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Violencia contra las mujeres

Las desaparecidas de Juárez, “sólo huesos que podían tardar hasta tres meses en identificarlos”: autoridades

Mujeres reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez informan a sus madres que hoy son osamentas sin identificar.

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Por Guadalupe Lizárraga

Foto: Javier Juárez

CIUDAD JUÁREZ, (México).- Las madres reclaman los cuerpos de sus hijas retenidos en la morgue de Ciudad Juárez, pero la fiscalía del Estado confirmó que eran “sólo huesos y que podían tardar hasta tres meses para identificarlos y hacer el cotejo del ADN”. La reunión fue entre autoridades y miembros del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidas, el 21 de febrero, para informar sobre las investigaciones de las jóvenes reportadas como desaparecidas.

Se trata de los doce cuerpos más que la fiscalía ha retenido, algunos de ellos desde hace más de tres años. Los Ángeles Press reportó la existencia de quince cuerpos más en la morgue, el pasado 29 de noviembre de 2011. En esa fecha, las autoridades sostuvieron públicamente que la información de nuestro medio era falsa. Sin embargo, al final de ese mismo día, el cuerpo de Adriana fue entregado, ante los reclamos de la madre que se había enterado de su hija por nuestro reporte que circulaba en Facebook. Incluso, la antropóloga forense le dijo que no había más cuerpos y que los restos que se encontraban en la morgue, todos eran de género masculino.

A partir de la entrega de Sarmiento, las autoridades dejaron pasar unas semanas más y decidieron entregar otros tres cuerpos, en diferentes fechas y sin prensa. Estos cuerpos fueron identificados con los nombres de Jéssica Terrazas Ortega, Fabiola Janeth Valenzuela Banda y Yazmín Salazar Ponce.

Jéssica tenía 18 años de edad cuando fue capturada en el centro de Ciudad Juárez. Salió de su casa en busca de trabajo el 20 de diciembre de 2010, y nunca más volvieron a verla sus familiares, hasta que la fiscalía entregó su cuerpo recientemente, como el de las otras jóvenes. Yazmín Salazar tenía 17 años y fue capturada el 27 de enero de 2011. Sus familiares recibieron con dolor y discreción los restos de su hija terminando el año.

Investigaciones nulas

Las autoridades han dicho a las madres que aún estarán pendientes los trabajos de antropología forense para la identificación de los otros doce cuerpos más. Un proceso largo, por “el cotejo de ADN”.

No obstante, una fuente confidencial dijo a Los Ángeles Press que las investigaciones para hallar a las jóvenes son nulas. En el caso de Adriana Sarmiento, por ejemplo, el informe de ADN no lo encontraron para el momento de entregar el cuerpo a su madre Ernestina Enríquez. Y tres días después, ya sepultado el cuerpo de la joven, encontraron el informe sobre un escritorio de uno de los agentes del Ministerio Público.

Otro caso de negligencia y falta de interés que ha afectado las investigaciones, dijo esta fuente, son las pruebas abandonadas que madres y abogadas consiguen con tanto esfuerzo, como es el retrato hablado de los captores de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero de 2009, a la edad de 18 años. El retrato fue descrito por una testigo, Irma Cornejo, ante la Procuraduría General de la República, y siendo de gran valía para la investigación, por mucho tiempo estuvo en un escritorio entre un cúmulo de papeles.

Burocratismo y descuido con las evidencias

La situación de seguridad con la familia Hernández Lara es grave. El trámite de asilo en El Paso, Texas, está en proceso avanzado, por el secuestro con violencia de Isela Hernández Lara, de 39 años, el 14 de febrero de 2011.

Isela fue capturada, en su propia casa, delante de sus dos hijas adolescentes, de 13 y 15 años, respectivamente. Esta última joven fue entrevistada telefónicamente por un agente de la SubProcuraduría General de la República, y como testigo Irma Hernández, hermana de la víctima. En este caso, de competencia federal al tratarse de desaparición forzada, la PGR, obtuvo información precisa, con nombres y hechos, y aún así no se ha realizado la investigación.

Miembros de la familia Hernández, al enterarse de la entrega de los dos últimos cuerpos por parte la fiscalía, decidieron correr el riesgo y cruzar a Juárez para ir a la morgue a buscar a su hermana. Pero en la morgue, les dijeron que primero tenían que dar una muestra de ADN, que se informaran en las oficinas de la PGR.

