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México de conciencia

Ley del Servicio Profesional Docente viola Seguridad jurídica de maestros

La Ley del Servicio Profesional Docente implementada en México como parte de la Reforma educativa viola garantías constitucionales de maestros

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En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco de la reunión estatal para la creación de un frente contra la Reforma Educativa, el líder de la Asamblea Magisterial Democrática en Jalisco, Juan Carlos Banderas, señaló que los lineamientos tanto de la Ley del Servicio Profesional Docente, como de los procedimientos que se están llevando a cabo contra el magisterio contravienen principios constitucionales. Refirió que la Suprema Corte de Justicia de México ha ratificado que la Reforma Educativa es constitucional y con ello se reconoce que los derechos de la niñez de este país, están por encima de los derechos de los más de un millón setecientos cincuenta mil trabajadores de la Educación. “Sin embargo, también nuestros derechos están siendo cancelados contraviniendo nuestras garantías constitucionales”.

Así lo afirmó en la asamblea del 27 de junio, en la capital tapatía, ante los representantes de once organizaciones de lucha para formar un frente jalisciense en contra de las reformas estructurales en materia de Educación y de derechos laborales, y en la que se acordó sumarse a las luchas del magisterio en el plano nacional.

El líder mencionó que una de las principales garantías constitucionales que está siendo violada es la que establece el Artículo 14° sobre la Seguridad jurídica que a la letra dice:

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Con respecto a la retroactividad de la ley, el destacado jurista mexicano Ricardo Soto Pérez, establece en su texto Nociones del Derecho positivo mexicano (Esfinge, 1999), que “Al hablar de la garantía de irretroactividad estamos hablando de que las leyes prohíben que, por virtud de una nueva ley, puedan afectarse situaciones o derechos constituidos conforme a una ley anterior”. En Las garantías individuales (Porrúa, 1995), el jurista Ignacio Burgoa Orihuela explica que “Ese derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que toda autoridad del Estado será impedida para aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de una persona”.

Estas nociones del Derecho mexicano, de acuerdo a lo afirmado por varios de los asistentes, no fue ni es tomado en cuenta en la aplicación de la Reforma educativa, además de que «los magistrados de la Suprema Corte de Justicia actuaron alineados a los intereses que están detrás de quien ostenta el Poder Ejecutivo sin hacer un análisis jurisprudencial de esta situación».

Otra situación que conlleva esa determinación, sería que todas las demandas de juicio de amparo en contra de los efectos de la aplicación de los procedimientos de la reforma, no serían resueltos o quedarían sin efecto, dejando como recurso emergente a que el magisterio solicitara la intervención de la Corte Penal Interamericana.

Los recursos de amparo de los que Jalisco marcó un precedente, se están integrando en diferentes partes de esta entidad y ha sido ejemplo para otras entidades del país. Así mismo, se considera que si una ley está lesionando los intereses de la mayoría de los sometidos a la misma, ésta, no puede ser constitucional. Y la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Reforma Educativa a quien lesiona y afecta de forma directa es la sociedad y a la misma niñez mexicana.

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

La integrante de la Red Isaki de asesoría jurídica para maestros, Adriana Becerra, expuso ante la asamblea que los trabajadores de la Educación deben de estudiar y analizar punto por punto lo que se les está aplicando con la nueva ley. Deberán de diferenciar ante todo lo que significa el “servicio público” y el “servicio profesional”. Los trabajadores que están considerados como servidores públicos por ley, dijo, se rigen por el apartado B del Artículo 123 constitucional y están bajo responsabilidad directa del Estado. Por el contrario, el servicio profesional pierde esa característica y de plumazo se pasan al apartado A de ese artículo constitucional.

Adriana Becerra señaló que por esta razón muchos profesores, como fue el caso de los de los que dan el servicio de Secundaria a distancia para Adultos (unos 75 que trabajan los sábados), después de 15 años de servicio, se les quitaron derechos de forma arbitraria y progresiva, se les dejó de pagar. Finalmente se les condicionó a que firmaran un nuevo contrato para que se les pagaran los sueldos retenidos, «con un esquema laboral totalmente retrógrado y distinto al que tenían anteriormente».

El profesor Niceto Ríos Aguirre, por suparte, destacó que igual pasa con quienes en estos días presentaron exámenes de promoción, alentados por las autoridades educativas a nivel estatal y nacional.

