Religión y vida pública

Por Rodolfo Soriano-Núñez

La mañana de este miércoles, un poco antes de que el papa Francisco sufriera lo que Il Sismografo, llamó una “crisis cardiaca”, el jesuita alemán Hans Zollner hizo público que desde el 14 de marzo presentó su renuncia al cargo de integrante de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Zollner ha sido miembro desde esa entidad desde que se creó en 2014.

En la actualidad, la Comisión está presidida por el arzobispo y cardenal de la ciudad de Boston, el franciscano Sean Patrick O’Malley y el secretario, cargo que en algún momento ostentó Zollner, es Andrew Small, un sacerdote nacido en el Reino Unido en el seno de una familia irlandesa y miembro de la orden de los Oblatos de María Inmaculada, que cuenta con amplia experiencia en América Latina luego de ser durante muchos años el enlace entre la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y el Consejo Episcopal de Latinoamérica, el llamado CELAM.

Quien esté interesado en conocer, con algún detalle quiénes son los otros miembros de esta comisión, puede encontrar su directorio actual en la página de Internet de la Comisión. Debe quedar claro, sin embargo, que es una de las comisiones o consejos más inestables de la Santa Sede. Si en otras entidades la norma es que los cargos difícilmente se renuncian, en esta comisión ya desde sus primeros días de existencia hubo dudas y conflictos que se han traducido en constantes renuncias.

Entre las más notables de esas renuncias, la de la irlandesa, sobreviviente de abusos sexuales a manos del clero, Marie Collins, quien preside una fundación que busca erradicar el abuso en el mundo de habla inglesa y, sobre todo, ayudar a las víctimas de este tipo de prácticas que ahogan al catolicismo en todos los continentes.

Marie Collins, sobreviviente irlandesa de abusos sexuales. De su sitio de Internet.

Collins renunció agobiada por la lentitud con la que algunos cambios ocurrían, cuando ocurrían, así como por la actitud puntillosa de los abogados especialistas en derecho canónico que parecían más interesados en encontrar las razones por las que no era posible impulsar cambios reales.

En una entrevista de marzo de 2017 con el diario británico The Guardian, cuando Collins renunció al cargo, calificaba como de “devastadora” la situación que le llevó a retirarse de ese órgano colegiado. En otra entrevista, en este caso con la revista de los jesuitas estadunidenses America, Collins detallaba los muchos obstáculos que enfrentó en los tres años en que trabajó en esa instancia.

No espero que Zollner haga algo parecido al tour de medios que Collins y otros antiguos miembros de esta comisión han hecho, pues Zollner es un sacerdote jesuita que conserva cargos en las universidades de la Iglesia en Roma, de modo que sería difícil que hablara con la libertad con la que Collins lo hizo en 2017.

Texto en que Hans Zollner anuncia su renuncia a la Comisión

Lo que es un hecho, en cambio, es que el documento que hizo público Zollner, que no es su carta de renuncia como tal, deja ver que las cosas siguen sin caminar como deberían hacerlo en esa comisión. Habla, por ejemplo, de falta de claridad sobre quiénes o por qué se convierten en miembros de esa comisión. También habla de falta de transparencia financiera, un mal que acosa en distintos frentes a la Iglesia católica. También hace notar que no existe una norma que regule las relaciones entre la Comisión y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la antigua Santa Inquisición, que es donde está encuadrada jerárquicamente esta entidad vaticana. Como se puede ver son problemas que uno esperaría que, casi diez años después de la creación de la comisión ya estuvieran resueltos.

Hans Zollner, hasta el 14 de marzo de 2023, miembro de la Comisión para la Protección de Menores de la Iglesia.

Ello contrasta con el hecho que este fin de semana próximo pasado, los medios informativos de la Santa Sede informaron de la manera en que el papa Francisco ratificó el sábado 26 el documento Vos estis Lux mundi, traducido en español como Ustedes son la Luz del mundo, con el que el pontífice argentino ha tratado de resolver el problema de los abusos sexuales a manos de clérigos, pero también a manos de los dirigentes laicos de grupos católicos. Originalmente publicada en mayo de 2019, la versión dada a conocer apenas este fin de semana próximo pasado, agrega algunas precisiones que harán más factible que se castigue a los líderes laicos de movimientos reconocidos como tales por la Iglesia, pero el problema más grave, el de las reparaciones para las víctimas sigue sin mostrar su rostro.

