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Estados Unidos

Ley ‘Defiéndete’ fuera del debate de control de armas en EEUU

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos deja al margen la controversial ley Defiéndete que permite el uso de armas en defensa propia

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Miles de manifestantes por el asesinato de Trayvon Martin en 2012. Foto: David Shankbone/Wikimedia Commons

Por Amy Green

MIAMI, Florida.- Antes de los asesinatos masivos a tiros en una escuela primaria de Connecticut, en un cine de Colorado, en un templo sij de Wisconsin, en Sanford, Florida, se escuchó un disparo que le dio la vuelta al mundo.

Hace un año, un voluntario de vigilancia vecinal le arrebató la vida a un adolescente desarmado, lo que provocó indignación internacional y llevó a el presidente Barack Obama reflexionara que el joven podría haber sido su hijo.

“Si yo hubiera tenido un hijo, se parecería a Trayvon”, dijo el presidente.

El 26 de febrero del 2012 por la noche, George Zimmerman mató de un balazo a Trayvon Martin, de 17 años, tras un forcejeo en un vecindario de clase media en Sanford, en las afueras de Orlando. Martin, que tenía puesto una chaqueta con capucha, había salido en medio de la lluvia a comprar Skittles y un té frío.

Hoy, Obama presiona a favor de las leyes más amplias de control de armas en una generación. Su agenda y los más de una decena de tiroteos masivos que la inspiraron, como el ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook en diciembre, donde 20 niños y seis adultos fueron asesinados, han caldeado un debate nacional sobre el papel de las armas en la protección personal, la política y la cultura de Estados Unidos. Pero hay algo que falta en el debate es la ley floridana en el centro de la muerte de Martin, conocida como “Defiéndete”.

Varias versiones de la misma ley existen en por lo menos 20 estados, casi todos del Sur, el Medio Oeste y el Oste. La ley se basa en la doctrina que da derecho a usar fuerza mortal para proteger una vivienda contra intrusos. En el caso de la Florida, la ley amplía ese derecho a vehículos, centros de trabajo y espacios públicos. Zimmerman, que es un hispano blanco, le dijo a la policía que mató a Martin, que era negro, en defensa propia, y como resultado de la ley Zimmerman no fue arrestado de inmediato.

La demora de más de un mes en el arresto de Zimmerman enfureció a muchos en todo el mundo. Muchos acusaron a Zimmerman y a policías de Sanford de caracterización racial. Entonces se aceleró el debate sobre el papel de la raza en el sistema judicial estadounidenses y si leyes como “Defiéndete” legitimizan la vigilancia parapolicial de otros tiempos en el Sur y el Oeste.

Después del asesinato de Martin, el reverendo Al Sharpton dijo que Sanford corría el peligro de “pasar a la historia como el Birmingham y el Selma del siglo XXI”. Manifestaciones lideradas por activistas de los derechos civiles como Sharpton y el también reverendo Jesse Jackson, además de líderes electos como la representante federal Corrine Brown, demócrata por Jacksonville, atrajeron a miles.

Zimmerman, acusado de asesinato en segundo grado, planea usar la ley “Defiéndete” en su defensa, y una audiencia para determinar si puede seguir adelante con esa estrategia está programada para abril. Para entonces, el debate nacional sobre el control de las armas debe estar en su apogeo.

Legislación modelo

Bajo presión del público tras la muerte de Martin, el gobernador Rick Scott nombró un equipo especial para evaluar la ley “Defiéndete”en la Florida, la primera de su tipo implementada en el país. La ley floridana, que el entonces gobernador Jeb Bush firmó en el 2005 y que la madre de Martin ha exhortado a los legisladores a derogarla, se considera una ley modelo.

La ley llegó a otras partes del país con ayuda del American Legislative Exchange Council (ALEC, por sus siglas en inglés), una organización respaldada por empresarios a la que pertenecen casi 2,000 legisladores estatales de todo Estados Unidos. Legisladores y cabilderos redactan modelos que impulsan la agenda pro-empresarial y socialmente conservadora del ALEC, y los legisladores entonces las presentan en sus respectivos estados. Después de la muerte de Martin, muchos señalaron a ALEC como un ejemplo de influencia empresarial indebida en las políticas públicas. Las instituciones que respaldan a ALEC, como Coca-Cola Co. y la Fundación Bill y Melinda Gates, retiraron su apoyo en medio de la controversia.

