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Estados Unidos

Ley ‘Defiéndete’ fuera del debate de control de armas en EEUU

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos deja al margen la controversial ley Defiéndete que permite el uso de armas en defensa propia

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Miles de manifestantes por el asesinato de Trayvon Martin en 2012. Foto: David Shankbone/Wikimedia Commons

Por Amy Green

MIAMI, Florida.- Antes de los asesinatos masivos a tiros en una escuela primaria de Connecticut, en un cine de Colorado, en un templo sij de Wisconsin, en Sanford, Florida, se escuchó un disparo que le dio la vuelta al mundo.

Hace un año, un voluntario de vigilancia vecinal le arrebató la vida a un adolescente desarmado, lo que provocó indignación internacional y llevó a el presidente Barack Obama reflexionara que el joven podría haber sido su hijo.

“Si yo hubiera tenido un hijo, se parecería a Trayvon”, dijo el presidente.

El 26 de febrero del 2012 por la noche, George Zimmerman mató de un balazo a Trayvon Martin, de 17 años, tras un forcejeo en un vecindario de clase media en Sanford, en las afueras de Orlando. Martin, que tenía puesto una chaqueta con capucha, había salido en medio de la lluvia a comprar Skittles y un té frío.

Hoy, Obama presiona a favor de las leyes más amplias de control de armas en una generación. Su agenda y los más de una decena de tiroteos masivos que la inspiraron, como el ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook en diciembre, donde 20 niños y seis adultos fueron asesinados, han caldeado un debate nacional sobre el papel de las armas en la protección personal, la política y la cultura de Estados Unidos. Pero hay algo que falta en el debate es la ley floridana en el centro de la muerte de Martin, conocida como “Defiéndete”.

Varias versiones de la misma ley existen en por lo menos 20 estados, casi todos del Sur, el Medio Oeste y el Oste. La ley se basa en la doctrina que da derecho a usar fuerza mortal para proteger una vivienda contra intrusos. En el caso de la Florida, la ley amplía ese derecho a vehículos, centros de trabajo y espacios públicos. Zimmerman, que es un hispano blanco, le dijo a la policía que mató a Martin, que era negro, en defensa propia, y como resultado de la ley Zimmerman no fue arrestado de inmediato.

La demora de más de un mes en el arresto de Zimmerman enfureció a muchos en todo el mundo. Muchos acusaron a Zimmerman y a policías de Sanford de caracterización racial. Entonces se aceleró el debate sobre el papel de la raza en el sistema judicial estadounidenses y si leyes como “Defiéndete” legitimizan la vigilancia parapolicial de otros tiempos en el Sur y el Oeste.

Después del asesinato de Martin, el reverendo Al Sharpton dijo que Sanford corría el peligro de “pasar a la historia como el Birmingham y el Selma del siglo XXI”. Manifestaciones lideradas por activistas de los derechos civiles como Sharpton y el también reverendo Jesse Jackson, además de líderes electos como la representante federal Corrine Brown, demócrata por Jacksonville, atrajeron a miles.

Zimmerman, acusado de asesinato en segundo grado, planea usar la ley “Defiéndete” en su defensa, y una audiencia para determinar si puede seguir adelante con esa estrategia está programada para abril. Para entonces, el debate nacional sobre el control de las armas debe estar en su apogeo.

Legislación modelo

Bajo presión del público tras la muerte de Martin, el gobernador Rick Scott nombró un equipo especial para evaluar la ley “Defiéndete”en la Florida, la primera de su tipo implementada en el país. La ley floridana, que el entonces gobernador Jeb Bush firmó en el 2005 y que la madre de Martin ha exhortado a los legisladores a derogarla, se considera una ley modelo.

