Connect with us

Fabricación de culpables

Las cárceles federales de México, un infierno ‘cinco estrellas’

Published

on

CIUDAD DE MÉXICO

Por Alejandro Melgoza Rocha/Anadolu Agency

A Carlos Lizárraga no lo habían golpeado y torturado tanto en sus casi dos décadas de encarcelado, como sucedió el 12 de marzo del 2020, cuando llegaron hombres encapuchados al Centro Federal de Readaptación Social, Cefereso 6, ubicado en el estado sureño de Tabasco, México.

Esa noche, cuando los presos ya dormían, entraron a las celdas de todas las personas privadas de la libertad, los sacaron, revolvieron sus pertenencias y les patearon las costillas y los testículos. A algunos les quebraron los dedos y a otros les dieron choques eléctricos en el ano.

Al día siguiente, Carlos no se quejó con su mamá cuando habló con ella por teléfono, como cada viernes, pues las autoridades acostumbran a escuchar sus llamadas. Dentro de ese penal “aprender a callarse” es un mantra que circula entre los prisioneros, que ya aprendieron cuáles son los castigos por hablar. Sin embargo, en la visita del 14 de marzo, las familias notaron la dificultad de los presos para moverse, así como moretones en los rostros y el cuerpo.

A partir de esa noche, los torturaron de manera continua hasta que el 21 de octubre los trasladaron a la Cefereso 12, localizada en Guanajuato, como parte de la política del Gobierno de México de clausurar las prisiones administradas por iniciativas privadas, también conocidas como CPS.

Durante el traslado, con un trayecto de más de mil kilómetros, se repitieron los mismos golpes, posteriormente, nada cambió en la nueva prisión. Solo abonó nuevas complicaciones emocionales y económicas a las familias, que ahora debían viajar mayores distancias.

A pesar de estas condiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que costear estos reclusorios “es el equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas”. Esta afirmación la hizo a raíz de los contratos que se celebraron desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón y cuya privatización -como parte de los Centros de Reinserción Privados- le costó al erario en nueve años unos USD 3.730 millones.

La opinión pública recibió la declaración del presidente como si los presos vivieran en medio de lujos en los penales, lo que levantó molestias entre las familias y las organizaciones de reclusos.

A raíz de esto, cientos de organizaciones como Así Legal y Documenta redactaron un comunicado en el que dijeron: “Reconocemos la intención del Gobierno federal de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS, después de nueve años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar estos centros como ‘hoteles de lujo’ lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario”.

Para las cientos de organizaciones firmantes, esa realidad está construida por “tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias”.

Sin importar bajo qué esquema estén administradas las prisiones mexicanas, tanto las públicas como las privadas, estas no han garantizado el respeto a los derechos humanos, conforme a las leyes mexicanas y a los mecanismos internacionales, ya que en estas se realizan tratos indignos y crueles. Así lo denuncian personas privadas de la libertad de diferentes penales, abogados y defensores de derechos humanos, afirmación que es respaldada por quejas, amparos y videos a los que tuvo acceso la Agencia Anadolu.

“Los CPS tienen la misma forma de trabajar, encaminada a romper con la persona, a la gente que se defiende: los torturan, los aíslan. Hay muchas violaciones al interior. Yo soy un sobreviviente de ellas en un Cefereso”, expone el abogado y exrecluso Ricardo Sayavedra, quien ahora defiende a reos violentados en sus derechos, como en el caso de Lizárraga o en el de Israel Vallarta, la expareja de la francesa Florence Cassez, a quienes asegura que se les fabricaron pruebas para presentarlos como culpables en 2005.

El CPS (o Contrato de Prestación de Servicio) es un esquema o régimen del sistema penitenciario que significa que empresas privadas, mediante un contrato, reciben un dinero por parte de Estado a cambio de operar los penales.

La Agencia Anadolu solicitó entrevista con el sistema penitenciario federal y el estatal del Edomex sin obtener respuesta.