Uno de los casos más sonados de ese tipo de abusos a manos de dirigentes laicos lo ofrece la “orden” peruana llamada Sodalicio de Vida Cristiana, pero también está el caso de la organización basada en Francia L’Arche, sobre el que The Associated Press apenas ayer publicó un detallado reportaje.

No creo tampoco que la renuncia de Zollner “sacuda” a la jerarquía de la Iglesia católica. Mi impresión es que la inmensa mayoría de los obispos no creen que la crisis sea tan grave como dicen las propias víctimas, como en el caso de Marie Collins o como decimos analistas como yo. Ellos creen—me parece—que el tiempo, la amnesia, la edad y el cansancio, juegan a su favor y en contra de las víctimas de abusos sexuales.

Como sea, una vez que el papa Francisco se recupere de la “crisis cardiaca” que sufrió este miércoles y que, muy probablemente, le impedirá encabezar los rituales de la Semana Santa, tendrá que busca quién está dispuesto a sumarse a una Comisión en la que está ampliamente documentado que no hay suficiente disposición o capacidad para promover los cambios que la Iglesia necesita.

Redes de corrupción y tráfico de influencias , parte de la estructura captadora de dinero público

TRAS BAMBALINAS 

Por Jorge Octavio Ochoa

Se habla de “mafias”, pero lo que se ha instalado en México es una nueva “casta” en el poder, con todo un esquema de negocios, similar al que ocupan ahora los modernos cárteles del crimen organizado. Esta casta opera desde las más altas esferas, con funcionarios y servidores públicos, a los que se les ha encargado desde la obtención de enormes volúmenes de dinero a través de negocios sucios, compras fantasma, contratación de servicios, “igualas”, “mordidas” en licitaciones, “quitas” o “moches” de salarios de las nóminas de empleados, hasta la cooptación del voto para consultas o elecciones.

Las evidencias ya están a la vista. El caso Segalmex se ha convertido en la bomba de tiempo, que pone contra la pared el lema de la Honestidad, que desde hace 20 años pregonan a los cuatro vientos. Es un descomunal desvío de recursos, obtenido de la manera más inmoral que puede haber: falsa solidaridad con el pueblo. Han desviado 15 mil millones de pesos, gracias a compras simuladas de carne, azúcar, garrafones de agua, alimentos y enseres que no llegan a los pobres, pero que pretenden justificar con el otorgamiento de pensiones para los mayores, aunque muchos de estos hayan muerto o becas para estudiantes, sin ningún control.

En el mega plan de negocios de toda esta estructura captadora de dinero, también hay proyectos de inversión en playas, hoteles, corredores turísticos y hasta la instalación de plantas solares; así como concesiones especiales para el usufructo del litio en territorio mexicano (léase Vidanta). Es toda una nueva élite. Lo peligroso es que, a esta nueva casta de políticos, se le ha ocurrido la brillante idea de asociarse con el crimen organizado, al puro estilo siciliano. México vive hoy una y mil masacres, que sirven por igual para simular consultas, como la de revocación del mandato o falsificar repartos de medicinas y alimentos.

Los nubarrones llegan ya hasta el Banco del Bienestar, que recientemente tuvo que retirarse “voluntaria e unilateralmente” del millonario negocio de recepción de remesas en Estados Unidos, ante el solo rumor de que se detectaron mecanismos de lavado de dinero. Sin embargo, ese servicio se llevará a cabo ahora desde Financiera para el Bienestar (antes conocida como Telecomm), que cuenta con mil 700 sucursales en todo el país y que, aparentemente, no pasa por el cedazo de la banca estadounidense. Ahora entendemos el porqué de la algarabía del presidente, cada vez que anunciaba el incremento del monto de remesas.

Si revisamos el esquema de “negocios”, podemos ver que en la línea de investigación aparecen, desde hace años, personajes como Alejandro Esquer, secretario particular del presidente de la República y Octavio Oropeza, actual titular de Pemex. Pero ahora hay nuevos nombres, que ocupan puestos estratégicos en enclaves del sistema financiero, como es el caso de la temida extitular del SAT y actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y su hermana, Lucía Buenrostro, exdirectora General Adjunta de Crédito en el Banco del Bienestar; o José Ángel Ansúrez Galicia y María del Rocío García Pérez.

