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Las reformas que transforman Cuba, a 55 años de su revolución

Cuba está incorporando reformas que permiten al sector privado y extranjero la provisión de servicios y producción agrícola, después de 55 años de estatismo

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Cuba a 55 años de la revolución que derrocó al dictador Fulgencio Batista. Foto: PL/Librered

Por Patricia Grogg

LA HABANA, Cuba (IPS),- El paisaje de ciudades y pueblos de Cuba ha cambiado: donde antes solo se veían consignas políticas, hoy florecen letreros luminosos ofreciendo lo mejor de la gastronomía local e internacional y hospedaje con aire acondicionado, muestras de un emergente sector privado impensable hasta hace muy poco.

A raíz de la política migratoria que entró en vigor en 2013, ciudadanos de este país realizaron más de 250.000 viajes al exterior entre el 14 de enero y el 30 de noviembre, según datos oficiales.

Como ya no se necesitan permisos de salida ni cartas de invitación desde el país a visitar, connotados disidentes pudieron salir y regresar a Cuba sin problemas, tras décadas de prohibiciones.

En 2011, la ciudadanía había recuperado el derecho individual de propiedad de sus casas y automóviles que hasta entonces solo podía vender al Estado. Al finalizar 2013 se le ha anunciado que podrá adquirir un auto sin la hasta ahora obligatoria carta del Ministerio del Transporte. El trago amargo va en los precios del mercado estatal, que se equipararán a los del subterráneo.

Muchas personas que ahorraron para comprarse un vehículo suponen que ahora no podrán hacerlo porque los nuevos precios serán tres veces mayores que sus posibilidades.

Mercedes, oficinista jubilada de 67 años con una pensión equivalente a unos 11 dólares y una hija incapacitada, se siente ajena a esos cambios. “El dinero no me alcanza para vivir. Mis vecinos me aconsejan que alquile una habitación, pero primero tendría que arreglar mi apartamento y no tengo recursos para hacerlo”, comenta esta mujer que pidió no divulgar su apellido.

“El problema no va por la lentitud de las reformas, sino en cómo las perciben y llegan a la gente”, concluye Bélkis González, profesional de las comunicaciones. Más allá del declarado propósito gubernamental de que nadie quedará desamparado ni habrá “terapias de choque”, las brechas e inequidades se mantienen.

Durante las discusiones previas al plan de reformas aprobado en 2011 por el gobernante Partido Comunista de Cuba, especialistas alertaron que el documento base debía incluir ingredientes sociales mucho más explícitos y fuertes que los enunciados.

“El texto tiene una impronta economicista totalmente justificada”, porque de lo contrario “no hay proyecto social”, reconocía entonces la socióloga Mayra Espina. Pero es “algo simplista” la idea de que actuar preferentemente sobre lo económico va a generar influencias positivas sobre las dimensiones sociales, añadía.

Según estudios citados por Espina y otros especialistas, la población urbana en pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas aumentó de 6,3 por ciento en 1988 a 20 por ciento en 2000. Esa estampida de la vulnerabilidad social obedece al impacto de la recesión económica en que cayó el país a inicios de los años 90, tras la desaparición del campo socialista europeo del que dependía.

De acuerdo al censo de 2012, 76,8 por ciento de la población de este país es urbana, ligeramente superior a la de 2002, que fue de 75,9 por ciento. El total de habitantes llegó a 11.167.325, es decir 10.418 personas menos que en 2002. Y dos millones tienen 60 años o más.

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Noche de sábado en el bar privado El Madrigal, en el barrio habanero del Vedado, Cuba. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

En 2012, el gobierno de Raúl Castro dispuso un subsidio estatal a personas de escasos recursos que necesitaran reparar o construir viviendas. La medida se vio como el comienzo de un proceso para subvencionar a la gente y no a los productos.

En la misma línea se pospone la eliminación de la libreta de abastecimiento racionado de alimentos, un sistema cuyo subsidio que le ha costado este año al Estado 2.437 millones de dólares.