Los contratos de prestación de servicio

Días previos a la represión masiva en el Cefereso 6, ubicado en Tabasco, estado del cual es oriundo el presidente López Obrador, los presos manifestaron su inconformidad con respecto a las condiciones de alimentación, aislamiento y falta de medidas frente a la llegada del coronavirus a México en marzo del año pasado.

De acuerdo con familiares, se organizó un motín y tomaron como rehenes a los custodios, a quienes grabaron aceptando que las condiciones eran insalubres. Luego estos videos fueron difundidos en las redes sociales.

Prisioneros de numerosos penales de América Latina han recurrido a la práctica de hacer denuncias mediante videos que luego son publicados en las redes sociales, especialmente haciendo una crítica a las pocas medidas de bioseguridad ante la COVID-19, de acuerdo con un monitoreo de la plataforma latinoamericana Connectas.

Los recluidos en Tabasco pensaron que con ese acto sus condiciones podían mejorar, pero no fue así. Mas bien llegaron supuestamente agentes de la Guardia Nacional -la nueva corporación de seguridad de este Gobierno- y los ‘molieron a palos’. Cuando los reclusos se comunicaron con sus familias, el viernes 13 de marzo, el silencio fue notorio. Las pocas palabras –según explican sus madres– eran un signo de que habían sido maltratados.

Ver también: Director de Cefereso #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

“Ellos fueron agredidos en la cara, abdomen, brazos, piernas, partes íntimas como lo son testículos y ano, usando descargas eléctricas (…) A mí me consta porque yo fui a visita el día sábado 14 de marzo y vi a mi hijo todo golpeado y también vi a sus compañeros que la mayoría no podían caminar de tanto golpe que recibieron (…) es urgente que ustedes intervengan para que ellos sean atendidos por personal médico, ya que se les ha negado el servicio médico diciendo que no tienen derecho a nada”, señala el testimonio de un familiar que fue incluido dentro de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Lo mismo hicieron decenas de familias que se presentaron a la delegación de la CNDH en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Todo ello derivó en que la Comisión dirigiera la recomendación 48/2020 al director de la penitenciaria, donde se acreditaron estos tratos crueles durante un operativo con 149 oficiales, entre las 9:05 de la noche a las 2:10 de la madrugada.

“Elementos de Seguridad y Custodia los sacaron de sus estancias, los desnudaron y los hincaron por varias horas, además de que les rociaron un gas, los golpearon y les dieron toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”, acreditó la CNDH en su visita.

Sin embargo, ahora que se encuentran en un nuevo penal, en el Cefereso 12, las condiciones no han cambiado. Los reos se enferman constantemente, debido a que la administración del penal mantiene prendidos todo el día los ventiladores, porque supuestamente se humedecen las paredes. De todos modos, Carlos no se ha dejado vencer frente a ello, a pesar de asegurar que es torturado día y noche.

Su abogado, Ricardo Sayavedra, interpuso el amparo 677/2020 ante un juzgado federal, mediante el cual señala que su cliente “ha sufrido actos de tortura y actos crueles inhumanos y degradantes, golpes, posiciones forzosas, amenazas técnicas de despersonalización y sometimiento que versan desde el traslado y que se siguen consumando”.

El juzgado séptimo de distrito concedió la medida cautelar para que se “cese de inmediato todo acto de incomunicación, tortura física o psicológica, castigo, tormento o lesiones de que pueda ser objeto (…) y que ponga en riesgo la integridad personal de Carlos Evaristo Lizárraga Flores”. No obstante, según Sayavedra, la autoridad no ha cumplido la medida.

Carlos mantiene su “espíritu inquebrantable” ante las torturas, pero cuando se convirtieron en una práctica habitual sintió desesperación. Lo mantiene de pie su familia y su fe en las leyes, profesión que ha estudiado dentro del penal en estos años, para poder defenderse en las audiencias y asesorar a sus compañeros, lo que lo ha llevado a ser apodado como “El amparista”.

“En una ocasión limpió casi un piso del área donde estaba. Los sacó libres”, narra su hermana Dalia.

