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Con voz propia

Los 43 fueron asesinados y voy a encontrar sus cuerpos: Anabel Hernández

Entrevista a Anabel Hernández en su visita a Amsterdam sobre su investigación de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Guerrero, México

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Entrevista a la periodista mexicana Anabel Hernández, autora de Los señores del narco y La noche de Iguala

Por Dianeth Pérez Arreola

“Con la información que tengo, creo que voy a encontrarlos. Nunca fueron incinerados como dice el gobierno mexicano. Tengo información muy importante que detalla que los estudiantes fueron divididos en grupos. Uno de estos grupos fue llevado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, por eso el teléfono de uno de los estudiantes indica que la última señal fue registrada desde ese lugar. Los otros grupos de estudiantes fueron distribuidos en lugares cerca de Iguala y fueron asesinados de una manera brutal. Creo que seré capaz de encontrar el lugar donde están sus cuerpos”.

En una entrevista otorgada por la periodista Anabel Hernández durante su estancia en Ámsterdam donde ofreció una plática, comentó que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es la investigación más importante de su vida.

He aprendido muchas cosas estos últimos tres años. Los padres de esos muchachos nos han dado una lección de amor y de dignidad muy importante. Ellos están luchando contra el monstruo que es el gobierno mexicano. Los estudiantes fueron atacados bajo las órdenes del coronel del 27 Batallón de Infantería. El gobierno tras los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, dijo que no sabía nada acerca del ataque a los estudiantes, que se enteró después y culpó a los gobiernos perredistas de la ciudad y el estado. Yo fui a Iguala en octubre de ese año, y empecé la investigación de cero. De los 130 arrestados relacionados con el caso, el 80 por ciento fueron brutalmente torturados para confesar algo que no hicieron.

Encontré muchos documentos que prueban que a través del C-4, que estaba bajo control militar esa noche, distintas corporaciones federales como el ejército y  la PGR, supieron sobre los estudiantes incluso tres horas antes de su arribo a Iguala y desde entonces los empezaron a seguir. Lo que pasó fue planeado. Testigos me contaron que la gente que estaba disparando contra los autobuses, eran civiles pero todos los describieron como tipo militar.

Le pedí al gobierno mexicano información referente al 27 Batallón de Infantería involucrado con actividades de esa noche. Descubrí que el coronel José Rodríguez Pérez admitió que estuvieron en el lugar de los hechos vestidos de civil. También descubrí que había casquillos en dos lugares distintos, que corresponden a las armas que usó el ejército esa noche. No hay ninguna duda que al menos 24 miembros del 27 Batallón de Infantería participaron disparando contra los estudiantes.

Fotos de los estudiantes víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa. Foto: Edgar Garrido/Reuters

Regresaste a México, ¿te sientes segura?

El programa de Berkeley fue del 2014 al 2016 y desde agosto del 2016 regresé a México. No me siento segura, creo que nadie, pero menos los periodistas, cuando van tantos asesinados este sexenio de manera tan impune. Tengo que vivir con escolta, es una situación muy difícil.

Desde noviembre de 2015, cuando estaba enfocada en mi investigación contra el ejército, me sentí amenazada cuando hubo una irrupción en mi casa buscando documentos. No se robaron nada, estaban buscando documentos, y después en diciembre de 2016 cuando fue la presentación de mi libro “La verdadera noche de Iguala” en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Los escoltas tuvieron que sacarme de manera imprevista porque sospecharon de personas presentes que pudieran tener planeado algún tipo de atentado.

¿Qué comentario te merece la designación de José Antonio Meade como abanderado del PRI?

Me parece que Meade es una elección desesperada, pero la única alternativa inteligente para el PRI. Meade es un hombre que puede ser del agrado de los grupos de intereses en México, tanto del PAN como del PRI. Me parece que es un hombre que puede conciliar estos intereses, que puede dar cierta tranquilidad a los hombres de poder y de dinero en México y de esta manera tener su beneplácito y su apoyo. Me parece que este sector de la población en México puede sentirse a gusto con un hombre que según el PRI, no es del PRI; que según el PAN tampoco es del PAN; lo quieren presentar como un hombre un poco al centro y me parece que tal vez en ese sentido les puede funcionar.

El problema es que es un hombre que no comunica, con muy poco carisma, con muy poca personalidad, es un hombre que no ha hecho realmente algo importante o destacado. Nunca se ha enfrentado a un verdadero reto importante, no tiene ninguna experiencia política; tiene experiencia como funcionario, pero ninguna experiencia de gobierno, de ciudadanos, de crisis.