Desde la muerte de Martin, legisladores en una docena de estados han presentado proyectos de ley para modificar o derogar leyes estilo “Defiéndete”. Unos cuantos proyectos siguen pendientes, pero la mayoría no salió adelante por falta de un apoyo significativo.

En la Florida, donde más de 100 personas han usado la ley “Defiéndete”para justificar acciones violentas, y hay poca presión para modificar la ley. El equipo especial que Scott nombró escuchó declaraciones en todo el estado durante seis meses y concluyó que no hay que modificar la ley. El equipo especial recomendó que los legisladores vuelvan a estudiar detalles menores, como la definición de “actividad ilegal” y “encausamiento penal” en la ley. Pero los críticos señalaron que las conclusiones no eran una sorpresa porque el equipo estaba formado por dos legisladores que ayudaron a redactar, dos que votaron a su favor y otro que patrocinó un proyecto de ley respaldado por la National Rifle Association que prohibía a los médicos preguntas a los pacientes si tenían armas de fuego.

“No presentaron nada nuevo”, dijo Chris Smith, líder de la minoría en el Senado de la Florida y demócrata por Fort Lauderdale. “La comisión estaba formada por todos los que apoyan la ley. ¿Para qué crear un equipo especial cuando ya se ha decidido cuál va a ser el resultado?”

Smith estableció un equipo especial separado para pasar revista a la ley y planea patrocinar proyectos de ley que incorporan algunas de sus recomendaciones, como exigir a la policía que detenga a las personas mientras investiga sus alegaciones de que se basaron en la ley “Defiéndete” y no aplicar la ley de defensa propia en casos de personas que inicien confrontaciones.

Otros legisladores han presentado proyectos de ley para modificar la que está vigente, pero el presidente del Senado floridano, Don Gaetz, ha dicho que no espera que una mayor regulación de las armas de fuego sea “algo más que periférico” para la Legislatura, controlada por los republicanos.

“La gente se toma muy en serio su derecho de protegerse personalmente en sus viviendas, vehículos y cualquier lugar donde tengan el derecho de estar”, dijo Marion Hammer, ex presidente de la National Rifle Association y cabildero de Tallahassee que ayudó a redactar la ley “Defiéndete”. “La gran mayoría de la población de Estados Unidos no cree que uno tiene la obligación de huir, en vez de hacerle frente a una situación y entonces ser acusado de un delito si no se retiró antes del enfrentamiento. Eso coloca los derechos de los criminales por delante de los derechos de los ciudadanos que respetan la ley”.

Cambios en el apoyo público

Varias encuestas sugieren que aproximadamente la mitad de la población apoya la ley “Defiéndete”, pero las opiniones difieren mucho cuando se desglosan por raza. Una encuesta de ABC News/Washington Post realizada en abril del 2012 concluyó que 55 por ciento de los blancos favorecen la ley, pero 69 por ciento de los negros se oponen. En la Florida, una encuesta realizada en julio del 1012 por la encuestadora Mason-Dixon Polling and Research concluyó que 65 por ciento de los encuestados cree que no hace falta cambiar la ley, y 18 por ciento dijo que debe ser derogada.

“Eso puede haber cambiado”, dijo Brad Coker, director gerente de Mason-Dixon Polling and Research, quien no ha visto información más reciente sobre la ley en la Florida”.”(Sandy Hook) ya pasó, al menos por ahora, las cifras del control de armas, y ese tema quizás no sea inmune”.

Varios estudios sugieren que la ley de autodefensa de la Florida quizás no mejora la seguridad de los portadores de armas de fuego. Un análisis de la Universidad Texas A&M concluyó que el número de homicidios aumentó de 7 a 9 por ciento después que los estados implementaron leyes de autodefensa.