Los pobres están en desventaja para aprovechar las oportunidades de los cambios, pues están menos capacitados, carecen de recursos para ejercer un trabajo por cuenta propia y no reciben remesas de sus familiares desde el exterior, un salvavidas que ha permitido a muchas familias capear el temporal, aunque no existe estimación oficial de su monto anual.

“Sería decisivo implementar políticas no solo de asistencia y amparos a los vulnerables”, puestas en práctica de acuerdo al plan de reformas, sino también “de carácter afirmativo” para reducir las inequidades, sostiene Espina.

Una de las transformaciones más integrales comenzó en 2008 en el agro. Pero aún no da resultados y los precios de los alimentos siguen altos, pues las fuerzas productivas siguen frenadas ante la falta de medidas que faciliten su desarrollo e independencia para tomar decisiones, estiman expertos como el economista Armando Nova.

Ahora, 70 por ciento de la tierra está en manos de entidades no estatales, responsables de más de 75 por ciento de la producción total de alimentos.

Entre ellas, las cooperativas y los agricultores privados, que detentan alrededor del 24 por ciento de la tierra agrícola, producen más de 57 por ciento de los alimentos de origen vegetal y animal. “O sea que hay eficiencia demostrada”, opinó Nova en una entrevista que circuló por Internet.

Más de 440. 000 personas son cuentapropistas en casi 200 oficios autorizados. Pero la falta de un mercado mayorista para comprar sus insumos, el escaso poder adquisitivo de la gran mayoría de los potenciales consumidores y los impuestos conspiran contra su éxito.

El gobierno parece querer desarrollar las cooperativas no agropecuarias. Ya hay 270 autorizadas y en funcionamiento y 228 esperan aprobación. El vicepresidente Marino Murillo explicó ante el parlamento que esa prioridad obedece al carácter más social de su producción y distribución de los recursos que genera.

Las autoridades pretenden que, para 2016, 40 por ciento del empleo se genere fuera de las empresas estatales. Otro tema pendiente es la convergencia de las dos monedas cubanas, una de ellas, el CUC, cotizada con referencia al dólar y otras divisas.

“En ningún caso las personas tendrían afectaciones a su poder de compra. Se respetará la capacidad financiera del CUC”, dijo Murillo, un sedante para ese 60 por ciento de la población que se estima tiene acceso a divisas.

Pero los cambios no han entrado en hogares como el de Mercedes, incluso cuando se mantiene atención de salud gratuita, vital para ella y su hija.

“Yo sé que (el expresidente y líder histórico) Fidel (Castro) y Raúl (Castro) piensan en gente como nosotros, pero ellos ya tienen más de 80 años. ¿Cómo será con los que vienen detrás (en el gobierno)?. Si quitan la libreta (de alimentos racionados), ¿qué comeremos?”, se pregunta.

 

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Latinoamérica

Nueva agenda de la Embajada de México en Colombia incluirá acuerdos de pacificación con las FARC y comunidades indígenas

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Entrevista exclusiva

La diplomacia es un paso adelante de la política, y su principal objetivo es la paz: Patricia Ruiz Anchondo.

Por Zavianny Torres Baltazar

Infancia es destino

Mi papá fue el cronista deportivo del estado de Chihuahua, muy conocido. Podría decir que el más importante, está en el Salón de la Fama, se le conoce como el ‘padre de la crónica en Chihuahua’, le gustaba mucho el béisbol, y es que los norteños somos beisboleros y basquetboleros.

De mi infancia puedo decir fui una niña muy feliz. Como parte de una familia muy numerosa tuve mucha responsabilidad desde muy chiquita  -yo soy la hermana mayor- mi madre se apoyó mucho en mí, para resolver el tema de catorce hijos que tuvo.

Tuve mucha responsabilidad, misma que me obligó a tomar decisiones. Y de alguna manera me dieron la fortaleza desde temprana edad. También tuve un padre muy recto, muy honrado y muy trabajador. Fueron buenos ejemplos en mi familia, creo que tengo una formación muy sólida en ese sentido.