¿Qué opinas de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior?

Me parece muy preocupante y es imposible pensar que esta aprobación fast track no está vinculada al proceso electoral del próximo año. Lo que se pretende hacer con esta ley es tratar de legalizar lo ilegal. Desde que Felipe Calderón decidió sacar el ejército a las calles evidentemente era una situiación ilegal; anti constitucional. Ahora con esta ley se piensa legalizar esto.

¿Por qué es terriblemente peligroso? Está totalmente comprobado que desde el 2006 desde que el ejército está en las calles las quejas por violaciones a derechos humanos en la CNDH empezó a crecer dramáticamente. Si esta presencia ilegal del ejército era peligrosa, si tenemos el caso de Tlatlaya perpetrado por el ejército, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la cual el ejército participó activamente de manera impune, si tenemos tantas operaciones de violaciones a DH por parte del ejército impunes… si permanecen impunes cuando era ilegal, qué va a pasar ahora que tienen toda la legalidad para hacer arbitrariedad y media, van a ser doblemente impunes, por lo tanto doblemente peligrosos.

Esta ley no solo se refiere a estar patrullando las calles, éste tipo de cosas, sino también esta ley permitiría al ejército estar espiando a los ciudadanos. Solo con la mera sospecha, sin ninguna orden judicial. En un momento pre electoral, en unas elecciones presidenciales que evidentemente serán intensas, polémicas… tener un ejército con estas capacidades será vivir en un estado militar de facto, con todas las consecuencias que eso puede significar.

Felipe Calderón saca al ejército a las calles, pero ahora con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que nació profundamente débil después de la polémica electoral, la compra de votos, el Monex Gate, las condiciones de ilegalidad en las que ganó Enrique Peña Nieto y del poquísimo margen de votos que obtuvo, provocó que su gobierno fuera absolutamente débil. Ante esta debilidad, el ejército adquirió mucho mayor poder. Ahora hasta en el lugar más pequeño de México, está establecido lo que se llama la Policía Militar, que es una cosa que no existía. Existía la Policía Judicial Militar, que era la policía interna del ejército que manejaba las cuestiones de seguridad propia del ejército y de algunas investigaciones de crímenes relacionados con el ejército.

Pero esta Policía Militar que uno ve en cada módulo de policía municipal o estatal en México, está con sus barricadas, como si estuviéramos en estado de guerra; está con sus uniformes, con sus camiones haciendo rondines por todas partes. La sensación que hay en las calles es una sensación de temor; no es que la gente se sienta más protegida porque el ejército está en las calles.

Si esto lo vas a hacer legal, yo me imagino que en estas elecciones volviera a haber un plantón en Reforma como el del 2006 con Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, hoy a quien le correspondería remover este plantón sería al ejército y sabemos que el ejército lo va a hacer de una manera bastante violenta, porque para eso están entrenados. El ejército no está entrenado para tocar el silbato y decir “usted deténgase ahí”; el ejército está entrenado para matar.

Manifestaciones de indignación por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Foto: red

¿Es el ejército el verdadero poder en México?

Absolutamente. En el caso de Tlatlaya está totalmente impune, cuando los periodistas de Square y de la agencia AP descubrieron que había sido una ejecución, que el ejército había fusilado a 21 personas, el gobierno no tomó ninguna acción; hoy ningún militar está en la cárcel. El ejército es impune, y hay una cúpula de militares a la que pertenece Salvador Cienfuegos que es una cúpula absolutamente corrupta y que es la que tiene el control del ejército. Estamos hablando de un estado militarizado, donde la propia debilidad del presidente permite esto.

Cuando empezaron las presiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que entrevistar a los militares… yo sé de reuniones de expertos de la CIDH entrevistándose con Enrique Peña Nieto y diciéndole, a ver señor, es necesario entrevistar a la gente del 27 Batallón de Infantería. El presidente de la república lo que respondió es: “no creo que esto sea posible”. Y la gente se preguntaba, “pero si usted es el presidente de la república”, e insistía “no creo que pueda hacerse”.