Un informe corredactado por Steven Jansen, vicepresidente y director ejecutivo de la Asociación de Abogados Litigantes, señaló que la ley de autodefensa de la Florida no da a los policías la misma inmunidad en casos de uso de la fuerza en defensa propia que al público en general, y que los policías enfrentan investigaciones fuertes cuando usan la fuerza en el cumplimiento de su deber.

Las leyes de autodefensa se implementaron en todo el país como parte de un cambio en las leyes sobre armas de fuego. La prohibición de los fusiles estilo militar y otras armas aprobada en los años 90 venció, y como los esfuerzos por renovarla fracasaron, este tipo de ley ganó apoyo.

Pero ahora hay nuevos aires de cambio. Aunque el debate sobre el control de las armas hasta el momento no ha tocado las leyes de autodefensa, la muerte de Martin ralentizó su aprobación en otros estados.

“(El caso de Martin) hizo que muchos estados se preocuparan sobre la idoneidad de la ley”, dijo Jansen.

Por su parte, el representante Dennis Baxley, republicano por Ocala que fue el principal patrocinador de la ley de autodefensa de la Florida, no está sorprendido de que esa legislación esté ausente en el debate nacional sobre las armas de fuego.

“Es un tema diferente. La defensa propia, la protección de los ciudadanos respetuosos de la ley en la población general, es un tema muy diferente de cómo se enfrenta a una persona desequilibrada que va a una zona libre de armas y comienza a disparar a diestra y siniestra”, dijo Baxley. “Para mí es un tema diferente”.

Pero Jansen dijo que le sorprendería si el debate no incluye en algún momento una revisión de las leyes de defensa propia.

“Creo que hace falta debatirla”, dijo. “Para poder enfrentar la violencia de las armas, creo que eso es parte de la conversación”.

 Fuente:  Florida Center for Investigative Reporting (http://fcir.org)

 

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Estados Unidos

Autopsia a Manuel Esteban Páez, ambientalista contra ‘Cop City’, revela 13 disparos de la policía de Georgia

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Tortuguita Georgia

Manuel protestaba contra la construcción del centro de capacitación policial de 90 millones de dólares en el bosque de Weelaunee

En el estado de Georgia, familiares del activista ambiental Manuel Esteban Páez Terán, de 26 años, informaron que la autopsia reveló que los policías de Atlanta le dispararon al menos 13 veces. La familia realizó una autopsia privada, a quien en vida llamaban Tortuguita, y exigió acceso a la investigación que la Oficina de Investigación de Georgia está llevando a cabo sobre el tiroteo fatal.

La muerte de Terán se produjo durante una incursión que se llevó a cabo el 18 de enero  en un campamento de manifestantes que protestaban de manera pacífica contra la construcción del centro de capacitación policial conocido como “Cop City”, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares que se construirá en el bosque de Weelaunee.

Leer más: Autopsia de George Floyd confirma homicidio, y se extienden protestas en Estados Unidos

 

Daniel Páez, hermano del activista, cuestionó que fuesen calificados como «terroristas» por defender la naturaleza e ingresar ilegalmente a una propiedad privada. “Calificar como ‘terroristas’ a manifestantes acusados de un delito menor de ingreso ilegal a una propiedad no muestra en absoluto una señal de honestidad y confiabilidad. Que levante la mano quien conozca a algún terrorista conocido por el ‘infame’ delito de ingresar ilegalmente a una propiedad», señaló.

El familiar hizo un llamamiento público a los agentes de la Policía de Atlanta «para que tengan el coraje moral de poner a la nación por encima de su lealtad a personas individuales, y que usen la fuerza para impedir que sus colegas maten a civiles”.

Los familiares de Terán, incluida su madre, Belkis, hablaron públicamente por primera vez en una conferencia de prensa que se celebró este lunes frente al tribunal del condado de DeKalb. En la rueda de prensa, los familiares denunciaron las acusaciones de terrorismo doméstico contra decenas de otros defensores de los bosques de Atlanta que han sido arrestados.

Las protestas de «Stop Cop City» se oponen a la construcción del Centro de Entrenamiento Policial de Atlanta en un barrio de negros y latinos. y forman parte de las tensiones de larga data por los asesinatos policiales en los Estados Unidos, desde el asesinato de George Floyd en 2020.

