SEGUNDA PARTE: La fiscalía intentaba simular los vínculos con el narcotráfico a imputados

Por Guadalupe Lizárraga

“Me amenazaron de encarcelar a mi hijo, por eso acepté el juicio abreviado. Mis abogados, los primeros que tenía, se reunieron en un hotel en la Ciudad de México con los agentes del Ministerio Público, de la FEADLE. Con ellos me mandaron decir:

‘Sabemos que el profe es inocente y puede salir, pero no podemos permitir que salga, y díganle que ni le busque, porque podemos afectar a su familia; que si no agarra el abreviado vamos a culpar a su hijo de secuestro’.

Si aceptaba, ellos iban a encargarse de que pasara en prisión sólo tres o cuatro años.

Yo me iba a ir a juicio, pero me presentaron la carpeta de investigación que le abrieron a mi hijo, y pues yo no podía dejar que lo perjudicaran, así que agarré la responsabilidad de esta situación…”.

Es la voz de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en la pequeña celda de bloque y varilla, del penal de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde lleva tres años compurgados, de una sentencia de ocho, por la supuesta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación a los que se refiere es Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez M., ambos adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México. Los mismos responsables de la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach desde enero de 2018, a partir de que la autoridad federal atrajo el caso a su jurisdicción.

Sobre la agente Santoyo Cuervo pesan ya dos acusaciones de torturas relacionadas con el caso de Breach Velducea: la del sentenciado Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry, detenido el 25 de diciembre de 2017, y la de Édgar Salazar Gaxiola, después de su detención arbitraria el 22 de enero de 2019. La agente del Ministerio Público quería que Salazar Gaxiola señalara al expresidente municipal de Chínipas, Schultz Alcaraz de tener una relación con su padre, Crispín Salazar Zamorano, a quien la fiscalía le atribuye el liderazgo del grupo Los Salazar.

Santoyo Cuervo ya había sido denunciada, en diciembre de 2019, por Los Ángeles Press ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina por la tortura a Édgar Salazar, fabricado como testigo protegido Apolo, a quien la fiscalía le pagó 25 mil pesos mensuales durante un año. El acuerdo, bajo coacción, era que acusars también a su padre, Salazar Zamorano, de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista.

Para entonces, Santoyo Cuervo no lograba probar los supuestos vínculos del expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz, con el narcotráfico. La hipótesis era más difícil de sostener porque asumía vínculos con dos grupos antagónicos: La Línea y Los Salazar, según lo que Miroslava Breach había escrito en 2016, en su columna Don Mirone y en el diario La Jornada.

La primera tortura

El Larry fue el primer torturado, tras su detención, el 25 de diciembre de 2017. Los responsables fueron los policías federales Ramiro Obregón García, Antonio Andrés Barcelata y Óscar Silva Mendoza, así como el oficial Cristián Camacho Llaguno, adscritos a la Dirección General de Supervisión y Vigilancia de Operaciones Encubiertas, de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal Preventiva.

Lo detuvieron y lo golpearon frente a su esposa y sus dos hijos menores. Así lo explica Moreno Ochoa a pregunta expresa de esta periodista sobre los responsables de su tortura: «fue la SIEDO». “Pero mi lic. me dijo que mi tortura no pegaba—agrega—porque no me hicieron decir nada de lo que me preguntaron”. Reitera el detenido que él siempre le dijo a su abogado: “tengo las huellas bien marcadas, pero me tiraron al león; no me hicieron caso. A mi familia la torturaron sicológicamente; a mis niños. Estaban chiquitos, están traumados todavía”.

Moreno Ochoa dijo a Los Ángeles Press que no había documentos de registro: “No creo que haya nada de papeles; nomás donde dicen que me caí de un hotel de dos pisos. De mi detención no entregaron nada. Y no nomás traigo fracturado el brazo y el talón del pie izquierdo; fueron chingadazos en la espalda y el pecho. Si hubiera sido por esa caída del hotel me hubiera matado, se me hubiera quebrado la cabeza; traería rotas otras partes del cuerpo, pero nomás traigo las huellas donde me golpearon”.

El abogado defensor de Moreno Ochoa, Jesús Enrique Valencia Díaz, el 7 de junio de 2018 señaló a la agente Santoyo Cuervo que su defendido había sido torturado:

Vengo a dar a conocer a usted que, al momento de entrevistarme con mi representado, previo a la audiencia de formulación de imputación, me hizo saber que después de su detención fue golpeado por los agentes de policía que lo detuvieron para que confesara que pertenecía a la delincuencia organizada y que había participado en la muerte de la ahora víctima. Pero, dado que no les confesó nada, le quebraron la clavícula izquierda, el brazo izquierdo y el tobillo izquierdo, golpeándolo con el tubo de fierro con el que tumban las puertas en sus operativos, por lo que también resultó lesionado de su columna vertebral…

El documento del abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz, defensor de Moreno Ochoa, informa que se requiere de una cirugía urgente por el dolor constante que sufría el detenido y ofrece pruebas periciales médicas.

El perito médico legista José Ángel Salayandia Méndez, con cédula 153214-a-VIII, certificó el mismo día, 25 de diciembre de 2017, a las 11:20 horas, el estado físico de Moreno Ochoa, de 43 años. Dio cuenta de los hematomas y las fracturas de clavícula, de la cabeza del húmero izquierdo y del hueso calcáneo de su pie izquierdo. La petición del examen médico, tras la detención, la hizo el coordinador regional de la Policía Única de la Fiscalía General de Justicia del estado, después de que lo entregaron los policías federales. Poco tiempo después, el médico fue despedido, sin justificación, de la Secretaría de Salud, donde había prestado sus servicios durante quince años.

