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Mexico Violento

Ley golpista, anticonstitucional e inequitativa, el cobro al alumbrado público: diputada Inés Parra Juárez

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Por Claudia Martínez Sánchez

La diputada federal Inés Parra Juárez desmintió en rueda de prensa que la ley recién aprobada sobre el gravamen al derecho de alumbrado público en municipios de Puebla sea una iniciativa del gobierno federal. “Se debatió y se aprobó en el nefasto Congreso del Estado de Puebla –dijo–, y la llamaré Ley Eduardo Rivera Barbosa que es la infamia contra los municipios rurales”.

Parra Juárez señaló que esta medida que afecta a la economía familiar por la pandemia y la recesión de la cuesta de enero fue aprobada “en lo oscurito” por los diputados locales de todos los partidos. “En coalición tramposa y ruin como Alibabá y los 40 ladrones aprobaron una ley golpista contra las clases populares de los municipios rurales en Puebla.

Calificó de anticonstitucional e inequitativo el cobro de impuesto al alumbrado público porque es un “dobleteo”, dijo, al cobrarse ya este impuesto por la vía del IVA, la tenencia vehicular y el impuesto predial.

Parra Juárez mencionó el ejemplo de Coxcatlán: “Para muestra un botón Coxcatlán, un municipio rural con alto rezago en servicios públicos como es el alumbrado público. Sin embargo, cada familia, aunque no tenga una lámpara en su camino polvoso pagará 349.90 pesos.

O la colonia de Monte Chiquito, de Satiago Miahuatlán, aquí en esta región de Tehuacán, donde ni lámparas tienen, pagarán 90.70 pesos contra los 90 pesos que también pagarán los de la colonia Arcadia. La diferencia es que unos pagarán el servicio sin tenerlo, y otros pagarán relativamente poco teniendo relativamente un buen servicio. Esto hace del DAP un gravamen inequitativo”.

Explicó la legisladora que “el gravamen al derecho al alumbrado público además es una trampa, ya que se está cobrando con base al consumo habitacional individual, no con base al consumo directo del alumbrado público”.

Abundó que el gravamen es anticonstitucional porque lo cobrará como intermediario la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aprovechándose la administración municipal de una instancia federal, “que convierte a la CFE en una oficina de cobranzas municipal y ahí se estaría invadiendo esferas de competencia entre lo municipal y lo federal”.

Dijo que Eduardo Rivera y el gobernador Barbosa –junto con los diputados que aprobaron esta ley–, están dando un duro golpe a la clase popular y a las familias poblanas. Por lo que la diputada Inés Parra Juárez convocó a la promoción de amparos colectivos contra el cobro del nuevo gravamen y a manifestarse frente a los ayuntamientos.

Para la promoción de amparos, la diputada federal ofreció asesoría jurídica en la casa de atención ciudadana.

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Mexico Violento

Defensores presentan denuncia colectiva a la 52º Asamblea de la OEA por tortura y prisión preventiva en cárceles mexicanas

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En la Asamblea de la OEA, la periodista guadalupe lizárraga y colectivos de derechos humanos entregaron una denuncia colectiva por violaciones a derechos humanos en cárceles mexicanas

Los Ángeles Press

En el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, Perú, defensores de los derechos humanos de personas privadas de libertad en México llevaron una denuncia colectiva por la tortura y tratos crueles e inhumanos en las cárceles mexicanas, así como el sustento jurídico internacional de la ilegalidad de la prisión preventiva y la figura del arraigo.

Con el acompañamiento de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, la periodista Guadalupe Lizárraga y los defensores Alejandro López Ponce de León, del Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, y José Humbertus Pérez Espinoza, de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC, presentaron una queja colectiva de más de mil 500 internos en los diferentes Centros Federales de Readaptación Social y centros estatales.

Para saber más del tema: Presos de cárceles de Morelos denuncian autoridades penitenciarias por extorsión

El tema de la Asamblea General de la OEA es el de seguridad alimentaria de la región y la protección de los derechos humanos con el lema «juntos contra la desigualdad y la discriminación» y se desarrollará entre el 5 y el 7 de octubre en el Lima Convention Center, en la capital peruana, que por tercera vez será anfitrión de la cumbre, tras las ediciones de 1997 y 2010.

La Asamblea General, órgano principal de la OEA, reúne a las delegaciones de los estados miembro, como cada año desde 1971, para definir mecanismos, políticas y acciones para la región, además de decidir las autoridades al frente de organismos descentralizados.

La comitiva mexicana, por su parte, presenta por primera vez una denuncia colectiva a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos en las cárceles y será recibida en audiencia con otros organismos de derechos humanos y autoridades miembros de la Asamblea.

No te pierdas: Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

El documento que encabeza la Red Solidaria Década contra la Impunidad señala como responsable al Estado mexicano de cometer actos de tortura de manera sistemática y generalizada a las personas privadas de libertad, así como la prohibición de alimentos, agua potable, el aislamiento, como medidas disciplinarias o de consigna, que son toleradas por los mismos jueces.

 

A continuación el documento parcial:

 

 

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Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de desapariciones forzadas de la ONU pidió protección para familiares de desaparecidos

El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

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El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

No te pierdas: ONU defiende acuerdo para exportaciones de cereal desde Ucrania ante las críticas de Rusia

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

 

ONU-DH condena homicidio del activista Arnulfo Cerón Soriano, de La Montaña Guerrero

Ante la localización del cuerpo sin vida del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el día 11 de octubre en Tlapa, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena su asesinato y exhorta a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores.

Arnulfo Cerón Soriano, con una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos, era uno de los principales activistas del Frente Popular de la Montaña, organización que lucha por los derechos de los pueblos indígenas de la región de la Montaña de Guerrero. Previo a su desaparición y homicidio, el Señor Cerón había recibido amenazas vinculadas con su labor de defensa de derechos humanos.

Con el homicidio del Cerón Soriano, ya son al menos 18 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en México durante 2019[1]. Además, siguen desaparecidos desde el día 3 de agosto Aarón Méndez y Alfredo Castillo, defensores de migrantes de Tamaulipas.

 

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