Más información: El juicio a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd

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Estados Unidos

En el juicio de Nueva York, ‘El Diablo’ culpó de violencia en Nayarit a García Luna

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El Diablo y García Luna

Narcotraficantes pagaron a García Luna 5 millones de dólares por la ‘plaza de Nayarit’

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

En el testimonio en contra de Genaro García Luna, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, ‘El Diablo’, culpó de la violencia de estado por la falta de apoyo del exsecretario de Seguridad Pública federal, durante la gestión del gobernador Roberto Sandoval; y no a que el Cártel de los Beltrán Leyva tenían compradas a las autoridades, como él mismo había aceptado.

“Sin recursos, rentamos un helicóptero, compramos uniformes nuevos y sacamos a crédito un auto blindado para dar la apariencia de seguridad hacia el pueblo de Nayarit”, confió en la sesión verpertina de la audiencia de ayer martes.

Señaló que hubo una segunda ocasión en que la facción del Mayo Zambada y El Chapo Guzmán enviaron a Julián Venegas, compadre del Chapo, a ofrecerles de nueva cuenta comprar la plaza. “Me dijo que a nivel federal ya tenían todo arreglado”, y mencionaron haber pagado “5 millones de dólares a Genaro García Luna” para primero poder matar a ‘El Chaguín’, empleado de los Beltrán Leyva, que a su vez había matado al hijo de Nacho Coronel, pero sobre todo para tomar la plaza nayarita.

“No acepté la oferta (esta vez le ofrecieron 5 millones de dólares) pues teníamos un compromiso con los Beltranes”, aseguró Veytia.

En ese punto, acabó momentáneamente cualquier referencia al acusado, pues el relato llegó al momento del cambio de presidente en México en 2012 y el ascenso del mismo Veytia como fiscal general del Estado en 2013. Reconoció la relación muy cercana que siguió teniendo con el H2 y los crímenes, torturas, despojos, secuestros, incendios, reportes falsos, ataques o incautaciones ordenados por el mismo H2 que eran ejecutados por Veytia o elementos de la corporación a su cargo.

Dijo que llegó un momento en que ‘El H2’ dejó de tener poder, por lo que él mismo planeó primero secuestrar, luego torturar y después asesinar a ese líder criminal “con autorización del gobernador y coordinándome con fuerzas federales” que no eran de la policía federal.

Leer más: Genaro García Luna y la señora Wallace: Historia y contexto de una pareja siniestra

 

También admitió que a otro al que llamaban El Paisa, los Beltrán Leyva lo quisieron ejecutar y fallaron, así es que estando ese personaje en el hospital, Leyva ordenó a la policía a su cargo que se retiraran del nosocomio para que otros pistoleros lo fueran a rematar.

En el contrainterrogatorio, el defensor Florian Miedel utilizó el reconocido recurso de la defensa de hacerle ver al testigo que su primer mención de Genaro García Luna “se habría dado ya en el 2020, cuando él mismo se ofreció a colaborar en este caso” y no en alguna «de las 150 veces anteriores» que este testigo se había entrevistado con agentes federales.

“Es que no me preguntaron por él”, se disculpó Veytia.

“Usted habló de corrupción de funcionarios, del gobernador, del secretario de la Defensa Nacional, de comandantes de la policía, de generales del ejército, de jueces, y en ninguna charla mencionó el nombre de Genaro García Luna”, volvió a preguntarle Miedel. “No, en ninguna”, aceptó el exfiscal originario de Tijuana.

Entérate: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

 

Le recordó el defensor a Veytia que los fiscales de los Estados Unidos se habían arrepentido de haberle ofrecido un acuerdo de culpabilidad, el cual nunca celebraron, “porque no podían corroborar la información que usted les daba”.

– Yo no lo recuerdo así- dijo Veytia.

– ¿Pero no estaba usted devastado por no tener un arreglo?- atacó el defensor.

“Si”, aceptó débilmente.