La intervención de la FEADLE

Los policías federales querían la confesión de El Larry. Querían que se dijera socio del narcotráfico. En concreto de Los Salazar. Respecto al homicidio de Miroslava, la Fiscalía General de Chihuahua tenía pruebas por los análisis informáticos de varios celulares encontrados en el domicilio del imputado Wilber Jaciel Vega Villa, obtenidos con la localización de su automóvil utilizado en el crimen, registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el 27 de marzo de 2017, los agentes de la FEADLE exigían la información a la fiscalía de Chihuahua sobre los datos del vehículo, pues el cateo al domicilio de Vega Villa y los testimonios de los vecinos habían sido acopiados por la fiscalía estatal. En este cateo, además de los celulares, huellas digitales e identificaciones oficiales, observaron una cartulina que indicaba la propiedad del bote de basura en la calle, la cual tenía una caligrafía muy similar a la de la cartulina sobre la adjudicación del crimen contra Miroslava en el lugar de los hechos. El análisis grafológico verificaba que se trataba de la misma persona.

No obstante, el gobernador Javier Corral Jurado, manipuló la información a los medios. Alteró el mensaje de la cartulina en dos ocasiones. Hizo público un segundo mensaje en una lona o manta, en la que se reiteraban las supuestas amenazas contra su persona, el 30 de marzo de 2017. La caligrafía de esa supuesta lona no correspondía a la del crimen del 23 de marzo. Tampoco eran las mismas huellas digitales.

En 2018, a partir de que la FEADLE atrajo el caso por la presión de los colectivos de periodistas y las diferencias entre la familia de la víctima y el gobernador Corral, quien—para entonces—culpaba a Miroslava de su propia muerte, la agente de la FEADLE Santoyo Cuervo, al frente de la investigación, buscaba probar que el motivo del asesinato de Miroslava Breach era silenciar su libertad de expresión y, específicamente, buscaba probar que estaba relacionada con Los Salazar.

El 19 de mayo de 2018, Santoyo Cuervo estuvo en presencia de Carlos Arturo Quintana Quintana El 80, de 34 años, quien ya estaba detenido en calidad de sospechoso por narcotráfico. Quintana se encontraba acompañado de su abogado, dentro de las instalaciones de la SIEDO, y no respondió a las preguntas. La comunicación fue por medio de su defensor. Le leyeron sus derechos como imputado y se los dieron por escrito, de acuerdo con la evidencia en el tomo 26, de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017. Derechos estipulados en la Constitución mexicana, en el artículo 20, apartado B; que fueron violados en los casos de Schultz Alcaraz y Moreno Ochoa.

Declaración de Carlos Arturo Quintana Quintana, El 80, como indiciado en la PGR. Archivo Los Ángeles Press.

La segunda tortura

El arresto de Édgar Salazar Gaxiola, el 21 de enero de 2019, a quien se exhibió en los medios como autor del crimen de Miroslava Breach el 9 de febrero de ese año, fue orquestada por la misma agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y por el oficial ministerial Jean Paul Rodríguez M. Tras la detención de Salazar , fue torturado para que señalara a Hugo Amed Schultz por un supuesto parentesco con Los Salazar, intentando cuadrar la información que había dado en falso la periodista, en la que refería que Schultz era tío de Juan Miguel Salazar y que había impulsado su candidatura a la presidencia municipal de Chínipas. Al no poder sustentarlo, Édgar Salazar fue torturado para forzarlo a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano. Finalmente, lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

A raíz de la entrevista de Los Ángeles Press sobre esta agresión de la FEADLE a Édgar Salazar Gaxiola, la defensa de Hugo Amed Schultz obtuvo la evidencia de quien había sido fabricado como el testigo protegido Apolo, torturado y coaccionado a hacer señalamientos en contra de Schultz y de su padre.

El abogado defensor de Schultz, Manuel Norberto Cortez Vázquez, confirmó a este medio que el peritaje sobre la tortura de Salazar Gaxiola era positivo y que, en su declaración como «testigo protegido Apolo», con fecha de 8 de marzo de 2021, se le había obligado a firmar una declaración falsa sobre el hijo de Hugo Amed Schultz, la cual fue utilizada para amenazar a su defendido sobre posibles consecuencias contra su familia.

En esa declaración, Édgar Salazar Gaxiola fue obligado a firmar y poner su huella digital en un documento presentado como una declaración voluntaria ante la agente del Santoyo Cuervo sobre el homicidio de Miroslava Breach:

«Yo conozco al señor que se llama Hugo Schultz y lo conozco porque era presidente municipal de Chínipas, cuando estaba allá estudiando y vivía con mi papá Crispín Salazar Zamorano, y el Hugo Schultz iba a la casa de mi papá, su relación con él era de negocios, porque como el Hugo era el presidente municipal y mi papá es encargado del cártel de Los Salazar en la región, era el que le decía cuánto dinero del municipio se iba a ocupar, por ejemplo Hugo Schultz quería meter a su familia a los proyectos del municipio porque quería seguir robando, porque ese wey es el presidente municipal que más ha robado  y de ahí se hizo todo su varo y mi papá le dijo que no, que tenía que poner a la gente de la sierra; y el Hugo Schultz me conoce a mí porque él era muy barbero conmigo y con cualquiera de la familia porque quería quedar bien con mi papá y con mi primo Alfredo Salazar Ramírez…”

El 5 de abril de 2021, en entrevista de Los Ángeles Press, Édgar Salazar describió cómo lo habían torturado para que declarara contra Hugo Amed Schultz y su padre Crispín Salazar. Una tortura que confirmó su madre, Lilia Gaxiola.

