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Justicia pendiente

Liberados seis policías comunitarios presos desde 2013

Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia, por lo que el Estado violó las reglas del debido proceso en perjuicio de los policías comunitarios y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos.

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Policía Comunitaria de Tixtla / Foto: José Pedro Martínez

Policía Comunitaria de Tixtla / Foto: José Pedro Martínez

Boletín de prensa

Ayutla de los Libres, Guerrero.- El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

Cabe recordar, los indígenas Na Savi fueron detenidos el día 21 de agosto del año 2013, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano, en el poblado del Paraíso. Posteriormente fueron llevados a la Fiscalía de Acapulco que los sometió a un arraigo ilegal y se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección. Al término del arraigo fueron consignados ante el Juez Cuarto en Materia Penal de Acapulco ante quien se radicó la causa penal 191/2013 por el delito de secuestro en contra de dos personas. Meses después les notificaron otra orden de aprehensión dentro de la causa penal 196/2013-I radicada en el Juzgado Segundo en Materia Penal de Tlapa, Guerrero, por el delito de secuestro en agravio de 43 personas más. De igual forma, durante los subsecuentes días fueron notificados de otros delitos en su contra por portación de armas, delincuencia organizada. En el año 2015 las seis autoridades comunitarias fueron trasladadas al Penal de Ayutla desde donde siguieron enfrentando su proceso.

Ante la cerrazón de las autoridades Estatales para liberarlos y de reconocer que los procesos eran habían sido parte de una acción de criminalización al Sistema de Justica indígena. Las autoridades comunitarias centraron su lucha en el plano jurídico. Así, Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen a la CRAC-PC como parte de los sistemas normativos de los pueblos indígenas:

  • El 28 de diciembre de 2013 el Juez Tercero de Distrito de Acapulco dictó auto de libertad a los seis integrantes de la CRAC-PC, al resolver el plazo constitucional en la causa penal 73/2013 por el delito de portación de armas.
  • El 24 de marzo de 2014, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de Circuito les concedió la libertad en la apelación contra el auto de formal prisión que emitió el Juez Séptimo de Distrito por el delito de delincuencia organizada.
  • Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, resolvió el amparo 133/2014 interpuesto contra el auto de formal prisión por el delito de secuestro en la causa penal 196/2013-I.

Las tres resoluciones de los Jueces Federales reconocen que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio, por lo tanto, sus actuaciones se asemejan a actos de autoridad y no constituyen delitos.

El Juez Sexto de Distrito en Acapulco, al resolver el amparo 133/2014 incluso fue más allá, pues resolvió que durante la investigación se dieron varias irregularidades a saber: a) que a las autoridades comunitarias no se les proveyó de un traductor ni abogado que conozca la cultura de ellos, b) que el arraigo al que fueron sujetos fue ilegal, dado que de acuerdo a la reforma del año 2008 el arraigo es materia de las autoridades federales; mientras que los indígenas de la CRAC-PC fueron privados de su libertad por una orden de arraigo solicitada y decretada por el Ministerio Público y Juez local respectivamente, que no estaban facultados para realizar tal acto de autoridad. Ante ello, en acatamiento a esta resolución, la Jueza de Tlapa reclasificó el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I.

Con el mismo criterio de las resoluciones descritas, el 22 de abril de este año el Licenciado Julio Obregón Flores, Juez Mixto de Primera Instancia de Ayutla, resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovieron las autoridades de la CRAC-PC dentro de la causa penal 59-I/2015 por el delito de secuestro, decretando su libertad inmediata.

Tal y como fue denunciado en agosto del 2013, con el macro operativo en el que se detuvieron al menos a una decena de autoridades comunitarias, el gobierno estatal y federal, al encarcelar a las autoridades de la CRAC-PC pisotearon los derechos de los pueblos indígenas y vulneraron gravemente los derechos que a su favor establecen los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Federal y la Ley 701. Así, desplegaron todo el aparato de justicia violando los principios del debido proceso en perjuicio de las autoridades de la CRAC-PC; los sometieron a un arraigo ilegal y construyeron un proceso basado en pruebas ilícitas.

Por lo tanto, concluimos que el proceso histórico de la CRAC-PC es una lucha legítima y constante por el ejercicio y reconocimiento de sus derechos, que realizan desde el año de 1990 y que la misma se inserta en los procesos que en todo el mundo sostienen los pueblos indígenas y tribales por defender sus sistemas normativos. Los resultados de esas luchas están reflejados en el reconocimiento de sus derechos en varios tratados internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución.

Por lo anterior Tlachinollan y la CRAC-PC exigimos al gobierno Federal y Estatal: a) El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; b) Poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; c) Que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y d) Que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Casa de Justicia San Luis Acatlán.

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Justicia pendiente

Comisión de la Verdad investiga a responsables de la “Guerra Sucia”

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La Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió la convocatoria para investigar a los responsables de la “Guerra Sucia” que emprendió el gobierno federal contra guerrilleros y grupos insurgentes en la década de los setenta.