La ley llegó a otras partes del país con ayuda del American Legislative Exchange Council (ALEC, por sus siglas en inglés), una organización respaldada por empresarios a la que pertenecen casi 2,000 legisladores estatales de todo Estados Unidos. Legisladores y cabilderos redactan modelos que impulsan la agenda pro-empresarial y socialmente conservadora del ALEC, y los legisladores entonces las presentan en sus respectivos estados. Después de la muerte de Martin, muchos señalaron a ALEC como un ejemplo de influencia empresarial indebida en las políticas públicas. Las instituciones que respaldan a ALEC, como Coca-Cola Co. y la Fundación Bill y Melinda Gates, retiraron su apoyo en medio de la controversia.

Desde la muerte de Martin, legisladores en una docena de estados han presentado proyectos de ley para modificar o derogar leyes estilo “Defiéndete”. Unos cuantos proyectos siguen pendientes, pero la mayoría no salió adelante por falta de un apoyo significativo.

En la Florida, donde más de 100 personas han usado la ley “Defiéndete”para justificar acciones violentas, y hay poca presión para modificar la ley. El equipo especial que Scott nombró escuchó declaraciones en todo el estado durante seis meses y concluyó que no hay que modificar la ley. El equipo especial recomendó que los legisladores vuelvan a estudiar detalles menores, como la definición de “actividad ilegal” y “encausamiento penal” en la ley. Pero los críticos señalaron que las conclusiones no eran una sorpresa porque el equipo estaba formado por dos legisladores que ayudaron a redactar, dos que votaron a su favor y otro que patrocinó un proyecto de ley respaldado por la National Rifle Association que prohibía a los médicos preguntas a los pacientes si tenían armas de fuego.

“No presentaron nada nuevo”, dijo Chris Smith, líder de la minoría en el Senado de la Florida y demócrata por Fort Lauderdale. “La comisión estaba formada por todos los que apoyan la ley. ¿Para qué crear un equipo especial cuando ya se ha decidido cuál va a ser el resultado?”

Smith estableció un equipo especial separado para pasar revista a la ley y planea patrocinar proyectos de ley que incorporan algunas de sus recomendaciones, como exigir a la policía que detenga a las personas mientras investiga sus alegaciones de que se basaron en la ley “Defiéndete” y no aplicar la ley de defensa propia en casos de personas que inicien confrontaciones.

Otros legisladores han presentado proyectos de ley para modificar la que está vigente, pero el presidente del Senado floridano, Don Gaetz, ha dicho que no espera que una mayor regulación de las armas de fuego sea “algo más que periférico” para la Legislatura, controlada por los republicanos.

“La gente se toma muy en serio su derecho de protegerse personalmente en sus viviendas, vehículos y cualquier lugar donde tengan el derecho de estar”, dijo Marion Hammer, ex presidente de la National Rifle Association y cabildero de Tallahassee que ayudó a redactar la ley “Defiéndete”. “La gran mayoría de la población de Estados Unidos no cree que uno tiene la obligación de huir, en vez de hacerle frente a una situación y entonces ser acusado de un delito si no se retiró antes del enfrentamiento. Eso coloca los derechos de los criminales por delante de los derechos de los ciudadanos que respetan la ley”.

Cambios en el apoyo público

Varias encuestas sugieren que aproximadamente la mitad de la población apoya la ley “Defiéndete”, pero las opiniones difieren mucho cuando se desglosan por raza. Una encuesta de ABC News/Washington Post realizada en abril del 2012 concluyó que 55 por ciento de los blancos favorecen la ley, pero 69 por ciento de los negros se oponen. En la Florida, una encuesta realizada en julio del 1012 por la encuestadora Mason-Dixon Polling and Research concluyó que 65 por ciento de los encuestados cree que no hace falta cambiar la ley, y 18 por ciento dijo que debe ser derogada.

“Eso puede haber cambiado”, dijo Brad Coker, director gerente de Mason-Dixon Polling and Research, quien no ha visto información más reciente sobre la ley en la Florida”.”(Sandy Hook) ya pasó, al menos por ahora, las cifras del control de armas, y ese tema quizás no sea inmune”.