Estos dos últimos, aparecen como nuevos artífices del “moche” y el “diezmo”, que desde hace ya muchos años implementó López Obrador cuando fue líder del PRD y después como jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de Marcelo Ebrard y del actual líder de MORENA, Mario Delgado, cuando era secretario de Finanzas de Marcelo. Así se trasladó la práctica hasta MORENA y desde 2016 se documentaron algunos casos específicos, como el de Lyssette Jiménez Medina a quien, entre enero y febrero de ese año, le pagaron un millón 12 mil 772.20 pesos por “prestación de servicios”.

Esto fue lo que MORENA-DF entregó en aquel entonces, como respuesta a una solicitud de información folio 5510000020416. Es decir, una friolera de 506 mil pesos mensuales. Así se las gastaban y se las han gastado desde entonces. Justo es decir que el caso Segalmex es una práctica que ya se había utilizado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, en lo que se conocía como CONASUPO y que llevó a la cárcel por diez años a su hermano Raúl Salinas. Sin embargo, la fe y las ganas de creer han impregnado una especie de ceguera en los mexicanos, que se preparan para aceptar a MORENA como el nuevo partido de Estado.

En esta nueva “estirpe” figura especialmente René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, quien fue recomendado para el cargo nada menos que por Raquel Buenrostro. Hoy este sujeto ya cuenta con el amparo definitivo de un juez federal contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Quizá a eso se refiera el presidente López Obrador cuando dice que hay una “mafia” en el Poder Judicial. Pero de la mafia dentro del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) no ha dicho nada, pese a las acusaciones de 15 trabajadores contra Anzurez Galicia.

Como ”encargado de despacho” de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del INDEP, este angelito pedía desde hace dos años a sus empleados, el 30 por ciento de sus salarios si querían trabajar en el gobierno. Sus influencias llegan a tres dependencias, donde colocaba personas a cambio de esa “quita” o “moche”. Pero, como decíamos, no es algo nuevo. El “diezmo” fue implementado por primera vez por López Obrador en el PRD y hoy, una de sus más fieles representantes, Delfina Gómez, se ha convertido en el impune estandarte de su aplicación, en absoluta burla de las instituciones y de la ley.

Por si te lo perdiste: La mención de López Obrador en la Corte de Nueva York – (losangelespress.org)

Crónica de un fraude anunciado 

Esta es, pues, la crónica no sólo de un fraude anunciado para los comicios de junio próximo en el Estado de México, fundamentalmente. Es el resurgimiento del dedazo y de un presidencialismo brutal que, como ya lo anunció el pasado 18 de marzo, va a meter la mano completa en la postulación de candidato de MORENA para la presidencia de la República, para que no ocurra, según dijo, como con Lázaro Cárdenas, que se pronunció por un candidato de derecha, Manuel Ávila Camacho, y no un izquierdista, como Francisco Múgica. Como puede verse, López Obrador está dispuesto a meter el cuerpo entero.

Como hemos dicho aquí ya varias veces, movilizará células de simpatizantes y de funcionarios, que lo mismo promoverán el voto, acudirán a actualizar padrones de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, becas de jóvenes por el futuro, apoyo a madres solteras. En esta estrategia, Delfina será la punta de lanza. Expresión máxima del autoritarismo de un régimen para el que la ley es letra muerta y que fue lanzada como candidata pese a que existe un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la imputa por el desvió el 10 por ciento de los salarios de 472 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.

Este “moche” o quita del “diezmo” a los trabajadores, se llevó a cabo a lo largo de casi tres años (del 13 de febrero de 2013 a julio de 2015), lo que implica una derrama de 2 millones 264 mil pesos. Fueron 72 quincena, cuando era presidenta municipal. Ese dinero fue a parar a las actividades proselitistas de MORENA, es decir, López Obrador. Tan fue comprobado el ilícito, que el Instituto Nacional Electoral aplicó una multa de 4.5 millones de pesos a MORENA. Es bajo esa misma lógica de robo y fraude que encaran ahora la contienda electoral en el Estado de México, al estilo del viejo PRI.