La vena de la izquierda

Cuando ingresé a la universidad a la carrera de filosofía -leyendo a los clásicos- me fui orientando hacia el humanismo, hacia la izquierda. Me acerqué también a través del feminismo, formamos una agrupación de mujeres en Chihuahua que se llamaba Asociación de los derechos de la mujer, donde participábamos jóvenes universitarias de los años ochenta.

Participé por primera vez en un movimiento en la universidad, hicimos un movimiento para democratizar la Universidad Autónoma de Chihuahua para qué se eligiera al rector por voto universal directo y secreto, y fue la única vez que se eligió al rector. Nosotros luchamos por eso en 1985 y terminando ese movimiento, me vine para la Ciudad de México.

Justamente cuando acababa de ser el temblor, en septiembre, eso fue lo que marcó más mi orientación hacia lo social, básicamente vinculados hacia la izquierda fueron el cimiento.

Cuando llegué aquí a la Ciudad de México me incorporé a un grupo político que se había forjado a raíz del 68, con Punto Crítico, estaban los líderes de 1968, Raúl Álvarez Garín, Gamundi, Marco Rascón  y otros más. Ellos fueron los que me formaron políticamente.

Proceso de paz con las FARC y el encargo de embajadora

Parte de ese proceso lo vas a acompañar como embajadora

Sí, como país México va a participar como garante de la paz en Colombia. En el tema de la pacificación de los acuerdos con la FARC México tiene mucha experiencia con el tema indígena y de hecho Colombia nos ha pedido que lo apoyemos ahí, con el tema indígena.

Tú estás familiarizada con el zapatismo..

Estoy familiarizada con el tema, pero no soy una experta. México tiene que mandar a alguien de las autoridades correspondientes del Instituto para los pueblos indígenas. Ellos serían más apropiados porque ellos son los que tienen la expertise. El presidente tiene que definir quién lo acompañará a los Diálogos de Paz.  Yo sería como que el vínculo para promover la participación.

En el rumbo mediático y la cultura

En el “Plan de trabajo” se menciona  la vinculación con los medios de comunicación y se esboza una estrategia…

Te voy a decir una cosa: los embajadores y embajadoras son los voceros de lo que dice tu gobierno, lo que dice tu país, somos los promotores del país en el extranjero tanto en materia para inversión económica directa, como para promover el turismo. Todas las actividades económicas debemos fortalecerlas, la cultura promoverla, por supuesto, y la relación de hermandad, el estrechamiento de los lazos entre ambos países, además de esa relación pública, también con el sector empresarial, con los medios, con la comunidad artística, y el rubro de educación.

La primera tarea que voy a tener es apoyar en la en la realización de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el Fondo de Cultura Económica lo va a llevar a cabo, pero nosotros tenemos que apoyar para que todo salga bien.

Entre las tareas en el rubro de medios, el punto es consolidar la presencia de México en medios de comunicación colombianos, líderes de opinión y en las distintas redes sociales, que permitan difundir los avances y cambios en las políticas interior y exterior del país.

Promover un diálogo constante con los principales medios nacionales, con los principales promotores culturales colombianos, las principales instituciones educativas colombianas

Elaborar y difundir el boletín mensual de la Embajada para posicionar la imagen de México y destacar el apoyo, servicio e historias de éxito de los connacionales en este país. La Embajada también promueve en importantes medios de comunicación temas como la cultura mexicana, tradiciones como el Día de Muertos, Fiestas Patrias, historia mexicana y turismo.

La política la definen los presidentes

¿Ya tienes una hoja de ruta trazada?

Se tiene que trazar a partir de los acuerdos con la reunión bilateral que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Petro. Hay un acuerdo que se tiene que cumplir antes de que concluya este año, que es el retorno de los restos del ex presidente José María Melo, qué fue un internacionalista, lo expulsaron de Colombia y en cuanto salió de Colombia con todo su gremio pidieron unirse a las fuerzas del presidente Juárez para luchar por la Reforma Liberal y estuvo peleando en la frontera con Chiapas.

