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Linchamientos en Argentina, percepción de que el Estado no protege

Una ola de linchamientos ha generado alarma entre los pueblos de Argentina ante la percepción de que no hay protección del Estado

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Las amenazas de linchamientos se propagan por urbes y zonas rurales, en diferentes formas. Foto: Cortesía de la red Cosecha Roja

Las amenazas de linchamientos se propagan por urbes y zonas rurales, en diferentes formas. Foto: Cortesía de la red Cosecha Roja

Por Fabiana Frayssinet

Análisis

BUENOS AIRES, Argentina, (IPS).- La palabra linchamiento nació y se generalizó en Estados Unidos para designar “el castigo colectivo violento a personas de distinto color” y se afianzó después en varios países latinoamericanos. Sorprende ahora en Argentina y remite al universo simbólico de su origen: “la privatización de la justicia”, contra los marginados de siempre.

En menos de dos semanas se supo de una docena de linchamientos o intentos en Argentina y en el primero, el 22 de marzo, murió David Moreyra, un joven de 18 años, después de que presuntamente intentó robarle el bolso a una mujer en la ciudad central de Rosario.

“Linchamiento” (“lynching”) tiene su origen en la Guerra de Independencia estadounidense, cuando el juez Charles Lynch decidió castigar fuera de la ley a un grupo de leales al imperio británico pese a que ya habían sido absueltos por un jurado oficial, recuerda en un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Leandro Gamallo.

Luego el término se utilizó para designar la práctica de los “cazadores de hombres” -hombres blancos del sur de Estados Unidos- que organizaban “patrullas” civiles para capturar a supuestos maleantes.

Esta “justicia popular” daría después paso al “uso de la fuerza colectiva como un método de explotación y segregación racial realizada por los blancos hacia los negros”, especifica Gamallo.

Los linchamientos han vuelto al debate latinoamericano, cuando instigados o apenas reflejados por los medios (según un inacabado debate) surgieron en Argentina, un país donde no existe una “justicia comunitaria tribal” arraigada, como la de Bolivia, Ecuador o Guatemala.

Estos asesinatos ya son bien conocidos en Bolivia, donde la Defensoría del Pueblo reportó 53 casos entre 2005 y octubre del 2013. También se cometen en Brasil, México, países andinos y centroamericanos.

Los muertos siguen siendo los mismos

En Guatemala, el politólogo Marcelo Colussi los vincula a un tejido social descompuesto por más de tres décadas de conflicto armado interno (1960-1996). Pero en todos los casos, el común denominador pareciera ser el mismo: víctimas pobres, indígenas o negras y una privatización de la justicia ante la inseguridad real o aparente.

Los muertos “siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo” en Guatemala: “indígenas de origen maya, por siempre pobres”, asevera Colussi.

“Hay un proceso de estigmatización de jóvenes pobres”, resaltó el historiador argentino Diego Galeano, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, aunque considera prematuro aseverar que existe una ola de linchamientos en su país.

Sin embargo, Galeano, investigador de la historia transnacional del delito en América del Sur, advierte sobre la gravedad de un “desplazamiento del modo en que se regula la violencia” en Argentina.

La socióloga argentina Maristella Svampa se remontó a los saqueos de finales de 2013, iniciados en la central provincia de Córdoba, para recordar que allí “asomaron intentos de linchamiento a supuestos saqueadores cuyo único delito, además de la portación del rostro (jóvenes pobres y morenos), era atravesar el barrio Nueva Córdoba, sede de sectores medios y acomodados”.

Pero hay otro ángulo que, según la investigadora del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, merece una advertencia: el de los grupos armados dispuestos a intervenir contra los saqueadores (en fotos divulgadas en redes sociales) que interpreta como “un tenebroso intento de privatización de la justicia”.

“Ambos hechos (intento de linchamiento y grupos de autodefensa), como respuesta colectiva a los saqueos, develaron un síntoma de profundo retroceso de la democracia y de los derechos humanos”, planteó Svampa.

De esa forma, “en un contexto marcado por nuevos conflictos sociales, mayor desigualdad, creciente desorganización social y discursos punitivos, nuestro país parece estar abriendo una peligrosa caja de Pandora”, alertó.

linchamiento

El índice de criminalidad en todo el país, y en las exzonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto. Foto: La Red 21

La percepción de que el Estado ya no protege a la sociedad

En Argentina, como señaló el experto en políticas de seguridad Luis Somoza, los linchamientos se dan en un escenario de aumento de la delincuencia. Por eso, son “el reflejo de una sociedad totalmente saturada del nivel de inseguridad alcanzado”, dijo este profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

“La gente tiene la percepción, cuando no el dato de la realidad, de que el Estado no la protege”, argumentó. Pero este “retroceso a un estadio primitivo de la sociedad” vislumbra el riesgo adicional de una “probable aparición de fuerzas no estatales que se adjudiquen el papel de defensa, que se dan en llamar fuerzas de autodefensa, milicias, paramilitares, escuadrones de la muerte”, advirtió.