“Carlos estudió en Tamaulipas la licenciatura en derecho. Por los traslados ya no pudo titularse y tramitar todo. Dada esa razón, en todos los centros que ha estado, ha tratado de orientar y ayudar a los internos (…) Llega el momento en que eres incómodo para el sistema porque te defiendes y haces valer tus derechos desde dentro de un penal”, señala Sayavedra, quien también se defendió mediante el Derecho cuando estuvo recluido.

Las estatales

Lo que le pasó a Carlos no dista de lo que también se presenta en penales estatales, tanto de hombres como de mujeres. En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, Chiconautla, localizado en el Estado de México, en el centro del país, las condiciones son prácticamente iguales. No reciben mejor comida, servicios médicos o un trato digno, de acuerdo con varios testimonios.

Dentro de este penal, el exprisionero José Humbertus Pérez Espinoza dirigió un movimiento que se rebeló desde 2016 contra los malos tratos y los atropellos judiciales. Junto con 300 presos interpuso un amparo colectivo por violación a la presunción de inocencia y por tortura. Algo así ha intentado Carlos, pero ha sido reprimido e incomunicado. Actualmente tiene los dedos lesionados tras varias fracturas y la visión dañada por el gas lacrimógeno que le rociaron los custodios.

“Si de por sí antes del COVID-19 había grandes violaciones a los derechos humanos, falta de atención médica, alimentos echados a perder, no había una dieta balanceada, con el COVID-19 todo se agudizó”, dice Pérez Espinoza, ahora titular de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH).

Un reo de la cárcel de Chiconautla, que pidió mantener su nombre en reserva por motivos de seguridad, le explicó a la Agencia Anadolu vía telefónica que su vida “ha cambiado mucho porque es una bomba de tiempo” a raíz de la pandemia. Él fue testigo de un intento de motín el pasado 28 de junio, cuando los reos exigieron comida en buen estado, agua limpia, medicamentos y visitas.

Al final de ese intento de motín, la dirección penitenciaria se comprometió a cumplir las demandas. Sin embargo, en la noche llegaron las “vacas locas”, como se les llama a los antimotines. Decenas de ellos arribaron a las celdas lanzando gas lacrimógeno, los golpearon y luego los aislaron. “Fue para intimidarnos a todos”, cuenta.

Ver también: Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura y violan derechos humanos, denuncian internos

Nada de esto lo puede contar en los teléfonos del penal porque, al igual que a Carlos, los custodios les escuchan sus llamadas. Lo hace desde un teléfono celular ingresado ilegalmente: “A personas con VIH las tienen abandonadas, no les dan medicamentos. Los tienen durmiendo en los baños”, comenta el recluso, quien detalla que desde hace cinco meses no les renuevan los tapabocas. Sus familiares deben entregárselos o darles dinero para que los compren a los custodios.

De acuerdo con el ‘Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus COVID-19’ de la CNDH, solo al 40,9% de la población carcelaria le entregaron artículos de aseo; el 30% no recibía suministro de agua; el 22,4% de la población nacional no recibió atención médica; y el 30,6% no obtuvo medicamentos. Estos datos están actualizados hasta el 4 de junio de 2020.

En ese mismo punto de la república, en el penal femenino de Tepozanes, han enfrentado lo mismo y agregan que aumentaron las extorsiones. Debido a ello surgieron huelgas, aunque las convictas apuntan que son reprimidas, aisladas, amenazadas de ser trasladadas a otros penales y castigadas sin alimentos.

“Aquí se cobra renta para todo. Nos quitan lo poco o mucho que tenemos. Son mandadas por parte de seguridad y custodias (…) Como no contamos con mucha visita con lo del COVID-19, la corrupción comienza”, dice una mujer privada de la libertad, quien aclara que las extorsionadoras son presuntamente coordinadas por una comandante.

El pasado 18 de agosto dos internas se percataron que unas comandantes e internas golpeaban a una prisionera que se negó a pagar la extorsión. La familia hizo público este problema en redes sociales y fueron amenazados. Más tarde, las testigos fueron sometidas y golpeadas, de acuerdo con una queja interpuesta por PIDH ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). “Las aislaron en su mismo dormitorio, dejándolas sin alimentos”, señala la denuncia.