No olvidemos que Colombia fue la primera nación que reconoció la Independencia de México, hace 200 años. Son 200 años de tradición, de hermandad, 200 años de relación diplomática.

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Designación de Patricia Ruiz Anchondo como embajadora de Colombia.

Sector empresarial y economía binacional

Intuyo que con el sector empresarial ya estableciste algunos vínculos…

Sí, ya establecí vínculos con algunas empresas que tiene México en Colombia. Voy a tener una reunión con ellos ahora que sea la reunión de embajadores. También acabo de tener una reunión informal con el representante de Cemex, para que me empiecen a plantear los problemas que tienen y también para que me digan cómo pueden ayudar a la comunidad mexicana que radica en Colombia, ése es un asunto de primer interés para nosotros. Y en el caso de la sociedad comercial: Colombia, después de Estados Unidos, es el segundo socio comercial de México en América Latina.

Hay una relación muy extensa en materia comercial, tenemos un tratado de libre comercio que entró en vigor desde 1995 y que ha generado casi once mil millones de dólares en este tramo. Parece que es poco, pero ha mantenido una relación constante, y como te digo ya tenemos más de mil empresas mexicanas invirtiendo en Colombia y más de 1500 empresas colombianas invirtiendo en México.

Estamos en la mejor disposición de fortalecer las relaciones con el sector empresarial mexicano en Colombia. Promover a México como  destino  turístico  en  el  contexto  de la  nueva normalidad, consecuencia de la pandemia.

Otra de las prioridades son la de facilitar la participación de Estados y empresarios mexicanos en ferias y eventos que se desarrollen en Colombia. Apoyar y asesorar al sector empresarial mexicano en sus procesos de internacionalización o inversión en el mercado colombiano.

Dar acompañamiento a las empresas que atraviesan procesos sancionatorios. México y Colombia mantienen una relación comercial estrecha. Actualmente, Colombia ocupa  el  décimo  lugar  entre  los  destinos  de  las exportaciones mexicanas, con 3,434 millones de dólares, tan sólo en 2021. Las grandes empresas mexicanas operan en Sudamérica desde Colombia ahí tienen su centro de operaciones.

¿Tienes una hoja de ruta en ese sentido con los empresarios?

Pues los empresarios de manera natural buscan a las embajadas y ellos se organizan en cámaras de comercio. Hay una cámara de comercio México-Colombia y voy a reunirme con ellos, ya me reuní con la representante de Pro-México, han sido reuniones informales, porque no tengo todavía las cartas credenciales presentadas con el presidente Gustavo Petro, y esto tiene que ser muy formal, son estrictos con el protocolo. Así lo indica las leyes internacionales.

Hay un asunto que ha generado ruido en los medios de comunicación, relacionado con el tema migratorio ¿cuál es el estatus actual?

Está en mi plan de trabajo, debemos mejorar la relación en ese sentido, hubo una reunión de alto nivel con el Instituto Nacional de Migración y con la cancillería colombiana, el Ministerio de Migración de Colombia y ya se alcanzaron acuerdos. Creo que se ha mejorado mucho porque la misma cancillería de Colombia pidió se estableciera un mecanismo de pre-registro de las personas que van a visitar México, no necesitan visa porque somos parte de la alianza del Pacífico. La alianza del Pacífico establece el libre tránsito de mercancías, servicios y personas y no se necesita visa para ir a Colombia,

Hemos tenido estos problemas con los colombianos que no acreditan las razones para visitar a nuestro país, pero se están afinando estas cosas. Con el pre registro se ha mejorado mucho.

La semana pasada fuiste del grupo de recepción del presidente Petro  ¿De qué hablaron en ese acto?