Varios estudios sugieren que la ley de autodefensa de la Florida quizás no mejora la seguridad de los portadores de armas de fuego. Un análisis de la Universidad Texas A&M concluyó que el número de homicidios aumentó de 7 a 9 por ciento después que los estados implementaron leyes de autodefensa.

Un informe corredactado por Steven Jansen, vicepresidente y director ejecutivo de la Asociación de Abogados Litigantes, señaló que la ley de autodefensa de la Florida no da a los policías la misma inmunidad en casos de uso de la fuerza en defensa propia que al público en general, y que los policías enfrentan investigaciones fuertes cuando usan la fuerza en el cumplimiento de su deber.

Las leyes de autodefensa se implementaron en todo el país como parte de un cambio en las leyes sobre armas de fuego. La prohibición de los fusiles estilo militar y otras armas aprobada en los años 90 venció, y como los esfuerzos por renovarla fracasaron, este tipo de ley ganó apoyo.

Pero ahora hay nuevos aires de cambio. Aunque el debate sobre el control de las armas hasta el momento no ha tocado las leyes de autodefensa, la muerte de Martin ralentizó su aprobación en otros estados.

“(El caso de Martin) hizo que muchos estados se preocuparan sobre la idoneidad de la ley”, dijo Jansen.

Por su parte, el representante Dennis Baxley, republicano por Ocala que fue el principal patrocinador de la ley de autodefensa de la Florida, no está sorprendido de que esa legislación esté ausente en el debate nacional sobre las armas de fuego.

“Es un tema diferente. La defensa propia, la protección de los ciudadanos respetuosos de la ley en la población general, es un tema muy diferente de cómo se enfrenta a una persona desequilibrada que va a una zona libre de armas y comienza a disparar a diestra y siniestra”, dijo Baxley. “Para mí es un tema diferente”.

Pero Jansen dijo que le sorprendería si el debate no incluye en algún momento una revisión de las leyes de defensa propia.

“Creo que hace falta debatirla”, dijo. “Para poder enfrentar la violencia de las armas, creo que eso es parte de la conversación”.

 Fuente:  Florida Center for Investigative Reporting (http://fcir.org)

 

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Estados Unidos

Nancy Pelosi autoriza comisión independiente para investigar a fondo insurrección incitada por Trump

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Dem0cracy Now!

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha autorizado una comisión, al estilo de la que se formó luego de los ataques del 11 de septiembre, para investigar más a fondo la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, así como las acciones que condujeron a ella.

Esto ocurre al tiempo que aumentan los pedidos de iniciar procesos penales contra el expresidente Donald Trump, como uno de los últimos recursos que quedan para responsabilizarlo de la insurrección, en la que murieron seis personas, dos de ellas por los ataques directos, después de que la votación del sábado en el Senado no alcanzara la mayoría de dos tercios necesaria para declararlo culpable.

El anuncio de Pelosi se hizo en momentos que aumentan los pedidos para que se inicie un proceso penal contra el expresidente Donald Trump, tras su absolución en el segundo juicio político del Senado. El corresponsal de temas judiciales de la revista The Nation, Elie Mystal, afirma que los representantes que actuaron como fiscales en el juicio político presentaron “argumentos que dan cuenta con bastante claridad de la responsabilidad penal” de Donald Trump por la insurrección del 6 de enero en el edificio del Congreso de Estados Unidos. “Creo que hay argumentos para la acusación. Al menos deberíamos intentarlo”, dice.

Siete republicanos votaron con los demócratas para condenar al expresidente, entre ellos el senador del estado de Carolina del Norte, Richard Burr. El lunes, el Partido Republicano de Carolina del Norte censuró formalmente a Burr por su voto, al igual que los senadores Bill Cassidy de Luisiana y Pat Toomey de Pensilvania, quienes han sido sometidos a votaciones de censura similares por parte de sus colegas republicanos.

Los dirigentes del Partido Republicano de los estados de Maine y Utah también están considerando censurar a la senadora Susan Collins y al senador Mitt Romney por haber votado a favor de condenar a Trump.