“Si no pagas, te tablean”, señala un reo del penal de Chiconautla en Ecatepec, el municipio más grande de América Latina. Un ejemplo de lo anterior ocurrió el pasado 18 de junio en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, cuando a un recluso le propinaron 25 tablazos en las nalgas por no pagar las extorsiones a las bandas que controlan el penal, de acuerdo con un video al que tuvo acceso la Agencia Anadolu.

La cuota se incrementó de los 100 a los 300 pesos, es decir, de 5 a 15 dólares, tan solo para que no les hagan daño.

Para Humbertus, con la pandemia “se elevó el nivel de agresividad ante el aislamiento total de los internos de sus familiares; y sobre todo se generó un gran problema de violencia. Las formas de autogobierno llevaron a extorsiones”. Según otra queja que interpuso Humbertus ante la CODHEM, a los reos los torturan “brutalmente” cuando no pagan la extorsión o los sacan desde la madrugada a hacer la limpieza de todo el módulo, de rodillas y desnudos.

Sea el penal que sea, bajo esquema público o privado, los reclusos están sumergidos en un infierno. Estos son los hoteles de cinco estrellas a los que se refiere López Obrador.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Fabricación de culpables

Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros

Published

on

By

Agentes de la AFI y hasta el reportero Pablo Reinah están entre los torturadores de Israel Vallarta

Los Ángeles Press

El caso de Israel Vallarta volvió a destacar en los medios y redes sociales luego de que el documental de Netflix, ‘El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal’, exhibiera el montaje y la fabricación de delitos que le hicieron a ambos personajes por parte del sistema de procuración de justicia mexicano.

Además de la fabricación de delitos y la exhibición mediática como secuestrador, Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión preventiva por más de 17 años, fue torturado y violado sexualmente en su detención, de acuerdo con los resultados del protocolo de Estambul publicado en Los Ángeles Press y las entrevistas a los peritos médicos hechas por la periodista Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, el caso se ha empantanado en el debate mediático debido a la perspectiva difundida por el corporativo de entretenimiento, y han quedado en el rezago judicial las denuncias contra los perpetradores de las torturas mencionados en el protocolo de Estambul.

Para saber más del tema: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

Aquí la lista de los perpetradores:

Luis Cárdenas Palomino

Ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y mano derecha de Genaro García Luna. Fue mencionado en 59 ocasiones por Israel Vallarta en su protocolo de Estambul identificándolo como su principal torturador. Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal e incluso torturó a Vallarta frente a las cámaras de Televisa cuando se transmitió el montaje de su captura junto con Florence Cassez.

 

Pablo Reinah

El ex reportero de Televisa fue acusado por Israel Vallarta, mediante un testimonio que ventiló la periodista Emmanuelle Steels, de haberlo golpeado. Pablo Reinah también fue mencionado en el protocolo de Estambul como una de las personas que fue incitada por el propio Cárdenas Palomino para golpearlo, y previo al montaje televisivo propinó bofetadas a Vallarta.

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol

Empresario de Tecnología de Inteligencia y seguridad privada fue mencionado 22 veces en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta, por haber intervenido directamente en las torturas a Israel propinándole patadas «una tras otra» y “con intensidad”. Según este documento oficial ordenado por el Consejo Federal de la Judicatura, «probablemente propinó (estas) patadas (que fueron) muy distintas a las que le realizaron los (integrantes de la) AFI«. Margolis ha sido denunciado también de ordenar las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón por vía del expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del mismo grupo de Cárdenas Palomino.

La editora recomienda: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

María Isabel Hernández Arzate, alias «Comandante Libra»

La ex comandante del área de secuestros de la AFI es acusada de violar sexualmente a Israel Vallarta con un tolete, además de darle golpes con un palo de escoba en la planta de los pies, torturarlo por aplastamiento, y de violencia verbal para su humillación. «Le introduce un palo por el ano, mientras le aplican corriente eléctrica en los testículos», se lee en una parte del protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta este momento se desconoce alguna acción penal en su contra.