Pues realmente fue el protocolo de recibirlo, darle la bienvenida. Empezar a establecer una relación, desgraciadamente hubo retraso de un día de su viaje y ese día estábamos convocados en el Zócalo por la marcha, y ya no me tocó ir a despedirlo. Él tenía su viaje programado y viajaría el sábado, pero decidió no hacerlo por la agenda tan grande que tenía aquí en México, la tenía muy abultada y decidió viajar hasta el domingo, y ya no lo pude ir a despedir. Tengo que ir a verlo para entregarle las cartas credenciales a Colombia.

Por azares de la política, por primera vez en la historia a México y Colombia lo gobierna la izquierda, Patricia Ruiz Anchondo es una política de izquierda, esa coincidencia parece que va a contribuir para bien.

Bueno sí, vamos a tener mejores canales de comunicación entiendo que nos interesan los mismos problemas; queremos encontrar una hoja de ruta, para resolverlos, pero yo sólo soy la embajadora. Quién establece los acuerdos es el presidente. Yo sólo tengo que darle seguimiento.

Si bien la relación ha sido positiva independientemente del gobierno de turno, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia es una excelente oportunidad para revitalizar la relación bilateral y propiciar una mayor participación de Colombia en las iniciativas mexicanas.

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Embajadora de Colombia, Patricia Ruiz.

Pero te conviertes en una facilitadora, un conducto.

Eso es lo que son las embajadas, somos las áreas operativas de los acuerdos que alcanzan los países a través de su presidente, digamos que a nosotros -los y las embajadoras- nos toca darle seguimiento a esas agendas.

Ya existe una agenda de trabajo que surgió de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Gustavo Petro. Los acuerdos no los hace el presidente Petro con la embajadora, los hace con el presidente, entre iguales  se firman convenios,  se firman  acuerdos de intención, tratados, hay una serie de instrumentos y a través de esos instrumentos es como se maneja la diplomacia. México tiene varios mecanismos para las relaciones internacionales en América Latina, está la CELAC, CEPAL, Mesoamérica sin hambre, Alianza del Pacifico, por medio de esos mecanismos es como se establecen las relaciones diplomáticas y como se aterrizan los acuerdos.

Hay dos acuerdos qué se firmaron para cumplirse en el 2021 al 2023, y es cooperación en materia educativa y cooperación en cuestiones científicas tecnológicas que se tienen que aterrizar. Y aparte la agenda de los 16 puntos, la que me va a tocar a mí darle seguimiento y completar esos acuerdos de manera muy puntual.

¿Bajo perfil o una embajadora protagonista?

Las embajadas son otra cosa distinta a la política, en la actividad diplomática la política la hace el presidente. Yo tengo que dar seguimiento a esa política; no son espacios para protagonismo, las embajadas son espacios para trabajar y aterrizar acuerdos.

Para difundir lo que estamos haciendo, los servicios que vamos a prestar desde la embajada. Para que se acerque la comunidad mexicana con confianza, si tienen algún problema donde podamos apoyarlos, guiarlos, difundir mucho el tema de sus derechos, De sus obligaciones compartir sus problemas, hacer el diagnóstico de cómo está la comunidad de mexicanos allá.

Para eso es la diplomacia, pero como te vuelvo a decir, no son iniciativas de los trabajadores son iniciativas del presidente y voy a hacer la voz del gobierno mexicano en ese país.

¿Algo que quisieras agregar?

Tenemos un reto ahora en esta fase de la política, la diplomacia es un paso adelante de la política. El principal objetivo de la diplomacia es la paz, alcanzar la paz en el mundo para que los países puedan vivir en hermandad y se puedan desarrollar y ampliar sus derechos y sus democracias. Fortalecer sus democracias, ése es el objetivo de la diplomacia.

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Condor Gold pone a la venta proyecto Mina La India en Nicaragua tras sanciones del Departamento de Estado de EEUU

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Condor Gold puso a la venta la Mina La India tras sanciones del Departamento de Estado de EU

La compañía minera británica Condor Gold puso a la venta su proyecto de oro a cielo abierto Mina La India en Nicaragua, un mes después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impusiera sanciones a la Dirección General de Minas en Nicaragua, y al Ministerio de Energía y Minas.

