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Estados Unidos

Ley ‘Defiéndete’ fuera del debate de control de armas en EEUU

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos deja al margen la controversial ley Defiéndete que permite el uso de armas en defensa propia

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Miles de manifestantes por el asesinato de Trayvon Martin en 2012. Foto: David Shankbone/Wikimedia Commons

Por Amy Green

MIAMI, Florida.- Antes de los asesinatos masivos a tiros en una escuela primaria de Connecticut, en un cine de Colorado, en un templo sij de Wisconsin, en Sanford, Florida, se escuchó un disparo que le dio la vuelta al mundo.

Hace un año, un voluntario de vigilancia vecinal le arrebató la vida a un adolescente desarmado, lo que provocó indignación internacional y llevó a el presidente Barack Obama reflexionara que el joven podría haber sido su hijo.

“Si yo hubiera tenido un hijo, se parecería a Trayvon”, dijo el presidente.

El 26 de febrero del 2012 por la noche, George Zimmerman mató de un balazo a Trayvon Martin, de 17 años, tras un forcejeo en un vecindario de clase media en Sanford, en las afueras de Orlando. Martin, que tenía puesto una chaqueta con capucha, había salido en medio de la lluvia a comprar Skittles y un té frío.

Hoy, Obama presiona a favor de las leyes más amplias de control de armas en una generación. Su agenda y los más de una decena de tiroteos masivos que la inspiraron, como el ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook en diciembre, donde 20 niños y seis adultos fueron asesinados, han caldeado un debate nacional sobre el papel de las armas en la protección personal, la política y la cultura de Estados Unidos. Pero hay algo que falta en el debate es la ley floridana en el centro de la muerte de Martin, conocida como “Defiéndete”.

Varias versiones de la misma ley existen en por lo menos 20 estados, casi todos del Sur, el Medio Oeste y el Oste. La ley se basa en la doctrina que da derecho a usar fuerza mortal para proteger una vivienda contra intrusos. En el caso de la Florida, la ley amplía ese derecho a vehículos, centros de trabajo y espacios públicos. Zimmerman, que es un hispano blanco, le dijo a la policía que mató a Martin, que era negro, en defensa propia, y como resultado de la ley Zimmerman no fue arrestado de inmediato.

La demora de más de un mes en el arresto de Zimmerman enfureció a muchos en todo el mundo. Muchos acusaron a Zimmerman y a policías de Sanford de caracterización racial. Entonces se aceleró el debate sobre el papel de la raza en el sistema judicial estadounidenses y si leyes como “Defiéndete” legitimizan la vigilancia parapolicial de otros tiempos en el Sur y el Oeste.

Después del asesinato de Martin, el reverendo Al Sharpton dijo que Sanford corría el peligro de “pasar a la historia como el Birmingham y el Selma del siglo XXI”. Manifestaciones lideradas por activistas de los derechos civiles como Sharpton y el también reverendo Jesse Jackson, además de líderes electos como la representante federal Corrine Brown, demócrata por Jacksonville, atrajeron a miles.

Zimmerman, acusado de asesinato en segundo grado, planea usar la ley “Defiéndete” en su defensa, y una audiencia para determinar si puede seguir adelante con esa estrategia está programada para abril. Para entonces, el debate nacional sobre el control de las armas debe estar en su apogeo.

Legislación modelo

Bajo presión del público tras la muerte de Martin, el gobernador Rick Scott nombró un equipo especial para evaluar la ley “Defiéndete”en la Florida, la primera de su tipo implementada en el país. La ley floridana, que el entonces gobernador Jeb Bush firmó en el 2005 y que la madre de Martin ha exhortado a los legisladores a derogarla, se considera una ley modelo.