En otro episodio, cuando los padres de familia estaban haciendo una manifestación en Guerrero para que se moviera un retén militar, -este episodio lo narro en mi libro La verdadera noche de Iguala”, estaban ya tan caldeados los ánimos, que el ejército ya había sacado las armas para disparar contra las personas, y los padres de los estudiantes dijeron, pues aquí nos morimos todos. El sub secretario de Gobernación, Luis Miranda le llama a Vidulfo Rosales, que era el abogado de los padres de los 43 estudiantes y le dice “¿qué estás haciendo?, párate!”, pues no, contesta el abogado, este retén que pusieron acá es totalmente ilegal, queremos que se vayan, dile al ejército que se mueva. Y Miranda le dijo: “tu no has entendido nada. El Presidente no le da ordenes al ejército”. Esa es la realidad, esa es la situación en la que estamos hoy en día, donde el poder ejecutivo no tiene la autoridad moral, ni el apoyo popular, porque no se lo ha ganado y porque ganó las elecciones de una manera fraudulenta, para poner a raya al ejército y regresarlo a los cuarteles.

Se supone que por ley, el Secretario de Defensa Nacional está supeditado a las órdenes del Poder Ejecutivo, se supone que el Presidente es el verdadero jefe de las fuerzas armadas, pero si es un presidente ilegítimo; si es un presidente que apenas ganó con el 25-30 por ciento total de votación, pues no tiene ninguna autoridad ante las fuerzas armadas.

¿Será la tercera la vencida para Andrés Manuel López Obrador?

El problema es que las encuestas dándole ventaja, las hemos visto muchas veces. Las vimos en el 2006, las vimos en el 2012 y ahora otra vez. El sistema político y económico en México, ¿va a permitir que una persona como Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia? Yo lo veo prácticamente imposible. Han aprendido a través del tiempo que estarlo golpeando y golpeando no es una estrategia muy inteligente, me parece que la estrategia ahora es la pulverización del voto. Entre más candidatos a la presidencia, mayor pulverización del voto contra Morena. Como en México no existe la segunda ronda, ganan la presidencia con el quince por ciento de la votación. El PRI no sólo tiene muchos votos duros, sino la capacidad de comprar muchos votos. Si puede comprar el veinte por ciento del padrón electoral, ya con eso.

¿Se hace algo para atacar efectivamente a la corrupción?

No desde México. El gobierno de Estados Unidos, por primera vez, para bien o para mal, sí está interesado en atacar la corrupción política en México. Fue Estados Unidos quien mandó la orden de arresto contra Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas; es el gobierno de Estados Unidos quien giró la orden de arresto contra Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila; es el gobierno de Estados Unidos quien acusa a Eugenio Hernández Flores, también ex gobernador de Tamaulipas de vínculos contra la delincuencia organizada. No es el gobierno de México.

Estados Unidos sí está interesado en poder mandar a juicio a parte de esta clase política corrupta. Sobre el involucramiento de militares y la Policía Federal yo conozco de esfuerzos que se están haciendo también en Estados Unidos, de empezar a desmantelar parte de estas redes criminales.

El tema es que el gobierno de Estados Unidos también manipula y juega con esta información. A veces le interesa, a veces no le interesa, a veces la usa como moneda de cambio…  Como mexicanos es un error permitir que otro país tome cartas en asuntos que nosotros debemos de resolver.

Después de casi once años de supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ha habido todos estos muertos y más de 30 mil desaparecidos, pues la gente está temerosa. Vamos a entrar en un momento electoral muy difícil porque la gente está más pobre, más desesperada, más enojada, pero también la gente tiene más miedo. Y más si ves un tanque o una barricada en la esquina de tu casa.

Tomás Yarrington fue exonerado por Fox, fue exonerado por Calderón y fue exonerado por Enrique Peña Nieto. Yo hice solicitudes de información a la PGR cuando llegó Murillo Karam, porque se supone que le había incautado algunos bienes a Yarrington de manera preventiva. El gobierno de Enrique Peña Nieto le devolvió todo, y a mí me respondió que no tenían ningún caso en contra del señor Yarrington.

Estamos hablando de que esta impunidad en México, no solo es una impunidad del PRI, todos están involucrados de una u otra manera en esta ilegalidad. Padrés ya está libre y el caso de Duarte es una broma, un circo. Lo detengo, simulo que lo voy a acusar, que lo voy a meter en la cárcel únicamente para alimentar la rabia de la gente que quiere al menos ver caer a alguien, y lo acusan de delitos mínimos en vez de acusarlo de las cosas más graves que ha cometido: los vínculos con los Zetas, los vínculos con el cártel del Golfo, ahí no lo tocan, porque eso sí es grave, porque de eso sí, no la libra. Al final de cuentas le van a decir usted disculpe y váyase a la calle.

¿Funciona exponer el caso de México ante el mundo?