Los directivos dijeron que lo mejor para la empresa era deshacerse de sus activos, y en el sitio web mining.com, especializado en temas de la industria minera, informaron que el directorio de Condor Gold revisó las opciones de la compañía, incluida la etapa de financiamiento y construcción como una compañía de un solo activo y una sola jurisdicción sin producción de oro existente.

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En este sentido, concluyó que lo mejor para la empresa y todas las partes interesadas era deshacerse de sus activos, por lo cual contrató a Hannam and Partners para ayudar con la venta.

Condor Gold completó en octubre un estudio de factibilidad definitivo para La India, que confirmó el plan de la minera de construir una mina en dos etapas, con dos pozos de alimentación adicionales permitidos de alta ley que se pueden agregar durante los primeros años de producción”, explican.

También señalan que el estudio Mina La India tiene la capacidad de producir un promedio de 81, 524 onzas de oro por año durante los primeros 6 años de los 8,4 años de vida útil de la mina, con un costo de capital inicial relativamente bajo de $106 millones, informó el presidente ejecutivo Mark Child.

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Asimismo, Child explicó que los dos pozos de alimentación adicionales pueden impulsar la producción inicial a más de 100.000 onzas de oro al año, con una expansión de etapa 2 a 150.000 onzas de oro al año.

Según la empresa le otorgaron concesiones en Nicaragua en el 2016. Desde entonces, consideran que ha despegado el sector minero debido a la llegada de empresas extranjeras con el dinero y la experiencia para aprovechar las reservas existentes.

El proyecto Mina La India cubre un paquete de terreno de 588 km2, que cuenta con 12 concesiones contiguas y adyacentes.

***

Fuente: 100noticias.com.ni

 

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Suspensión de derechos civiles en El Salvador a miembros de la comunidad LGBTI

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SAN SALVADOR – Las redadas policiales contra pandilleros en El Salvador, en el contexto de la suspensión de derechos civiles, ha alcanzado a personas de la comunidad Lgbti en El Salvador, y todo apunta a que han sido detenidas por razones de odio a su identidad sexual.

Testimonios recogidos por IPS revelaron que en algunas de esas detenciones privó una actitud de odio hacia personas gais y sobre todo transexuales, por parte de efectivos autoridades policiales.

“Casos así, que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”, dijo un activista de Cultura Trans, una organización con base en San Salvador, del colectivo Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

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Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas. Foto: Policía Nacional Civil

Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas, uno de los parámetros con que las autoridades persiguen a miembros de esos grupos criminales en El Salvador. Desde la instauración del régimen de excepción, se han detenido a 58 000 personas, en muchos casos en forma arbitraria, entre ellos miembros del colectivo LGBTI. Foto: Policía Nacional Civil

Odio a los homosexuales y trans

El activista, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que un miembro de esa organización, un hombre gay conocido como Carlos, se encuentra detenido desde el 13 de julio, por denunciar la captura, realizada dos meses atrás, de su hermana Alessandra, una mujer trans.

Las autoridades los han acusado de agrupaciones ilícitas, la figura legal de la que se vale el Estado para detener a quienes considera pandilleros o colaboradores de pandillas, en el contexto del régimen de excepción.

“Fue un caso montado el de Carlos, fue inventado, nuestro compañero es un activista en derechos humanos en la comunidad trans, tenemos documentos que demuestran que él participa en nuestros talleres, en nuestras actividades”, dijo la fuente.

La suspensión de algunos derechos civiles, conocido como régimen de excepción, está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo, fecha en que el gobierno de Nayib Bukele inició una cruzada contra las pandillas delictivas, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, Nuevas Ideas.

Esos grupos criminales han sido responsables de la mayoría de crímenes cometidos en este país centroamericano, desde hace décadas.

“Casos así (de detenciones arbitrarias), que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”: Cultura Trans.

La Constitución indica que la vigencia del régimen de excepción es de 30 días, prorrogable por un periodo igual. Pero una laguna legal, al no establecer un periodo exacto de determinación, ha permitido al gobierno y la Asamblea prorrogar la medida cada mes, bajo el argumento de que así se hizo durante los años 80, en plena guerra civil (1980-1992), cuando imperó ese régimen de excepción.