La amenaza de la FEADLE al hijo de Schultz

La agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo incorporó en la declaración fabricada de Édgar Salazar Gaxiola como testigo protegido Apolo que, el 26 de febrero de 2021, a las ocho de la mañana, el hijo mayor de Hugo Amed Schultz lo había secuestrado para que firmara una declaración ante notario que favoreciera a su padre.

La historia de la FEADLE indicaba una notaría pública en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a 504 kilómetros de donde trabaja el hijo de Schultz, en la Mina Palmarejo, la cual expidió una constancia de asistencia con fecha del 30 de abril de 2021, en la que el representante legal Ramón Norberto Parra Rascón, hacía constar que Hugo Schultz Martínez había cumplido con la asistencia laboral de ese día. La constancia de asistencia abarca del 6 de febrero al 1 de marzo de 2021, en la que se especifica que el 26 de febrero Schultz Martínez se había presentado a trabajar a la mina a las 6:37, según el reloj checador, y su hora de salida estaba registrada a las 18:00.

Al hijo de Schultz lo describe que iba acompañado con dos hombres, uno de ellos supuestamente era el abogado de Schultz, montado en una Cheyenne gris, dice, “bien armados”.

En entrevista con el abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, el 24 de enero de 2023, en la ciudad de Chihuahua, quien fue el primer abogado defensor de Schultz, negó a esta periodista que él hubiera estado en esa notaría. Conocía bien las referencias que hacía la FEADLE. Él mismo explicó que era una notaría de la ciudad de Delicias, y que por su trabajo y la pandemia le hubiera sido imposible acompañar al hijo de Hugo Schultz a ese lugar.

La negociación de los primeros abogados de Schultz y Santoyo Cuervo

El abogado Ramírez Muñoz reconoció que a Hugo Amed Schultz lo habían obligado a declarar bajo coacción. Lo explicó como un “testimonio de coartada”, junto a otras 12 personas más que utilizaba la FEADLE, sin especificar quiénes habían sido. También hizo notar que la fiscalía le había pedido el dinero de reparación de daño para la víctima indirecta Rosa María Breach Velducea, por un monto de 500 mil pesos.

“La diferencia del profe Hugo es que no se acreditaba un dolo; eventualmente puede escalar. No quiere decir que acepta la conducta, pero acepta el resultado”, explicó Ramírez Muñoz, del despacho Venzor y Ramírez.

El abogado hace un recuento rápido de la situación en la que supuestamente se encontraba su cliente: “El profe Hugo en la presidencia municipal de Chínipas por el PAN, hay posibles candidatos del PRI que van a llegar, entre ellos familiares de estas personas (en referencia al narcotráfico), bajan a esos candidatos, pero la cara visible del PAN y que tenía una función partidista, era el profe Hugo”.

Continúa de prisa: “acreditamos que tú no fuiste (en referencia a Schultz) y saca el desplegado que diga ‘yo no fui. Yo no llevé los audios, ni vi la camioneta negra’. Todo a través de los abogados. Entonces nos sentamos Santoyo y nosotros (en referencia al abogado Javier Fernando Venzor Morales, su socio) y platicamos. Entre nosotros no se oculta nada. Las dos partes a favor y en contra. Vimos que todo el juicio se basa en si entregó los audios. Había testigos de las dos partes”.

Al preguntar cómo era el trato con la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, el abogado señaló que “tenían un trato cordial, oficial”. Y continuó: “El profe Hugo declara en su propia contra; la investigación del Estado y la de la FGR recaen en una facultad concurrente. Lo tratan como testigo protegido, pero la FGR pedía de 30 a 60 años de cárcel, porque la verdad legal o jurídica (independientemente de lo que sucedió) es que sí entregó los audios”.

El abogado Ramírez Muñoz, después de concluir esta entrevista, se despidió de mano, y dijo a esta periodista, que todo lo había dicho off the record, y su publicación tendría consecuencias legales para quien esto escribe.

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Primera parte: Hugo Amed Schultz: un cabo suelto en el caso de Miroslava Breach (losangelespress.org)

A seis años del homicidio de la periodista, la investigación sigue incompleta y con violaciones de derechos humanos por parte del exgobernador Javier Corral y agentes de la FGE y FEADLE

PRIMERA PARTE

Por Guadalupe Lizárraga

Vestido de pants, sudadera gris y zapatos tenis, el uniforme de prisión en Aquiles Serdán, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcaraz narra cómo fue aquel día cuando recibió la llamada de Javier Corral Jurado para que fuera a Palacio de Gobierno, dos meses después del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Le dijo que fuera “a echarse un refresquito”. En la llamada no mencionó de qué necesitaba hablar con él, pero Corral era el gobernador, y Schultz, el ex presidente municipal de Chínipas. Por el poco contacto que había entre ellos como funcionarios públicos, Schultz asumía la llamada como una orden, siendo ambos del mismo partido.