Yo pienso que grupos como Amnistía Internacional, los visitadores responsables de diferentes temas de derechos humanos de la ONU, cuyo trabajo constante en México es importante, y otras ONG’s han hecho su trabajo. ¿ Pero qué es lo que pasa? La comunidad internacional, principalmente en Europa, se supone que está prohibido hacer acuerdos con países que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, y en México es evidente que es ésta la situación y aun así se siguen haciendo acuerdos con el gobierno de México.

La comunidad internacional es muy pragmática en el sentido de mientras no sean mis muertos, no me importa, porque me importa más la reforma energética; me parece que están con el cuchillo y el tenedor esperando un pedazo del pastel del petróleo y no importa lo demás.

Me parece que el cálculo de la comunidad internacional sobre México es absolutamente equivocado, porque en un país que va a explotar, no va a haber negocio qué hacer. Hay regiones donde muchas empresas han sido abandonadas, como en Michoacán, donde eran tantas las extorsiones y los secuestros que hizo imposible que las empresas siguieran operando. Esto puede ocurrir a nivel masivo en México, si el país termina por desmoronarse. Ahí hay un mal cálculo de negocio.

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En el Zócalo de Ciudad de México, las falanges ‘marxistas’

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

En una pugna simbólica y mediática, partidarios y adversarios se trenzaron este fin de semana en una inútil lucha de cifras. Unos y otros aseguran haber conjuntado en la Ciudad de México, más de medio millón de personas el 26 de febrero y el 18 de marzo.

Al margen de quién tenga la razón, lo único inobjetable e irrebatible, es que el país está profundamente dividido. Lejos de la reconciliación, esas masas ahí aglutinadas, lo único que reflejan es un futuro aciago para los mexicanos.

Parecen gloriosos ambos mítines: la sociedad politizada acude sin temor. Pero el futuro es opaco y sumamente preocupante por el tufo autoritario. “Está asegurada la continuidad”, frase central de un discurso retórico y sin sustento. Además del dedazo, vendrá la imposición del proyecto.

Sea cual sea la corcholata ganadora en el 2024, ésta obedecerá las órdenes que vengan desde Tabasco, apalancadas por el apoyo inefable del Ejército.

La inversión populista de recursos continuará, aunque no tenga reservas. Se irá a barriles sin fondo, que no devolverán ganancia alguna. La imposición de una nueva clase política más voraz está en camino. Por eso llamó a sus fanáticos a votar “por todo”, para tener mayorías absolutas, incontestables.

La pobreza crece, junto con la violencia. No hay orden legal y nuestras juventudes se asesinan entre sí, porque sí, porque la SEP está más preocupada en ideologizar.

La división es manifiesta, evidente. A unas horas de la “Gran Fiesta Patriótica”, la familia Cárdenas marcó su distancia con Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo hicieron, desde hace dos años, los familiares de Emiliano Zapata. El presidente los traicionó y permitió la construcción de una presa con la que no estaban de acuerdo. La ausencia de los Cárdenas y de los Zapata es el gran vacío, que pega en la columna vertebral de un cuerpo sin moral, como el de la 4T.

Ése es el panorama con el que entra al último año de gobierno López Obrador, perseguido por fantasmas del pasado que hoy reviven. Conasupo es hoy Segalmex, con un mismo sujeto: Ignacio Ovalle, al que hoy defiende el primer mandatario, así como protegió a un presunto violador como Félix Salgado Macedonio, o como resguarda a una delincuente, Delfina Gómez.

La muerte de más de 700 mil mexicanos, muchos de ellos por una pandemia que fue mal enfrentada, según los especialistas, será otro de los espectros que lo seguirán hasta Macuspana.

Tarde o temprano el país reconocerá como verdad el informe sobre los privilegios que tuvo la familia presidencial durante la mortandad. Para ellos, sí, Remdesivir.

Es la tormenta perfecta, que se puede convertir en maremoto, si se descontrola el sistema financiero internacional, quiebran bancos y esas masas confrontadas no encuentran una guía pacífica.

Las buenas intenciones y el apoyo a los pobres podrían convertirse en una pesadilla descomunal. Más aún cuando están bañadas de populismo. No hay dinero que alcance y el Banco del Bienestar está bajo sospecha como lavadero de dinero.

El sábado 18 de marzo vimos, entre otras cosas, el despliegue de algunos de los más de 23 mil Servidores de la Nación que engrosan la nómina de la Secretaría de Bienestar. Claro, la mayoría convencidos de su participación, ¡Nada más eso faltaba! Todos ellos significan un presupuesto superior a los tres mil millones de pesos al año. Por eso acudieron gustosos a arremolinarse ahí.

¿Servidores o siervos?

