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Justicia pendiente

Liberan a los 13 jornaleros de San Quintín que permanecían presos

Después de seis meses en el CERESO de Ensenada los jornaleros fueron liberados por orden del juez

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IMG_0767ENSENADA, Baja California.- Durante la tarde de este lunes, los 13 jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín que permanecían presos en el CERESO de Ensenada desde hace seis meses fueron puestos en libertad por orden del juzgado. Los recién liberados estaban acusados de robo, daños a propiedad ajena y lesiones por los disturbios que se produjeron al inicio del multitudinario paro laboral, aunque desde un principio siempre se declararon inocentes y víctimas de detención arbitraria.

El 17 de marzo, dia que iniciaron las protestas y el paro laboral en San Quintín, un grupo de personas saquearon violentamente un comercio en la comunidad de Camalú. Aunque la Alianza de Jornaleros y muchos de los pobladores señalaron que se trataba de gente a las órdenes de los “sindicatos charros”, la policía detuvo a un grupo de jornaleros y nueve menores de esta comunidad.

La liberación de estos 13 jornaleros era la principal exigencia de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social que el pasado jueves volvió a reunirse con representantes del gobierno y las empresas agrícolas  para  avanzar en la resolución del conflicto. Además, sobre la mesa están las peticiones de la ampliación del grupo de empresas clasificadas en la categoría más alta de pago salarial en un 130% y la ampliación del Hospital del Seguro Social de la colonia Vicente Guerrero, entre otras.

Comercio que fue saqueado en Camalú

Comercio que fue saqueado en Camalú

Boicot a las transnacionales explotadoras

La semana pasada, una comitiva del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) , encabezada por Fermín Salazar y la Profesora Gloria Grácida, celebró una conferencia de prensa en la que hicieron un llamado a sumarse al boicot contra la transnacional Driscoll’s, (principal empresa extranjera exportadora).

Los jornaleros llaman a los consumidores mexicanos a no comprar productos de esta compañía, pues la señalan como una de las principales explotadoras de los jornaleros del valle de San Quintín, e invitan a sumarse al boicot que se está haciendo en conjunto con organizaciones de jornaleros y sociedad civil de países como Estados Unidos, Canadá, Corea y Japón.

La FIOB tiene diálogos ya agendados con empresas como Walmart y Costco, para plantear posibles soluciones a este boicot. Organismos como la ONU recibieron a la profesora Gloria Grácida en la visita que hizo a la ciudad de nueva york, para llevar la situación del Valle de San Quintín ante instancias internacionales.

 En la reunión también se presentó un comunicado en donde el FIOB desmiente las declaraciones que hizo Héctor Lujan, jefe de operaciones de Berrymex  (una de las principales empresas agrícolas del valle de San Quintín), en las que se afirmaba que en las instalaciones de dicha compañía se respetan las condiciones laborales de los trabajadores respecto a la ley, que están inscritos al seguro social desde su primer día de empleo y que no existe trabajo infantil ni forzado, entre otros.

En réplica, los miembros del FIOB declararon que siguen sin cumplirse los acuerdos firmados el 4 de junio por parte del gobierno de Kiko Vega y el gobierno federal hacia los jornaleros. Asimismo, presentaron el contrato de un jornalero menor de edad como prueba de la situación laboral que aun se vive en San Quintín.

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Justicia pendiente

UIF bloquea más de 100 cuentas bancarias de narcotraficantes

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a diferentes cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, Tláhuac, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que implementaron estas acciones a personas relacionadas con organizaciones delictivas que operan en Jalisco y el Estado de México, por lo que destacó que el gobierno federal optó por la inteligencia financiera para combatir al crimen organizado.

El funcionario federal mencionó que en Jalisco bloquearon 57 personas vinculadas al CJNG, Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del Pacífico, Los Matazetas y el Cártel de Juárez, aunado a que en 2020 bloquearon las cuentas de mil 478 personas relacionadas con el CJNG.

En el Estado de México la dependencia federal bloqueó cuentas a 129 personas relacionadas al Cártel de Tláhuac, Cártel del Golfo, Cártel Nuevo Imperio, Célula de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano, Los Peñafiel, Los Popoca y Los Mutiladores.

Agregó que estas estrategias de inteligencia financiera continuarán en los siguientes meses para combatir a los grupos del crimen organizado que siguen operando en el país, por lo cual se analizarán las medidas específicas particulares de la UIF.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado está basada en la inteligencia, por lo que han bloqueado las cuentas bancarias de los criminales, debido a que es una de las formas de reducir su capacidad de operación.

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Justicia pendiente

Periodistas y defensores de Puebla denuncian a gobernador Barbosa por persecución y criminalización

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Por Claudia Martínez Sánchez 

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha documentado un censo de violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas que mantiene en alarma a la ciudadanía del estado de Puebla, y que van desde la fabricación de delitos, encarcelamiento, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución en contra de  defensores indígenas.

Además, señalaron los activistas que también los indígenas han recibido amenazas de la criminalizarlos si participan en manifestaciones o protestas públicas amagándolos  con abrirles carpetas de investigación. Tal es el caso de los defensores del agua en la cuenca Libres Oriental que en los últimos días estuvieron recibiendo más de 50 citatorios para acudir a la Fiscalía del Estado de Puebla.