La ley llegó a otras partes del país con ayuda del American Legislative Exchange Council (ALEC, por sus siglas en inglés), una organización respaldada por empresarios a la que pertenecen casi 2,000 legisladores estatales de todo Estados Unidos. Legisladores y cabilderos redactan modelos que impulsan la agenda pro-empresarial y socialmente conservadora del ALEC, y los legisladores entonces las presentan en sus respectivos estados. Después de la muerte de Martin, muchos señalaron a ALEC como un ejemplo de influencia empresarial indebida en las políticas públicas. Las instituciones que respaldan a ALEC, como Coca-Cola Co. y la Fundación Bill y Melinda Gates, retiraron su apoyo en medio de la controversia.

Desde la muerte de Martin, legisladores en una docena de estados han presentado proyectos de ley para modificar o derogar leyes estilo “Defiéndete”. Unos cuantos proyectos siguen pendientes, pero la mayoría no salió adelante por falta de un apoyo significativo.

En la Florida, donde más de 100 personas han usado la ley “Defiéndete”para justificar acciones violentas, y hay poca presión para modificar la ley. El equipo especial que Scott nombró escuchó declaraciones en todo el estado durante seis meses y concluyó que no hay que modificar la ley. El equipo especial recomendó que los legisladores vuelvan a estudiar detalles menores, como la definición de “actividad ilegal” y “encausamiento penal” en la ley. Pero los críticos señalaron que las conclusiones no eran una sorpresa porque el equipo estaba formado por dos legisladores que ayudaron a redactar, dos que votaron a su favor y otro que patrocinó un proyecto de ley respaldado por la National Rifle Association que prohibía a los médicos preguntas a los pacientes si tenían armas de fuego.

“No presentaron nada nuevo”, dijo Chris Smith, líder de la minoría en el Senado de la Florida y demócrata por Fort Lauderdale. “La comisión estaba formada por todos los que apoyan la ley. ¿Para qué crear un equipo especial cuando ya se ha decidido cuál va a ser el resultado?”

Smith estableció un equipo especial separado para pasar revista a la ley y planea patrocinar proyectos de ley que incorporan algunas de sus recomendaciones, como exigir a la policía que detenga a las personas mientras investiga sus alegaciones de que se basaron en la ley “Defiéndete” y no aplicar la ley de defensa propia en casos de personas que inicien confrontaciones.

Otros legisladores han presentado proyectos de ley para modificar la que está vigente, pero el presidente del Senado floridano, Don Gaetz, ha dicho que no espera que una mayor regulación de las armas de fuego sea “algo más que periférico” para la Legislatura, controlada por los republicanos.

“La gente se toma muy en serio su derecho de protegerse personalmente en sus viviendas, vehículos y cualquier lugar donde tengan el derecho de estar”, dijo Marion Hammer, ex presidente de la National Rifle Association y cabildero de Tallahassee que ayudó a redactar la ley “Defiéndete”. “La gran mayoría de la población de Estados Unidos no cree que uno tiene la obligación de huir, en vez de hacerle frente a una situación y entonces ser acusado de un delito si no se retiró antes del enfrentamiento. Eso coloca los derechos de los criminales por delante de los derechos de los ciudadanos que respetan la ley”.

Cambios en el apoyo público

Varias encuestas sugieren que aproximadamente la mitad de la población apoya la ley “Defiéndete”, pero las opiniones difieren mucho cuando se desglosan por raza. Una encuesta de ABC News/Washington Post realizada en abril del 2012 concluyó que 55 por ciento de los blancos favorecen la ley, pero 69 por ciento de los negros se oponen. En la Florida, una encuesta realizada en julio del 1012 por la encuestadora Mason-Dixon Polling and Research concluyó que 65 por ciento de los encuestados cree que no hace falta cambiar la ley, y 18 por ciento dijo que debe ser derogada.

“Eso puede haber cambiado”, dijo Brad Coker, director gerente de Mason-Dixon Polling and Research, quien no ha visto información más reciente sobre la ley en la Florida”.”(Sandy Hook) ya pasó, al menos por ahora, las cifras del control de armas, y ese tema quizás no sea inmune”.