La oposición denunció que en aquella entidad, se han registrado más de 74 mil cambios de domicilio, el 52 por ciento procedente de la Ciudad de México. El resto, proviene de Hidalgo, Veracruz y Puebla, todos gobernados por MORENA. Los cambios se registraron en 260 secciones. En la sección 1054 de Chalco se registraron mil 200 cambios; en la sección 1052, también en Chalco, otros mil 126 cambios de domicilio. En Chimalhuacán, sección 5970, se registraron 743 cambios; En Tecámac, sección 4,251 se reportan 800 cambios y en la 4,208 hubo 835. En Zumpango, sección 5904, hubo 856 cambios y en la sección 5912, otros 860 cambios.

Todo esto, en municipios también gobernados por MORENA. Como puede verse, pese a tener enfrente a una oposición descompuesta y sin liderazgos, el régimen, desde el más alto poder central, busca de manera desesperada, generar más recursos a través de prácticas no muy “cristianas”, como la compra de garrafones vacíos de agua (1.8 millones de piezas, con un costo de 99.9 millones de pesos), para después quizá rellenarlos y venderlos. ¡Negociazo! Quizá busca “ahorros”, para más pensiones de adultos o becas para jóvenes. Tan sólo en una dependencia, 15 mil millones de pesos desviados y una estructura bancaria para lavar más dinero.

Si pensamos de buena fe, es evidente que la nueva casta política tiene decidido perpetuarse a través de otro partido de Estado, como lo era el PRI. Quiere crear otra manera de dispersar recursos, porque los que existen en el erario no alcanzan. Se necesita más, mucho más. La cifra de gente en la miseria rebasa los 45 millones de personas. Por más que se quiera, la bonhomía del sistema político de la 4T no alcanza para paliar esa tremenda desigualdad. Sin embargo, les ha parecido buena idea “amafiarse” con el crimen organizado para obtener así más riquezas y atender más núcleos de población, pero también para granjearse nuevos feligreses.

Religión y vida pública

Por Rodolfo Soriano Núñez

En 2023 se cumplen 810 años desde que el papa Inocencio III promulgó, en 1213, la bula Quia Maior, en la que llamaba a la cristiandad a iniciar una Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada como tal inició en 1217 y concluiría, con más pena que gloria cuatro años después. No recuperó el control de la Tierra Santa. El único que puede considerarse que logró algo, fue san Francisco de Asís, quien obtuvo del sultán Al-Kamil, permiso para establecer un pequeño monasterio (priorato) que los franciscanos conservan hasta ahora. Como las cuatro anteriores y muchos otros intentos previos del occidente europeo para controlar las rutas de tráfico de mercancías que pasaban por Jerusalén, la Quinta Cruzada fracasó estrepitosamente.

No es que a los ejércitos europeos les hubiera faltado creatividad, recursos o ambición. Ensayaron todos los trucos tácticos y militares de la época; arriesgaron y perdieron fortunas equivalentes a los ingresos totales a la Inglaterra de Ricardo Corazón de León, pero había en la idea misma de la recuperación por medios militares de la Tierra Santa un conflicto insalvable entre los fines (salvar personas, salvar almas) y los medios (la ocupación militar, la violencia y la muerte). Es algo fundamentalmente incompatible, a lo que debía agregarse que, la conversión de vastas regiones de África y Asia al Islam había sido, desde el siglo VIII de la era común, tan sólida como para evitar que las poblaciones locales fueran leales a los europeos que trataban de recuperar la Tierra Santa, creando reinos, principados, protectorados.

Esa incompatibilidad entre los medios y los fines es algo que todavía ahora afecta a quienes, en el occidente cristiano y, más específicamente, católico, insisten en lanzar, cada que pueden, cruzadas. El objetivo ya no es el de recuperar Tierra Santa, pues es claro que eso no se va a lograr. El objetivo ahora, parece ser el de establecer sociedades o países “cristianos”, en los que se respeten ciertos ideales con los que el cristianismo católico de derechas se identifica, aunque menosprecien e incluso de manera activa vayan en contra de la doctrina de la Iglesia católica o, de manera más general, de la filosofía del cristianismo.