Esa interpretación solo podría ser modificada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero Bukele impuso, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, en esa sala a cinco magistrados de su confianza, en mayo de 2021, en lo que supuso según sus críticos el comienzo de una deriva autoritaria del gobernante, dos años después de llegar al poder.

Desde  ese 27 de marzo, las autoridades policiales y militares han capturado y encarcelado a unas 58 000 personas.

En la mayoría de los casos no hay órdenes de capturas emitidas por un juez, y las detenciones tienen como base, en general, expedientes de pandilleros en poder de los organismos policiales a autoridades.

Además, progresivamente se han sumado denuncias anónimas realizadas por la población a un centro de llamadas habilitado por el gobierno.

“El régimen de excepción te expone a un fiscal ineficiente, incapaz de investigar y de vincular delitos con personas”, señaló a IPS William Hernández, director de Entre Amigos, una organización Lgbti fundada en 1994.

Agregó: “Si a algún policía se le ocurre hacerte una ficha, salen a buscar a la gente, pero nadie ha dicho quién hace la ficha, de dónde sale la información, nadie sabe quién investigó”.

Entre esos 58 000 detenidos se encuentran unas 40 personas de la comunidad Lgbti, según reveló un informe hecho público en octubre por Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos que monitorean los abusos cometidos por el Estado salvadoreño en ese régimen de excepción.

Esas organizaciones han recogido unas 4000 denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos, incluso torturas, cometidas contra los detenidos. Alrededor de 80 personas han fallecido en manos del Estado, mientras permanecían en prisión.

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Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. En julio él también fue detenido y hasta ahora poco se sabe de ellos, al amparo del régimen del régimen de excepción en El Salvador, que ha llevado a la cárcel a 58 000 personas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Homotransfobia policial

En el caso de Carlos, de 32 años, y de su hermana Alessandra, de 18, lo que sabe es que ella fue detenida en mayo, en uno de los operativos policiales, en un barrio pobre en el norte de San Salvador.

La capturaron por no tener su documento de identidad personal. Ella había cumplido recientemente sus 18 años, la mayoría de edad y a partir de lo cual debería de haber obtenido ese documento para cualquier tipo de trámites.

Los policías que la detuvieron dijeron a la madre que se la llevaban solo por 72 horas, mientras se dilucidaba su situación.

Sin embargo, algo que pudo investigarse y resolverse fácilmente, se convirtió en una agonía para ella y para su familia, sobre todo para la madre, que enfrentaba varios achaques de salud, dijo el activista de Cultura Trans.

“Estaba en las bartolinas (calabozos) de la Zacamil (una delegación policial de ese barrio pobre), le fuimos a dejar alimentos, luego la enviaron al penal de Mariona, nos dimos cuenta de que había sido golpeada y abusada sexualmente, porque estaba en un recinto de hombres”, contó la fuente.

Agregó: “Cuando se llevaron a Alessandra, la mamá nos contó que los policías le decían, culero, te vamos a llevar a que te violen, a que te cojan, lo cual pasó de verdad. Te vamos a llevar para que aprendás a no andarte vistiendo de mujer”.

Culero es un término peyorativo usado en El Salvador contra los gais.

Mientras tanto, Carlos, el hermano, denunciaba en actividades de la comunidad Lgbti la detención de Alessandra.

En mayo, en una marcha contra la homolesbotransfobia, es decir, contra el odio los gais, lesbianas y personas trans, portó varios carteles hechos a mano pidiendo la libertad de su hermana.

Las autoridades llegaron a la casa de Carlos, y lo amenazaron con que pronto lo detendrían a él también, lo cual sucedió, en efecto, el 13 de julio.

Según la fuente, los agentes y fiscales montaron un caso y lo acusaron de agrupaciones ilícitas y piden una pena de 20 años de cárcel.

