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Las organizaciones civiles en la 4a. Transformación

Las organizaciones civiles han sido el contrapeso de los gobernantes mexicanos, quienes a partir del neoliberalismo han actuado como gerentes de oligopolios y trasnacionales

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Raúl Ramírez Baena

Como regalo del “Día de la Amistad”, el 14 de febrero pasado, el Presidente López Obrador firmó una circular girada a todas las dependencias del gobierno federal, donde refrenda su decisión de “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.”

La medida anterior aplica para todas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sin excepción, que se dedican a apoyar a migrantes, indígenas, pobres, mujeres, niñez, enfermos, adictos, adultos mayores, trabajadores, personas con discapacidad, el medio ambiente, los derechos humanos, etc.

Hay OSC que provienen de grupos religiosos, otras se forman en coyunturas por desastres naturales, unas más porque sus integrantes son víctimas de desaparición o de delitos como secuestros y tortura; otros, porque son padres de menores autistas o Dawn, víctimas de alienación parental o de personas con discapacidad física. Hay grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, a personas de la diversidad sexual y organizaciones creadas para la promoción y defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales, laborales y culturales.

Las acciones preventivas para evitar que los fenómenos criminales y las violaciones a los derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales y ambientales ocurran, es responsabilidad de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, y a ello deben destinarse recursos oficiales, programas y mecanismos operativos porque, finalmente, la obligación de los gobiernos proviene de la norma Constitucional y de los tratados que suscriben los Estados-nación, como México, con la comunidad internacional.

Las OSC no aparecen en el escenario nacional por gusto, sobre todo a partir de los años 80. Surgen de manera espontánea ante la necesidad social y el retiro gradual del Estado de sus deberes para con la población, más ahora que, con la globalización neoliberal, los gobiernos anteponen los intereses del mercado y del capital por sobre la dignidad y los derechos de las personas, so pena de recibir fuertes presiones y sanciones de las superpotencias, principalmente, de nuestro vecino país del norte, perdiéndose gradualmente el concepto de Estado-Nación soberano.

La época neoliberal por la que atraviesa hoy la humanidad provoca que los gobernantes se conviertan en administradores-gerentes de los intereses de los oligopolios y las trasnacionales, quienes, a través de los centros financieros mundiales y con la complicidad de esos gobernantes, se apropian de los recursos naturales y privatizan las empresas, los bienes y los servicios públicos de las naciones, como el agua, la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la cultura, el transporte público y el servicio de energía eléctrica, que son derechos sociales, generándose masas de población pauperizada y en condiciones laborales de desventaja ante el capital.

Este es el germen de la pobreza, la corrupción y la impunidad que corroe a las sociedades modernas, en los países ricos y de la periferia. Este es el escenario en que, no sin grandes dificultades, aparecen y actúan las OSC sin filiación partidista, haciendo el trabajo que en esencia corresponde a las autoridades.

Cierto que hay personas y grupos que sacan ventaja del trabajo altruista en favor de grupos vulnerables, y/o que aprovechan estas coyunturas para capitalizar en favor de sus corrientes ideológicas. Todas estas constituyen formas de corrupción que como sociedad no debemos tolerar. ¡Pero no todas!

Por ello es a todas luces injusto que AMLO Presidente califique a las OSC con la misma vara, que inaugure un nuevo modelo social-populista como entregar dinero –muy poco- directamente a las personas beneficiarias, que de seguro lo gastarán en comida o lo dilapidarán el mismo día que lo reciban, que no les resolverá la vida y no promoverá su desarrollo, y que podrán ser despojadas de esos recursos al no ser apoyadas por organizaciones con capacidad instalada (lograda muchas veces con grandes esfuerzos), con personal especializado y con redes de apoyo social para atender a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad.

Lo justo sería que el gobierno federal realice una investigación seria y a fondo para conocer a las OSC simuladoras, que desvían recursos, que se corrompen, que utilizan membretes para evadir impuestos, para beneficiarse de la autorización del SAT para expedir recibos deducibles de impuestos u obtener lucro con actividades presuntamente altruistas. A éstas, la sociedad estaría de acuerdo no sólo con cortarles los recursos públicos, sino también con abrirles investigaciones, de ser necesario.

Incluidas las asociaciones religiosas que hacen proselitismo en contra de los principios constitucionales que sustentan al Estado Laico Mexicano.

En segundo lugar, el Congreso debe revisar la “Ley Federal para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil” y los órganos directivos que se derivan de ella, y las correspondientes en los estados, que funcionan como mecanismo de control oficial y de fiscalización de las OSC, más que como órganos de promoción y fomento de las organizaciones y sus actividades.

Alguien debe avisar a AMLO que debe rectificar y apoyar a las OSC entregadas auténticamente a causas sociales, que son la mayoría, para no echar a la basura el trabajo de más de 30 años y no dejar en la indefensión a sectores vulnerables de la sociedad en un modelo neoliberal fábrica de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, de violencia estructural, de corrupción y de impunidad.

 

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Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

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Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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México de conciencia

México, entre los países más afectados por la pandemia por estrategia, estima Universidad de California

Ignacio García

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La Universidad de California campus San Francisco señaló que México es uno de los países más afectados por la contingencia sanitaria por Covid-19 por la estrategia del gobierno federal que se ha rehusado a gastar más recursos económicos para aplicar más pruebas en el país.

De acuerdo con un estudio realizado por la institución de educación superior, México hubiera tenido un menor número de enfermos por Covid-19 en caso de haber cambiado la estrategia nacional de salud, por lo que el gobierno federal se ha resistido a cambiar las políticas en materia de salud, pese a ser uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo.

Indica que debido a las pocas pruebas que realiza México, el número real de padecimientos de Covid-19 en el país sería mucho mayor con cifras más cercanas a las que se han presentado en Estados Unidos o Brasil, dos de las naciones más afectadas por la pandemia desde que comenzó la contingencia sanitaria.

El informe refiere que otros errores del gobierno mexicano para contener la pandemia fueron el no recomendar desde el inicio el uso de cubrebocas entre la población, aplicando suficientes pruebas de protección, además de no implementar suficientes medidas de restricción como el distanciamiento social.

Añadió que la forma de combatir la contingencia en México se basó en supuestos injustificados, sin una evaluación sobre los riesgos que entrañaban los supuestos, por lo que también priorizó una campaña gubernamental basada en apariencias y una política partidista sobre una de salud.

El mismo estudio también critica la actuación del gobierno de Estados Unidos para contener la pandemia, ya que se convirtió en la nación más afectada por la cepa viral en el mundo, por las nulas intervenciones de la administración de Donald Trump, que tardó varios meses en responder a la crisis sanitaria.

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