Esa manera de entender la política, como una herramienta en la construcción de gobiernos o de países “cristianos” no es exclusiva ya de Europa. De hecho, si uno observa a la mayoría de los países de Europa occidental, lo que encuentra en un activo esfuerzo para tomar distancia de esa manera de entender las relaciones entre religión y política. En algunos países de Europa oriental es posible ver todavía ese tipo de prácticas. De manera notable en Polonia y Hungría, donde gobiernos de la derecha populista identitaria apuestan todo su capital político a un acuerdo con las jerarquías de distintas iglesias cristianas.

Otra región donde fue posible ver ese tipo de práctica de la política fue América Latina que, desde mediados de los noventa y, por lo menos, hasta mediados de la década pasada, impuso una serie de restricciones al aborto. En esa ola de reformas participaron distintos gobiernos de América Latina. En México, durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las reformas ocurrieron a escala estatal y no nacional. Fue el caso también en Honduras, El Salvador, Guatemala y, de manera notable, con Daniel Ortega en Nicaragua. Además, en ese periodo se promovieron, incluso en los sistemas de salud pública, las así llamadas “terapias de conversión” de la preferencia sexual, que supuestamente servirían para “curar” a las personas homosexuales de los “males” que les hacen actuar como lo hacen en su vida

En el caso de las leyes en materia de aborto, es notable que ahora vivimos la reacción contra los excesos de décadas pasadas, de modo que, en los últimos cinco años muchas de esas leyes han sido derogadas, sea por decretos del Ejecutivo (como en el caso de Honduras), sea por reformas del Legislativo (como en Argentina y Chile) o por medio de declaratorias de inconstitucionalidad por parte del poder Judicial (como en México). Fue, en más de un sentido, una moderna cruzada.

A pesar de la manera en que esta cruzada fracasó en América Latina, estas ideas están lejos de haber perdido su atractivo. De hecho, en El Salvador y Guatemala, sostienen este tipo de leyes y no hay signos de que pudiera ocurrir algún cambio. En Guatemala, el gobierno actual intentó aprobar en 2022 una ley que, además de elevar todavía más las penas contra el aborto, pretendía impedir por todos los medios dar cualquier tipo de reconocimiento a los matrimonios civiles de personas homosexuales. Al final la iniciativa fracasó, pero el intento existió.

Pero la influencia de esta manera de entender el mundo, el papel de la Iglesia y su doctrina y sus relaciones con el mundo de la política no se agotan ahí. Por una parte, está la influencia de estas ideas en Estados Unidos, que amerita una reflexión por separado. Por otra parte, están los cambios que recién han ocurrido o ocurrirán en el futuro inmediato en África. El más reciente de esos cambios ocurrió en Uganda, el 22 de marzo, cuando el parlamento de ese país de África central, decidió que es ilegal que una persona se identifique a sí misma como homosexual o lesbiana. Lo que es peor, quien se identifique de esa manera enfrenta penas de hasta diez años de cárcel. Por si eso no fuera suficiente, una persona que participe en un acto o relación homosexual podría recibir una pena de cadena perpetua.

Esta nueva ley, aprobada en lo que parecía ser una sesión festiva del parlamento de ese país, se suma a otras que ya penalizan, incluso con cárcel, a las personas que realicen o participen en ese país en “actos homosexuales”. Y no es sólo Uganda. Otros países de África han seguido rutas similares. En total, 30 países de África han aprobado distintas leyes, sea en los ámbitos nacionales o subnacionales, en las que se penalizan los actos, las relaciones o el identificarse como homosexual.

En su viaje a Sudán del Sur, en enero y febrero de este año, el papa Francisco se pronunció públicamente en contra de este tipo de leyes que criminalizan a las personas o los actos de las personas homosexuales. A bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, el papa expresó su dolor por la incapacidad para distinguir entre las nociones de pecado y de crimen:

Y hace poco dije algo, no lo recuerdo muy bien, en la entrevista de Associated Press. La criminalización de la homosexualidad es una cuestión que no debe dejarse pasar. Se calcula que, más o menos, cincuenta países, de una manera u otra, llevan a cabo esta criminalización. Algunos dicen más, digamos al menos cincuenta. Y algunos de estos —creo que serán diez—, tienen también la pena de muerte. De forma abierta o encubierta, pero pena de muerte. Esto no está bien. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios, Dios las ama, Dios las acompaña.