Fueron a la PGR y ahí les dijeron que no había ningún expediente de su familiar, que buscaran en la fiscalía y que tenían que ir al Valle de Juárez para que les hicieran la prueba de ADN. Para ello, les indicaron, tenían que llevar como documentos, una fotografía de la víctima, su acta de nacimiento, y dos copias de actas de nacimientos de cada uno de los familiares que aportarían la muestra, así como identificación, junto con “una carta” de la Procuraduría.

Llevaron todos los documentos, no sin antes intentar hablar con Gustavo de la Rosa, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para pedirle la atención al caso de su familiar secuestrada, y poner aviso que irían al Valle de Juárez, bajo su propio riesgo, para donar esa muestra de ADN y que pudieran saber si su hermana estaba “guardada en la morgue”. Pero, señala Elizabeth Hernández, que nunca las recibió De la Rosa, a sabiendas que estaban esperando ser atendidas. “Él sabía que estábamos ahí, porque nos vio y nos escuchaba hablar. Estuvimos como una hora y no nos hizo caso”, dice la mujer.

Una vez que llegaron al Valle de Juárez en Guadalupe, les dijeron que ya no había ningún ministerio público ahí. Que tenía que ir al de San Ignacio. Y así lo hicieron.

Cuando terminaron el proceso de la muestra de sangre, preguntaron al joven que las atendió:

–¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?

–No, pues nosotros sólo somos un pedacito de lo que se hace”, respondió el joven.

Hasta la fecha, la familia Hernández Lara no ha sabido nada de su familiar secuestrada, y a pesar de que la PGR tiene los nombres y detalles de los secuestradores, no han tenido ningún avance en la investigación.

 

Justicia pendiente

Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo

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Por Miguel Montesinos León

Concluye la etapa de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, con la confirmación de su muerte, después de 89 días de su desaparición forzada, ocurrida el 26 de marzo pasado. No obstante, sin haber hallado el cuerpo de la activista, también se confirmó que la ejecución de la activista se dio por órdenes de la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, actualmente recluida en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros Oaxaca.

Desde la misma noche de la desaparición de Uruchurtu se difundió información en el mismo momento de su desaparición que revelaba que la activista había sido golpeada por sus captores con la cacha de la pistola en la cabeza, y momentos después, el reporte realizado por personas de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cantaros apuntaba que habían encontrado un cuerpo en inmediaciones de esta comunidad.

El reporte fue minimizado por el equipo de investigación y pese a que estuvieron enterados desde los primeros días de la desaparición sobre el asesinato de la activista, hasta la fecha no se ha encontrado su cuerpo.

El mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia mañanera del 11 de mayo de 2021 que la activista México-Británica había sido asesinada por órdenes de la presidenta municipal de Nochixtlán, según la declaración del testigo protegido, al día siguiente –12 de mayo– nuevamente hizo alusión al asesinato de la activista. Sin embargo, las autoridades y personal encargado del esclarecimiento de la desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu, el cuerpo de la activista sigue siendo un enigma difícil de resolver.

El fiscal general de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por su parte, señaló recientemente en entrevista a medios de información, que se encuentran detenidos casi todos los involucrado en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, tanto los autores intelectuales, como los homicidas materiales. No obstante, reiteró que se desconoce la ubicación del cuerpo.

Justicia pendiente por agresión al empresario que involucró a la activista

De la agresión de la que es responsable también la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta en contra del empresario Alfonso Avendaño Rodríguez, y su detención arbitraria en contubernio con el ministerio público de Nochixtlán Rey Velasco Carranza, no se han dado a conocer los avances en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el presidente López Obrador señaló que no se quedaría nada pendiente de este caso, por lo que la edil ya estaba en prisión.

El empresario oaxaqueño Alfonso Avendaño Rodríguez que fue víctima de detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y sufrió lesiones dolosas que pusieron en riesgo su vida no ha tenido respuesta de la fiscalía ni se le ha resarcido el daño. La presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, los elementos de la policía municipal, el guardaespaldas de la presidenta Lizbeth Victoria Huerta, y el ministerio público Rey Velasco Carranza siguen sin ser responsabilizados por estas arbitrariedades.

