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Fabricación de culpables

Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, de la mano en corrupción y fabricación de culpables

Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, cercanos uno al otro, señalados por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, se mantienen en impunidad

Enrique Dominguez Gutierrez

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Por Enrique Domínguez Gutiérrez
Edición: Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza ha sido un personaje que ha destacado por navegar en las altas esferas del poder en México, y en cargos públicos estratégicos de los que depende la estabilidad política y la seguridad del país, desde el año 2000 hasta la fecha. A lo largo de su trayectoria profesional, ha estado muy cercano a otro personaje que ha destacado internacionalmente como uno de los hombres más corruptos del mundo, según la revista Forbes, y ha surgido de las mismas filas del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), en el periodo de Medina Mora, es Genaro García Luna.

Ambos exfuncionarios de la Inteligencia del país han sido señalados entre los más corruptos en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, Eduardo Medina Mora también ha destacado en la administración de Enrique Peña Nieto por otorgar amparos al mismo presidente para evitar investigaciones por peculado. En el caso de Genaro García, se le ha señalado reiteradamente, hasta en series de Netflix, por sus relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y más recientemente por investigaciones de Los Ángeles Press, con la fabricación de culpables que ha depredado a miles de familias, para simular eficiencia en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Eduardo Medida Mora

Inició como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de 2000 a 2005, fue Secretario de Seguridad Pública (SSP), de 2005 a 2006, Procurador General de la República (PGR) 2006 a 2009, Embajador de México en Reino Unido de 2009 a 2013, Embajador de México en Estados Unidos de América de 2013 a 2015 y, actualmente, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015.

Aunque en un principio el Partido Acción Nacional se negaba a aceptar la designación de Eduardo Medina Mora como Ministro de la SCJN, finalmente el cabildeo resultó exitoso y fue aprobado por el Senado junto con el PRI y el PVEM.

El manejo en la cúpula del poder y su cercanía con Juan Collado (abogado de Carlos Salinas de Gortari), Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, Diego Fernández de Cevallos y el mismo Carlos Salinas de Gortari lo hacen ver como un fiel exponente del antiguo régimen haciendo prevalecer ante todo la protección de tan tristemente ilustres personajes que tanto dañaron al país.

Las leyes están para cumplirse y hacerlas valer, sin embargo, éstas se han modificado y sólo generan la certidumbre de los poderosos para establecer la impunidad como objetivo y librar cualquier situación que vulnere su libertad. No es de extrañar que habiendo realizado desfalcos y saqueado al país, los principales actores no pisen la cárcel o, si lo hacen las condenas son cortas y exonerados, en los casos más graves siguen el proceso en libertad, la justicia ante tales actos no pueda ser expedita y aplicarse como uno quisiera, desenmascarando y llevando a juicio a criminales, corruptos y asesinos.

Existen jueces que, no obstante, ganan sueldos inimaginables para el grueso de la población y se rigen por la imperiosa necesidad de empoderarse y fortalecerse económicamente por la obtención de sumas millonarias para hacer un manejo de la ley que en muchas ocasiones vulnera la idea de justicia.

 

Genaro García Luna

Inició como analista en el CISEN en 1989. Al llegar Fox a la presidencia, en el 2000, Medina Mora le dio el cargo de director de Planeación y Organización de la Policía Judicial Federal. En 2001, García creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la que fue director general. En noviembre de 2005, recibió el premio de Administración Pública, INNOVA, por “resolver secuestros en tiempos reales”. Sin embargo, de acuerdo con la investigación periodística El falso caso Wallace, Genaro García Luna es la pieza clave de la fabricación de secuestros  y homicidios para simular eficiencia policial desde la creación de la AFI. Así lo demuestra el montaje televisivo pagado con recursos públicos sobre la detención ilegal de Florence Cassez e Israel Vallarta, falsamente acusados de secuestradores. Cassez pasó siete años en prisión y salió en libertad por violaciones al debido proceso, pero no se le ha reconocido su inocencia ni se le ha reparado el daño. Vallarta, aún en prisión. 

