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Con voz propia

Los “dados cargados” de la ilegitimidad del INE

El proceso de integración del Instituto Nacional Electoral (INE) exhibe severos indicios de manipulación para favorecer la presencia de algunos consejeros

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Consejeros aspirantes al INE favorecidos por la manipulación del proceso. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Consejeros aspirantes al INE favorecidos por la manipulación del proceso. Foto: Cuartoscuro/Archivo

¿Técnicos, el comité y la integración del INE?

Francisco Bedolla Cancino*

El inconfesado pero reconocido motivo que impulsó la reforma política que dará origen al Instituto Nacional de Elecciones es la públicamente expuesta y percibida parcialidad del arbitraje electoral de los últimos diez años, que tiene al Estado mexicano al borde de una crisis de legitimidad y cuya mecánica es simple de describir: el descrédito del árbitro, como era previsible, se ha hecho extensivo a los representantes políticos salidos de los comicios por éste organizados. Así de simple y así de contundente.

La causa estructural de la crisis de legitimidad, valga la analogía, es que el árbitro pasó de ser la autoridad indiscutible en el juego electoral a simple empleado de los jugadores. Si algo deja en claro la historia de los últimos diez años, es que los tres partidos políticos de mayor peso han estado instalados en una feroz contienda por incrementar sus cuotas de control sobre el árbitro, medidas a través del número de consejeros que pueden colocar y de votos que pueden controlar en los cruciales acuerdos y resoluciones que se toman en el Consejo General.

Por desgracia para el país y para el interés público, el crecimiento de la competencia política ha surtido el efecto perverso de alimentar la aversión de los jugadores a los riesgos de una competencia justa y libre, que implicaría la aplicación cierta de sanciones ejemplares para quienes incurrieran en actos ventajosos y tramposos.

El tipo de árbitro electoral que los partidos políticos necesitan es uno a modo, que se discipline ciegamente a las directrices que los líderes de los partidos establezcan caso por caso, dependiendo de las coyunturas y las negociaciones que se dan por fuera del tablero electoral. El tipo de consejeros que los partidos necesitan es de personas hábiles, inteligentes e incluso sofisticadas, dispuestas por sistema a poner lo mejor de sus conocimientos o sus expertise para traducir sobre bases argumentales verosímiles, aunque a todas luces falsas, las instrucciones de sus promotores, los partidos, en acuerdos y resoluciones a prueba de balas de “la legalidad” y la crítica pública.

En este preciso contexto viene a cuento la interrogante que sirve de subtítulo a la presente, sobre la tecnicidad que le es reconocible a la lista de los 55 aspirantes y, todavía más, sobre la tecnicidad que le es imputable a la composición de las 11 quintetas propuestas por el llamado Comité Técnico a la Cámara de Diputados.

Al respecto, se impone una aclaración puntual: por tecnicidad en la integración se entiende el grado en el cual el procedimiento se basa en criterios explícitos y definidos ex ante, que definen los perfiles meritocráticos buscados y se valen de procedimientos objetivos para evaluarlos. Lo mismo puede decirse en sentido inverso: tecnicidad es el grado en el cual el procedimiento se aparta de los criterios propiamente políticos de selección: la disciplina y la confianza hacia los líderes políticos.

Por definición, un procedimiento técnico de selección es tal en la medida en que se vuelve ciego frente a los resultados. Si los instrumentos están bien diseñados y la aplicación es rigurosa, no importa en lo concreto qué aspirantes fueron elegidos, sino que se trata de perfiles ajustados a lo que se buscaba. Y también por definición, un procedimiento político de selección es tal en la medida en que privilegia los resultados concretos de la selección por sobre los medios de selección empleados.

Indicios de manipulación del proceso para favorecer a algunos aspirantes

En tal contexto, la lista de los 55 aspirantes y la composición de las 11 quintetas exhibe severos indicios de que, como se ha especulado públicamente, se trató de un juego “con los dados cargados” para forzar la presencia de algunos aspirantes y su colocación estratégica en las quintetas. Los detalles están a la vista. Dos de los cuatro consejeros electorales en funciones, Marcos Baños y Lorenzo Córdova, aparecen en más de una quinteta, lo mismo que E. Jacobo Molina, el actual secretario ejecutivo, lo que viola flagrantemente el principio de la igualdad de oportunidades; cada uno de los cuatro consejeros en funciones aparece por lo menos en una quinteta diferente, lo que barrunta una decisión tendenciosa; dos de las 11 quintetas parecen responder al criterio de composición de género, lo que lleva a la pregunta de por qué dos y no cuatro, cinco, seis o ninguna; y, finalmente, la distribución en las quintetas más apetecidas, las de consejero presidente, nueve, seis y tres años, exhiben todos los indicios de ser expresiones del grado de cercanía a las dirigencias partidarias, que producto de una evaluación técnica de los perfiles de los aspirantes.

Una buena forma de salir al paso de las dudas que el proceso en comento deja es que el llamado Comité Técnico o la Cámara de Diputados hagan del conocimiento público tres cuestiones: primera, los criterios con los que evaluaron los currículos, la “fama pública”, la “profundidad argumental” de los ensayos y la entrevista; segunda, los resultados de todas y cada una de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes; y tercera, los criterios a partir de los cuales procesaron y decidieron la conformación de las quintetas.

Si los dados no estuvieron cargados, como han afirmado alegremente algunos de los aspirantes favorecidos por los resultados, la prueba irrefutable es simple: evidenciar, si se elaboró, como sería lo lógico y lo obligado, el “ranking” de méritos o lista de prelación de los aspirantes, que para efectos de un procedimiento técnico habría sido el instrumento básico para determinar la lista de los 55 ganadores y su distribución en las 11 quintetas.

Ahora bien, si el así llamado Comité Técnico eludió las reglas de experiencia públicamente disponibles en materia de instrumentos y procedimientos de selección por méritos y, a su especial entender, aplicaron los usos y costumbres del “tantiómetro”, puede sin mayores ambages concluirse que los partidos políticos sólo revolcaron impunemente la gata y que lo único creíblemente técnico del comité es que con ese apellido lo bautizaron.

No escapa a la mirada que la atribución de designación de los consejeros corresponde a la Cámara de Diputados, un órgano de naturaleza política, lo que torna legal el uso de criterios y métodos netamente políticos. En tal sentido, aunque es disfuncional para el Estado y la democracia, es legalmente admisible que las fracciones, sin mayor mediación, designen a quienes ellos prefieran. El punto es, parafraseando a Michael Corleone, que uno puede aceptar la verdad por cruda que parezca, pero no que insulten la inteligencia.

*Analista político

@franbedolla

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Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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