Los cuadros de estos servidores se componen de:

  • 18 mil 894 enlaces, desplegados en todo el país, con un sueldo de 8 mil 482 pesos mensuales.
  • 3 mil 736 trabajadores administrativos.
  • 252 directores regionales, que reciben 50 mil 158 pesos mensuales.
  • 32 delegados estatales o “superdelegados”. Ganan 87 mil 998 pesos al mes.

Hasta hace poco, el jefe de todos ellos era Gabriel García Hernández, coordinador Nacional de Programas Integrales de Desarrollo. Cercano al presidente AMLO, desde 2006.

Durante la elección de 2018, García Hernández fue responsable de desplegar una estructura partidista a favor de López Obrador; afiliar militantes a Morena y supervisar las asambleas municipales.

Es bajo esta descomunal estructura, que se expande la bonhomía del presidente de la República, convertido en moderno Robin Hood, que le quita el dinero a los ricos y clases medias para dárselo a los pobres, aunque algunos hayan muerto.

Por ello es por lo que resulta muy sospechoso el presunto robo de 136 millones de pesos a los Bancos del Bienestar hace unos días, cuando todavía no tiene ni estructura de verdadera institución financiera.

Es en medio de esas incongruencias, que ocurre esta nueva concentración. Lázaro Cárdenas Batel presentó su renunció el 17 de marzo, poco después de la confrontación de López Obrador con el ingeniero, su padre. AMLO decidió darla a conocer un día antes de la expropiación petrolera, para dañar lo menos posible “su fiesta”.

Fue una doble afrenta, pero ni todas las marchas o mítines del mundo podrán borrar el agravio al hijo del general, el Tata Cárdenas, al que también adoraba el pueblo hace 85 años.

No, no hay comparación alguna entre aquella gesta y lo que ocurre ahora. En aquel episodio histórico, la gente más humilde llevó al Zócalo sus pertenencias, sus animalitos, para ayudar con el pago de la deuda al vecino país. El pasado sábado 18 de marzo, hasta con 200 pesitos acarrearon a la gente. Otros, tenían que asistir, para no perder el trabajo.

Pero también hay los Solovinos, como les dijo una vez López Obrador, que fueron con toda la convicción y el corazón. Ojalá no los traicione también.

Lo peor fue el performance que algunos seguidores de AMLO escenificaron: la quema de un monigote que alude a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Como si no viviéramos en un país donde frecuentemente se lincha a víctimas inocentes, el discurso presidencial alienta este tipo de manifestaciones.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Foto: red.

En un país tan dividido, impulsar el odio hará más peligroso el año próximo. Más aún ante las asechanzas de los vecinos del norte. Este domingo, mandaron una misión diplomática, compuesta de legisladores y encabezada por el embajador Ken Salazar, para aclarar algunas paradas, no sólo sobre el narco.

Se supo, que México ha concesionado a Estados Unidos la terminal marítima de Punta Venado, en Quintana Roo, hasta el 2037. ¿En qué régimen se otorgó? ¿Por qué no lo sabíamos?

Sin embargo, nos enteramos el domingo que dichas instalaciones fueron requisadas por la Marina y la policía estatal, lo que desató el enojo del gobierno y Congreso de aquel país.

De esto, López Obrador no nos dijo nada ayer en su maratónico discurso de una hora. De hecho, frenó toda alusión antiyanqui. Evitó desatar el patrioterismo, para no enemistarse más con los gringos. Pero ahora tiene que explicar ¿Cómo pedirá la unidad de los mexicanos, incluso de aquellos a los que nos ha insultado por participar en manifestaciones que él no organiza?

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Con voz propia

Las cadenas de oración como política pública en Perú

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Religión y vida pública

Uno de los efectos, inevitables pero posiblemente inesperados de las crisis, es que revelan los aspectos más sórdidos, más contradictorios, del comportamiento de las personas, los grupos e incluso de las instituciones públicas. En ese sentido, la profunda crisis política en Perú no ha sido especialmente distinta de las que ocurren en la actualidad en otros países de América Latina. La diferencia, si la hay, es que en Perú la crisis política se ha conjugado con otras crisis igualmente graves. Como en el resto de América Latina, están los efectos de la pandemia de coronavirus que hizo estragos en los sistemas de salud de la región, afectados cada uno por cualquier cantidad de insuficiencias y fallas en el diseño y en la operación de las instituciones de salud, así como por la corrupción.

