Connect with us

Violencia contra las mujeres

Las desaparecidas de Juárez, “sólo huesos que podían tardar hasta tres meses en identificarlos”: autoridades

Mujeres reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez informan a sus madres que hoy son osamentas sin identificar.

Published

on

[royalslider id=»21″]

Por Guadalupe Lizárraga

Foto: Javier Juárez

CIUDAD JUÁREZ, (México).- Las madres reclaman los cuerpos de sus hijas retenidos en la morgue de Ciudad Juárez, pero la fiscalía del Estado confirmó que eran “sólo huesos y que podían tardar hasta tres meses para identificarlos y hacer el cotejo del ADN”. La reunión fue entre autoridades y miembros del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidas, el 21 de febrero, para informar sobre las investigaciones de las jóvenes reportadas como desaparecidas.

Se trata de los doce cuerpos más que la fiscalía ha retenido, algunos de ellos desde hace más de tres años. Los Ángeles Press reportó la existencia de quince cuerpos más en la morgue, el pasado 29 de noviembre de 2011. En esa fecha, las autoridades sostuvieron públicamente que la información de nuestro medio era falsa. Sin embargo, al final de ese mismo día, el cuerpo de Adriana fue entregado, ante los reclamos de la madre que se había enterado de su hija por nuestro reporte que circulaba en Facebook. Incluso, la antropóloga forense le dijo que no había más cuerpos y que los restos que se encontraban en la morgue, todos eran de género masculino.

A partir de la entrega de Sarmiento, las autoridades dejaron pasar unas semanas más y decidieron entregar otros tres cuerpos, en diferentes fechas y sin prensa. Estos cuerpos fueron identificados con los nombres de Jéssica Terrazas Ortega, Fabiola Janeth Valenzuela Banda y Yazmín Salazar Ponce.

Jéssica tenía 18 años de edad cuando fue capturada en el centro de Ciudad Juárez. Salió de su casa en busca de trabajo el 20 de diciembre de 2010, y nunca más volvieron a verla sus familiares, hasta que la fiscalía entregó su cuerpo recientemente, como el de las otras jóvenes. Yazmín Salazar tenía 17 años y fue capturada el 27 de enero de 2011. Sus familiares recibieron con dolor y discreción los restos de su hija terminando el año.

Investigaciones nulas

Las autoridades han dicho a las madres que aún estarán pendientes los trabajos de antropología forense para la identificación de los otros doce cuerpos más. Un proceso largo, por “el cotejo de ADN”.

No obstante, una fuente confidencial dijo a Los Ángeles Press que las investigaciones para hallar a las jóvenes son nulas. En el caso de Adriana Sarmiento, por ejemplo, el informe de ADN no lo encontraron para el momento de entregar el cuerpo a su madre Ernestina Enríquez. Y tres días después, ya sepultado el cuerpo de la joven, encontraron el informe sobre un escritorio de uno de los agentes del Ministerio Público.

Otro caso de negligencia y falta de interés que ha afectado las investigaciones, dijo esta fuente, son las pruebas abandonadas que madres y abogadas consiguen con tanto esfuerzo, como es el retrato hablado de los captores de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero de 2009, a la edad de 18 años. El retrato fue descrito por una testigo, Irma Cornejo, ante la Procuraduría General de la República, y siendo de gran valía para la investigación, por mucho tiempo estuvo en un escritorio entre un cúmulo de papeles.

Burocratismo y descuido con las evidencias

La situación de seguridad con la familia Hernández Lara es grave. El trámite de asilo en El Paso, Texas, está en proceso avanzado, por el secuestro con violencia de Isela Hernández Lara, de 39 años, el 14 de febrero de 2011.

Isela fue capturada, en su propia casa, delante de sus dos hijas adolescentes, de 13 y 15 años, respectivamente. Esta última joven fue entrevistada telefónicamente por un agente de la SubProcuraduría General de la República, y como testigo Irma Hernández, hermana de la víctima. En este caso, de competencia federal al tratarse de desaparición forzada, la PGR, obtuvo información precisa, con nombres y hechos, y aún así no se ha realizado la investigación.

Miembros de la familia Hernández, al enterarse de la entrega de los dos últimos cuerpos por parte la fiscalía, decidieron correr el riesgo y cruzar a Juárez para ir a la morgue a buscar a su hermana. Pero en la morgue, les dijeron que primero tenían que dar una muestra de ADN, que se informaran en las oficinas de la PGR.

Fueron a la PGR y ahí les dijeron que no había ningún expediente de su familiar, que buscaran en la fiscalía y que tenían que ir al Valle de Juárez para que les hicieran la prueba de ADN. Para ello, les indicaron, tenían que llevar como documentos, una fotografía de la víctima, su acta de nacimiento, y dos copias de actas de nacimientos de cada uno de los familiares que aportarían la muestra, así como identificación, junto con “una carta” de la Procuraduría.