Varios estudios sugieren que la ley de autodefensa de la Florida quizás no mejora la seguridad de los portadores de armas de fuego. Un análisis de la Universidad Texas A&M concluyó que el número de homicidios aumentó de 7 a 9 por ciento después que los estados implementaron leyes de autodefensa.

Un informe corredactado por Steven Jansen, vicepresidente y director ejecutivo de la Asociación de Abogados Litigantes, señaló que la ley de autodefensa de la Florida no da a los policías la misma inmunidad en casos de uso de la fuerza en defensa propia que al público en general, y que los policías enfrentan investigaciones fuertes cuando usan la fuerza en el cumplimiento de su deber.

Las leyes de autodefensa se implementaron en todo el país como parte de un cambio en las leyes sobre armas de fuego. La prohibición de los fusiles estilo militar y otras armas aprobada en los años 90 venció, y como los esfuerzos por renovarla fracasaron, este tipo de ley ganó apoyo.

Pero ahora hay nuevos aires de cambio. Aunque el debate sobre el control de las armas hasta el momento no ha tocado las leyes de autodefensa, la muerte de Martin ralentizó su aprobación en otros estados.

“(El caso de Martin) hizo que muchos estados se preocuparan sobre la idoneidad de la ley”, dijo Jansen.

Por su parte, el representante Dennis Baxley, republicano por Ocala que fue el principal patrocinador de la ley de autodefensa de la Florida, no está sorprendido de que esa legislación esté ausente en el debate nacional sobre las armas de fuego.

“Es un tema diferente. La defensa propia, la protección de los ciudadanos respetuosos de la ley en la población general, es un tema muy diferente de cómo se enfrenta a una persona desequilibrada que va a una zona libre de armas y comienza a disparar a diestra y siniestra”, dijo Baxley. “Para mí es un tema diferente”.

Pero Jansen dijo que le sorprendería si el debate no incluye en algún momento una revisión de las leyes de defensa propia.

“Creo que hace falta debatirla”, dijo. “Para poder enfrentar la violencia de las armas, creo que eso es parte de la conversación”.

 Fuente:  Florida Center for Investigative Reporting (http://fcir.org)

 

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Estados Unidos

Biden indulta a 6500 presos condenados por posesión simple de marihuana

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Biden libera a 6500 presos con cargos de posesión de marihuana

Por Juan Vázquez / Nueva York

El presidente Biden indultó el jueves a todas las personas condenadas bajo la ley federal por posesión simple de marihuana y adelantó que su administración va a revisar si la sustancia debe seguir siendo una droga de la ‘Lista 1’ como la heroína y el LSD, pues dijo que eso “ya no tiene sentido”.

La medida va a limpiar el expediente de unas 6 mil 500 personas que entre 1992 y el 2021 fueron condenadas por cargos federales de posesión simple de marihuana la cual ya es totalmente legal en unos 20 estados, y algunos otros, si bien no han implementado legalizaciones si han relajado las sanciones penales. Previniendo las críticas que seguro recibirá por el decreto, el presidente estadounidense dijo que además el gobierno federal “necesita controlar y evitar el tráfico, la comercialización y las ventas de marihuana a menores de edad”.

Biden animó además a los gobernadores a seguir el camino de indultar a todos aquellos sentenciados por cargos estatales de posesión simple ya que la cantidad de condenas en los estados supera ampliamente a los acusados a nivel federal. En caso de que algunos le tomen la palabra, eso potenciará el alcance de la decisión tomada por Biden este jueves.

A mediados de junio del 2021 los representantes demócratas Bonnie Watson Coleman y Cori Bush introdujeron la Ley de Reforma de la Política de Drogas (DPRA) para poner fin a las sanciones penales por posesión de drogas a nivel federal. El proyecto de ley, que aun no se discute ni vota, también pretende cambiar la autoridad reguladora del Departamento de Justicia al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Es decir que la marihuana se dejaría de ver como un problema legal para ser tratado como uno de salud.