No es de olvidarse que los hechos que originaron la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz se derivó de esta agresión física y detención arbitraria al empresario, y extrañamente no se ha determinado la responsabilidad penal por la carpeta de investigación abierta debido a la denuncia de Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de los señalados.

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Mexico Violento

Parlamento británico pide al Gobierno mexicano intervenga en la búsqueda de Claudia Uruchurtu, desaparecida en Nochixtlán

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Por Miguel Montesinos León

Integrantes del Parlamento de Gran Bretaña firmaron una petición dirigida al Primer Ministro Británico solicitándole su intervención urgente para que el Gobierno Mexicano intensifique la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz, de 48 años, activista mexico-británica, desaparecida el 26 de marzo, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y sea presentada con vida.

Entre las 22 y las 24 horas, del 26 de marzo, se registró la desaparición de la ciudadana mexico-británica Claudia Uruchurtu Cruz, mientras se dirigía a un llamado de la comunidad de Asunción Nochixtlán para exigir la liberación y atención médica de Alfonso Avendaño Rodríguez, ciudadano que acudió a cobrar a la presidencia municipal materiales propios de su giro de negocio, y fue agredido por policías municipales bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta, y detenido arbitrariamente por parte de la Fiscalía de Nochixtlán.

La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, de acuerdo con familiares y activistas, apuntan a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, ya que Claudia Uruchurtu desde los inicios de su administración denunció diversas irregularidades ante las instancias de fiscalización en contra de la edil emanada del partido MORENA.

Las hermanas de la activista Sara y Elizabeth Uruchurtu Cruz, la primera con domicilio en Salford and Eccles, localidad situada en el condado de Gran Manchester, y la segunda en Sheffield, del condado de Yorkshire, señalaron que su hermana Claudia también tiene su domicilio y trabajo en Inglaterra, pero había decidido una estancia temporal en Nochixtlán.

Hasta ahora, los policías ministeriales que han acudido en la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz no han reportado ningún avance en la investigación, pese a que activistas de la región señalan que la mujer fue “levantada” en una camioneta roja, propiedad del municipio al servicio del área de alumbrado público, y que esa misma camioneta desapareció el mismo día en que desaparecieron a Claudia.

En el escrito del Parlamento británico también se señala que el activismo de Claudia se ha enfocado en la comunidad contra los abusos de la autoridad local y ha sido muy crítica con la administración municipal de Nochixtlán, por lo que ha puesto varias quejas al gobierno estatal y federal sobre presuntas corrupciones de la alcalde.

Sin embargo, después de 17 días de la desaparición forzada de la ciudadana mexico-británica y de testigos que dieron parte de los hechos, no se ha investigado a la Policía municipal, personal del ayuntamiento de Nochixtlán, ni a la edil Lizbeth Vitoria Huerta, a quien reiteradamente la comunidad ha señalado de estar implicada en el crimen como represalia por las denuncias.

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Principal I

Mando policiaco de la CDMX renuncia por señalamientos de acoso sexual

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José Arturo Blanco Hernández renunció a la dirección de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México por presuntos actos de abuso sexual contra una mujer, aunque la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, ordenó su cese por la detención arbitraria de policías capitalinos.

El ex funcionario capitalino envió un documento al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, en el que decidió separarse de sus funciones como responsable de la PBI, luego de las acusaciones en su contra por abuso sexual.

Apenas ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el cese del ex funcionario por la detención arbitraria de fotoperiodistas que cubrían la marcha de las mujeres el lunes pasado con motivo del día internacional de la mujer.

José Arturo Blanco fue director de Seguridad del Metro y posteriormente en noviembre de 2019 ocupó la titularidad de la PBI, además de haber sido director de Seguridad Ciudadana de la entonces delegación Tlalpan, cuando Sheinbaum era jefa delegacional.

Al frente de la PBI se encuentra como encargado del despacho, Elpidio Cruz, hasta que las autoridades capitalinas determinen quién será el nuevo responsable de la institución para hacerse cargo de las indagatorias correspondientes en el interior de la policía industrial.

La mandataria capitalina aseguró que no se permitirá en su administración casos de abuso o acoso sexual en el interior del gobierno de la Ciudad de México, por lo que habrá tolerancia cero contra cualquier servidor público que atente contra una mujer.

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