Llevaron todos los documentos, no sin antes intentar hablar con Gustavo de la Rosa, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para pedirle la atención al caso de su familiar secuestrada, y poner aviso que irían al Valle de Juárez, bajo su propio riesgo, para donar esa muestra de ADN y que pudieran saber si su hermana estaba “guardada en la morgue”. Pero, señala Elizabeth Hernández, que nunca las recibió De la Rosa, a sabiendas que estaban esperando ser atendidas. “Él sabía que estábamos ahí, porque nos vio y nos escuchaba hablar. Estuvimos como una hora y no nos hizo caso”, dice la mujer.

Una vez que llegaron al Valle de Juárez en Guadalupe, les dijeron que ya no había ningún ministerio público ahí. Que tenía que ir al de San Ignacio. Y así lo hicieron.

Cuando terminaron el proceso de la muestra de sangre, preguntaron al joven que las atendió:

–¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?

–No, pues nosotros sólo somos un pedacito de lo que se hace”, respondió el joven.

Hasta la fecha, la familia Hernández Lara no ha sabido nada de su familiar secuestrada, y a pesar de que la PGR tiene los nombres y detalles de los secuestradores, no han tenido ningún avance en la investigación.

 

Continue Reading
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Las desaparecidas de Juárez, “sólo huesos que podían tardar hasta tres meses en identificarlos”: autoridades

  2. Pingback: “Sólo huesos que podrían tardar hasta tres meses en identificarlos”: Autoridades sobre las desaparecidas de Juárez | Pulso Ciudadano

  3. Pingback: Las desaparecidas de Juárez, “sólo huesos que podían tardar hasta tres meses en identificarlos”: autoridades « Centro de Estudios Fronterizos

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mexico Violento

Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

Published

on

By

Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

Continue Reading

Mexico Violento

Salva a su hija de abuso sexual por parte de la nueva pareja de la madre, y ella lo acusa de violencia de género

Published

on

By

Acusado con falsos testimonios de maltrato familiar tras denunciar el abuso a su hija

  • Posible colusión entre la jueza y el acusado de abuso sexual en el Edomex

  • Le filtran al abusador que existe una orden de aprensión en su contra y se ampara

Por Zavianny Torres 

El doctor Honoris Causa Javier Avilez Martínez es un padre que ha peleado con todo lo que está a su alcance y posibilidades para procurar el bienestar de sus hijos. Hechos que hoy han servido para contar con la guardia y custodia provisional de sus dos hijos, de acuerdo con las decisiones que han tomado instancias del Poder Judicial del Estado de México. Dicho en sus palabras, su separación conyugal se convirtió en un episodio tortuoso para él y para ellos.

Antes, es necesario saber que el padre de familia que nos concedió esta entrevista es un profesionista exitoso venido de una familia solidaria y fuertes lazos con su comunidad. Es abogado deportivo, director legal de la Liga de Futbol Americano Profesional en México. Conferencista internacional en temas de Derecho deportivo en lugares como Ibiza, en Cali, Lima, Sao Paulo y Quito, entre otros. Premiado por sus aportaciones al deporte fue reconocido por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos perteneciente a la OEA.

En el proceso de separación, hubo de rescatar a su hija, de 12 años, de una posible acción de ataque sexual por parte de Ricardo Enrique Lara Carpio, socio y pareja de la madre, Laiza Mabel Cabrera Barrientos. Todo inició con momentos de incomodidad ante la presencia del acusado, y que la niña relató. Hasta que todo derivó en una denuncia ante la fiscalía. Ahí la menor tuvo que pasar por difíciles momentos ante autoridades, a las que debió relatar una y otra vez los presuntos abusos sufridos.

Como resultado hubo un acuerdo provisional para que los dos menores de edad quedaran en manos del padre, mientras se impulsaba un juicio de pérdida de patria potestad contra la madre. Un acto seguido por evasión de la justicia por parte del acusado.

Para el atribulado padre es un caso de corrupción entre algunos representantes del Poder Judicial y la persona contra quien pesa una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, Avilez Martínez ha presentado denuncia contra la jueza familiar que lleva parte del proceso legal, esto ante la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por “los acuerdos tendenciosos que favorecen a su contraparte”.

¿Cómo resume la situación actual del proceso legal?

Complicado, ha sido difícil en la parte familiar y personal. A los niños se les cambió su mundo, de la noche a la mañana, un buen día regresaron de la escuela y supieron que su mundo no iba a ser el mismo.