Era 27 de mayo de 2017, sábado. Llegó a la oficina del gobernador en torno a las 6 de la tarde, todavía no oscurecía, pero faltaba poco. Corral estaba acompañado del entonces fiscal general del estado César Augusto Peniche, además de Carlos Mario Jiménez Holguín, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, de Erick Alejandro Rangel Ríos, ministerio público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio, quien a su vez era el encargado de la carpeta de investigación 19-2017-8091 sobre el asesinato de la periodista, y había un quinto agente, José Roberto Frías Aguayo, entonces coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Narcomenudeo.

“Llego a la oficina y me los presentan a cada uno. El gobernador estaba tomando una cerveza y me ofreció una, y me dijo:

–Oiga profe, lo cité aquí porque lo vamos a entrevistar para evitar la presión mediática, porque lo queremos proteger.

–¿De qué se trata? –preguntó Schultz, nervioso ante una situación tan inusual.

–De Miroslava, –respondió sin cortapisas el gobernador.

Tenían una computadora lista en la oficina, y Javier Corral –caminando hacia la mesa donde estaba instalada– le habla a Schultz:

–Venga, profe, aquí le vamos a echar la mano.

“Y me empiezan a hacer preguntas, presionándome a que yo dijera el nombre de Los Salazar”, dice Schultz a Los Ángeles Press, poniendo el énfasis en Corral, Peniche y Jiménez Holguín, a quienes les respondía reiteradamente: “pero yo, de ellos, no sé nada”.

Incluso el ministerio público de Homicidios, Rangel Ríos, insistió un tanto molesto:

–¡Es que no nos dice nada, profe!

–¡Como se los demuestro! ¡si yo no sé nada! –contesta Schultz en el mismo tono a Rangel.

“Me insistían en que hiciera señalamientos de esa familia, los Salazar. Rangel escribía en la computadora, mientras me preguntaba y yo iba leyendo en la pantalla, que apenas alcanzaba a ver, porque uso lentes para leer”, explica Schultz, de cómo el ministerio público le tomaba la declaración en la oficina del gobernador Corral. Rangel Ríos, al tiempo que tecleaba, preguntaba a Schultz: “¿Así, profe?”. Y Schultz se defendía, “no, yo no estoy diciendo eso. Quíteselo, por favor”. Rangel Ríos volvía a leer rápido en la pantalla las respuestas que daba el entrevistado, y preguntaba de nuevo “¿Esto sí, profe?”.

Schultz reitera a esta periodista que fueron muy insistentes en poner el apellido Salazar en sus declaraciones, como él en negarlo. Insistente también, Corral en ofrecerle cervezas cuando subía la tensión entre ellos.

“Pero yo estaba muy cansado y estresado, y no sabía nada de lo que ellos me preguntaban. Corral y Peniche tergiversaban lo que yo decía, y cuando les corregía volvían a preguntarme lo mismo. Fueron seis horas de mucha presión, hasta las 12 de la noche estuvieron con preguntas, y escribiendo y borrando, y volviendo a escribir”, detalla Schultz Alcaraz.

Los hombres de la fiscalía iban a hablar a una mesa aparte en la Sala de Juntas. Allí tenían la impresora, a distancia de donde entrevistaban a Schultz. En todo momento, estuvieron Corral y Peniche.

“El documento final lo imprimieron y me lo dieron para que lo firmara sin que yo lo volviera a leer. Y ya que lo firmé, me despedí de todos. Yo estaba muy nervioso, pero yo no iba a desconfiar del gobernador, porque además yo no tenía nada que temer”, explica, “pero ya después, leí cosas que pusieron ellos y que yo no había dicho”.

Durante la entrevista en la cárcel a Hugo Schultz, que duró un par de horas, estuvo presente su abogado particular, Manuel Norberto Cortez Vázquez, quien, a pregunta expresa de esta periodista sobre el derecho a no declarar de su cliente, respondió: “Como testigo no tiene derechos, como imputado sí. Pero el profe fue invitado a la oficina del gobernador, no fue en calidad de imputado, no estaba su abogado ni se le podía coaccionar a declarar contra sí mismo o contra otras personas”. El abogado puntualiza: “no tiene valor jurídico”.

Sin embargo, en el tomo IV de la carpeta de investigación mencionada, bajo la rúbrica del agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, se encuentra esta declaración de Hugo Amed Schultz en tres páginas y, al final, en una cuarta, aparece solo la leyenda: “Constancia: En la misma hora y fecha se hace constar que por separado se recabaron los datos de identidad del testigo, los cuales se guardan en sobre cerrado y lacrado”. Concluye con la firma de Frías Aguayo.

En esa misma declaración, se especifica que se llevó a cabo a las 15:30 horas del 27 de mayo de 2017, y que se trata del testigo de identidad reservada con la clave “Boby”, a quien -se especifica- se le tomó protesta para que se condujera con la verdad en los términos del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales y “haciéndole del conocimiento de los artículos 307 y 308 del Código Penal para aquellos que declaran con falsedad ante la autoridad…”

Esas hojas impresas llevan la firma y huella de Hugo Amed Schultz Alcaraz, pero no le tomaron la protesta, no le leyeron sus derechos, ni fue a esa hora cuando se reunió con ellos en la oficina del gobernador. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua fabricó su testimonio con alteraciones como una declaración ministerial en calidad de “testigo de identidad reservada” con la clave de “Boby”.