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Estados Unidos

“Calderón y García Luna ordenaron proteger al Chapo” declara en juicio exfiscal de Nayarit Edgar Veytia

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edgar veytia

 

Los Beltrán Leyva prometieron pagarle la campaña de candidato a gobernador de Nayarit a Roberto Sandoval

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

En su arranque de su testimonio en el juicio en contra de Genaro García Luna el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia reveló que en una reunión que tuvo con el entonces gobernador Ney González al inicio del 2011 le comentó de una reunión de alta seguridad que tuvo en la Ciudad de México donde el entonces presidente Felipe Calderón y el Secretario de Seguridad pública le informaron “que la línea era Chapo”.

– ¿Qué significaba eso?. Cuestionó la fiscal que lo interroga.
– Pues que también debíamos proteger a esa facción del Cártel de Sinaloa que peleaba con los Beltrán Leyva.

Dijo que posteriormente se reunió con el representante de Joaquín El Chapo Guzmán en Nayarit, Pelocho, quien prometió liberar a dos policías nayaritas que tenían secuestrados a cambio de que Veytia, en ese entonces Secretario de Seguridad Pública de Tepic, los protegiera además a ellos.

Esa decisión entró en conflicto con el acuerdo que tenían tanto Veytia como el que fuera alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, con los Beltrán Leyva “quienes prometieron pagarle su campaña a la gubernatura”.

Muy temprano en su testimonio Veytia mencionó al acusado. Dijo que el comandante Violante quien era el Secretario de Seguridad Pública, le comentó que venía llegando de la Conferencia nacional de Seguridad donde “Genaro García Luna dijo que debíamos proteger, ponernos del lado del El Chapo”.

Aceptó que en ese momento Tepic era la “segunda ciudad más violenta del país” debido a esa lucha entre los Beltrán Leyva y el grupo de Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. “¿Cambió en algo la situación con la muerte de Arturo Beltrán Leyva?” dudó la fiscal a lo que el ex fiscal conocido como El Diablo, dijo “pensé que la guerra iba a acabar pero se recrudeció.

Aunque inició su testimonio hablando en inglés, vestido con el uniforme de la prisión de Brooklyn que ahora comparte con el acusado, la fiscal le pidió que usara a los interpretes para que su testimonio fuera escuchado y comprendido en español por García Luna.

– ¿Escribió usted las cosas a las que se comprometió con los Beltrán Leyva?- de nueva cuenta la fiscal.

– Los acuerdos con narcotraficantes nunca son por escrito- aceptó el testigo.

Mencionó que ya siendo fiscal llegó a recibir hasta 2 millones de pesos al mes, los cuales usaba “en los gastos diarios”. Explicó lo que significaba los pozoles que comenzaron a aparecer en distintas zonas de la ciudad y del estado. “Eran cubetas con cuerpos desmembrados, cabezas, piernas, brazos, a las que le echaban granos de pozole”.

Recordó que en la peor parte de la guerra llegaron a parecer “colgados en los puentes, desollados y los pozoles de Nayarit”. Detenido desde el 2017, Edgar Veytia busca desde hace 3 años un acuerdo con la fiscalía del Distrito Este de Nueva York luego de declararse culpable y ser sentenciado a 20 años de prisión.

Al continuar su relato, Veytia recordó la vez que ¿, siendo ya Roberto Sandoval gobernador, fueron a una reunión al famoso Bunker de la Secretaría de Seguridad Pública. Aseguró que en ese lugar Luis Cárdenas Palomino le dijo a él directamente que debían apoyar al Chapo Guzmán cosa que le confirmó el gobernador Sandoval que por su parte se había reunido con Genaro García Luna.

– Estamos solos, este cabrón no nos va a ayudar”, le habría dicho el gobernador a su procurador Veytia.

Además recordó que ya como procurador se presentó en sus oficinas “Alcalá y Chaparro” dos que presumieron ser abogados de Joaquín Guzmán Loera a decirle, “venimos a comprar el estado, venimos a comprar la plaza”. En la misma reunión le ofrecieron a Veytia 10 millones de dólares, pero el los atajó: “Nosotros estamos con los Beltrán Leyva”, rechazando el ofrecimiento.

Aclaró que luego de los desencuentros, iniciaron duros enfrentamientos entre miembros de las policías federal y municipal, que presuntamente defendían diferentes bandos y que convirtieron a Nayarit en zona de guerra.

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