La ley también despenalizaría la posesión y eliminaría los registros existentes como ordenó esta mañana Biden y reinvertiría en enfoques centrados en la salud, al eliminar las consecuencias negativas de las condenas por posesión de drogas, incluidos los problemas para encontrar un trabajo que pueda servir de pretexto para que el consumidor mantenga una vida delictiva, sin recibir beneficios públicos, afectando estatus migratorio, cancelando licencias de conducir y hasta el derecho al voto.

En julio del 2021, el juez Clarence Thomas, el más antiguo y conservador miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, también criticó la doble moral en la prohibición federal de la marihuana acusando que el Gobierno “tolera y prohíbe simultáneamente el uso local” de la sustancia. Hasta este punto, la ley federal aun prohíbe la posesión, el cultivo o la distribución intra-estatal aunque en muy pocos casos penaliza estas acciones.

El anuncio de Biden es un avance muy grande en la postura de cualquier presidente en torno a este estupefaciente objetivo durante décadas de la DEA que ha perseguido y procesado a quienes siembran, transportan y comercializan la planta.

“Enviar a personas a la cárcel por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas, por una conducta que es legal en muchos estados”, dijo Biden en su cuenta de Twitter este jueves. “Y eso es antes de abordar las claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento y la condena. Hoy, comenzamos a corregir estos errores”, justificó.

“Cada 23 segundos, la vida de una persona se arruina por la simple posesión de drogas”, dijo hace 14 meses Queen Adesuyi, gerente de políticas para Asuntos Nacionales de la Alianza de Políticas de Drogas (DPA), durante la propuesta de ley de Watson y Bush.

“La posesión de drogas sigue siendo el delito por el cual más se arresta a la gente en Estados Unidos, a pesar del hecho bien conocido de que la criminalización de las drogas no ayuda a las comunidades, sino que las arruina. Desgarra a las familias y causa un trauma que puede sentirse durante generaciones” gruñó el activista. “La guerra contra las drogas ha causado una devastación masiva en las comunidades negras, latinas, indígenas y de bajos ingresos por lo que hoy decimos ¡ya basta!”, culminó Adesuyi aquella ocasión.

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Estados Unidos

Trump demanda a CNN por ‘difamación’ y exige más de 500 millones de dólares por ‘daños’

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Donald Trump demandó a la cadena CNN por realizar acusaciones sin fundamentos cuando era presidente de Estados Unidos

Por Juan Vázquez / Nueva York

Ayer en la tarde, en una corte en Florida, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, ingresó una demanda civil contra la cadena de noticias CNN por presuntamente difamarlo “en la mente de sus televidentes y lectores con el propósito de derrotarlo políticamente”.

Como daños punitivos está exigiendo 475 millones de dólares y otros 75 mdd de daños compensatorios además de un juicio con jurado y todos los costos procesales imponibles que se deriven del mismo.

Dicha campaña de difamación, calumnias y disuasión de CNN, según la queja, «se ha intensificado en los últimos meses porque la cadena teme que “el Demandante se postule para presidente en 2024”.

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Durante los recientes lustros, Donald Trump ha llevado una relación tormentosa con esta organización de noticias a la que acusa de ser una organización que «no es que haga un mal trabajo al informar, sino que transmite ‘noticias falsas’ que terminan siendo ‘enemigas del pueblo’”.

La demanda insiste que CNN ha tratado de manchar la imagen de Trump usando lenguaje difamatorio como parte de un “esfuerzo concertado para inclinar el equilibrio político hacia la izquierda”. Redactada por los abogados del expresidente Lindsey Halligan y James M. Trusty, la queja alega que CNN ha etiquetado a Trump con una serie de adjetivos «cada vez más escandalosos, falsos y difamatorios como ‘racista’, ‘lacayo ruso’, ‘insurreccionista’ y hasta ‘Hitler‘».

En otro punto dicen que la cadena usa términos como «la gran mentira de Trump», para referirse a las afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas, “con un desprecio imprudente por la verdad o falsedad y actuando con verdadera malicia”.

