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Justicia pendiente

Liberados seis policías comunitarios presos desde 2013

Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia, por lo que el Estado violó las reglas del debido proceso en perjuicio de los policías comunitarios y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos.

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Policía Comunitaria de Tixtla / Foto: José Pedro Martínez

Policía Comunitaria de Tixtla / Foto: José Pedro Martínez

Boletín de prensa

Ayutla de los Libres, Guerrero.- El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

Cabe recordar, los indígenas Na Savi fueron detenidos el día 21 de agosto del año 2013, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano, en el poblado del Paraíso. Posteriormente fueron llevados a la Fiscalía de Acapulco que los sometió a un arraigo ilegal y se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección. Al término del arraigo fueron consignados ante el Juez Cuarto en Materia Penal de Acapulco ante quien se radicó la causa penal 191/2013 por el delito de secuestro en contra de dos personas. Meses después les notificaron otra orden de aprehensión dentro de la causa penal 196/2013-I radicada en el Juzgado Segundo en Materia Penal de Tlapa, Guerrero, por el delito de secuestro en agravio de 43 personas más. De igual forma, durante los subsecuentes días fueron notificados de otros delitos en su contra por portación de armas, delincuencia organizada. En el año 2015 las seis autoridades comunitarias fueron trasladadas al Penal de Ayutla desde donde siguieron enfrentando su proceso.

Ante la cerrazón de las autoridades Estatales para liberarlos y de reconocer que los procesos eran habían sido parte de una acción de criminalización al Sistema de Justica indígena. Las autoridades comunitarias centraron su lucha en el plano jurídico. Así, Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen a la CRAC-PC como parte de los sistemas normativos de los pueblos indígenas:

  • El 28 de diciembre de 2013 el Juez Tercero de Distrito de Acapulco dictó auto de libertad a los seis integrantes de la CRAC-PC, al resolver el plazo constitucional en la causa penal 73/2013 por el delito de portación de armas.
  • El 24 de marzo de 2014, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de Circuito les concedió la libertad en la apelación contra el auto de formal prisión que emitió el Juez Séptimo de Distrito por el delito de delincuencia organizada.
  • Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, resolvió el amparo 133/2014 interpuesto contra el auto de formal prisión por el delito de secuestro en la causa penal 196/2013-I.

Las tres resoluciones de los Jueces Federales reconocen que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio, por lo tanto, sus actuaciones se asemejan a actos de autoridad y no constituyen delitos.

El Juez Sexto de Distrito en Acapulco, al resolver el amparo 133/2014 incluso fue más allá, pues resolvió que durante la investigación se dieron varias irregularidades a saber: a) que a las autoridades comunitarias no se les proveyó de un traductor ni abogado que conozca la cultura de ellos, b) que el arraigo al que fueron sujetos fue ilegal, dado que de acuerdo a la reforma del año 2008 el arraigo es materia de las autoridades federales; mientras que los indígenas de la CRAC-PC fueron privados de su libertad por una orden de arraigo solicitada y decretada por el Ministerio Público y Juez local respectivamente, que no estaban facultados para realizar tal acto de autoridad. Ante ello, en acatamiento a esta resolución, la Jueza de Tlapa reclasificó el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I.

Con el mismo criterio de las resoluciones descritas, el 22 de abril de este año el Licenciado Julio Obregón Flores, Juez Mixto de Primera Instancia de Ayutla, resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovieron las autoridades de la CRAC-PC dentro de la causa penal 59-I/2015 por el delito de secuestro, decretando su libertad inmediata.

Tal y como fue denunciado en agosto del 2013, con el macro operativo en el que se detuvieron al menos a una decena de autoridades comunitarias, el gobierno estatal y federal, al encarcelar a las autoridades de la CRAC-PC pisotearon los derechos de los pueblos indígenas y vulneraron gravemente los derechos que a su favor establecen los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Federal y la Ley 701. Así, desplegaron todo el aparato de justicia violando los principios del debido proceso en perjuicio de las autoridades de la CRAC-PC; los sometieron a un arraigo ilegal y construyeron un proceso basado en pruebas ilícitas.

Por lo tanto, concluimos que el proceso histórico de la CRAC-PC es una lucha legítima y constante por el ejercicio y reconocimiento de sus derechos, que realizan desde el año de 1990 y que la misma se inserta en los procesos que en todo el mundo sostienen los pueblos indígenas y tribales por defender sus sistemas normativos. Los resultados de esas luchas están reflejados en el reconocimiento de sus derechos en varios tratados internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución.

Por lo anterior Tlachinollan y la CRAC-PC exigimos al gobierno Federal y Estatal: a) El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; b) Poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; c) Que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y d) Que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Casa de Justicia San Luis Acatlán.

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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