Incluso se podría agregar en el caso de Perú, Argentina, México y Chile, el componente de la violencia generada a veces por grupos de narcotraficantes y a veces por otras organizaciones criminales. En Argentina, por ejemplo, ha sido especialmente grave el ataque en Rosario al Supermercado Único, propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, el astro de la recientemente coronada selección nacional de futbol de ese país, fue objeto de ataques muy violentos que sacudieron a la opinión pública argentina. La situación es tan grave que el gobierno federal, al estilo de las autoridades mexicanas y colombianas, anunció que el Ejército participaría en los operativos de seguridad, lo que ha provocado amargos intercambios entre los actores políticos de aquel país. Sin embargo, en Perú se ha agregado un cuarto elemento a la crisis: las brutales inundaciones que han devastado, como siempre es el caso, las zonas más pobres de las regiones afectadas por esos fenómenos.

La ribera del río Chillón en Lima, 16 de marzo de 2023

Fue notable que, ante la realidad creada por ese cuarto elemento de crisis, el recién electo alcalde de Lima, la capital de Perú, Rafael López Aliaga, hiciera una serie de declaraciones en las que, además de culpar a todos los gobiernos previos por la magnitud de la crisis de inundaciones en la capital peruana, también aseguró que, además de no dormir, había cumplido con sus responsabilidades como alcalde de la capital más antigua de América del Sur, al promover y participar de una serie de “cadenas de oración” cuyo objetivo—según López Aliaga—era el de que las lluvias se movieran fuera de la zona metropolitana de Lima.

Una de las cosas más notables de esa declaración de López Aliaga es la manera en que su equipo de comunicación en la capital peruana usó una combinación de medios tradicionales y de mensajes en redes sociales para hacer de las “cadenas de oración” un elemento clave de su respuesta a las violentas, en más de un sentido, devastadoras inundaciones. Acá se puede ver la manera en que algunos de los medios peruanos, Radio Exitosa en este caso, informó que López Aliaga aprovechó una reunión con miembros del congreso y luego con funcionarios del gobierno nacional peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte, para anunciar su “cadena de oración”. Horas después, cuando el huracán Yaku finalmente cayó sobre Lima y su zona metropolitana, con los efectos que ya todos conocemos, la reacción de López Aliaga fue la de atribuirse el curso que siguió ese fenómeno natural como un resultado de la “cadena de oración” que había promovido.

Es claro que cuando tenemos problemas no está de más invocar la ayuda de Dios o lo que sea en lo que cada persona cree. Es claro, además, que a diferencia de México donde hay una cierta tradición secularista que busca aislar a la política de la religión, en Perú no existen esas limitaciones. El Estado se declara abiertamente confesional, católico de manera más precisa y hay distintos puntos de contacto entre la religión y política en todos los niveles del gobierno de aquel país.

Sin embargo, el problema con lo dicho por López Aliaga es que, en un sentido, a pesar de que las autoridades nacionales peruanas advirtieron de la llegada de Yaku, él y su equipo parecían desestimar los efectos de ese huracán. Dada la manera en que reaccionaron, uno podría asumir que estaban listos, pues no se prepararon refugios, ni equipos que eventualmente pudieran rescatar a personas o grupos que se vieran aislados por las lluvias torrenciales.

Tampoco se tuvo el cuidado de limitar el tráfico de vehículos en las calles donde se sabía, por la historia de inundaciones previas, había mayores probabilidades de que hubiera problemas. Lejos de ello, se le apostó desde el inicio a la “cadena de oración” como respuesta de política pública. Incluso una semana después de que López Aliaga hiciera alarde del poder de su oraciones, llamó “intolerantes” a quienes le criticaron por la manera en que actuó como principal responsable de la seguridad de las personas que viven en Lima.

Que López Aliaga llame a otras personas “intolerantes” eleva la situación a otro nivel. Si algo le ha ganado fama pública al ahora alcalde de Lima no ha sido su disposición a ser tolerante. Más bien todo lo contrario. El alcalde se distingue, entre otras cosas, por su participación en la prelatura del Opus Dei, una estructura creada por Josemaría Escrivá de Balaguer durante los prolegómenos de la Guerra Civil española (1936-9), que se caracteriza por presumir de ser “estricta” en su comprensión y práctica del catolicismo.

Rafael López Aliaga durante su campaña presidencial de 2021. Tomada de Wikipedia.

