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Justicia pendiente

Líder indígena Kumiai, presa en Tijuana por influencias de empresario

El empresario Rubén Martínez Pérez demandó por abigeato y fue encarcelada la indígena Aurora Meza, para despojarla de terrenos de la comunidad Kumiai

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Aurora Meza Calles, líder Kumiai presa en el penal La Mesa de Tijuana

Aurora Meza Calles, líder Kumiai presa en el penal La Mesa de Tijuana Foto: cortesía

Por José Pedro Martínez

TIJUANA, México.-Aurora Meza Calles, indígena Kumiai de 53 años, tendrá que permanecer, al menos, otros diez días más recluida en la cárcel La Mesa de Tijuana, a la espera de que se celebre la audiencia para su liberación que estaba prevista para este jueves 26 de febrero. Acusada de abigeato por el empresario ganadero Rubén Martínez Pérez, ha sido víctima de un dudoso enjuiciamiento, después de ser detenida y encarcelada mediante engaños desde hace dos meses. Debido a la inoperancia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), incapaz de proporcionar a tiempo un traductor para el proceso, su estancia entre rejas se está alargando a la espera de resolución. Defensora de la comunidad nativa en Baja California y colaboradora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad de San Diego, se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión por haber vendido supuestamente dos caballos que no eran de su propiedad.

Los Kumiai son una comunidad indígena de unos 120 miembros pertenecientes a la familia etno-lingüística amerindia de los yumanos. Hace unos 400 años abandonaron su forma de vida nómada y se asentaron en el sur de Estados Unidos y el norte de México, donde han ido perdiendo progresivamente su territorio debido a las invasiones de ejidatarios y empresas vinícolas y ganaderas. Éstas, con el apoyo de la Fiscalía Agraria y el amparo de una inexistente legislación que reconozca y proteja los derechos de los pueblos nativos, han dividido, ocupado y contaminado poco a poco las aproximadamente 11 mil hectáreas en las que se extendía su presencia (desde Escondido en California, a Ensenada, México), hasta reducir su dominio a unas pocas rancherías agrestes aisladas entre sí.

Aurora Meza es líder de esta comunidad asentada en Juntas de Nejí (Tecate, Baja California), y se encarga de mantener y enseñar la lengua, la historia y las tradiciones ancestrales a las últimas generaciones de su pueblo. Junto a su familia, ha denunciado la usurpación del territorio Kumiai y la contaminación del agua por la invasión del ganado desde hace más de 30 años, por lo que sospecha que su encarcelamiento responde a una estrategia para continuar con el despojo de más tierras.

La zona donde hoy sobrevive el legado Kumiai, rica en pastos y fuentes de agua, ha sido conservada por la propia iniciativa de los indígenas. En sus praderas cabalgan manadas de caballos salvajes en total libertad, y muchos de ellos son capturados impunemente por los mismos ganaderos que también invaden el lugar con sus rebaños, para posteriormente marcarlos con fierro incandescente y así asegurarse su propiedad. Este es el origen de los problemas de Aurora y su familia: los equinos regresan por instinto al lugar del que proceden, el territorio Kumiai, dejando a su paso numerosos desperfectos de los que nadie se hace responsable y haciendo fácil a los empresarios la interposición de una denuncia por abigeato (robo de ganado), contra los nativos.

Protesta frente al penal La Mesa, el pasado 17 de enero

Protesta frente al penal La Mesa, el pasado 17 de enero Foto: cortesía

En el verano de 2013, Aurora dio cuenta de numerosos daños en el rancho familiar, una vez más causados por animales de los que nadie tenía referencias. “Desde hacía años llevaba denunciando que el ganado que era introducido clandestinamente a pastar rompía tuberías, contaminaba el agua potable y se comía el pasto, pero nunca se dio solución”, cuenta la abogada de la líder indígena, Marisol Prado. Aurora encontró unos caballos, los amarró y buscó al dueño durante unos días, y como no logró dar con ningún responsable, decidió venderlos para sufragar las pérdidas ocasionadas.

Minutos después de la venta, funcionarios de Fomento Agropecuario se presentaron para informar que se estaba cometiendo una ilegalidad, ya que los animales eran propiedad de Rubén Martínez Pérez, “al que conocían porque los mismos hijos de Aurora le salvaron la vida después de haber sufrido la mordedura de una víbora en el campo”, puntualiza la letrada. El dinero fue regresado en ese mismo momento en presencia de las autoridades y el problema, pensó Aurora, se había terminado. Según la versión de algunos testigos, el mismo día de los acontecimientos, el empresario ganadero apareció en la ranchería acompañado de sus vaqueros y para capturar una veintena más de caballos.

El pasado mes de diciembre, Aurora recibió la invitación para presentarse ante el Ministerio Público para dar declaración sobre los hechos de 2013. Hasta el momento, desconocía que Martínez Pérez presentó una denuncia meses atrás, y los ministeriales aprovecharon para girar la orden de aprehensión correspondiente cuando la líder indígena, enferma de hipertensión y diabetes, y con dificultades para entender el vocabulario legal, acudió a las instalaciones de judicatura en Tecate. Inmediatamente fue encerrada en una insalubre celda durante tres días y posteriormente trasladada a la prisión de Tijuana, donde espera desde entonces la obtención de libertad.

Marisol Prado afirma que los pueblos indígenas en México están totalmente desprotegidos. “Aquí no existen Reservas como en Estados Unidos. Los Kumiai no poseen documentación catastral que delimite su territorio, por ello han sido despojados de sus tierras constantemente”. La letrada cree que hay una persecución a la familia de Aurora, conocida en Tecate por su ferviente defensa de los Kumiai, por parte de algunos empresarios de la zona. Tampoco confía en las instituciones mexicanas, “Juan Malagamba Zentella, delegado del CDI en Baja California, me dijo que no podían hacer mucho porque estaban ocupados con sus problemas internos”. El futuro de los Kumiai pasa por la liberación de Aurora Meza y de la acción de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, de la que esperan obtener un marco legal que les proteja en el futuro.penal

Justicia pendiente

Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Justicia pendiente

Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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