El fiscal Peniche y el gobernador Corral dijeron, además, que la declaración la había hecho Schultz en la fiscalía, pero Schultz recalcó a este medio: “jamás fui a la fiscalía, no existe una prueba de que yo estuve ahí, un video que me haya grabado, jamás se me mandó un citatorio para que yo hiciera una declaración. Es la primera vez que doy mi versión”.

Dieciséis días después, el 12 de junio de 2017, la Procuraduría General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en colaboración con la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017 incorporaba la información de Hugo Amed Schultz como “persona de interés” dentro del grupo nominado Los Salazar.

El origen, mayo 2016

Miroslava Breach, en su columna Don Mirone, publicada por el diario El Norte de Juárez hizo varias referencias sobre Hugo Amed Schultz entre abril y mayo de 2016, lo que un año después originó su acusación. Lo calificó de “impresentable” y en noviembre de 2016, volvió a señalarlo sin ninguna prueba, sólo bajo el argumento de que ella era de Chínipas y que conocía a todos los que estaban relacionados con el narcotráfico. Escribió: “es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Miguel Salazar como candidato a la presidencia municipal”. En ese mismo espacio, lo mencionó como “emisario para amedrentar a los partidos o periodistas”(Don Mirone, El Norte de Juárez, 25 de noviembre de 2016).

El 27 de mayo de 2016, Schultz salió a los medios y respondió por su cuenta las alusiones en la prensa: “hay una percepción equivocada respecto a las condiciones de seguridad pública que se vive en Chínipas, pues, aunque la población está situada en una zona de alto riesgo por la presencia cercana de grupos dedicados al narcotráfico, en la cabecera municipal y en los poblados del municipio no se han registrado incidentes graves de violencia o agresión en contra de los pobladores, turistas, o distribuidores de insumos básicos”. (El Heraldo de Chihuahua, 27 de mayo de 2017).

De acuerdo con diversas fuentes en Chínipas, Miroslava por años no había visitado su tierra natal. Tampoco conocía personalmente a Hugo Schultz, ni a su familia, no hubo jamás una llamada entre ellos o cualquier otro tipo de comunicación. Esta información la corroboró la persona que asistía directamente en la presidencia municipal a Schultz, pero también lo corroboraron ellos mismos, cada uno en su momento.

Cuando Alfredo Piñera Guevara, el ex vocero del PAN, grabó por su iniciativa a Miroslava, en conversación telefónica, le preguntó: “Nunca te juntaste con la gente de San Juanito ni con el presidente municipal?”. Y ella responde: “No, con nadie. Absolutamente con nadie. Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba” (Acuerdo de atracción de la carpeta de investigación FEDSHDPDSC/UNAI-CHIH/0000214/2017, FEADLE, 7 de enero de 2018).

En este mismo documento, se retoma el testimonio de Hugo Schultz, dado en Palacio de Gobierno a Javier Corral y César Augusto Peniche, el 27 de mayo de 2017, fabricado posteriormente por el agente Frías Aguayo como declaración ministerial en calidad de “testigo de identidad reservada Boby”, y en el punto número 10 del documento dice: “Declaración del testigo denominado Boby, quien en lo que interesa informó que no conoce personalmente a Miroslava, que la conoció por las notas que publicaba…”.

Previo a este punto, destaca la declaración de Alfredo Piñera Guevara, quien dijo que “su teléfono graba en automático todas las llamadas salientes y entrantes, por lo que conservó dichos audios de ambas llamadas, y después le llamó Schultz y le preguntó que, si ya había hablado con las periodistas (Miroslava Breach y Patricia Mayorga), le respondió que sí, y el declarante decidió enviarle las grabaciones del 25 de mayo de 2016…”.

No obstante, Piñera no presentó la grabación de la supuesta llamada de Schultz, tampoco especificó el día y hora precisa de esas interacciones telefónicas o por WhatsApp, ni se hizo un análisis informático de su celular ni del de Schultz para verificar el intercambio de llamadas, siendo que fue una de las evidencias principales para la atracción del caso de la FEADLE. Sólo la palabra de Piñera, y las grabaciones de su conversación con las periodistas fue suficiente para que la PGR imputara al expresidente municipal.

Hugo Schultz, durante la entrevista en prisión, dijo a Los Ángeles Press, que él nunca recibió una grabación, ni físicamente ni por vía de mensajería electrónica, tal como afirmó Piñera. Tampoco en su detención, el 17 de diciembre de 2020, cuando se le decomisó el celular, se hizo un análisis de sus llamadas ni de la computadora que usaba para su administración en el municipio.

Cuando esta periodista preguntó por el celular de Schultz a la defensa sobre los artículos asegurados del detenido, la respuesta fue que se desconocía dónde había quedado ese celular con el número 635 294-8191. No hubo cadena de custodia, ni oficio que notificara el decomiso por parte de la fiscalía, no existe en los 26 tomos de la carpeta de investigación. De su cartera, le extrajeron dinero en efectivo, una cadena de oro y el celular.

Durante los siguientes tres meses del homicidio de Miroslava, tanto la Fiscalía General del estado de Chihuahua como la PGR, realizaron análisis exhaustivos de informática en los celulares y computadoras de la víctima y de dos imputados, Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, de 49 años, y Jaciel Vega Villa, de 32. Sin embargo, el celular de Schultz no sólo fue excluido de esos análisis informáticos, sino fue extraviado sin expedir ningún reporte.

