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México de conciencia

Ley del Servicio Profesional Docente viola Seguridad jurídica de maestros

La Ley del Servicio Profesional Docente implementada en México como parte de la Reforma educativa viola garantías constitucionales de maestros

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En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco de la reunión estatal para la creación de un frente contra la Reforma Educativa, el líder de la Asamblea Magisterial Democrática en Jalisco, Juan Carlos Banderas, señaló que los lineamientos tanto de la Ley del Servicio Profesional Docente, como de los procedimientos que se están llevando a cabo contra el magisterio contravienen principios constitucionales. Refirió que la Suprema Corte de Justicia de México ha ratificado que la Reforma Educativa es constitucional y con ello se reconoce que los derechos de la niñez de este país, están por encima de los derechos de los más de un millón setecientos cincuenta mil trabajadores de la Educación. “Sin embargo, también nuestros derechos están siendo cancelados contraviniendo nuestras garantías constitucionales”.

Así lo afirmó en la asamblea del 27 de junio, en la capital tapatía, ante los representantes de once organizaciones de lucha para formar un frente jalisciense en contra de las reformas estructurales en materia de Educación y de derechos laborales, y en la que se acordó sumarse a las luchas del magisterio en el plano nacional.

El líder mencionó que una de las principales garantías constitucionales que está siendo violada es la que establece el Artículo 14° sobre la Seguridad jurídica que a la letra dice:

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Con respecto a la retroactividad de la ley, el destacado jurista mexicano Ricardo Soto Pérez, establece en su texto Nociones del Derecho positivo mexicano (Esfinge, 1999), que “Al hablar de la garantía de irretroactividad estamos hablando de que las leyes prohíben que, por virtud de una nueva ley, puedan afectarse situaciones o derechos constituidos conforme a una ley anterior”. En Las garantías individuales (Porrúa, 1995), el jurista Ignacio Burgoa Orihuela explica que “Ese derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que toda autoridad del Estado será impedida para aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de una persona”.

Estas nociones del Derecho mexicano, de acuerdo a lo afirmado por varios de los asistentes, no fue ni es tomado en cuenta en la aplicación de la Reforma educativa, además de que “los magistrados de la Suprema Corte de Justicia actuaron alineados a los intereses que están detrás de quien ostenta el Poder Ejecutivo sin hacer un análisis jurisprudencial de esta situación”.

Otra situación que conlleva esa determinación, sería que todas las demandas de juicio de amparo en contra de los efectos de la aplicación de los procedimientos de la reforma, no serían resueltos o quedarían sin efecto, dejando como recurso emergente a que el magisterio solicitara la intervención de la Corte Penal Interamericana.

Los recursos de amparo de los que Jalisco marcó un precedente, se están integrando en diferentes partes de esta entidad y ha sido ejemplo para otras entidades del país. Así mismo, se considera que si una ley está lesionando los intereses de la mayoría de los sometidos a la misma, ésta, no puede ser constitucional. Y la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Reforma Educativa a quien lesiona y afecta de forma directa es la sociedad y a la misma niñez mexicana.

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

La integrante de la Red Isaki de asesoría jurídica para maestros, Adriana Becerra, expuso ante la asamblea que los trabajadores de la Educación deben de estudiar y analizar punto por punto lo que se les está aplicando con la nueva ley. Deberán de diferenciar ante todo lo que significa el “servicio público” y el “servicio profesional”. Los trabajadores que están considerados como servidores públicos por ley, dijo, se rigen por el apartado B del Artículo 123 constitucional y están bajo responsabilidad directa del Estado. Por el contrario, el servicio profesional pierde esa característica y de plumazo se pasan al apartado A de ese artículo constitucional.

Adriana Becerra señaló que por esta razón muchos profesores, como fue el caso de los de los que dan el servicio de Secundaria a distancia para Adultos (unos 75 que trabajan los sábados), después de 15 años de servicio, se les quitaron derechos de forma arbitraria y progresiva, se les dejó de pagar. Finalmente se les condicionó a que firmaran un nuevo contrato para que se les pagaran los sueldos retenidos, “con un esquema laboral totalmente retrógrado y distinto al que tenían anteriormente”.

El profesor Niceto Ríos Aguirre, por suparte, destacó que igual pasa con quienes en estos días presentaron exámenes de promoción, alentados por las autoridades educativas a nivel estatal y nacional.

Expuso el docente que, en su escuela, la directora se retiró por jubilación. Él, tras un periodo de estar al frente del plantel como directivo comisionado, fue invitado a presentar el examen de promoción para ascender al cargo de director. Y sin estar totalmente enterado del procedimiento, presentó la solicitud respectiva por internet.

Primero, le salió el formato de solicitud. Luego, una especie de encuesta sobre su situación laboral, y, por último, una carta de compromiso en la que aceptaba renunciar a todos sus derechos anteriores a la presentación de esa solicitud.

“¿Cuáles son estos derechos? Una antigüedad de 27 años de servicio, el derecho a permanecer a la escuela en la que trabajo actualmente, sin que nadie pueda cambiarme de adscripción a menos que yo lo solicite, por mencionar algunos”, exclamó el docente.

“En caso de que aprobara el examen sería ascendido a director, continúa. Pero tendría que firmar un documento de readscripción, es decir, iniciaría un nuevo esquema de relación laboral diferente al que tenía”. En caso de que no aprobara el examen, el maestro ya no podría volver a la escuela a la que estaba adscrito, sino que sería enviado a cualquier lugar que se le asignara por “necesidades del servicio”, decidido a discreción por las mismas autoridades educativas, y tendría que firmar un nuevo contrato de reasignación. Todos los derechos que a lo largo de 27 años había mantenido, desaparecerían.