Israel Zaragoza Rico

Maestro de Derecho penal, con cédula Número: 9024565, obtenida en 2015. Intervino en la tortura de Israel Vallarta, bajo órdenes de Francisco Javier Garza Palacios, y presenció con burlas la violación sexual. En 2006, Zaragoza Rico fue nombrado director del área de Secuestros de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República al mando de Eduardo Medina Mora. En 2011, fue nombrado coordinador regional de la Policía Federal en el estado de México.

Recibió órdenes de uno de los agentes de la AFI de golpear, amenazar e intimidar a Vallarta. Después de intervenir en la golpiza, «(Realizó) burlas al presenciar la violación», se añade en otra parte del informe.

Francisco Javier Garza Palacios

Licenciado en Derecho por la UNAM, con cédula cédula número 4109671, era director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 cuando intervino en la tortura de Israel Vallarta. Luego ocupó el cargo de coordinador regional de la Policía Federal en Sonora y fue separado del cargo en 2007 tras permitir el paso de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa con el que se le relacionó. Tras el enfrentamiento, García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en Colombia. En 2008 regresó a México para responder a investigaciones de la SIEDO por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue quien ordenó a Israel Zaragoza Rico intensificar la tortura a Vallarta.

Lee más: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

José Aburto Pazos

Con cargo de suboficial, fue uno de los cuatro agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ingresaron al domicilio donde se realizó el montaje televisivo para la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez. Ha sido comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, a partir de 2005.

Germán Ovidio Zabaleta Abad

Este hombre identificado como agente de la AFI es mencionado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta de haberlo torturado por «aplastamiento al sentársele encima” y de «burlarse al presenciar (su) violación». Enfrenta demandas por la empresa Transportes Unidos Castañeda en su cargo de subinspector, en 2018.

José Luis Escalona Aldama

Licenciado en Derecho, con Cédula Número: 9219813, por la UAEM, intervino directamente en la tortura de Israel Vallarta. En el protocolo de Estambul se menciona como responsable de haberle propinado una «golpiza con un objeto contundente, (le hizo) aplicación de corriente eléctrica y provocación de asfixia».

Además, dicho informe señala que hay otros siete perpetradores de tortura a Israel Vallarta observados que no han sido identificados con sus nombres.

 

Continue Reading

Con voz propia

El precio de la mentira: el caso Cassez-Vallarta

Published

on

By

¿Cuánto puede dañar una mentira?, se pregunta Xavier Sánchez sobre el caso Cassez-Vallarta

Uno no puede ponerse del lado
de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen

Albert Camus

Por Xavier Sánchez

¿Cuánto nos cuesta, como individuos y sociedad, la mentira? ¿Cuánto nos cuesta, como país, un gobierno que miente, un gobierno que viola los derechos humanos de unos, fingiendo proteger los de otros?

¿Beneficia a alguien la farsa, que no sea a sus creadores? ¿Conviene el montaje considerando la inversión de recursos económicos, intelectuales y humanos que requiere sostenerlo? ¿Por qué hemos normalizado la mentira como únicos modus vivendi operandi posibles de nuestra clase política y del Poder Judicial mexicano, como si no hubiera otra opción?

Es inevitable cuestionar y cuestionarse al terminar de leer El teatro del engaño(Grijalbo, 2015), de la periodista belga Emmanuelle Steels, quien decidió descorrer y desgarrar el negro velo frío de una de las «verdades históricas» más infames del docenio panista.

Noveleta negra que inició en el sexenio de Vicente Fox y que enarboló con gran orgullo Felipe Calderón, la administración que vestía azul y terminó empapada de rojo sangre, con más de 120 mil muertos, aunque hay quienes calcularon 150 mil.