“No es por agrupaciones ilícitas, lo sabemos bien, es por ser un activista de derechos humanos en la comunidad Lgbti y por pedir la liberación de su hermana”, subrayó el activista de Cultura Trans.

“Lo queremos de nuevo con nosotros, al igual que a su hermana”, denunció.

William Hernández, director de la asociación Entre Amigos, señaló que la policía y la fiscalía realizan redadas contra presuntos pandilleros sin realizar las debidas investigaciones, que lleven a fundamentar las capturas o a liberarlos, si las personas son inocentes. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Subregistro oculta más casos

Las 40 personas detenidas de la comunidad Lgbti registradas, según los reportes de las organizaciones, representan una cifra pequeña del total de capturados, pero pudiera haber un subregistro de casos no documentados, sobre todo sucedidos en zonas rurales.

“En el país, aunque pequeño, pueden haber casos en lugares recónditos que ni saben ni nunca han acudido a una oenegé. Son casos que quedan invisibles,”, señaló a IPS Catalina Ayala, una mujer trans activista de Diké, organización Lgbti cuyo nombre denomina a la justicia en la mitología griega.

Ayala dijo que, pese a que ella personalmente no ha sentido ningún tipo de transfobia por parte de las autoridades, al caminar por las calles de San Salvador, ni que su organización tenga reportes concretos de casos como el de Alessandra, tampoco descartó que pudieran estar sucediendo.

“Creo que es positivo que las autoridades detengan a pandilleros, pero no a personas que nada tienen nada que ver con el crimen, o solo porque son Lgbti”, acotó.

La abogada de esa organización, Jenifer Fernández, dijo que hasta la fecha, como institución, han dado asistencia legal a 12 personas de la comunidad Lgbti detenidas, la mayoría de los casos vinculados a que no portaban sus documentos de identidad.

En uno de esos casos, sí hubo expresiones de parte de las autoridades policiales que pudieran entenderse como odio transfóbico, aunque también se puede entender que había una sospecha básica, pues era una mujer trans sin documentos de identidad personal.

“Era una chica de 25 años que nunca había tenido DUI, el documento de identidad, porque sufría de disforia y temía ir a registrarse, temía que le pidieran que se cortara el cabello, que se desmaquillara”, apuntó Fernández.

Disforia es la angustia clínica experimentada por algunas personas cuyas identidades de género no corresponden a las del sexo con el que nacieron y repercute en su discapacidad para desenvolverse socialmente.

“El acta de detención decía que era un pandillero disfrazado de mujer, que no sabían quién era, que ella decía un nombre, pero cómo se comprobaba eso sin el DUI”, explicó la abogada.

Añadió que, en general, con o sin régimen de excepción, las mujeres trans son las que más sufren de acosos, burlas y otras agresiones.

De los 12 casos, 11 personas ya están fuera de la cárcel, solo una permanece dentro porque, según la policía, sí hay evidencia de que pudo haber estado relacionado con pandillas, aunque se desconocen los detalles de esas evidencias.

Llamado a parar los abusos

El 11 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” cometidas por las autoridades salvadoreñas, en el contexto del régimen de excepción.

Además, abogó por el incumplimiento de las garantías judiciales, por lo que llamó al Estado “a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos”.

Entre los derechos constitucionales suspendidos desde el inicio del estado de excepción el 27 de marzo, se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que la legislación sitúa en un máximo de tres días.

El 16 de noviembre, la Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante Nuevas Ideas, aprobó una nueva prórroga del estado de excepción, algo que viene haciendo al final de cada mes.

Diputados de Nuevas Ideas han asegurado que la restricción de derechos civiles se va a prorrogar hasta que sea necesario, detallando que será «hasta que se detenga al último pandillero». Se calcula que en este país de 6,7 millones de personas los grupos criminales tienen entre 60 000 y 70 000 miembros.

El partido de Bukele cuenta con 56 diputados, en una Asamblea de 84 legisladores, lo que se eleva a 60 con tres fuerzas aliadas, lo que le asegura una amplia mayoría absoluta.

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