Papa Francisco, conferencia de prensa en el vuelo a Roma, 5 de febrero de 2023.

El papa tiene claro lo peligrosa que es esa confusión. No así el arzobispo de Kampala, la capital de Uganda, Paul Ssemogerere, quien ha permanecido en el más hermético silencio luego de que el parlamento aprobara la nueva ley, que hace más difícil la vida de las personas homosexuales ahí, como se puede ver en la página de Internet de la arquidiócesis.

El silencio de Paul Ssemogerere (izq.) arz. de Kampala, Uganda, sobre la criminalización de la homosexualidad contrasta con lo dicho por el papa Francisco. De la cronología en Twitter de @MagalaJames4.

Y si hubiera alguna evidencia de que penalizar la homosexualidad sirviera de algo, cualquiera estaría dispuesto a considerar si valen la pena o no este tipo de leyes. Pero la realidad es que los países donde se penalizan la homosexualidad, los actos homosexuales y, como ahora en el caso de Uganda, el identificarse como homosexual, acusan problemas de productividad, de desarrollo profesional, de emprendurismo, confianza interpersonal y en las instituciones, lo que se traduce en bajos niveles de desarrollo del así llamado capital social y califican mal en prácticamente cualquier índice que mida la vigencia del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

Al final del día, las conductas homosexuales pertenecen al ámbito más privado de la vida de las personas. Incluso países con muy robustos sistemas de justicia, como el Reino Unido, han debido abrogar las legislaciones que prohibían o penalizaban la práctica de la homosexualidad. En el Reino Unido esas leyes estuvieron vigentes desde 1533 y hasta 2009.

Ese tipo de legislación imponía cargas excesivas sobre las personas, que estaban obligadas a vivir sus vidas con el miedo de ser denunciadas. Además, para obligar la observancia de esas leyes, las autoridades debían contar con amplios márgenes de discreción para espiar la vida privada de las personas, de los ciudadanos. Es decir, podían espiarles para demostrar que eran homosexuales.

En lo personal dudo mucho que Uganda, Kenya o, para propósitos prácticos, cualquier país de África o América Latina tengan la capacidad para efectivamente vigilar que las personas no participen en actos homosexuales o se identifiquen como homosexuales. Son leyes pensadas más como instrumentos de propaganda política que, al final del día, logran poco, pero tienen la capacidad para destruir las vidas de miles de personas.

Lo peor de todo, es que más allá de que pudieran existir grupos que en América Latina o África promueven por sus propios medios este tipo de políticas, también es claro que existen grupos mucho más poderosos que impulsan estas políticas desde Estados Unidos. Uno de esos grupos es el llamado en algunos casos La Familia (The Family) y en otros La Hermandad (The Fellowship) que, originado en EU en los setenta, promueve desde hace varios años los así llamados Desayunos de Oración que en países como Guatemala tienen incluso una condición de celebración nacional cada 18 de agosto. La Familia, gracias a los Desayunos de Oración, promueve activamente este tipo de medidas en nombre de Jesús, quien en ninguna porción de los Evangelios habla de la homosexualidad.

Quien desee comprender mejor el papel de la así llamada The Family, puede consultar el documental homónimo que Netflix produjo en 2019, cuya cuarta parte, atinadamente titulada Dictadores, Asesinos y Ladrones, narra la manera en que esta organización promueve este tipo de cambios en las leyes de América Latina y África. En el caso de Uganda, donde The Family opera desde los setenta, durante el régimen de Idi Amín Dadá, como se puede ver en este documental de la Universidad de Michigan, así como en distintos reportajes y análisis de lo que fue ese régimen, al que se considera responsable de la muerte de entre 100 mil y hasta 300 mil disidentes y opositores. En la más reciente reforma en Uganda también participó el grupo llamado Family Life Network, como lo describe este artículo de Foreign Policy.

Esas organizaciones, lo mismo que el arzobispo Ssemogerere parecen no tener claro la distinción que hace el papa Francisco entre pecado y delito. Parecen, igualmente, incapaces de entender qué tan contraproducente es para el cristianismo embarcarse en este tipo de proyectos que recuerdan en todo a las cruzadas de la Edad Media.