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Justicia pendiente

Liberados seis policías comunitarios presos desde 2013

Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia, por lo que el Estado violó las reglas del debido proceso en perjuicio de los policías comunitarios y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos.

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Policía Comunitaria de Tixtla / Foto: José Pedro Martínez

Policía Comunitaria de Tixtla / Foto: José Pedro Martínez

Boletín de prensa

Ayutla de los Libres, Guerrero.- El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

Cabe recordar, los indígenas Na Savi fueron detenidos el día 21 de agosto del año 2013, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano, en el poblado del Paraíso. Posteriormente fueron llevados a la Fiscalía de Acapulco que los sometió a un arraigo ilegal y se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección. Al término del arraigo fueron consignados ante el Juez Cuarto en Materia Penal de Acapulco ante quien se radicó la causa penal 191/2013 por el delito de secuestro en contra de dos personas. Meses después les notificaron otra orden de aprehensión dentro de la causa penal 196/2013-I radicada en el Juzgado Segundo en Materia Penal de Tlapa, Guerrero, por el delito de secuestro en agravio de 43 personas más. De igual forma, durante los subsecuentes días fueron notificados de otros delitos en su contra por portación de armas, delincuencia organizada. En el año 2015 las seis autoridades comunitarias fueron trasladadas al Penal de Ayutla desde donde siguieron enfrentando su proceso.

Ante la cerrazón de las autoridades Estatales para liberarlos y de reconocer que los procesos eran habían sido parte de una acción de criminalización al Sistema de Justica indígena. Las autoridades comunitarias centraron su lucha en el plano jurídico. Así, Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen a la CRAC-PC como parte de los sistemas normativos de los pueblos indígenas:

  • El 28 de diciembre de 2013 el Juez Tercero de Distrito de Acapulco dictó auto de libertad a los seis integrantes de la CRAC-PC, al resolver el plazo constitucional en la causa penal 73/2013 por el delito de portación de armas.
  • El 24 de marzo de 2014, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de Circuito les concedió la libertad en la apelación contra el auto de formal prisión que emitió el Juez Séptimo de Distrito por el delito de delincuencia organizada.
  • Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, resolvió el amparo 133/2014 interpuesto contra el auto de formal prisión por el delito de secuestro en la causa penal 196/2013-I.

Las tres resoluciones de los Jueces Federales reconocen que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio, por lo tanto, sus actuaciones se asemejan a actos de autoridad y no constituyen delitos.

El Juez Sexto de Distrito en Acapulco, al resolver el amparo 133/2014 incluso fue más allá, pues resolvió que durante la investigación se dieron varias irregularidades a saber: a) que a las autoridades comunitarias no se les proveyó de un traductor ni abogado que conozca la cultura de ellos, b) que el arraigo al que fueron sujetos fue ilegal, dado que de acuerdo a la reforma del año 2008 el arraigo es materia de las autoridades federales; mientras que los indígenas de la CRAC-PC fueron privados de su libertad por una orden de arraigo solicitada y decretada por el Ministerio Público y Juez local respectivamente, que no estaban facultados para realizar tal acto de autoridad. Ante ello, en acatamiento a esta resolución, la Jueza de Tlapa reclasificó el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I.

Con el mismo criterio de las resoluciones descritas, el 22 de abril de este año el Licenciado Julio Obregón Flores, Juez Mixto de Primera Instancia de Ayutla, resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovieron las autoridades de la CRAC-PC dentro de la causa penal 59-I/2015 por el delito de secuestro, decretando su libertad inmediata.

Tal y como fue denunciado en agosto del 2013, con el macro operativo en el que se detuvieron al menos a una decena de autoridades comunitarias, el gobierno estatal y federal, al encarcelar a las autoridades de la CRAC-PC pisotearon los derechos de los pueblos indígenas y vulneraron gravemente los derechos que a su favor establecen los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Federal y la Ley 701. Así, desplegaron todo el aparato de justicia violando los principios del debido proceso en perjuicio de las autoridades de la CRAC-PC; los sometieron a un arraigo ilegal y construyeron un proceso basado en pruebas ilícitas.

Por lo tanto, concluimos que el proceso histórico de la CRAC-PC es una lucha legítima y constante por el ejercicio y reconocimiento de sus derechos, que realizan desde el año de 1990 y que la misma se inserta en los procesos que en todo el mundo sostienen los pueblos indígenas y tribales por defender sus sistemas normativos. Los resultados de esas luchas están reflejados en el reconocimiento de sus derechos en varios tratados internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución.

Por lo anterior Tlachinollan y la CRAC-PC exigimos al gobierno Federal y Estatal: a) El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; b) Poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; c) Que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y d) Que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Casa de Justicia San Luis Acatlán.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Justicia pendiente

CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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Justicia pendiente

Tribunal otorga amparo a Guillermo Padrés por delito de defraudación fiscal

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El Décimo Tribunal Colegiado Penal concedió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, un amparo que ordena al Segundo Tribunal Unitario dejar sin efecto la formal prisión que dictó el 31 de mayo de 2018 y reponer el procedimiento, por lo que ex mandatario estatal seguirá el proceso en libertad.

Los magistrados Silvia Estréver Escamilla y Carlos López Cruz votaron a favor de confirmar el amparo para que el Quinto Tribunal Unitario deje sin efecto uno de los señalamientos en contra del exgobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) por la defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos durante su gestión.

Al regresar a Sonora, Guillermo Padrés fue recibido por amigos y familiares, así como ex colaboradores que lo felicitaron por haber librado su proceso penal fuera de la cárcel, pero deberá regresar a la Ciudad de México para presentarse ante los Juzgados Federales por la situación legal que enfrenta.

Padrés dijo que se ha comprobado que se trató de una persecución política en su contra encabezada por su sucesora, Claudia Plavovich, por lo que, aseveró, no incurrió en ilícitos en el manejo de las finanzas del gobierno de Sonora durante su sexenio.

Guillermo Padrés fue acusado por la fiscalía estatal de Justicia de Plavovich de haber incurrido en desvío de más de 70 millones de pesos durante su gestión, por que fue aprehendido en mayo de 2016 y desde entonces permaneció en prisión en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya intervenido para favorecer la liberación del exgobernador panista, por lo que descartó que exista algún tipo de acuerdo con el exmandatario estatal que le envió una misiva para solicitar su apoyo.

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