El pasado primero de septiembre,  el gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta simuló una mesa de diálogo en el municipio de Ajalpan donde los habitantes de la sierra negra de Coyomepan expondrían el contexto de inseguridad que se vive por grupos armados de los Caciques Los Celestinos y el conflicto electoral. Al salir de la mesa de diálogo con gobernación se montó un operativo para detener a la defensora indígena Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez Juárez, Anastacio González Sanguinez

Por estas violaciónes a los derechos humanos de los indígenas en Puebla  convocan a los medios  nacionales e internacionales a informar sobre su movilización en Palacio Nacional, Segob y CNDH.

“El presidente de la República debe saber que en el estado de Puebla se siguen realizando las viejas prácticas totalitarias priistas y pianistas, es muy claro que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está cometiendo graves violaciones de derechos humanos y violentando la constitución que salvaguarda los derechos de todos los ciudadanos”, señalaron los activistas.

Comunicado público

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos condena enérgicamente el acoso, hostigamiento, espionaje; ataques en redes sociales y violencia física en contra de nuestros compañeros comunicadores y periodistas en el estado de Puebla.
El caso más reciente es el del comunicador Manuel Espinoza Sainos quien labora en la radio indígena XECTZ “La Voz de la Sierra Norte “.  El comunicador ha denunciado en sus redes sociales y en el medio digital  Mundo Nuestro, a autoridades municipales de Ixtepec por los agravios cometidos en contra de los habitantes indígenas, que en medio del Huracán Garce se quedaron sin viviendas; al intentar ingresar al inmueble del ayuntamiento, el alcalde negó el acceso a los afectados, llegando al extremo de sacar a las familias y cerrar las puertas, dejando en la calle a estas personas que solo necesitaban un lugar donde pasar la noche.

El comunicador en las últimas semanas ha  hecho visible las condiciones de pobreza extrema, la falta de ayuda de autoridades estatales y municipales en medio del desastre natural, esto ha originado que sea objeto de una serie de ataques y amenazas en sus redes sociales.  Hace dos semanas  la hermana del comunicador fue fotografiada por personas extrañas, además del domicilio de comunicador, las fotos han sido utilizadas para agredir a la familia del comunicador mediante bots.

Otro incidente más fue reportado el 14 de septiembre por compañeros periodistas que denunciaron a este colectivo que en el café “Los Portales”, -lugar donde acostumbran reunirse periodistas en Puebla-, se percataron que cinco compañeros reporteros estaban siendo grabados y fotografiados por un sujeto extraño, al tiempo que ponía toda su atención en la conversación de los presentes. Uno de los reporteros se acercó al sujeto para preguntar por qué tomaba imágenes, el reportero, al ver el celular del sujeto, confirmó que sí los estaba grabando, pero al ser cuestionado, el hombre se hizo pasar por un supuesto turista.

Externamos nuestra profunda preocupación por otro ataque invasivo a compañeros comunicadores corresponsales de diversos puntos del estado de Puebla que han detectado en sus móviles evidencias de espionaje, sobretodo los que hacen coberturas de alto riesgo.

En el marco de la visita del titular del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas,  Enrique Irazoque Palazuelos, el reportero Édgar Calixto, corresponsal en la Sierra Norte de Puebla del periódico “El Monumental“, fue severamente golpeado en el trayecto del transporte público de Huehuetla a Olintla por gente contratada por el presidente electo del municipio de Olintla, Abdí Ramírez Pérez.

Es evidente que el espionaje, el hostigamiento y los ataques a la prensa como a los defensores de derechos humanos en Puebla se ha sistematizado al punto de criminalizar a defensores indígenas, como colocar gente que haga el papel de espía de manera cínica.

Tal es el caso de los operadores de gobernación que se ostentan con credencial de prensa sin ser trabajadores de ningún medio de comunicación; fotografían a los integrantes que forman parte de manifestaciones o movimientos en protestas. Estos sujetos se han llegado a sentar en las mesas de diálogo en gobernación en Casa Aguayo.

Por último queremos recordar que la madrugada del 15 de septiembre del 2015 fue asesinado el compañero periodista poblano Aurelio Cabrera Campos en el trayecto de Xicoteoec a Huauchinango. Sabemos que la Fiscalía de Atención Cometidos en Contra de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEADLE) remitió la carpeta de investigación desde hace dos años a la Fiscalía de Puebla por considerar que la investigación no es de competencia de la FEADLE. Hasta el momento, no hay indicios de que el estado esté trabajando en el esclarecimiento del homicidio de nuestro compañero.

Cabe mencionar que en el 2015 fueron acusados como chivos expiatorios los periodistas Pedro Garrido Juárez  hijo y Pedro Garrido padre, sabemos que esto fue orquestado por el gobierno del estado en ese entonces pianista. Pedimos se esclarezcan esos atropellos en contra de los derechos humanos de nuestros compañeros periodistas Pedro Garrido hijo y Pedro Garrido padre.

Los ataques a comunicadores y periodistas violentan el derecho a la información de nuestra nación por lo que exigimos el cese inmediato de agresiones a nuestros compañeros periodistas y defensores de derechos humanos. Por el respeto a la libertad de prensa en México y la no criminalización de ejercer el derecho a las protestas sociales, este colectivo exige justicia para los defensores indígenas víctimas de fabricación de delitos.

Ciudad de México a 19 de Septiembre del 2021
A T E N T A M E N T E
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas
Tel 5574789138
colectivonacionaldeperiodistas@gmail.com

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Justicia pendiente

México tiene más de 7 millones de predios en riesgo de deslaves por asentamientos irregulares

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El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

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