Las fabricaciones de la FEADLE

El 9 de julio de 2020, a las 10:21 horas, la agente del Ministerio Público de la Federación Iris Gabriela Santoyo Cuervo, quien asumió la coordinación del caso para la FEADLE el 7 de enero de 2018, envió por vía electrónica una solicitud de orden de aprehensión en contra de Hugo Amed Schultz Alcaraz al Juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal en Chihuahua, que en ese momento se encontraba en funciones administrativas el juez Eduardo Javier Sáenz Torres.

Al día siguiente, la respuesta se dio en audiencia privada a las 19:33 horas, por el juez de Control Nelsson Pedraza Sotelo, negando librar la orden de aprehensión en contra de Schultz, porque “los datos de prueba no justificaron la probabilidad de la participación”.

Los datos de prueba presentados en una narrativa por Santoyo Cuervo se ajustaban a cuatro páginas tamaño oficio; la primera era de presentación y referencias jurídicas y la última, de firma. El nombre de Hugo Amed Schultz lo señalaba con imprecisiones. La agente fiscal decía que “al verse afectados los intereses de Crispín Salazar Zamorano, instruyó a su grupo identificar quién había entregado la información a Miroslava Breach Velducea”, en referencia a las columnas periodísticas que un año antes, 2016, habían sido publicados en El Norte con el seudónimo de Don Mirone.

Santoyo Cuervo no pudo sostener con argumentos que “Crispín Salazar había instruido a su grupo a identificar la fuente”, tampoco que Hugo Schultz pertenecía al mismo grupo en mención, y mucho menos podía explicar cómo al mismo tiempo Schultz operaba con Carlos Arturo Quintana ‘El 80’, siendo grupos antagónicos en una región tan específica, tal como Miroslava lo había lanzado en sus columnas. La agente del Ministerio Púbico de la Federación, no pudo presentar evidencias, datos de prueba, o testigos de por qué Schultz, siendo del PAN, habría sido el promotor del candidato del PRI como su sucesor a Juan Miguel Salazar, según lo escrito por Miroslava, quien falsamente lo relacionaba como sobrino de Schultz.

El supuesto parentesco de Schultz con Juan Miguel Salazar era muy fácil corroborarlo con las actas de nacimiento, entrevistas al círculo familiar de ambos, incluso la misma agente de la FEADLE pudo haber solicitado los test genéticos, puesto que hay dos familiares directos de Juan Miguel Salazar internos en centros federales de readaptación social. Así se hizo con la familia de Jaciel Vega Villa y con Juan Carlos Moreno Ochoa, incluso con los familiares del autor material del crimen, Ramón Andrés Zabala Corral. Además se reconstruyó -con ciertas imprecisiones- la red más cercana de Los Salazar y se entrevistó a Carlos Arturo Quintana Quintana. No obstante, en el caso de Schultz no se investigó a la familia, ni se investigaron los supuestos vínculos que tenía con Los Salazar y ni con ‘El 80’.

La agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, solicitó al juez de control una orden de aprehensión para Hugo Schultz, basada sólo en artículos de opinión de la víctima y en acusaciones de amenazas sin pruebas de sus familiares.

“Esta información llegó al entonces presidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz, quien decidió por cuenta propia identificar a la fuente de información de la periodista…”, alega la fiscal la supuesta intervención de Schultz en el homicidio.

La presión cayó sobre el expresidente municipal cuando estaba en Chínipas; “unos hombres encapuchados lo interceptaron en un parque público, y le preguntaron si él sabía quién estaba dando esa información a Miroslava”. Schultz no lo sabía y, según el relato de la fiscal Santoyo Cuervo, “no quería meterse en problemas”. Continúa que después de ese hecho, Schultz recurrió en busca de apoyo a su partido, el PAN, para que públicamente se aclarara la situación con un boletín de prensa por la gravedad del asunto. No obstante, Schultz, en su calidad de presidente municipal, había salido a los medios el 27 de mayo de 2016, a responder personalmente sobre las calumnias mediáticas.

Otra falsedad de la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo fue decir al juez que el encargado de comunicación social Alfredo Piñera Guevara, con identidad reservada de Casio, “le entregó vía WhatsApp la grabación de las conversaciones al imputado Hugo Amed Schultz Alcaraz, al igual que la grabación de la conversación con Asia (Patricia Mayorga). Con estas grabaciones en su poder, el imputado regresó a Chínipas y se los entregó a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias ‘El Larry’, quien en ese momento era el jefe de la plaza de Los Salazar en el municipio de Chínipas”.

Hugo Amed Schultz explica que, si fuera verdad lo dicho por Piñera Guevara, habrían identificado el mensaje y la grabación como evidencias en su celular que decomisaron en su detención. Sin embargo, el único dato de prueba era el dicho de la agente del Ministerio Público.

Después de la negativa del juez de liberar la orden de aprehensión contra Schultz, el 15 de julio de 2020, la FEADLE, por medio de Santoyo Cuervo, apeló la decisión del juez. Pero no hubo una audiencia pública para la imputación de Hugo Schultz; si bien la fiscalía no tenía la obligación de informarle que lo estaban investigando, la formulación de la imputación debía ser por medio de una audiencia pública, de acuerdo con el abogado penalista Gerardo Augusto Manrique, quien explicó a Los Ángeles Press que aunque le hayan imputado el cargo, es nulo y tendrían que repetir el proceso.