Después de tiempo de la separación con mi esposa, mi hija que se fue a vivir con su madre, me empieza a reportar que la pareja de su madre la jaloneaba y la maltrataba. En las distintas veces que convivía con mi hija me decía, “oye, es que este señor me jalonea y mi mamá me deja todo el tiempo acá’ o ‘este señor va a todos lados conmigo y a mí me incomoda’.

La niña me decía ‘es que yo me siento incómoda porque el socio de mi mamá se queda en la misma habitación. Y entonces cuando me bañan o me cambian ahí está, y me siento muy incómoda. La niña me empezó a relatar una serie de cosas y yo la veía rara, Le dije: ‘¿ya lo hablaste con tu mamá?’ y me decía: ‘¡sí!, pero mi mamá dice que no es cierto’.

Y así, hasta que llegó un momento en el que me dice la niña: ‘¿sabes que este señor me jalonea y me obliga a besarlo? Dije, ah caray. Cuando mi mamá se mete al baño o no está, el señor me dice que por qué nunca lo saludó de beso y me agarra la cabeza y me besa, dice, pero me besa en la boca. Ya van dos veces que lo hace’. Le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo: ‘Sí, me hace así’. Y me describía la niña cómo.

Es a raíz de eso que presenté una denuncia en la Fiscalía, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio.

Y, bueno, pues la niña empezó a pasar por un proceso de peritaje de psicología, de victimología, y entrevistas a solas la niña con los peritos, con el Ministerio Público y pues la niña narró lo que me había contado, lo que había pasado. A raíz de eso, el Ministerio Público me concede los cuidados familiares de la niña.

¿Existe una sentencia de custodia?

Sí, de acuerdo provisional, me dan los cuidados familiares de la niña.

Presente en la entrevista, el abogado Eduardo Gonzaga y representante legal de Javier Avilez Martínez, menciona:

“El acuerdo se da cuando detectan que hay una situación que pone en riesgo a la niña. La otorga un Ministerio Público, tiene una cierta vigencia. Posteriormente, derivado del hecho delictivo y de la denuncia que se presentó, promovimos ante un juez competente un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la primera medida que determina el juez se llama una audiencia de escucha de menor.

Dentro de esta audiencia y una vez que fue reunido el perito, Ministerio Público adscrito al juzgado, juez de la familia y psicóloga designada por el DIF, tuvieron una entrevista con los dos menores a solas, sacaron a las partes, a los abogados y a los padres y los ministerios públicos, jueces y psicóloga.

Los entrevistaron y es el primer momento en que podemos decir que es un periodo de prueba. Todavía no está en etapa probatoria, pero es para que determinen las medidas provisionales. En esa audiencia, la niña determina y lo manifiesta el hecho delictivo, la agresión que tienen en su contra y terminando la audiencia, la juez dicta las medidas precautorias y dentro de ello es que le otorguen la guardia y la custodia de manera provisional a mi cliente.

Hasta el día de hoy ¿Qué está dictaminado?

Ya hay una resolución, y es que a través de un juez de control que solicitó orden de aprehensión desde el año 2019, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio. La orden de aprehensión consiste en que el juez primero el delito de abuso sexual está tipificado como un delito grave y alcanza prisión preventiva. Significa que durante el proceso que se le lleve para demostrar su inocencia, porque hoy todos se presumen inocentes.

Sin embargo, por ser un delito grave no permite que este sujeto siga su proceso en libertad, entonces para eso se otorgó una orden de aprehensión, para detenerlo. Y estando recluido se le sigue su proceso hasta que se determine una sentencia, si es culpable o no. Si no lo es, se ordena su inmediata libertad, pero si es culpable se le dice cuántos años de presión va a tener que pagar.

En diciembre se van a cumplir tres años. ¿Por qué no lo han detenido?

La pareja de mi exesposa tramitó un amparo en donde es raro que se tramite un amparo si no se sabe que hay un acto en contra de uno. Lo curioso es que en ese amparo, él en su narrativa, señala los datos precisos de la orden de aprehensión.

Aquí hay una orden de aprehensión cuya característica esencial es que debe estar en sigilo, en resguardo, no es pública. No todo el mundo tiene por qué enterarse, sin embargo, él señala que es la mamá de mis hijos quien le avisa que existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que no sé es cómo es que ella, en calidad de imputada y acusada tiene acceso a esa información.

En ese punto, ¿podríamos presumir una colusión?

¿De corrupción? totalmente, ya sea de alguna autoridad. O la policía que está encargada de la búsqueda, localización y aprehensión de este sujeto se dejó extorsionar, se dejaron corromper o ellos mismos lo propusieron. De eso si tenemos certeza porque en la demanda de amparo que promueve el acusado sobre quien pesa una orden de aprehensión manifiesta textualmente que es su pareja, Laisa Mabel Cabrera Barrientos la que le da la información con lujo de detalles. ¿Cómo tiene ella la información? no lo sé.