“El caso Wallace”, con el que Isabel Miranda obtuvo poder económico y político, y mantiene en prisión a ocho personas inocentes, ha sido una de las fabricaciones más exitosa de Genaro García Luna, por la enorme red de servidores públicos y medios de comunicación que formaron parte para sostener la mentira y legitimarla ante México. Todas las víctimas de este caso aún se encuentra en prisión, pese a las evidencias contundentes de su inocencia.

De acuerdo con el portal Contralínea, la Secretaría de la Función Pública investiga a Genaro García Luna, junto con Emilio Lozoya, pero en el caso de García, se le encontró una diferencia en su patrimonio por tan solo un monto de 40 millones de pesos, lo cual contrasta con haber sido señalado por la revista Forbes como uno de los hombres más corruptos de México en 2013. Además, a decir de la titular de la SFP, ya no habría sanción para este exfuncionario por haber transcurrido diez años después de haber cometido la irregularidad, cuando ya prescribió el delito.     

Juez y policía de la mano

Amparos, inconstitucionalidad, controversias e interpretaciones han sido una constante para el actuar “a modo” de Eduardo Medina Mora. La ley es una paradoja, que siempre muestra recursos para escudriñar algún hueco legal y garantizar la impunidad de poderosos y ejecutar todo el peso de la ley a los más vulnerables.

Existen abusos en la Ley de Amparo y permite que se prolongue la violación de los derechos y de derechos humanos durante toda la vida del juicio, y en ocasiones, que el daño se haga irreparable. Así ha sido con los casos fabricados por Genaro García Luna, que hasta la fecha siguen generando grave daño al Estado de Derecho.

La falta de severas leyes protectoras de ladrones al erario, mantiene la ambigüedad del sistema de justicia mexicano. El dinero sigue siendo el móvil de la “justicia”, y existen múltiples recursos para defender al criminal de cuello blanco. El acto corrupto en México se ejerce con leyes a modo, como es claramente la prescripción de delitos de peculado a los diez años. Se modifican las leyes para ajustarse a la “transa maquinada” sin la posibilidad de que el perpetrador sea implicado, y si llega a serlo, como en el caso de Elba Esther Gordillo, por mencionar un solo ejemplo, que no sea a largo plazo, y manteniendo todos los privilegios en prisión. Mientras las cárceles mexicanas siguen saturadas de personas inocentes utilizadas para simular la eficiencia policial y como otra forma de control y depredación al pueblo.

A diferencia de otros tiempos, la transa y la estafa se genera por un sistema que involucra a funcionarios, jueces, empresarios, medios y ejecutores, no es algo realizado en solitario, se protegen entre ellos y generan complicidades cuidándose las espaldas y callar cualquier voz, acto o declaración para aprehender a alguien.

Cuando los jueces son los criminales

A continuación, se citan algunos casos que de manera innegable merece la pena recordar y conocer a detalle para determinar cómo algunos jueces rompen el ideal de tener a un México limpio de corrupción.