Expuso el docente que, en su escuela, la directora se retiró por jubilación. Él, tras un periodo de estar al frente del plantel como directivo comisionado, fue invitado a presentar el examen de promoción para ascender al cargo de director. Y sin estar totalmente enterado del procedimiento, presentó la solicitud respectiva por internet.

Primero, le salió el formato de solicitud. Luego, una especie de encuesta sobre su situación laboral, y, por último, una carta de compromiso en la que aceptaba renunciar a todos sus derechos anteriores a la presentación de esa solicitud.

“¿Cuáles son estos derechos? Una antigüedad de 27 años de servicio, el derecho a permanecer a la escuela en la que trabajo actualmente, sin que nadie pueda cambiarme de adscripción a menos que yo lo solicite, por mencionar algunos”, exclamó el docente.

“En caso de que aprobara el examen sería ascendido a director, continúa. Pero tendría que firmar un documento de readscripción, es decir, iniciaría un nuevo esquema de relación laboral diferente al que tenía”. En caso de que no aprobara el examen, el maestro ya no podría volver a la escuela a la que estaba adscrito, sino que sería enviado a cualquier lugar que se le asignara por “necesidades del servicio”, decidido a discreción por las mismas autoridades educativas, y tendría que firmar un nuevo contrato de reasignación. Todos los derechos que a lo largo de 27 años había mantenido, desaparecerían.

Varios asistentes expresaron su opinión respecto a lo establecido por la Ley del Servicio Profesional Docente, el sentido de que “no estamos en contra de una evaluación, ni en contra de que por obligación debamos de actualizarnos y asistir a cursos diplomados o estudiar las maestrías y doctorados. En lo que no estamos de acuerdo es que la aplicación de los exámenes sean instrumentos con los que la autoridad educativa pretenda despojarnos de lo que ya hemos conquistado como trabajadores por años”, y por eso denuncian que esas evaluaciones son punitivas, arbitrarias y en contra de los principios constitucionales que protegían a los trabajadores.

“Vivimos de los que hacemos, no vivimos de lo que tenemos” afirmó el profesor Eladio López y añadió que debido a los procesos de evaluación que se llevarán a cabo en el transcurso del año, muchos de los compañeros podrán ser declarados como “no idóneos para ejercer” y a pesar de que se les ofrecen otras oportunidades para aplicar, serán despedidos, y eso es una amenaza para los ingresos que representan el sustento de sus familias. López, por último convocó a que se reanude con mayor fuerza y coraje la lucha en contra de las reformas estructurales y en especial, en contra de la Reforma Educativa, a través del frente nacional de maestros convocado por la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco.

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México de conciencia

Familiares de desaparecidos en Chiapas protestan para exigir su localización

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Familiares y amigos de cuatro desaparecidos que fueron vistos por última vez el pasado 1 de mayo protestaron en las inmediaciones de una de las carreteras, por lo que demandaron el apoyo del gobierno federal, estatal y los municipales.

La madre de Leonardo Javier Ancheita, mencionó que tanto su hijo como sus acompañantes Luis Ángeles, Rigoberto y Javier Alberto fueron vistos por última vez cuando se dirigían a una fiesta, por lo que demandaron la intervención de las autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, la inseguridad en el estado de Chiapas se ha intensificado, por lo que acudieron al Ministerio Público para que la Fiscalía General de Justicia de Chiapas abriera las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.

Los inconformes amagaron con retornar con las movilizaciones por las calles en caso de que no exista alguna respuesta por parte de las autoridades estatales, por lo que enfatizaron en la importancia de que sean localizados con vida a la brevedad.

Asimismo, sostuvieron que se deben llevar a cabo las indagatorias de forma rápida para que sean localizados, debido a que consideraron que los primeros días son cruciales para que se pueda garantizar su integridad.

El nivel de inseguridad en Chiapas ha incrementado, por lo que la percepción de inseguridad ha aumentado de la misma manera que la comisión de delitos de alto impacto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Con voz propia

Fiesta familiar de gobernador de Hidalgo se hizo con la Sonora Dinamita y Mariana Seoane

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Para la celebración anual de la familia Meneses, el gobernador del Estado habría gastado junto con su familia alrededor de 1.7 millones de pesos en una fiesta privada

Por Emmanuel Ameth

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo (Méx), se puede dar lujos desde el poder que para el resto de los mortales sería imposible. Y es que según se observa en un video en propiedad de este medio, el mandatario contrató a la Sonora Dinamita así como a Mariana Seoane para amenizar la reunión familiar anual de la familia Meneses, misma que tuvo una asistencia de al menos 2 mil 100 invitados.