El organismo de investigación pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se comprometa a investigar con detalle los casos de tortura, desaparición y asesinatos que se presentaron durante la denominada guerra sucia, para que este suceso no se mantenga en impunidad.

Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión, refirió que pasaron de 13 a dos ministerios públicos que se encuentran trabajando en el caso de la desaparición de las víctimas de los ataques armados protagonizados por el gobierno federal.

La Comisión de la Verdad supuso que existen alrededor de mil víctimas relacionadas con el incidente, pero a ello se suman cuatro personas por cada víctima moirtal contabilizada, y se estiman que cerca de 800 personas del Frente Nacional democrático (FND) fallecieron por este fenómeno.

De la misma manera, la Comisión de la Verdad ha contabilizado víctimas fatales relacionadas con masacres ocurridas en esta temporalidad en las sierras de Puebla e Hidalgo, mismas que no se documentaron en un inicio por parte de las autoridades federales.

Asimismo, el organismo señaló que el Estado mexicano castigaba y aniquilaba a los disidentes del régimen, administraba el crimen y perseguía a los opositores políticos que pudieran representar una amenaza a la estabilidad social, por lo cual estas acciones se implementaron principalmente en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

 

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Justicia pendiente

SutNotimex legitima su Contrato Colectivo de Trabajo y ratifica Huelga de casi tres años

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sutnotimex

Redacción

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que ya legitimó su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), con una participación de 89 por ciento de afiliados con derecho a voto, quienes en su totalidad votaron a favor.

Esto ratifica y fortalece la defensa de los derechos laborales y colectivos que llevan a cabo con la huelga que cumplirá tres años el próximo 21 de febrero. Este fin de semana, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió la Constancia de Legitimiación del CCT celebrado entre el SutNotimex y Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, tras la votación que se realizó el pasado 7 de enero, con base en lo estipulado en el nuevo modelo laboral, derivado de la reforma de 2019.

La constancia fue emitida “en virtud de que en la consulta que se realizó el pasado 7 de enero del 2023, en el estado de la Ciudad de México, las y los trabajadores, mediante voto personal, libre, directo y secreto, otorgaron el respaldo mayoritario al Contrato Colectivo de Trabajo que los rige, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos y normas previstas por la Ley Federal del Trabajo y el Protocolo de Legitimación establecido para tal efecto”, indica el documento.

Leer más: Notimex: SutNotimex pide intervención de la OIT para solucionar huelga que cumple mil días (losangelespress.org)

 

Durante el proceso de votación se contó con personal de verificación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como observadores externos con la debida acreditación ante la autoridad correspondiente, y observadores de organizaciones solidarias.

Con este proceso, además de cumplir con la obligatoriedad establecida para los sindicatos con la reforma laboral, se confirma una vez más la voluntad de las y los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano para defender sus derechos laborales y su Contrato Colectivo de Trabajo, motivo de fondo por el que estalló la huelga en Notimex, el 21 de febrero de 2020.

El SutNotimex destaca la gran resistencia y unidad que mantienen los y las trabajadoras en huelga de Notimex (80 por ciento son mujeres), y demuestran que este movimiento es legítimo y reconocido por las autoridades en materia laboral.

Esta organización sindical reitera su voluntad de diálogo y conciliación para encontrar una solución a la huelga, tal como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder levantar a la agencia de noticias de los mexicanos.

Exhortamos a la dirección de Notimex y a los funcionarios encargados del tema a que muestren voluntad para ello, y atendamos la instrucción reiterada del primer mandatario.

Por último, el SutNotimex agradece a todas las organizaciones sindicales, obreras, campesinas y sociales, así como a la población en general, que han manifestado su solidaridad, apoyo y respaldo a esta huelga que ya es la más larga de un organismo de gobierno en nuestro país.

Entérate: Sanjuana Martínez erogó total del presupuesto 2020 de Notimex, en huelga: 222 mdp sin transparentar – (losangelespress.org)

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Justicia pendiente

Segob rechaza sentencia de la CIDH sobre eliminación de arraigo y prisión preventiva

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Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado mexicano para eliminar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, rechazó que este organismo pueda estar por encima de la constitución política mexicana que validó estos mecanismos.

El encargado de la política interna del país refirió que la sentencia de la CIDH pretende faltarle el respeto al Estado mexicano, ya que la constitución política mexicana es la encargada de garantizar estabilidad social, política y económica del país.

De acuerdo con el ex gobernador de Tabasco, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la constitución mexicana para avalar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa a excepción de los delitos de defraudación fiscal.

Adán Augusto López mencionó que la carta magna es uno de los orgullos de los mexicanos, por lo cual no se modificará para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa en el país y se mantendrá como un mecanismo privatorio de la libertad a una persona que no ha sido sentenciada.

La CIDH sentenció que el Estado mexicano es el responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías individuales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López que fueron detenidos de forma ilegal por la policía por delitos que no realizaron.

En la sentencia de la Corte se ordenaron adecuar el ordenamiento jurídico sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo, así como un reconocimiento público del Estado mexicano sobre la violación de derechos humanos y brindar el tratamiento médico, psicológico psioquiátrico y psicosocial a las víctimas.

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