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México de conciencia

Ley del Servicio Profesional Docente viola Seguridad jurídica de maestros

La Ley del Servicio Profesional Docente implementada en México como parte de la Reforma educativa viola garantías constitucionales de maestros

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En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco de la reunión estatal para la creación de un frente contra la Reforma Educativa, el líder de la Asamblea Magisterial Democrática en Jalisco, Juan Carlos Banderas, señaló que los lineamientos tanto de la Ley del Servicio Profesional Docente, como de los procedimientos que se están llevando a cabo contra el magisterio contravienen principios constitucionales. Refirió que la Suprema Corte de Justicia de México ha ratificado que la Reforma Educativa es constitucional y con ello se reconoce que los derechos de la niñez de este país, están por encima de los derechos de los más de un millón setecientos cincuenta mil trabajadores de la Educación. “Sin embargo, también nuestros derechos están siendo cancelados contraviniendo nuestras garantías constitucionales”.

Así lo afirmó en la asamblea del 27 de junio, en la capital tapatía, ante los representantes de once organizaciones de lucha para formar un frente jalisciense en contra de las reformas estructurales en materia de Educación y de derechos laborales, y en la que se acordó sumarse a las luchas del magisterio en el plano nacional.

El líder mencionó que una de las principales garantías constitucionales que está siendo violada es la que establece el Artículo 14° sobre la Seguridad jurídica que a la letra dice:

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Con respecto a la retroactividad de la ley, el destacado jurista mexicano Ricardo Soto Pérez, establece en su texto Nociones del Derecho positivo mexicano (Esfinge, 1999), que “Al hablar de la garantía de irretroactividad estamos hablando de que las leyes prohíben que, por virtud de una nueva ley, puedan afectarse situaciones o derechos constituidos conforme a una ley anterior”. En Las garantías individuales (Porrúa, 1995), el jurista Ignacio Burgoa Orihuela explica que “Ese derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que toda autoridad del Estado será impedida para aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de una persona”.

Estas nociones del Derecho mexicano, de acuerdo a lo afirmado por varios de los asistentes, no fue ni es tomado en cuenta en la aplicación de la Reforma educativa, además de que “los magistrados de la Suprema Corte de Justicia actuaron alineados a los intereses que están detrás de quien ostenta el Poder Ejecutivo sin hacer un análisis jurisprudencial de esta situación”.

Otra situación que conlleva esa determinación, sería que todas las demandas de juicio de amparo en contra de los efectos de la aplicación de los procedimientos de la reforma, no serían resueltos o quedarían sin efecto, dejando como recurso emergente a que el magisterio solicitara la intervención de la Corte Penal Interamericana.

Los recursos de amparo de los que Jalisco marcó un precedente, se están integrando en diferentes partes de esta entidad y ha sido ejemplo para otras entidades del país. Así mismo, se considera que si una ley está lesionando los intereses de la mayoría de los sometidos a la misma, ésta, no puede ser constitucional. Y la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Reforma Educativa a quien lesiona y afecta de forma directa es la sociedad y a la misma niñez mexicana.

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

La integrante de la Red Isaki de asesoría jurídica para maestros, Adriana Becerra, expuso ante la asamblea que los trabajadores de la Educación deben de estudiar y analizar punto por punto lo que se les está aplicando con la nueva ley. Deberán de diferenciar ante todo lo que significa el “servicio público” y el “servicio profesional”. Los trabajadores que están considerados como servidores públicos por ley, dijo, se rigen por el apartado B del Artículo 123 constitucional y están bajo responsabilidad directa del Estado. Por el contrario, el servicio profesional pierde esa característica y de plumazo se pasan al apartado A de ese artículo constitucional.

Adriana Becerra señaló que por esta razón muchos profesores, como fue el caso de los de los que dan el servicio de Secundaria a distancia para Adultos (unos 75 que trabajan los sábados), después de 15 años de servicio, se les quitaron derechos de forma arbitraria y progresiva, se les dejó de pagar. Finalmente se les condicionó a que firmaran un nuevo contrato para que se les pagaran los sueldos retenidos, “con un esquema laboral totalmente retrógrado y distinto al que tenían anteriormente”.

El profesor Niceto Ríos Aguirre, por suparte, destacó que igual pasa con quienes en estos días presentaron exámenes de promoción, alentados por las autoridades educativas a nivel estatal y nacional.

Expuso el docente que, en su escuela, la directora se retiró por jubilación. Él, tras un periodo de estar al frente del plantel como directivo comisionado, fue invitado a presentar el examen de promoción para ascender al cargo de director. Y sin estar totalmente enterado del procedimiento, presentó la solicitud respectiva por internet.

Primero, le salió el formato de solicitud. Luego, una especie de encuesta sobre su situación laboral, y, por último, una carta de compromiso en la que aceptaba renunciar a todos sus derechos anteriores a la presentación de esa solicitud.