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Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

Emmanuel Ameth

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Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

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Estados Unidos

Agente retirado de la DEA desmiente al presidente López Obrador sobre proceso de Cienfuegos en EEUU

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Por Guadalupe Lizárraga

El agente retirado de la DEA, Mike Vigil desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este organismo de combate al narcotráfico en los Estados Unidos haya fabricado delitos a Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la supuesta debilidad de los elementos de prueba para vincularlo a proceso por conspiración y narcotráfico.

En entrevista para Los Ángeles Press, Vigil reiteró que las evidencias de Cienfuegos fueron recogidas durante diez años de seguimiento, pero que además se presentaron ante un equipo de expertos de la fiscalía de Nueva York, y después a un gran Jurado en Estados Unidos.

Dijo que en la DEA no se fabrican delitos ni evidencias como en México, porque ningún elemento de la DEA va a arriesgar su carrera de por vida por fabricar una evidencia, explicó Vigil.

“La DEA va desarrollando la evidencia, y luego el archivo completo se va a la fiscalía federal para su revisión, y entonces los fiscales federales -que son muy conservadores-, determinan si la evidencia no es sumamente fuerte, nunca, pero nunca, van a seguir adelante con una acusación formal”.

Continuó el agente, que después “el fiscal lleva el caso a un gran Jurado que consiste en 20 o 25 personas, y se presenta en un juicio para deliberar si la evidencia es fuerte o no, por lo que no nada más es la DEA la que interviene, y cuando el fiscal presentó el caso de Cienfuegos, el gran Jurado determinó que la evidencia era sólida”.

Vigil reiteró que es un proceso largo, no nada más es la DEA, como institución, la que interviene, ni es un agente o dos, es el gobierno de Estados Unidos en su conjunto, incluyendo al Departamento de Justicia, por eso nosotros no fabricamos evidencia, no fabricamos casos como en México”.

Otro de los desmentidos que hace el agente retirado de la DEA al presidente López Obrador es sobre la solicitud de este país para que el gobierno de Estados Unidos retirara los cargos a Cienfuegos. El presidente mexicano dijo en su conferencia matutina que debido a la debilidad de las evidencias en el caso de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos. Sin embargo, el agente retirado de la DEA, Mike Vigil enfatizó que tampoco había sido así.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien solicitó el regreso del general Cienfuegos bajo la promesa de ser investigado y juzgado en México, explicó Vigil que “si no hubiera sido así, el general Cienfuegos habría sido juzgado aquí en los Estados Unidos”, y cuestionó Vigil que “no sabía por qué tantas mentiras del gobierno mexicano”.

Así también, señaló Mike Vigil que el gobierno de los Estados Unidos no entregó a México los informes que ellos catalogan como DEA 06, que contiene todo la información sensible recabada para armar el caso que va desde testimonios, vigilancia, interrogaciones de detenidos, información de inteligencia, “todo lo que se lleva a cabo en una investigación, y eso no estaba incluido en lo que se le mandó a México, porque en el envío, siempre ha habido fuga de información, y puede poner en riesgo a agentes, a informantes, y a la misma investigación, y esto es lo que dio otra vez, con la publicación del expediente con el registro de mensajes y llamadas”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que él mismo había dado la instrucción de que se publicara el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos, y que todavía circulaba en las redes sociales. No obstante, para el agente retirado de la DEA esta instrucción presidencial “fue una violación al Acuerdo de Asistencia Legal entre ambos países firmado en 1991, y se sigue con la desinformación de que Estados Unidos le quitó los cargos a Cienfuegos porque no había evidencia sólida, y esto tampoco es cierto”.

Concluyó Vigil que “los comentarios del presidente López Obrador están haciendo daño a las relaciones bilaterales, y favoreciendo a los carteles, que se sienten muy confortables con su gobierno”; porque lo que se está haciendo es destruir la cooperación en información entre ambos países sobre el combate al  narcotráfico”.

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