Varios asistentes expresaron su opinión respecto a lo establecido por la Ley del Servicio Profesional Docente, el sentido de que “no estamos en contra de una evaluación, ni en contra de que por obligación debamos de actualizarnos y asistir a cursos diplomados o estudiar las maestrías y doctorados. En lo que no estamos de acuerdo es que la aplicación de los exámenes sean instrumentos con los que la autoridad educativa pretenda despojarnos de lo que ya hemos conquistado como trabajadores por años”, y por eso denuncian que esas evaluaciones son punitivas, arbitrarias y en contra de los principios constitucionales que protegían a los trabajadores.

“Vivimos de los que hacemos, no vivimos de lo que tenemos” afirmó el profesor Eladio López y añadió que debido a los procesos de evaluación que se llevarán a cabo en el transcurso del año, muchos de los compañeros podrán ser declarados como “no idóneos para ejercer” y a pesar de que se les ofrecen otras oportunidades para aplicar, serán despedidos, y eso es una amenaza para los ingresos que representan el sustento de sus familias. López, por último convocó a que se reanude con mayor fuerza y coraje la lucha en contra de las reformas estructurales y en especial, en contra de la Reforma Educativa, a través del frente nacional de maestros convocado por la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco.

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Auditor rechaza politización de auditoría sobre Aeropuerto de Texcoco

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Por Ignacio García

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció fallas metodológicas en la auditoría realizada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco que representaba un sobregasto de más de 330 mil millones de pesos, el auditor federal, David Colmenares, aseguró que no hubo intereses políticos ni “mala fe”.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el titular de la auditoría señaló que pedirá cualquier cese de un servidor público del órgano de fiscalización que haya actuado con sus intereses personales o políticos al practicar las auditorías.

De acuerdo con el responsable de la ASF, colaboran con la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados para determinar responsabilidades por las irregularidades cometidas en la auditoría de la cuenta pública 2019 que se entregó el pasado 20 de febrero.

Agregó que la ASF es un organismo que actúa de forma independiente a cualquier partido político, por lo que no está en contra de ningún gobierno en particular y únicamente se trata de un organismo con autonomía que fiscaliza las cuentas públicas de la federación.

Sin embargo, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidieron su renuncia del cargo, ya que se trata de un asunto ético profesional, pues en cualquier institución del mundo ocurriría esta condición por un asunto tan grave, mientras que los diputados de oposición defendieron a Colmenares y manifestaron que se deben fortalecer los organismos autónomos.

La ASF dio a conocer que Agustín Caso Rangel, auditor especial de desempeño, fue separado de su cargo por las irregularidades cometidas en la investigación del Aeropuerto de Texcoco, por lo que continuarán las indagatorias internas para determinar responsabilidades.

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México de conciencia

México detecta nueva variante de Covid-19

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Por Ignacio García

El titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), José Ernesto Ramírez González, informó que se ha detectado una nueva variante de Covid-19 en el país.

El funcionario federal dijo que esta nueva variante se ha identificado en el 80 por ciento de los casos recientes en el interior del país, por lo que ha sido señalada como B.1.1.222 y tiene dos mutaciones importantes, lo que podría hacer al virus más transmisible, por lo que tiene mayor posibilidad de contagiarse.

De acuerdo con el representante del Indre, esta variante se trata de mutaciones, pero no está relacionada únicamente con México, ya que también ha sido identificada en Canadá y Estados Unidos, por lo que tiene una presencia significativa en América del Norte.

Agregó que en octubre se identificó por primera esta variante en México y conforme han transcurrido las semanas se han presentado más padecimientos relacionados al nuevo tipo de coronavirus, por lo que estiman que esta condición continuará en los siguientes días.

Manifestó que ha ocurrido de forma muy similar en otros países como Brasil, Reino Unido, Japón y Sudáfrica, en donde se han presentado ese tipo de problemas permanentes que se han propagado por otras naciones del mundo y por ello los científicos estudian la capacidad de respuesta por las vacunas fabricadas.

La Secretaría de Salud federal (SSa) informó que se han aplicado 2 millones 88 mil 813 dosis de las vacunas contra el Covid-19, además de que fueron aplicadas 162 mil 233 dosis contra las personas de la tercera edad en el interior del país desde que comenzó la campaña nacional de vacunación.

 

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México de conciencia

AMLO pide a la Cámara de Diputados investigar irregularidades de la ASF

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Por Ignacio García

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que se equivocó en el informe de la cuenta pública 2019 sobre el gasto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Cámara de Diputados que investigue las irregularidades de las indagatorias del organismo autónomo.

El mandatario federal dijo que el informe de la ASF fue tendencioso y falseó información sobre el uso de los recursos públicos de la administración federal, aunque evitó señalar al titular de la auditoría, David Colmenares Páramo.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, no señalará a ninguna persona, sino que busca que se investigue con profundidad el informe que reveló la ASF, ya que acusó que los intelectuales orgánicos emplearon esa información para atacar a su gobierno.

Agregó que se deben esclarecer los datos sobre el manejo de los recursos públicos que representan un camino para la construcción de la democracia, por lo que manifestó que debe dejar de utilizarse a las instituciones del Estado para fines políticos.

Debido a que la ASF es un organismo autónomo descentralizado se encuentra sectorizado a la Cámara de Diputados, por lo que es el Poder Legislativo la instancia que puede llamar a cuentas a la auditoría federal sobre las irregularidades en el informe de la cuenta pública de 2019.

La ASF dio a conocer el sábado en su informe que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco por la actual administración federal representó un gasto de 339 mil millones de pesos, cifra que fue negada por el gobierno federal que constantemente ha señalado que representaba un ahorro cambiar ese proyecto por el vigente de Santa Lucía.

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