“¿Cuáles son estos derechos? Una antigüedad de 27 años de servicio, el derecho a permanecer a la escuela en la que trabajo actualmente, sin que nadie pueda cambiarme de adscripción a menos que yo lo solicite, por mencionar algunos”, exclamó el docente.

“En caso de que aprobara el examen sería ascendido a director, continúa. Pero tendría que firmar un documento de readscripción, es decir, iniciaría un nuevo esquema de relación laboral diferente al que tenía”. En caso de que no aprobara el examen, el maestro ya no podría volver a la escuela a la que estaba adscrito, sino que sería enviado a cualquier lugar que se le asignara por “necesidades del servicio”, decidido a discreción por las mismas autoridades educativas, y tendría que firmar un nuevo contrato de reasignación. Todos los derechos que a lo largo de 27 años había mantenido, desaparecerían.

Varios asistentes expresaron su opinión respecto a lo establecido por la Ley del Servicio Profesional Docente, el sentido de que “no estamos en contra de una evaluación, ni en contra de que por obligación debamos de actualizarnos y asistir a cursos diplomados o estudiar las maestrías y doctorados. En lo que no estamos de acuerdo es que la aplicación de los exámenes sean instrumentos con los que la autoridad educativa pretenda despojarnos de lo que ya hemos conquistado como trabajadores por años”, y por eso denuncian que esas evaluaciones son punitivas, arbitrarias y en contra de los principios constitucionales que protegían a los trabajadores.

“Vivimos de los que hacemos, no vivimos de lo que tenemos” afirmó el profesor Eladio López y añadió que debido a los procesos de evaluación que se llevarán a cabo en el transcurso del año, muchos de los compañeros podrán ser declarados como “no idóneos para ejercer” y a pesar de que se les ofrecen otras oportunidades para aplicar, serán despedidos, y eso es una amenaza para los ingresos que representan el sustento de sus familias. López, por último convocó a que se reanude con mayor fuerza y coraje la lucha en contra de las reformas estructurales y en especial, en contra de la Reforma Educativa, a través del frente nacional de maestros convocado por la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco.

México de conciencia

OPS advierte sobre incrementos de Covid-19 en CDMX, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que en los siguientes días se registrará un nuevo incremento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán, principalmente por la nueva variante Delta.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidencia de la OPS, señaló que los casos de Covid-19 han mantenido una tendencia ascendente de la variante Delta en la Ciudad de México, así como en otras tres entidades del país, donde se han acelerado los contagios.

El representante de la OPS refirió que en las últimas semanas se ha registrado una tendencia al alza de contagios de Covid-19, por lo que enfatizó que se deben implementar diferentes mecanismos de protección a la ciudadanía y prevenir los nuevos padecimientos que han afectado a la población infantil y joven.

Agregó que el gobierno federal determinó una nueva metodología para establecer los colores del semáforo epidemiológico, por lo que confió que se logre una mayor precisión, representatividad y especificidad de los indicadores que estableció la Secretaría de Salud federal (SSa).

Asimismo, mencionó que se deben mantener medidas preventivas sanitarias para reducir los contagios derivados de la nueva variante Delta, por lo que consideró que se deben impulsar espacios de atención para la población sin que se afecte a la recuperación económica.

La OPS alertó que la nueva variante Delta amenaza a la mayor parte del mundo, debido a que se trata de una enfermedad 20 veces más contagiosa que la cepa original descubierta en Wuhan, China, por lo que debe mantenerse el uso de cubrebocas, así como el lavado de manos y distanciamiento social.

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México de conciencia

Gobierno de Peña Nieto gastó más de 32 mdd en spyware Pegasus para espiar a periodistas y opositores

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó más de 32 millones de dólares en la compra del spyware Pegasus para espiar a periodistas y opositores a la administración federal.

El funcionario federal dijo que este software fue comprado a la empresa israelí NOS en 2014 por Tomás Zerón, quien se desempeñaba como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el representante de la UIF, el primer caso de espionaje telefónico comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, en el cual el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, para contratar el software de Nice Track, por lo cual esa información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las mexicanas.

Nieto Castillo dijo que se investiga la vigencia del contrato adquirido por el gobierno federal en las anteriores administraciones en las que aparecen más de 15 mil personas como periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, así como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano.

Por su parte, el mandatario federal recalcó que las prácticas de espionaje hacia los periodistas y opositores han finalizado en la actual administración, por lo que manifestó que se buscará la justicia por todos los procedimientos correspondientes.

Esta semana distintos medios internacionales documentaron que el gobierno de México durante la administración de Peña Nieto utilizó un spyware empleado para vigilar a los periodistas y representantes de la oposición durante el sexenio pasado.

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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

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