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Justicia pendiente

Liberan a los 13 jornaleros de San Quintín que permanecían presos

Después de seis meses en el CERESO de Ensenada los jornaleros fueron liberados por orden del juez

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IMG_0767ENSENADA, Baja California.- Durante la tarde de este lunes, los 13 jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín que permanecían presos en el CERESO de Ensenada desde hace seis meses fueron puestos en libertad por orden del juzgado. Los recién liberados estaban acusados de robo, daños a propiedad ajena y lesiones por los disturbios que se produjeron al inicio del multitudinario paro laboral, aunque desde un principio siempre se declararon inocentes y víctimas de detención arbitraria.

El 17 de marzo, dia que iniciaron las protestas y el paro laboral en San Quintín, un grupo de personas saquearon violentamente un comercio en la comunidad de Camalú. Aunque la Alianza de Jornaleros y muchos de los pobladores señalaron que se trataba de gente a las órdenes de los “sindicatos charros”, la policía detuvo a un grupo de jornaleros y nueve menores de esta comunidad.

La liberación de estos 13 jornaleros era la principal exigencia de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social que el pasado jueves volvió a reunirse con representantes del gobierno y las empresas agrícolas  para  avanzar en la resolución del conflicto. Además, sobre la mesa están las peticiones de la ampliación del grupo de empresas clasificadas en la categoría más alta de pago salarial en un 130% y la ampliación del Hospital del Seguro Social de la colonia Vicente Guerrero, entre otras.

Comercio que fue saqueado en Camalú

Comercio que fue saqueado en Camalú

Boicot a las transnacionales explotadoras

La semana pasada, una comitiva del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) , encabezada por Fermín Salazar y la Profesora Gloria Grácida, celebró una conferencia de prensa en la que hicieron un llamado a sumarse al boicot contra la transnacional Driscoll’s, (principal empresa extranjera exportadora).

Los jornaleros llaman a los consumidores mexicanos a no comprar productos de esta compañía, pues la señalan como una de las principales explotadoras de los jornaleros del valle de San Quintín, e invitan a sumarse al boicot que se está haciendo en conjunto con organizaciones de jornaleros y sociedad civil de países como Estados Unidos, Canadá, Corea y Japón.

La FIOB tiene diálogos ya agendados con empresas como Walmart y Costco, para plantear posibles soluciones a este boicot. Organismos como la ONU recibieron a la profesora Gloria Grácida en la visita que hizo a la ciudad de nueva york, para llevar la situación del Valle de San Quintín ante instancias internacionales.

 En la reunión también se presentó un comunicado en donde el FIOB desmiente las declaraciones que hizo Héctor Lujan, jefe de operaciones de Berrymex  (una de las principales empresas agrícolas del valle de San Quintín), en las que se afirmaba que en las instalaciones de dicha compañía se respetan las condiciones laborales de los trabajadores respecto a la ley, que están inscritos al seguro social desde su primer día de empleo y que no existe trabajo infantil ni forzado, entre otros.

En réplica, los miembros del FIOB declararon que siguen sin cumplirse los acuerdos firmados el 4 de junio por parte del gobierno de Kiko Vega y el gobierno federal hacia los jornaleros. Asimismo, presentaron el contrato de un jornalero menor de edad como prueba de la situación laboral que aun se vive en San Quintín.

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Justicia pendiente

Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Justicia pendiente

Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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