Lee más: Trump mantenía en su poder 200 mil páginas de documentos federales, según informe judicial

CNN tiene barras matutinas, vespertinas y nocturnas de noticias en las que sus conductores suelen criticar al presidente, aunque siempre buscan apoyarse con argumentos de expertos en asuntos legales, electorales y políticos, llevando muy seguido a miembros del Partido Demócrata. También suelen entrevistar a muchos de los escritores que en los dos años recientes han publicado libros sobre el accionar de Trump durante sus 4 años como presidente.

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege de manera profunda la libertad de expresión y este tipo de demandas suelen ser muy difíciles de probar. El último caso se dio en febrero cuando la exgobernadora republicana de Alaska y Sarah Palin perdió una querella por difamación contra el diario The New York Times luego de que un juez desestimó la queja.

También la Corte Suprema se ha negado a revisar el estándar de difamación que se estableció justamente en el caso New York Times v. Sullivan que data de 1964.

«Es un preciado privilegio americano poder expresar, aunque no siempre con buen gusto, las propias opiniones sobre las instituciones públicas, y ese privilegio debe acordarse no sólo para los debates abstractos sino también frente a la defensa vigorosa de las ideas», escribió el juez William J. Brennan en el dictamen que aún prevalece.

 

 

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Estados Unidos

Trump mantenía en su poder 200 mil páginas de documentos federales, según informe judicial

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documentos federales en casa de trump

Los más de 11.000 documentos propiedad del Gobierno que el expresidente Donald Trump almacenaba en su propiedad de Palm Beach (Florida) suman más de 200.000 páginas de registros, según una nueva presentación judicial del equipo legal del expresidente.

Los abogados de Trump hicieron esta impactante revelación en una carta dirigida al juez Raymond Dearie, el jurista con sede en Nueva York al que Aileen Cannon, la jueza de Florida nombrada por Trump, designó como maestro especial para revisar los documentos, y que previamente ordenó al Departamento de Justicia que dejara de utilizar cualquiera de los registros incautados en el registro del 8 de agosto de la propiedad de Trump para avanzar en su investigación penal sobre el expresidente.

Para saber más del tema: Fiscal de Nueva York demanda a Trump por fraudes que le dieron ganancias de 250 millones de dólares

Aunque la Corte de Apelaciones del 11º Circuito revocó la decisión de la jueza Cannon para permitir que el Departamento de Justicia utilizara unos 100 documentos altamente clasificados en su investigación en curso, el juez Dearie todavía está encargada de revisar los registros restantes para determinar si alguno puede ser protegido del Departamento bajo el privilegio abogado-cliente o ejecutivo.

En la presentación, que contiene las objeciones de Trump a un calendario de revisión acelerado establecido por el juez Dearie, los abogados de Trump argumentan que un plazo de principios de octubre para escanear y revisar los documentos no es realista porque los proveedores no pueden procesar los documentos con la suficiente rapidez.

“El problema se agrava por el hecho de que cuando el abogado del demandante se refirió a las 11.000 páginas o incluso a los 11.000 documentos durante la conferencia de estado (todavía estamos esperando la transcripción), el Gobierno optó por no intervenir con un número exacto. En las conversaciones entre el abogado del demandante y el Gobierno con respecto a un proveedor de datos, el Gobierno mencionó que los 11.000 documentos contienen más cerca de 200.000 páginas”, escribieron.

Lee más: Departamento de Justicia acepta a Raymond Dearie como perito para examinar documentos clasificados incautados a Trump

Los abogados de Trump también argumentaron que un plazo de mediados de octubre para procesar los documentos sería más aceptable.

La selección de un proveedor de tratamiento de documentos se ha visto dificultada por el hecho de que el juez Dearie ha ordenado a la parte de Trump que pague todo el proceso, y no todos los proveedores que podrían satisfacer las necesidades del complejo caso han estado dispuestos a presentar ofertas para el proyecto.

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