  • El 24 de marzo de 2019 – Alejandro Dzib Sotelo, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil de la CDMX ordenó el pago de renta a 4 plataformas a la empresa Oro Negro argumentando que los recortes presupuestales ejercidos en 2017 no era una razón justificada para la terminación anticipada de contratos de arrendamiento. (El 13 de junio de 2019 esta misma empresa fundada y dirigida por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda se declaró en quiebra). Ésta empresa se vio beneficiada por contratos millonarios en la gestión de Emilio Lozoya.
  • El 31 de octubre de 2018 – Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito del Estado de Veracruz, ordenó la liberación del Ex fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras, preso por el delito de desaparición forzada, argumentando que la desaparición de personas no es un delito grave. Ahora, desde enero de 2019, Jorge Holder Gómez ocupa el cargo de magistrado de circuito con un sueldo mayor a los 350 mil pesos mensuales.
  • El 8 de octubre de 2018 – Jorge Holder Gómez también concedió el amparo y protección de la justicia federal al ex titular de la Secretaria de la Función pública José Nabor Nava Holguín, acusado de desaparición forzada.
  • El 20 de junio de 2019 – Rosa María Cervantes Mejía, Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero en contra de Alonso Ancira (Involucrado en la compra ilegal de la planta Agro Nitrogenados a PEMEX por 273 millones de USD), por tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) No podrá detenerlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • El 12 de junio de 2019 – Rosa María Cervantes Mejía, también otorgó la suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión de Mario Marín (El “gober” precioso) por el delito de tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.
  • El 14 de febrero de 2019 – El Magistrado Presidente Juan Carlos Cruz Razo y los Magistrados: Armando Cruz Espinosa y Adriana Escorza Carranza a través de un recurso de amparo solicitado por grupo Hidrosina, encabezado por Jorge Gabriel, William Jorge y Paul Karam “Rechazaron el congelamiento de cuentas” con el texto referido en el expediente 61/2019: para el efecto que se ordene la suspensión del bloqueo, inmovilización y suspensión de las operaciones de las cuentas bancarias y contratos financieros y bancarios de los quejosos.
  • El 30 de octubre de 2018 – Manuel Camargo Serrano, Juez Sexto de Distrito por el Estado de México canceló la vinculación a proceso al ex gobernador Roberto Borge por el delito de lavado de dinero.
  • El 22 de enero de 2019 – Patricia Marcela Díaz Cerda, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, concedió la suspensión de amparo a Eduardo León Trauwitz (ex gerente de servicios de PEMEX) contra la orden de aprehensión, detención, localización, citación, búsqueda, presentación o arresto.
  • El 2 de abril de 2019 – Antonio González, Juez Federal, falló a favor de Elba Esther Gordillo en el amparo 858/2018 para la cancelación de aseguramiento de bienes declarando inexistente el delito y por no haber un asunto activo en contra de Gordillo ni existe la posibilidad de acción penal contra ella. De esta manera recuperó sus autos, obras de arte y cuentas bancarias.
  • El 23 de abril de 2019 – Enrique Velázquez Martin, Juez de Control del Tercer Circuito Judicial ordenó la liberación de Alexis “El chofo” presunto jefe de plazas del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) poco tiempo después le costó la vida al policía que lo había detenido de nombre Juan Carlos Hernández Ornelas.
  • 23 de mayo de 2019 – El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Senado pagar 3.5 millones de pesos al Magistrado Juan Manuel Terán por no haber sido ratificado en el Cargo por la cámara de Senadores en el 2011.
  • El 20 de junio de 2019 – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que la Fiscalía General de la República investigue cuentas bancarias sin una orden judicial.
  • El 9 de marzo de 2019 – María Elena Cardona Ramos, Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio dejó en libertad a Alexis “El Alexis” y a Ricardo Israel “El Perki”, de la unión Tepito y de esta manera se les negó la prisión preventiva.
  • El 2 de febrero de 2019 – Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, amparó a Padrés contra un monto de 100 millones de pesos.
  • El 30 de octubre de 2019 – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Enrique Peña Nieto y su gabinete por el caso de desvío de 250 millones de pesos al PRI, dicho acuerdo fue firmado por Eduardo Medina Mora en contra de cualquier orden de aprehensión, arraigo, citatorios y averiguaciones.
  • El 29 de mayo de 2019 – Luz María Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la CDMX, suspendió provisionalmente la orden de aprehensión 487/209 en contra de Emilio Lozoya Austin.
  • El 30 de mayo de 2019 – Erik Zabalgoitia Novales, Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión provisional ante cualquier orden de captura en contra de Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin.
  • El 8 de febrero de 2019 – Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, le otorga una suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps ante cualquier orden de aprehensión.
  • El 22 de junio de 2019 – Gabriel Regís López, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa le Concedió la suspensión provisional con el amparo 901/2019 al bloqueo de algunas cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin.
  • El 12 de Junio de 2019 – El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán ordenó que las remuneraciones de los servidores públicos para el año 2019 no sean fijadas.

Mientras exista el abuso, la trampa y la corrupción en los impartidores de justicia y juzgadores no podremos observar ningún cambio. La impunidad sigue siendo el ancla del estancamiento del país.

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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