No es posible reconstruir acá las notas características del catolicismo según el Opus Dei, pero es notablemente intolerante incluso con otros católicos que no comparten con la prelatura su manera de entender la realidad, el mundo e incluso la doctrina del catolicismo. Rechaza cualquier crítica a la Iglesia y ello les ha llevado, en más de una ocasión, a defender a notables depredadores sexuales. En Chile, por ejemplo, fueron miembros de la prelatura en aquel país quienes financiaron la defensa civil y canónica de Fernando Karadima, el superdepredador sexual. No sólo eso. Cuando Karadima todavía celebraba misas con público, se veía a estos miembros o simpatizantes de la prelatura, en las bancas de la parroquia del Sagrado Corazón en Providencia, una de las zonas más hermosas y ricas de Santiago de Chile.

López Aliaga lleva varios años tratando de ganar notoriedad y cargos de elección popular en Perú. Luego de ser regidor en el ayuntamiento de Lima a principios de siglo, se convirtió en uno de los líderes nacionales de Renovación Popular, organización con vínculos formales e informales de diversa naturaleza con el así llamado Sodalicio de Vida Cristiana, una “orden” religiosa del catolicismo nacida en Perú que, como la Legión de Cristo en México o el Instituto del Verbo Encarnado en Argentina, presume también de ser “estricta” en su comprensión de la doctrina católica y, como esas dos organizaciones, ha visto a varios de sus miembros enfrentar acusaciones por abuso sexual.

Los vínculos del alcalde de Lima con el Sodalicio de Vida Cristiana son tan profundos, que su compañera de fórmula en la elección presidencial de 2021 fue Neldy Mendoza, quien presume ser especialista en distintas disciplinas, aunque nunca ha acreditado esas capacidades. A pesar de las críticas que enfrenta por esas actitudes, es invitada frecuente a las actividades públicas de los grupos que forman parte del Sodalicio, por lo que observadores de la vida pública peruana la cuentan entre sus miembros o, por lo menos, sus simpatizantes. Y es que, como suele suceder con el Opus Dei y otras organizaciones “estrictas” del catolicismo, la pertenencia a esos grupos suele ser tratada como una suerte de secreto de Estado por las organizaciones y sus miembros.

López Aliaga, además, presume ser un político “provida”. No es claro cuántas personas habrían muerto en Lima por las inundaciones. Se sabe que hay un saldo de cinco personas que perdieron la vida por los efectos de Yaku, pero es difícil saber si todos vivían o murieron en Lima. En todo caso, lo que demostró López Aliaga es la fragilidad del discurso “provida” que caracteriza al Opus Dei y a grupos similares en el espectro de las derechas de América Latina. Se dicen contrarios al aborto, pero no parecen preocuparse por los efectos de desastres que podrían prevenirse o evitarse del todo para evitar la muerte de personas inocentes.

En la elección presidencial de 2021, en la que ganó Pedro Castillo en la segunda vuelta, el ahora alcalde de Lima fue abanderado del Partido Renovación Popular. Como tal, se hizo de poco menos del doce por ciento del voto en la primera vuelta. En la segunda vuelta, aunque no hubo un acuerdo formal para transferir votos, en los hechos sus electores apoyaron a Keiko Fujimori luego de que, en mayo de 2021 López Aliaga anunciara que él votaría por la hija del expresidente.

Un aspecto que no debe soslayarse de los llamados de López Aliaga a enfrentar los efectos de Yaku con una cadena de oración es que, a lo largo de los últimos 20 años, el ahora alcalde ha tratado de presentarse como un promotor de gobiernos racionales, eficaces, que operen a partir de criterios empresariales y no de criterios o preferencias políticas. En un sentido, esa posición choca con la de quien se abandona a lo que para algunos podría ser la “voluntad de Dios” pero, para otros, podría ser la expresión del descuido, del desaseo y la irresponsabilidad. En otro sentido, él está lejos de actuar con criterios racionales o eficaces, como lo demuestra este episodio.

López Aliaga se hizo del cargo que ahora ostenta, por cierto, con menos del 30 por ciento del voto de los limeños. Sólo 26 de cada 100 votaron por él. Fue así gracias al pésimo diseño de las leyes electorales peruanas que, aunque exigen una segunda vuelta en las presidenciales, permiten que una persona como López Aliaga, conocido por sus excesos verbales contra quienes no piensan o actúan como él incluso dentro de la Iglesia Católica, ocupen el cargo a pesar de no haber ganado la elección con algún margen que garantice que representa a los electores.

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La desinformación, la gran estafa de la opinión publicada

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«Argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder»: analista

Por Alberto Vila

Cada vez se presta más atención al fenómeno de la desinformación qué opera como una gran manipulación de conductas políticas, sociales y económicas, de grandes colectivos sociales. El uso del falseamiento de informes, la proliferación de las mentiras intencionadas para favorecer a los intereses de los propietarios de los medios, son la expresión frecuente desinformativa. La desinformación sobre la guerra de Ucrania es un caso de censura informativa en el espacio OTAN.