Para ello, recordó el Artículo 20 de la Constitución Mexicana 

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2020, la FEADLE promovió en un tribunal de alzada una segunda orden de aprehensión contra Schultz, incorporando la declaración arrancada bajo tortura a Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, hijo de Crispín Salazar Zamorano, a quien habían detenido el 22 de enero de 2019, con falsos cargos de extorsión. La tortura fue por parte de policías federales de la División de Inteligencia, bajo la orden de la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, y tenía como propósito fabricar un testigo para cuadrar la relación Schultz-Salazar.

La detención arbitraria de Hugo Schultz

El jueves 17 de diciembre de 2020, en torno a las 8 de la mañana, Karina Martínez, esposa de Hugo Amed Schultz, le pidió que fuera por tortillas para el desayuno. Tenía a sus hijos en casa, por los preparativos de la Navidad, junto con una señora que les ayudaba a hacer el aseo. Schultz salió y, dice su esposa, “ya no regresó”.

Incluso comentó a la señora de la limpieza: ‘Yo creo que Hugo se fue a sembrar el maíz y a moler la harina porque no llega’. Martínez comenta que eso mencionó cuando había pasado más de una hora y no sabían de él ni se comunicaba. Al principio no le preocupaba porque “pensó que se había entretenido con algún vecino a platicar”, pero fue hasta después de casi tres horas que le permitieron hacer una llamada a su familia para informarle que estaba detenido en la fiscalía del estado.

Schultz cuenta a detalle que, al salir de su casa, caminando, sintió que lo iba siguiendo un auto muy despacio, pero sin voltear continuó su camino. De repente, se detuvo el auto de marca Sentra, color gris, sin logos, de donde se bajaron varios hombres vestidos de civil con pistolas escuadras. Él pensó de inmediato que era un secuestro. Lo metieron al Sentra. Al llegar a la fiscalía, le dijeron que estaba detenido por el homicidio de Miroslava.

Las acusaciones sin pruebas

A las 10:18 horas del 23 de marzo de 2017, ingresaban el cuerpo de la periodista Miroslava Breach Velducea al servicio forense de la ciudad de Chihuahua. El registro de su muerte quedaba a las 6:46 horas por el impacto de ocho disparos. Con el nombre completo de la víctima en mayúsculas y la fecha se iniciaba la carpeta de investigación, en la Fiscalía General del Estado con el número de caso único 19-2017-8019, mientras que en la PGR se identificaba con el número de expediente C.I FEDSDHPDSC/UNAI-CHI/0000214/2017 bajo la advertencia de “información clasificada” y “confidencial” por cinco años.

Quien se encargó de esas primeras gestiones fue el agente del Ministerio Público, José Roberto Frías Aguayo, adscrito a la Unidad de Investigación en Delitos contra la Vida, el mismo agente que fabricó el testimonio bajo coacción de Hugo Schultz en una declaración ministerial como “testigo de identidad reservada”. Pero también la Procuraduría General de la República y la FEADLE intervinieron con entrevistas a familiares, vecinos, trabajadores de negocios aledaños al domicilio de la víctima, taxistas, así como amigos y reporteros con los que convivía Miroslava, y el círculo cercano de las “personas de interés”, incluyendo novias, esposas, hijos, y demás familiares.

Los más cercanos a la víctima y funcionarios públicos fueron protegidos como “testigos con identidad reservada”, y desde los dos siguientes meses después del homicidio, la fiscalía de Chihuahua tenía suficiente información y datos de prueba de tres personas que habrían participado en el homicidio, Ramón Andrés Zabala Corral, de 25 años, presunto autor material del crimen; Juan Carlos Moreno Ochoa, presunto autor intelectual, y Wilber Jaciel Vega Villa, quien proporcionó auto y ayuda para perpetrar el crimen.

Entre las entrevistas a vecinos, hubo una vecina -de la que nos reservamos su identidad por seguridad- que en su testimonio a la fiscalía del estado mencionó haber visto al gobernador Javier Corral entrar a la casa de Miroslava poco tiempo después de los hechos, en torno a las 9 de la mañana. Fue la única persona que lo mencionó en el registro de entrevistas, sin embargo, hay periodistas que afirman la existencia de un video de cámaras de seguridad que registraron su presencia.

Tres horas después del supuesto registro sobre Corral, a las 12:36 horas, Andrea Plata Breach, de 22 años, hija mayor de Miroslava, da su primera declaración ministerial a la FGE sobre los hechos, y señala sin titubear que Hugo Schultz y a Carlos Arturo Quintana ‘El 80’ son los responsables de las amenazas a su madre.

La joven se encontraba en un estado alterado, según la narrativa de Emergencias 066 de C4, bajo el folio 1901.01667931, con fecha del 23 de marzo de 2017, iniciada a las 6:53 horas y terminada a las 11:26 horas, con actualización a las 12:19 del mismo día. Andrea Breach fue llamada por su hermano menor inmediatamente después de los hechos, vio a su madre en la camioneta herida faltamente, llamó a Emergencias 066, y a sus tías Rosa María Breach y Guadalupe Alcira Figueroa Velducea, prima de su madre. Atendió a Javier Corral y declaró -con aparente precisión en detalles periodísticos de la autoría de su madre- en menos de cinco horas, al menos dos veces ante un agente del Ministerio Público de la fiscalía del estado.

