento de los desaparecidos son jóvenes, la mayoría son hombres y la cifra se disparó con el nombramiento de Arturo Bermúdez Zurita como jefe de la policía en Veracruz.

 Arturo Bermúdez, hombre de confianza del ex gobernador Javier Duarte, hoy está vinculado a un proceso penal por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Sin embargo, quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos y en los últimos meses se le ha visto caminando por las calles de Xalapa y en la Rivera Maya. Por los desaparecidos no hay ni un cargo en su contra y de las más de las 90 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante su mandato tampoco hay nada que lo vincule a un proceso.

A 135 kilómetros al norte de Tierra Blanca, está Úrsulo Galván, un pequeño municipio costeño donde hoy, hace 4 años, 8 policías municipales fueron desaparecidos cuando realizaban un rondín. Según testigos, sus atacantes también fueron policías del estado.

Entre los desaparecidos estaban el primer y segundo comandante, Agustín Rivera Bonastre y Juan Carlos Montero Parra; y los policías Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Baite Hernández, Javier Araujo Molina, Guillermo Torres Perdomo, Luis Alberto Valenzuela y Aureliano Sánchez Tonil.

El caso sigue impune, en las investigaciones no hay avances y los familiares de los municipales temen por sus vidas. “Nos sentimos vulnerables, las personas que se llevaron a nuestros familiares siguen libres. El gobierno, derechos humanos nos dejaron solas. Están libres, nosotros siempre hemos asegurado que fue seguridad pública del estado” dice Rosario Sayago, esposa del comandante Montero.

En agosto de 2016, en Colinas de Santa Fe, una zona cercana al Puerto de Veracruz, los integrantes del colectivo Solecito identificaron el cementerio clandestino más grande del estado. Hasta ahora se han localizado más de 160 cuerpos de personas desaparecidas en la región en los últimos años. Las esposas y madres de los policías de Úrsulo Galván participan en la búsqueda, a pesar que cuatro años después no han obtenido pistas sobre sus desaparecidos.

El caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca tuvo un desenlace fatal: los 4 hombres y la mujer de 16 años fueron entregados por la policía veracruzana a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Luego, en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, fueron asesinados, quemados, triturados y enterrados según la hipótesis de la Comisión Nacional de Seguridad.

Por ese caso han sido detenidos 7 policías, entre ellos el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, un operador de Arturo Bermúdez que también era jefe policíaco de la zona de Cardel-La Antigua-Úrsulo Galván cuando desaparecieron los policías municipales.


“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx«.

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Justicia pendiente

FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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