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Justicia pendiente

Líder indígena Kumiai, presa en Tijuana por influencias de empresario

El empresario Rubén Martínez Pérez demandó por abigeato y fue encarcelada la indígena Aurora Meza, para despojarla de terrenos de la comunidad Kumiai

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Aurora Meza Calles, líder Kumiai presa en el penal La Mesa de Tijuana

Aurora Meza Calles, líder Kumiai presa en el penal La Mesa de Tijuana Foto: cortesía

Por José Pedro Martínez

TIJUANA, México.-Aurora Meza Calles, indígena Kumiai de 53 años, tendrá que permanecer, al menos, otros diez días más recluida en la cárcel La Mesa de Tijuana, a la espera de que se celebre la audiencia para su liberación que estaba prevista para este jueves 26 de febrero. Acusada de abigeato por el empresario ganadero Rubén Martínez Pérez, ha sido víctima de un dudoso enjuiciamiento, después de ser detenida y encarcelada mediante engaños desde hace dos meses. Debido a la inoperancia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), incapaz de proporcionar a tiempo un traductor para el proceso, su estancia entre rejas se está alargando a la espera de resolución. Defensora de la comunidad nativa en Baja California y colaboradora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad de San Diego, se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión por haber vendido supuestamente dos caballos que no eran de su propiedad.

Los Kumiai son una comunidad indígena de unos 120 miembros pertenecientes a la familia etno-lingüística amerindia de los yumanos. Hace unos 400 años abandonaron su forma de vida nómada y se asentaron en el sur de Estados Unidos y el norte de México, donde han ido perdiendo progresivamente su territorio debido a las invasiones de ejidatarios y empresas vinícolas y ganaderas. Éstas, con el apoyo de la Fiscalía Agraria y el amparo de una inexistente legislación que reconozca y proteja los derechos de los pueblos nativos, han dividido, ocupado y contaminado poco a poco las aproximadamente 11 mil hectáreas en las que se extendía su presencia (desde Escondido en California, a Ensenada, México), hasta reducir su dominio a unas pocas rancherías agrestes aisladas entre sí.

Aurora Meza es líder de esta comunidad asentada en Juntas de Nejí (Tecate, Baja California), y se encarga de mantener y enseñar la lengua, la historia y las tradiciones ancestrales a las últimas generaciones de su pueblo. Junto a su familia, ha denunciado la usurpación del territorio Kumiai y la contaminación del agua por la invasión del ganado desde hace más de 30 años, por lo que sospecha que su encarcelamiento responde a una estrategia para continuar con el despojo de más tierras.

La zona donde hoy sobrevive el legado Kumiai, rica en pastos y fuentes de agua, ha sido conservada por la propia iniciativa de los indígenas. En sus praderas cabalgan manadas de caballos salvajes en total libertad, y muchos de ellos son capturados impunemente por los mismos ganaderos que también invaden el lugar con sus rebaños, para posteriormente marcarlos con fierro incandescente y así asegurarse su propiedad. Este es el origen de los problemas de Aurora y su familia: los equinos regresan por instinto al lugar del que proceden, el territorio Kumiai, dejando a su paso numerosos desperfectos de los que nadie se hace responsable y haciendo fácil a los empresarios la interposición de una denuncia por abigeato (robo de ganado), contra los nativos.

Protesta frente al penal La Mesa, el pasado 17 de enero

Protesta frente al penal La Mesa, el pasado 17 de enero Foto: cortesía

En el verano de 2013, Aurora dio cuenta de numerosos daños en el rancho familiar, una vez más causados por animales de los que nadie tenía referencias. “Desde hacía años llevaba denunciando que el ganado que era introducido clandestinamente a pastar rompía tuberías, contaminaba el agua potable y se comía el pasto, pero nunca se dio solución”, cuenta la abogada de la líder indígena, Marisol Prado. Aurora encontró unos caballos, los amarró y buscó al dueño durante unos días, y como no logró dar con ningún responsable, decidió venderlos para sufragar las pérdidas ocasionadas.

Minutos después de la venta, funcionarios de Fomento Agropecuario se presentaron para informar que se estaba cometiendo una ilegalidad, ya que los animales eran propiedad de Rubén Martínez Pérez, “al que conocían porque los mismos hijos de Aurora le salvaron la vida después de haber sufrido la mordedura de una víbora en el campo”, puntualiza la letrada. El dinero fue regresado en ese mismo momento en presencia de las autoridades y el problema, pensó Aurora, se había terminado. Según la versión de algunos testigos, el mismo día de los acontecimientos, el empresario ganadero apareció en la ranchería acompañado de sus vaqueros y para capturar una veintena más de caballos.

El pasado mes de diciembre, Aurora recibió la invitación para presentarse ante el Ministerio Público para dar declaración sobre los hechos de 2013. Hasta el momento, desconocía que Martínez Pérez presentó una denuncia meses atrás, y los ministeriales aprovecharon para girar la orden de aprehensión correspondiente cuando la líder indígena, enferma de hipertensión y diabetes, y con dificultades para entender el vocabulario legal, acudió a las instalaciones de judicatura en Tecate. Inmediatamente fue encerrada en una insalubre celda durante tres días y posteriormente trasladada a la prisión de Tijuana, donde espera desde entonces la obtención de libertad.

Marisol Prado afirma que los pueblos indígenas en México están totalmente desprotegidos. “Aquí no existen Reservas como en Estados Unidos. Los Kumiai no poseen documentación catastral que delimite su territorio, por ello han sido despojados de sus tierras constantemente”. La letrada cree que hay una persecución a la familia de Aurora, conocida en Tecate por su ferviente defensa de los Kumiai, por parte de algunos empresarios de la zona. Tampoco confía en las instituciones mexicanas, “Juan Malagamba Zentella, delegado del CDI en Baja California, me dijo que no podían hacer mucho porque estaban ocupados con sus problemas internos”. El futuro de los Kumiai pasa por la liberación de Aurora Meza y de la acción de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, de la que esperan obtener un marco legal que les proteja en el futuro.penal

Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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