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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

Emmanuel Ameth

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Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

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