También sabemos de las investigaciones que se han hecho en la búsqueda del acusado, tiene en su haber una investigación en la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Amparo contra la orden de aprehensión del acusado

¿Han corroborado esa información? Igualmente son acusaciones muy graves de la misma persona…

Sí. De hecho, también las de las investigaciones ministeriales que se dan una vez que él tiene la orden de aprehensión, es que arroja el dato que además de la orden de aprehensión, que la tiene por este delito que ya está probado hay una secuela procesal que también se le sigue por estos delitos. Lo que estamos buscando es que nuestras autoridades, tanto la Fiscalía General de la República como de aquí en el Estado de México, podamos coadyuvar con ellos.

Por parte de su exesposa, hay un señalamiento también muy grave contra Usted, lo que se conoce como violencia vicaria…

Primero, la violencia vicaria, para bien o para mal, en el Estado de México todavía no está tipificada, no existe. Es un tipo de violencia de género. Y, sin embargo, si ella está tratando de insinuar que esta situación sucede, es totalmente falsa, es una difamación. La violencia de este tipo implica que el padre de los hijos los maltrata e incluso llega a asesinarlos para causarle daño a la madre que no los tiene.

Hoy no sé qué tipo de intereses tenga la madre de mis hijos al mantener esta relación ni tengo la certeza de que ella sepa o no los antecedentes penales de su pareja.

¿Cómo ha sido el papel que han desempeñado las instancias de impartición de Justicia del Estado de México?

Muy complicado, en el sentido de que han perdido de vista que el juicio no es en contra la madre de mis hijos. Es por proteger a los menores, a mis hijos.

En el último año, la madre ha emprendido acciones de la mano con una asociación feminista para victimizarse. Y no había un momento que, ante cualquier autoridad, fuera juzgado o Ministerio Público no se presentara para mostrarse como víctima. Incluso levantó por ahí dos o tres denuncias falsas por violencia familiar que no prosperaron y que al momento no ha logrado demostrar absolutamente nada.

Y, bueno, pues al final a la jueza familiar que conoce del asunto la tengo denunciada ante la judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es la jueza del séptimo familiar, Amalia Marroquí. En su momento le hice notar en el expediente, que muchos de sus acuerdos eran tendenciosos en favor a la señora Cabrera Barrientos.

¿Estaríamos hablando de una violencia de género a la inversa?

Creo que sí, ella ha hecho con falsos testimonios que a mí se me vea como un agresor. No ha podido probarlo. Al día de hoy no tiene ni una sola carpeta que haya prosperado porque no existen argumentos, elementos o prueba alguna que yo la violentaba.

¿Tiene debidamente documentado sus dichos, todo lo que este momento ha dicho en esta entrevista?

Sí tengo pruebas, tengo documentos oficiales en juzgados y el Ministerio Público que acreditan todo.

Continue Reading

Principal I

Inmujeres condena asesinato de la activista Cecilia Monzón

Published

on

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, quien fue ultimada el sábado pasado en San Pedro Cholula, Puebla, por lo que consideró que se trató de un referente en esa entidad en la lucha de los derechos humanos.

La dependencia federal refirió que Cecilia Monzón dedicó su vida a defender los casos de mujeres en situación de violencia o abuso y también tuvo una destacada actividad política, por lo que pidió a la Fiscalía General de Justicia de Puebla a esclarecer el crimen a la brevedad.

De acuerdo con la institución federal, las autoridades estatales deben desarrollar la investigación con perspectiva de género para que se ejecuten todas las medidas de prevención necesarias para proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las activistas defensoras de los derechos humanos que residen en la entidad.

De la misma manera, llamó a los medios de comunicación a apegarse a los lineamientos para cubrir y difundir los hechos sin revictimizar a la activista, su hijo y demás personas que pudieran ser afectadas, ya que ha sido una practica que han observado en algunos espacios noticiosos.

Asimismo, manifestó que están en disposición de colaborar con el gobierno estatal para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres para defender y proteger el acceso a la justicia de las defensoras y combatir la impunidad la corrupción, además de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el crimen como un ajusticiamiento cometido por un grupo de sicarios en contra de la activista, por lo que llamó a las autoridades estatales a colaborar de forma permanente para esclarecer los hechos.

El sábado pasado la activista fue asesinada por disparos de armas de fuego cuando circulaba a la altura del camino Real a Momoxpan y Periférico en el municipio de San Pedro Cholula.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: