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Con voz propia

Los «dados cargados» de la ilegitimidad del INE

El proceso de integración del Instituto Nacional Electoral (INE) exhibe severos indicios de manipulación para favorecer la presencia de algunos consejeros

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Consejeros aspirantes al INE favorecidos por la manipulación del proceso. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Consejeros aspirantes al INE favorecidos por la manipulación del proceso. Foto: Cuartoscuro/Archivo

¿Técnicos, el comité y la integración del INE?

Francisco Bedolla Cancino*

El inconfesado pero reconocido motivo que impulsó la reforma política que dará origen al Instituto Nacional de Elecciones es la públicamente expuesta y percibida parcialidad del arbitraje electoral de los últimos diez años, que tiene al Estado mexicano al borde de una crisis de legitimidad y cuya mecánica es simple de describir: el descrédito del árbitro, como era previsible, se ha hecho extensivo a los representantes políticos salidos de los comicios por éste organizados. Así de simple y así de contundente.

La causa estructural de la crisis de legitimidad, valga la analogía, es que el árbitro pasó de ser la autoridad indiscutible en el juego electoral a simple empleado de los jugadores. Si algo deja en claro la historia de los últimos diez años, es que los tres partidos políticos de mayor peso han estado instalados en una feroz contienda por incrementar sus cuotas de control sobre el árbitro, medidas a través del número de consejeros que pueden colocar y de votos que pueden controlar en los cruciales acuerdos y resoluciones que se toman en el Consejo General.

Por desgracia para el país y para el interés público, el crecimiento de la competencia política ha surtido el efecto perverso de alimentar la aversión de los jugadores a los riesgos de una competencia justa y libre, que implicaría la aplicación cierta de sanciones ejemplares para quienes incurrieran en actos ventajosos y tramposos.

El tipo de árbitro electoral que los partidos políticos necesitan es uno a modo, que se discipline ciegamente a las directrices que los líderes de los partidos establezcan caso por caso, dependiendo de las coyunturas y las negociaciones que se dan por fuera del tablero electoral. El tipo de consejeros que los partidos necesitan es de personas hábiles, inteligentes e incluso sofisticadas, dispuestas por sistema a poner lo mejor de sus conocimientos o sus expertise para traducir sobre bases argumentales verosímiles, aunque a todas luces falsas, las instrucciones de sus promotores, los partidos, en acuerdos y resoluciones a prueba de balas de “la legalidad” y la crítica pública.

En este preciso contexto viene a cuento la interrogante que sirve de subtítulo a la presente, sobre la tecnicidad que le es reconocible a la lista de los 55 aspirantes y, todavía más, sobre la tecnicidad que le es imputable a la composición de las 11 quintetas propuestas por el llamado Comité Técnico a la Cámara de Diputados.

Al respecto, se impone una aclaración puntual: por tecnicidad en la integración se entiende el grado en el cual el procedimiento se basa en criterios explícitos y definidos ex ante, que definen los perfiles meritocráticos buscados y se valen de procedimientos objetivos para evaluarlos. Lo mismo puede decirse en sentido inverso: tecnicidad es el grado en el cual el procedimiento se aparta de los criterios propiamente políticos de selección: la disciplina y la confianza hacia los líderes políticos.

Por definición, un procedimiento técnico de selección es tal en la medida en que se vuelve ciego frente a los resultados. Si los instrumentos están bien diseñados y la aplicación es rigurosa, no importa en lo concreto qué aspirantes fueron elegidos, sino que se trata de perfiles ajustados a lo que se buscaba. Y también por definición, un procedimiento político de selección es tal en la medida en que privilegia los resultados concretos de la selección por sobre los medios de selección empleados.

Indicios de manipulación del proceso para favorecer a algunos aspirantes

En tal contexto, la lista de los 55 aspirantes y la composición de las 11 quintetas exhibe severos indicios de que, como se ha especulado públicamente, se trató de un juego “con los dados cargados” para forzar la presencia de algunos aspirantes y su colocación estratégica en las quintetas. Los detalles están a la vista. Dos de los cuatro consejeros electorales en funciones, Marcos Baños y Lorenzo Córdova, aparecen en más de una quinteta, lo mismo que E. Jacobo Molina, el actual secretario ejecutivo, lo que viola flagrantemente el principio de la igualdad de oportunidades; cada uno de los cuatro consejeros en funciones aparece por lo menos en una quinteta diferente, lo que barrunta una decisión tendenciosa; dos de las 11 quintetas parecen responder al criterio de composición de género, lo que lleva a la pregunta de por qué dos y no cuatro, cinco, seis o ninguna; y, finalmente, la distribución en las quintetas más apetecidas, las de consejero presidente, nueve, seis y tres años, exhiben todos los indicios de ser expresiones del grado de cercanía a las dirigencias partidarias, que producto de una evaluación técnica de los perfiles de los aspirantes.

Una buena forma de salir al paso de las dudas que el proceso en comento deja es que el llamado Comité Técnico o la Cámara de Diputados hagan del conocimiento público tres cuestiones: primera, los criterios con los que evaluaron los currículos, la “fama pública”, la “profundidad argumental” de los ensayos y la entrevista; segunda, los resultados de todas y cada una de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes; y tercera, los criterios a partir de los cuales procesaron y decidieron la conformación de las quintetas.

Si los dados no estuvieron cargados, como han afirmado alegremente algunos de los aspirantes favorecidos por los resultados, la prueba irrefutable es simple: evidenciar, si se elaboró, como sería lo lógico y lo obligado, el “ranking” de méritos o lista de prelación de los aspirantes, que para efectos de un procedimiento técnico habría sido el instrumento básico para determinar la lista de los 55 ganadores y su distribución en las 11 quintetas.

Ahora bien, si el así llamado Comité Técnico eludió las reglas de experiencia públicamente disponibles en materia de instrumentos y procedimientos de selección por méritos y, a su especial entender, aplicaron los usos y costumbres del “tantiómetro”, puede sin mayores ambages concluirse que los partidos políticos sólo revolcaron impunemente la gata y que lo único creíblemente técnico del comité es que con ese apellido lo bautizaron.

No escapa a la mirada que la atribución de designación de los consejeros corresponde a la Cámara de Diputados, un órgano de naturaleza política, lo que torna legal el uso de criterios y métodos netamente políticos. En tal sentido, aunque es disfuncional para el Estado y la democracia, es legalmente admisible que las fracciones, sin mayor mediación, designen a quienes ellos prefieran. El punto es, parafraseando a Michael Corleone, que uno puede aceptar la verdad por cruda que parezca, pero no que insulten la inteligencia.

*Analista político

@franbedolla

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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