Narrativa de Emergencias 066. Carpeta de Investigación NUC 19-2017-8091

Dijo que su madre había escrito un reportaje “acerca personas vinculadas al narcotráfico que se postulaban para cargos públicos, en su mayoría de la zona serrana, Chínipas uno de ellos…” publicado entre abril y junio de 2016, antes del proceso electoral especifica la joven, y afirma: “posterior a eso sé que recibió un mensaje o más bien que la estaban buscando para darle un mensaje por parte de la persona que apodan ‘El 80’, a través del exalcalde de Chínipas de nombre Hugo Schultz, que decía que no pisara la sierra…”.

Seis horas después del ingreso del cuerpo de Miroslava al servicio forense, su hermana Rosa María Breach Velducea y su prima Alcira Guadalupe Figueroa Velducea comparecían ante el Ministerio Público para identificar el cuerpo.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió los oficios para los servicios forenses y el registro civil para que la familia tuviera un certificado de defunción. La hora quedó registrada a las 16:41 del 23 de marzo de 2017. Veinte minutos más tarde, a las 17 horas, Rosa María Breach Velducea da su primera declaración a la FGE después de identificar el cuerpo de su hermana, y alude de inmediato al exgobernador César Duarte Jáquez, señalando que Miroslava había hecho una investigación “totalmente documentada”, y “relacionada con actividades ilícitas realizadas en dicha administración, en relación a los nexos del narcotráfico y de todas las propiedades ilícitas que había comprado el gobernador y todos sus allegados…”.

El 25 de marzo, la hermana de Miroslava declaraba en relación con las supuestas amenazas de Hugo Schultz, que “el gobernador electo Javier Corral dio la instrucción para que se hablara con el presidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, situación que tranquilizó a Miroslava porque bajaron las llamadas de amenazas…”.

Rosa María Breach declara también ante la PGR ese día, y se refiere a Hugo Amed Schultz, “que hace año y medio, Corral tuvo que llamarle para pedirle protección a su hermana por amenazas de éste”. Allí mismo se refiere a César Duarte, a quien, según la hermana, también le tenía miedo, porque había recibido amenazas.

Declaraciones muy similares ante ministerios públicos de las dos fiscalías, la del estado y la federal, provinieron de su otra hermana, Brissa Guadalupe Breach y de su prima Alcira Guadalupe Figueroa, los días 23, 25 y 29 de marzo. Son las únicas acusaciones contra Hugo Amed Schultz por supuestas amenazas contra Miroslava.

Fue testigo protegido en una corte de Chicago en favor de una de las víctimas de Isabel Miranda y presentó indicios de vida de Hugo Alberto Wallace en 2006

Por Guadalupe Lizárraga

José Luis Moya Moya, asesor de Transparencia y combate a la corrupción, ejerció su derecho de réplica en respuesta a las calumnias de la presidente de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda Torres, quien lo llamó “oportunista” y «extorsionador» en El Heraldo de México, diario que le negó el espacio. Moya fue uno de los testigos que interactuaron con su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, en 2006, después de la fecha de la supueste muerte.

A través de un documento PDF de 46 páginas, José Luis Moya refirió que la supuesta nota de rescate que enviaron los presuntos plagiarios de su hijo fueron impresas tanto por las entonces Procuraduría General de la República (PGR) como por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). También afirmó que desde 2006, se conocía que el hijo de Isabel Miranda Torres no era descendiente de Enrique Wallace Díaz, y que desde entonces se informó al conductor de Grupo Imagen Ciro Gómez Leyva en su programa en vivo. Sin embargo, la respuesta de Isabel Miranda fue de calumnias y amenazas de cárcel después de acusarlo la primera vez de extorsión.

Entérate: Caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre (losangelespress.org)

En abril de 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga corroboró la versión de José Luis Moya sobre el padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel Miranda, a quien la periodista presentó en conferencia de prensa, acompañados por la senadora Nestora Salgado.

Leer más: Padre biológico de Hugo Alberto Wallace confirma fabricación del secuestro y triple identidad de su hijo – (losangelespress.org)

Moya fue testigo protegido en un juicio en Chicago de una de las víctimas de Isabel Miranda con el se decidiría su extradición a México. Aparte de su testimonio, allí presentó como pruebas copias de correos electrónicos de Hugo Alberto Wallace Miranda y mensajes de texto, así como registro de llamadas.

De la misma manera, recordó que peritos especializados le notificaron que la supuesta muerte de su hijo por los secuestradores no estaba sustentada científicamente, debido a que el sitio donde supuestamente se había cometido el crimen no tenía manchas de sangre que podían haberse encontrado con Luminol ni se hicieron las analíticas forenses para determinar si se había cortado en un diminuto baño un cuerpo con las dimensiones del hijo de Isabel Miranda, tal como lo afirmado ella.

Para José Luis Moya, no hay duda de que Isabel Miranda manipuló la información para fabricar el falso secuestro de su hijo con el apoyo de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón y declarado recientemente culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

Ante las pruebas que confirman el montaje del falso secuestro de su hijo, aseveró que él sigue pensando que está vivo, debido a que también se ha comprobado que de forma sistemática Isabel Miranda ha sido beneficiada por el gobierno de México, desde el periodo de Vicente Fox hasta la fecha.