La reunión, que es llevada cada año, sufrió un salto exponencial en cuanto a los artistas contratados con Omar Fayad en el poder y con su primo, el entonces alcalde de Zempoala Héctor Meneses Arrieta, toda vez que invitaron a artistas de talla internacional.

Durante el video que fue compartido a este medio, se observa al gobernador de la entidad dirigiendo unas palabras a los asistentes:

“Hoy tengo el orgullo y el agrado de presentar un espectáculo maravilloso con dos grandes artistas. Por una parte una sonora muy caliente ¡La Sonora Dinamita! van a pasar para deleitarnos con muchas de sus canciones. También quiero presentarles a una amiga muy querida, una mujer guapísima, actriz… (pausa) ese chiflido se quedó corto… va a estar aquí esta tarde animando a nuestra familia y ella es ¡Mariana Seoane!”, dice Omar Fayad en el video que corresponde a su reunión familiar anual 2019.

Fayad Meneses agradeció también el prestar el recinto (municipal) a su primo el entonces presidente municipal Héctor Meneses Arrieta.

El costo del evento

Si bien el costo de los artistas depende de la agencia que los contrate, el personal que lleve, la producción, la distancia de la Ciudad de México, si el evento es público o privado y sobre todo la fecha en que son contratados, este medio hizo una aproximación del valor pagado a los artistas para su presentación.

De acuerdo con blogs especializados en redes, hace una década, contratar a la cantante y actriz Mariana Seoane costaba unos 350 mil pesos por presentación, cifra que habría subido a por lo menos medio millón de pesos en 2019.

En el caso de la Sonora Dinamita, la revista Proceso reveló que la suma de todos los costos asociados a su presentación, en un día cotidiano -el evento e Fayad fue en fin de año-, supera el millón de pesos.

Es así que entre ambos personajes, independientemente del costo del recinto, la cifra erogada asciende a por lo menos millón y medio de pesos solamente de la presentación, pues también se departió una cena para los más de 2 mil asistentes, lo que añadiría por lo menos otros 200 mil pesos al total.

Y es que aunque en el caso de Fayad Meneses así como el de su esposa Victoria Ruffo, podría existir un precio especial -o incluso ninguno- por parte de los artistas, los costos asociados a su traslado y equipo de producción siguen siendo millonarios.

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México de conciencia

Autoridades del Cefereso de Durango impiden dar Becas del Bienestar a presos estudiantes

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Por Ignacio García

Presos estudiantes del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14 de Durango señalaron que los invitaron al programa Becas del Bienestar «Benito Juárez», como parte de sus derechos, los inscribieron y están estudiando, pero no les han dado los apoyos económicos tal como fueron prometidos, porque autoridades del penal impidieron la entrada de los servidores públicos educativos.

Por lo anterior, los internos del Cefereso pidieron al titular de la Coordinación de las Becas del Bienestar “Benito Juárez”, Abraham Vázquez Piceno, que no sean discriminados y se les otorguen becas económicas para concluir sus estudios de nivel superior.

Por medio de una misiva, los internos del penal federal solicitaron que les brinden el apoyo económico correspondiente a las Becas del Bienestar, debido a que debido a su condición jurídica no pueden ir directamente a recoger estos apoyos económicos que son necesarios ante la falta de remuneraciones económicas.

De acuerdo con los internos, son estudiantes en situación de pobreza y por ello no deben ser discriminados por ninguna causa como establece la Constitución Política Mexicana para las personas privadas de su libertad.

Por ello, solicitaron que su petición sea considerada para que este programa federal se aplique a este grupo en condición de pobreza que busca finalizar sus estudios superiores y buscar una nueva oportunidad una vez que obtengan su libertad.

Según el programa federal Becas del Bienestar “Benito Juárez”, este programa se asigna a cualquier persona en situación de pobreza que lo solicite, y no especifica la situación jurídica del beneficiado, por lo que no existe ninguna limitante establecida en sus reglas de operación para que se impida beneficiar a las personas privadas de su libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado que ninguna persona que se encuentre en prisión puede ser discriminada sobre la implementación de una política pública del Estado, pues de lo contrario representa una violación a los derechos humanos.

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