Te puede interesar: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

 

Ese mismo gobierno que convirtió el cuerno de la abundancia en el cuerno del diablo, en la tierra de las narcofosas, las desapariciones forzadas, los desplazados, las narcomantas, las ejecuciones extrajudiciales, y en el que los carteles del narcotráfico arrasaron municipios enteros. Violencia extrema que no ha dejado de aumentar –en números y en saña– desde entonces.

Recuerdo vagamente el inicio del caso Cassez-Vallarta, que este libro desmitifica de cabo a rabo. No recuerdo porque, aquel viernes 9 de diciembre de 2005, estaba viendo la televisión cuando el matutino de Carlos Loret de Mola (Primero noticias, se llamaba entonces) transmitió en vivo la «detención» de la francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, de quienes entonces los mexicanos no teníamos idea y que no imaginábamos que se convertirían en los protagonistas de un linchamiento mediático, que duraría más de seis años. Mientras vi esa detención no noté nada extraño. Creía, como la mayoría de los mexicanos, en las historietas que Noticieros Televisa nos presentaba como verdad.

Prácticamente ningún medio de comunicación se quedó fuera de ese gran teatro del engaño. En los periódicos, reportajes, columnas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, primeras planas. En la televisión, notas, reportajes.

Una y otra vez la misma narrativa, la versión oficial que la mayoría creímos. Un guion con el que medios y autoridades se engolosinaron, añadiéndole detalles, adjetivos, escenas, diálogos.

Era como un fresco, un mural al que no se cansaron de agregarle colores, para convertirlo en un thriller dantesco, melodramático, que enturbió las aguas de la verdad y la justicia. Lo suficientemente impactante para indignar, lo suficientemente repetido y publicitado para creerlo al pie de la letra, al mejor estilo goebbeliano: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Una «malvada» pareja de secuestradores (Florence Cassez e Israel Vallarta), líderes de una nebulosa banda llamada «Los Zodiaco» habían sido detenidos, en un operativo emitido en vivo por el duopolio televisivo.

La editora recomienda: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

 

Sádicos, codiciosos, torturadores. Villanos dignos de las páginas más negras de la prensa roja. Las presuntas víctimas del supuesto secuestro, principalmente un joven llamado Ezequiel, contando en televisión una y otra vez su secuestro, siempre acompañado por Isabel Miranda de Wallace, ya entonces convertida en la «activista» favorita del calderonismo.

¡Oh, truhanes! ¿Cómo han podido hacer tanto daño? ¡Sí, que paguen sus crímenes! ¡Castigo, castigo, que nunca salgan de la cárcel! ¡Hoguera para estos monstruos! El público gritaba ávido de una justicia que casi nunca llega a los mexicanos, absortos en una especie de catarsis como en las condenas de la Edad Media.

Se señaló a Cassez y Vallarta como torturadores, pero poco o nada dijeron los medios de esa época, de las torturas que sufrieron los supuestos victimarios, incluidos familiares de Israel que fueron igualmente arrestados y violentados para intentar darle verosimilitud a la historia.

Años después, tímidamente, se acepta parte de la mentira. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y Televisa se culpan mutuamente de haber sido los autores intelectuales de la detención televisiva de Florence Cassez e Israel Vallarta. Empero, esa escenificación no significaba que no fueran culpables, ni que el delito fuera falso, repitieron hasta el cansancio. Era necesario que todo México los creyera culpables, mientras no se exhibiera mediáticamente lo contrario.

Por eso cuando Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, la noticia cayó como bomba y aún en pleno 2019, miles de usuarios de redes sociales muestran enojo por su liberación; reflejo no solo de lo poderosa que es la manipulación mediática, sino de la falta de lectura en nuestro país, pues ya existen dos investigaciones periodísticas, una novela y tesis de Derecho que desmienten el thrillerde Genaro García Luna.

Lastimosamente no han faltado personajes identificados con la Cuarta Transformación que se pronuncian contra los periodistas que desmienten el caso, como hizo el año pasado la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lanzándose contra Jorge Volpi y Emmanuelle Steels en sus redes sociales.