Estas conclusiones sobre la desinformación partieron de los datos de un informe que la Universidad de Princeton publicó recientemente y que detectó que los adultos mayores tienen más probabilidades de compartir noticias falsas. En ese estudio los investigadores estadounidenses identificaron el aumento de usuarios hombres y mujeres de más de 65 años en Facebook y concluyeron que en esa red social los usuarios de mayor edad compartieron más del doble de artículos de noticias falsas que el grupo de edad más próximo, los de 45 a 65 años, y casi siete veces más que el grupo de edad más joven, de 18 a 29 años.

El efecto que tiene la información falsa sobre las empresas y la economía en general es enorme. Las audiencias tienden a ser receptivas a las noticias falsas. El control hegemónico de los grupos mediáticos facilita tal situación. Inclusive esos medios dicen actuar de fact-checking, de la información publicada. En cualquier caso, se verifica poco quién las fabrica y con qué motivos. Cómo combatir actualmente la desinformación, es la batalla que se libra en el mercado de los mensajes difundidos.

Sin razón aparente, el 29 de marzo de 2018, las acciones de Amazon bajaron un 5%, lo que equivale a la pérdida de 60.000 millones de dólares en valoración. Pero siempre existe un motivo para que una cotización baje tan repentinamente. Puede ser, simplemente, una percepción o una realidad, pero cuando hay un descenso de esta magnitud, significa que el mercado espera “algo”, y, en este caso, era una acción del Gobierno Federal Americano en contra de la compañía. El presidente Trump había usado su medio de comunicación preferido, Twitter, para quejarse de que Amazon no pagaba impuestos estatales ni locales, usaba el servicio de correos como su “chico de los recados”, causándole grandes pérdidas, y, además, era responsable de la quiebra de miles de comercios. Sin haberlo dicho explícitamente, el mercado de valores esperaba que la administración Trump actuara en contra de la empresa.

En Argentina, un grupo de investigadores, de Proyecto Desconfío y del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad (MESO), que trabaja para combatir el impacto de la desinformación en medios y redes sociales detectó que los adultos mayores de 60 años son los más afectados por las campañas de noticias falsas que circulan a través de WhatsApp. El consumo de mensajes engañosos y el desconocimiento de recursos para poder detectarlos motivó un estudio de campo con el fin de alertar sobre las consecuencias de la desinformación en esta población adulta y a aportar herramientas para poder combatirla.

En sus orígenes, la verificación de hechos era un proceso interno de los medios de comunicación que consistía en la revisión de los datos y los hechos de una noticia antes de su publicación. Los actores encargados de verificar eran los periodistas, que tenían que salir al exterior a buscar la noticia y tenían las herramientas y los conocimientos para identificar información falsa o engañosa. El paradigma cambia radicalmente con la llegada de internet. Este nuevo canal amplía el acceso a la información y permite al usuario generar y difundir sus propios contenidos, lo que abre las puertas a la infoxicación. El exceso de información y la llegada de múltiples canales por dónde difundirla, como son las redes sociales y la mensajería instantánea, entre otros, provoca una crisis de confianza hacia los periodistas, que redefine el ejercicio del fact-checking.

La infoxicación y los múltiples canales de difusión hacen que los periodistas no lleguen a todo. Los fact checkers actúan de manera reactiva desmintiendo hechos e información que ya circula en internet, pero nunca opiniones personales. Así pues, el fact-checking, tal como lo entendemos hoy, es un producto de la era digital. En 1994 nace en Estados Unidos Snopes, la primera plataforma de verificaciones en línea que aparece con el objetivo de validar y desmentir mitos, rumores y leyendas urbanas que circulaban por internet. La evolución de las falsedades en medios no ha hecho más que agravarse.

España es el escenario de imperios mediáticos que, a cualquier precio, sostienen el relato oficial de una monarquía directa heredera del franquismo. Para eso, argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder. Aquí, la tarea de los fact-checkers o verificadores es esencial en la era del exceso informativo y las redes sociales, pero para que la misión de acabar con la información falsa se cumpla, es necesario que cualquier ciudadano, alfabetizado digitalmente, sepa identificar este tipo de contenidos sin caer en falsedades o engaños.

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El autor es economista  y analista político, experto en comunicación institucional.

Este artículo se publicó originalmente en elobrero.es

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