El defensor penal juvenil de la oriental ciudad de La Plata, Julián Axat, asocia el fenómenoa la impunidad de otros linchamientos menos publicitados o ignorados por los medios.

Hay miles de casos de golpizas que anteceden las detenciones de adolescentes pobres, “correctivos” como patadas, cachetazos, empujones y escupidas que parecen aceptados en el “imaginario policial”.

“La impunidad de los linchamientos es lo que más genera el clima de repetición. No son los medios, es la policía y la justicia los que no los detienen”, sostuvo Axat en un artículo que autorizó a difundir.

“Como dijo Bertolt Brecht, hoy serán los negritos de pelo ensortijado, mañana posiblemente sus captores, mientras los poderosos de siempre y sus policías se lo agradecerán pues seguirán haciendo estupendos negocios con la ‘inseguridad’ y con una sociedad donde los pobres matan a los menos pobres y la clase media autoritaria aplaude”, sintetizó a IPS el abogado de derechos humanos Claudio Orosz.

En todo caso, la experiencia guatemalteca evidencia la inutilidad del linchamiento como forma disuasiva del delito.

“Pese a haberse ‘ajusticiado’ a numerosos delincuentes… el índice de criminalidad en todo el país, y en las exzonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto”, aclara Colussi.

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández aseguró el 31 de marzo que “todo lo que sea generar violencia, siempre, siempre engendra más violencia”, en referencia a un fenómeno cuya palabra, linchamiento, evitó nombrar.

 

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Europa

Rusia y Ucrania se culpan por los ataques a un sitio de energía nuclear

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La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte sobre un posible desastre nuclear en Zaporizhzhia, la planta nuclear más grande de Europa, ubicada en una ciudad al sureste de Ucrania, situada a orillas del río Dniéper. Es el centro administrativo del Óblast en la región de Zaporizhzhia, que fue atacado dos veces desde el viernes 5 de agosto.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente del ataque del sitio nuclear. Rusia, por su parte, ha ocupado la planta desde principios de marzo. y afirma que los bombardeos de las fuerzas ucranianas podrían tener “consecuencias catastróficas” para Europa.

Ucrania, por otro lado, afirma que fueron las fuerzas rusas las que llevaron a cabo ataques con misiles en la planta nuclear en un esfuerzo por desconectarla de la red eléctrica de este país. Los residentes locales pidieron el fin de los combates cerca del sitio, que alberga seis reactores nucleares y miles de toneladas de materiales altamente radiactivos.

Volodymyr Martynyuk señaló que “como residentes de la ciudad, hacen un llamado al ejército ruso y a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que eviten los combates abiertos en el área alrededor de Enerhodar y dentro de una zona de 20 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear. Estamos hablando de la seguridad de todo el planeta, no sólo de la seguridad de Ucrania, Bielorrusia y Rusia y los países cercanos”.

Con información de Democracy Now!

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Oriente Medio

Asalto de Israel en Gaza mata a 44 palestinos, 15 niños: el alto al fuego no acaba con derramamiento de sangre

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El número de muertos de tres días de un bombardeo militar israelí en Gaza ha llegado a al menos 44 palestinos, incluidos 15 niños. Al menos 350 palestinos resultaron heridos. Desde entonces, los bombardeos se han detenido después de que Israel y el grupo militante Jihad Islámica acordaron el domingo un alto el fuego mediado por Egipto, y los cruces fronterizos se reabrieron el lunes para permitir la entrada de las necesidades básicas.

El periodista y activista Issam Adwan, señaló que la operación militar de Israel está destinada a reforzar el actual gobierno israelí antes de las elecciones de noviembre. “Están usando la sangre palestina para promover una campaña a favor de ciertas personas”, dice Adwan.

El periodista reiteró fueron testigos de la muerte de 44 palestinos, incluidos 15 niños y seis mujeres, lo que representa la mitad de las bajas del lado palestino. «No hay palabras para describir los crímenes de guerra que se han cometido, incluso con las afirmaciones de las autoridades israelíes de que están apuntando a los miembros de alto rango de PIJ, miembros militares de alto rango. Esto incluía, por supuesto, atacar edificios residenciales, matar niños y mujeres, por supuesto», especificó.

De acuerdo con Adwan, en entrevista con Amy Goodman, el conflicto inició cuando Israel cortó el suministro de combustible a Gaza durante el bombardeo lanzado sobre Gaza. Luego la escalada comenzó, cuando la administración israelí decidió cerrar ambas fronteras, en el cruce de Kerem Shalom y en el cruce de Erez, que son los principales cruces de las mercancías que ingresan a Gaza, así como de equipos médicos y combustible.

Otro de los puntos que mencionó el periodista es la acción de provocación para detener a Bassam al-Saadi, un alto miembro del PIJ en Cisjordania y de convertir en objetivo también a Tayseer al-Jabari, un alto miembro de la PIJ en Gaza, quien según Adwan se trata de una persona política más que un militar.

Con información de Democracy Now!

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Latinoamérica

Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

***

Fuente: ipsnoticias.net

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