Pero, ¿a quién le importó Israel Vallarta y su familia? Eclipsados por el linchamiento público que vivió Cassez en la lucha por su libertad, permanecieron en la sombra hasta que la corresponsal en México de Radio France, Emmanuelle Steels, empezó a jalar del hilo que dejó flotando Florence. ¿Y si no solo Florence merecía la libertad? ¿Y si eran inocentes? ¿Y si fueron víctimas de una fabricación para ocultar algo aún más oscuro?

El teatro del engaño es el espejo de la decadencia humana de las autoridades, en el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación crítica sobre los abusos y simulaciones del Poder Judicial y jurídico.

Una muestra de cómo una venganza se puede salir de control hasta involucrar a las más altas autoridades y poner en riesgo relaciones diplomáticas. Una historia de terror sin ficciones, como las cientos de miles que al periodismo le han faltado manos, voces y plumas para reportar.

Un libro que recuerda a El falso caso Wallace porque se repiten algunos de sus siniestros personajes, aterradoramente reales y aún poderosos. Investigación que sirvió como base e inspiración para Una novela criminal de Jorge Volpi, el cual ganó el premio Alfaguara y ha servido para que se conozca la verdad de este caso a nivel internacional.

¿Cómo es que no percibí nada raro en la «detención», si en el video que aún circula en YouTube es claro que algo no estaba bien?

¿Cuánto le cuesta la mentira a un país en que la impunidad roza el 100 por ciento, de acuerdo a diferentes estudios? ¿Cuál es el precio de que tengamos cárceles con un alto porcentaje de inocentes, y calles donde los delincuentes se pasean y operan con tranquilidad? ¿Cuál es el precio de nuestra ignorancia, inconsciencia e indolencia como sociedad, en un tema tan común en los hechos pero tan poco explorado en los medios de comunicación como lo es la fabricación de culpables?

¿El endurecimiento en las políticas punitivas llevaría a una reducción de la criminalidad, o estaríamos mandando un buen porcentaje de inocentes a la horca? ¿Cómo acabar con esas inercias que alientan la corrupción y la falsedad?

¿Cuál es el precio que pagamos cada vez que damos por hecho la culpabilidad de un presunto responsable, estigmatizado por los medios de comunicación? ¿Cuál es el precio –moral, social, económico, emocional– que pagan las familias de las víctimas de un montaje? ¿Cómo se les puede reparar un daño, que es incalculable? ¿Ha pensado este gobierno en políticas que ayuden a una verdadera e integral reparación del daño para estos casos?

Como escribió el año pasado la estupenda escritora española Almudena Grandes, sobre el libro de Jorge Volpi, en su columna del diario El País, yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Israel Vallarta, quien continúa preso, como los inculpados del caso Wallace.

Lee más: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Y cada vez que veo una detención en un noticiero y la facilidad con la que se presentan culpables en la televisión, me pregunto cuántas veces nos habrán engañado medios y autoridades.

¿Cuántos de esos periodistas estarán conscientes de lo grave que puede resultar violar la presunción de inocencia? ¿Cuántos estarán conscientes de su papel en los linchamientos mediáticos, y cuántos lo realizarán sin saberlo? ¿Qué debemos hacer los periodistas y que debemos dejar de hacer?

No hay mejor momento que éste para leer El teatro del engaño, en que pequeñas rendijas de libertad de expresión empiezan a abrirse para tocar estos temas en medios de alcance masivo, como el pasado jueves 22 de agosto en que el periodista Julio Hernández López «Astillero» abordó el tema con amplitud, en su programa de Grupo Radio Centro, entrevistando a la familia Vallarta.

¿Cuántos libros como El teatro del engañoUna novela criminal El falso caso Wallace necesitamos para sacudirnos y entender que el precio de la mentira lo pagamos todos, y es demasiado caro –en tiempo, dinero, tranquilidad y vidas humanas– como para seguirlo pagando?

***

Este artículo se publicó originalmente en reversos.mx con la autorización de su autor.

 

Continue Reading

El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

Published

on

La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: