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Fabricación de culpables

Las cárceles federales de México, un infierno ‘cinco estrellas’

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CIUDAD DE MÉXICO

Por Alejandro Melgoza Rocha/Anadolu Agency

A Carlos Lizárraga no lo habían golpeado y torturado tanto en sus casi dos décadas de encarcelado, como sucedió el 12 de marzo del 2020, cuando llegaron hombres encapuchados al Centro Federal de Readaptación Social, Cefereso 6, ubicado en el estado sureño de Tabasco, México.

Esa noche, cuando los presos ya dormían, entraron a las celdas de todas las personas privadas de la libertad, los sacaron, revolvieron sus pertenencias y les patearon las costillas y los testículos. A algunos les quebraron los dedos y a otros les dieron choques eléctricos en el ano.

Al día siguiente, Carlos no se quejó con su mamá cuando habló con ella por teléfono, como cada viernes, pues las autoridades acostumbran a escuchar sus llamadas. Dentro de ese penal “aprender a callarse” es un mantra que circula entre los prisioneros, que ya aprendieron cuáles son los castigos por hablar. Sin embargo, en la visita del 14 de marzo, las familias notaron la dificultad de los presos para moverse, así como moretones en los rostros y el cuerpo.

A partir de esa noche, los torturaron de manera continua hasta que el 21 de octubre los trasladaron a la Cefereso 12, localizada en Guanajuato, como parte de la política del Gobierno de México de clausurar las prisiones administradas por iniciativas privadas, también conocidas como CPS.

Durante el traslado, con un trayecto de más de mil kilómetros, se repitieron los mismos golpes, posteriormente, nada cambió en la nueva prisión. Solo abonó nuevas complicaciones emocionales y económicas a las familias, que ahora debían viajar mayores distancias.

A pesar de estas condiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que costear estos reclusorios “es el equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas”. Esta afirmación la hizo a raíz de los contratos que se celebraron desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón y cuya privatización -como parte de los Centros de Reinserción Privados- le costó al erario en nueve años unos USD 3.730 millones.

La opinión pública recibió la declaración del presidente como si los presos vivieran en medio de lujos en los penales, lo que levantó molestias entre las familias y las organizaciones de reclusos.

A raíz de esto, cientos de organizaciones como Así Legal y Documenta redactaron un comunicado en el que dijeron: “Reconocemos la intención del Gobierno federal de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS, después de nueve años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar estos centros como ‘hoteles de lujo’ lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario”.

Para las cientos de organizaciones firmantes, esa realidad está construida por “tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias”.

Sin importar bajo qué esquema estén administradas las prisiones mexicanas, tanto las públicas como las privadas, estas no han garantizado el respeto a los derechos humanos, conforme a las leyes mexicanas y a los mecanismos internacionales, ya que en estas se realizan tratos indignos y crueles. Así lo denuncian personas privadas de la libertad de diferentes penales, abogados y defensores de derechos humanos, afirmación que es respaldada por quejas, amparos y videos a los que tuvo acceso la Agencia Anadolu.

“Los CPS tienen la misma forma de trabajar, encaminada a romper con la persona, a la gente que se defiende: los torturan, los aíslan. Hay muchas violaciones al interior. Yo soy un sobreviviente de ellas en un Cefereso”, expone el abogado y exrecluso Ricardo Sayavedra, quien ahora defiende a reos violentados en sus derechos, como en el caso de Lizárraga o en el de Israel Vallarta, la expareja de la francesa Florence Cassez, a quienes asegura que se les fabricaron pruebas para presentarlos como culpables en 2005.

El CPS (o Contrato de Prestación de Servicio) es un esquema o régimen del sistema penitenciario que significa que empresas privadas, mediante un contrato, reciben un dinero por parte de Estado a cambio de operar los penales.

La Agencia Anadolu solicitó entrevista con el sistema penitenciario federal y el estatal del Edomex sin obtener respuesta.

Los contratos de prestación de servicio

Días previos a la represión masiva en el Cefereso 6, ubicado en Tabasco, estado del cual es oriundo el presidente López Obrador, los presos manifestaron su inconformidad con respecto a las condiciones de alimentación, aislamiento y falta de medidas frente a la llegada del coronavirus a México en marzo del año pasado.

De acuerdo con familiares, se organizó un motín y tomaron como rehenes a los custodios, a quienes grabaron aceptando que las condiciones eran insalubres. Luego estos videos fueron difundidos en las redes sociales.

Prisioneros de numerosos penales de América Latina han recurrido a la práctica de hacer denuncias mediante videos que luego son publicados en las redes sociales, especialmente haciendo una crítica a las pocas medidas de bioseguridad ante la COVID-19, de acuerdo con un monitoreo de la plataforma latinoamericana Connectas.

Los recluidos en Tabasco pensaron que con ese acto sus condiciones podían mejorar, pero no fue así. Mas bien llegaron supuestamente agentes de la Guardia Nacional -la nueva corporación de seguridad de este Gobierno- y los ‘molieron a palos’. Cuando los reclusos se comunicaron con sus familias, el viernes 13 de marzo, el silencio fue notorio. Las pocas palabras –según explican sus madres– eran un signo de que habían sido maltratados.

Ver también: Director de Cefereso #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

“Ellos fueron agredidos en la cara, abdomen, brazos, piernas, partes íntimas como lo son testículos y ano, usando descargas eléctricas (…) A mí me consta porque yo fui a visita el día sábado 14 de marzo y vi a mi hijo todo golpeado y también vi a sus compañeros que la mayoría no podían caminar de tanto golpe que recibieron (…) es urgente que ustedes intervengan para que ellos sean atendidos por personal médico, ya que se les ha negado el servicio médico diciendo que no tienen derecho a nada”, señala el testimonio de un familiar que fue incluido dentro de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Lo mismo hicieron decenas de familias que se presentaron a la delegación de la CNDH en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Todo ello derivó en que la Comisión dirigiera la recomendación 48/2020 al director de la penitenciaria, donde se acreditaron estos tratos crueles durante un operativo con 149 oficiales, entre las 9:05 de la noche a las 2:10 de la madrugada.

“Elementos de Seguridad y Custodia los sacaron de sus estancias, los desnudaron y los hincaron por varias horas, además de que les rociaron un gas, los golpearon y les dieron toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”, acreditó la CNDH en su visita.

Sin embargo, ahora que se encuentran en un nuevo penal, en el Cefereso 12, las condiciones no han cambiado. Los reos se enferman constantemente, debido a que la administración del penal mantiene prendidos todo el día los ventiladores, porque supuestamente se humedecen las paredes. De todos modos, Carlos no se ha dejado vencer frente a ello, a pesar de asegurar que es torturado día y noche.

Su abogado, Ricardo Sayavedra, interpuso el amparo 677/2020 ante un juzgado federal, mediante el cual señala que su cliente “ha sufrido actos de tortura y actos crueles inhumanos y degradantes, golpes, posiciones forzosas, amenazas técnicas de despersonalización y sometimiento que versan desde el traslado y que se siguen consumando”.

El juzgado séptimo de distrito concedió la medida cautelar para que se “cese de inmediato todo acto de incomunicación, tortura física o psicológica, castigo, tormento o lesiones de que pueda ser objeto (…) y que ponga en riesgo la integridad personal de Carlos Evaristo Lizárraga Flores”. No obstante, según Sayavedra, la autoridad no ha cumplido la medida.

Carlos mantiene su “espíritu inquebrantable” ante las torturas, pero cuando se convirtieron en una práctica habitual sintió desesperación. Lo mantiene de pie su familia y su fe en las leyes, profesión que ha estudiado dentro del penal en estos años, para poder defenderse en las audiencias y asesorar a sus compañeros, lo que lo ha llevado a ser apodado como “El amparista”.

“En una ocasión limpió casi un piso del área donde estaba. Los sacó libres”, narra su hermana Dalia.

“Carlos estudió en Tamaulipas la licenciatura en derecho. Por los traslados ya no pudo titularse y tramitar todo. Dada esa razón, en todos los centros que ha estado, ha tratado de orientar y ayudar a los internos (…) Llega el momento en que eres incómodo para el sistema porque te defiendes y haces valer tus derechos desde dentro de un penal”, señala Sayavedra, quien también se defendió mediante el Derecho cuando estuvo recluido.

Las estatales

Lo que le pasó a Carlos no dista de lo que también se presenta en penales estatales, tanto de hombres como de mujeres. En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, Chiconautla, localizado en el Estado de México, en el centro del país, las condiciones son prácticamente iguales. No reciben mejor comida, servicios médicos o un trato digno, de acuerdo con varios testimonios.

Dentro de este penal, el exprisionero José Humbertus Pérez Espinoza dirigió un movimiento que se rebeló desde 2016 contra los malos tratos y los atropellos judiciales. Junto con 300 presos interpuso un amparo colectivo por violación a la presunción de inocencia y por tortura. Algo así ha intentado Carlos, pero ha sido reprimido e incomunicado. Actualmente tiene los dedos lesionados tras varias fracturas y la visión dañada por el gas lacrimógeno que le rociaron los custodios.

“Si de por sí antes del COVID-19 había grandes violaciones a los derechos humanos, falta de atención médica, alimentos echados a perder, no había una dieta balanceada, con el COVID-19 todo se agudizó”, dice Pérez Espinoza, ahora titular de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH).

Un reo de la cárcel de Chiconautla, que pidió mantener su nombre en reserva por motivos de seguridad, le explicó a la Agencia Anadolu vía telefónica que su vida “ha cambiado mucho porque es una bomba de tiempo” a raíz de la pandemia. Él fue testigo de un intento de motín el pasado 28 de junio, cuando los reos exigieron comida en buen estado, agua limpia, medicamentos y visitas.

Al final de ese intento de motín, la dirección penitenciaria se comprometió a cumplir las demandas. Sin embargo, en la noche llegaron las “vacas locas”, como se les llama a los antimotines. Decenas de ellos arribaron a las celdas lanzando gas lacrimógeno, los golpearon y luego los aislaron. “Fue para intimidarnos a todos”, cuenta.

Ver también: Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura y violan derechos humanos, denuncian internos

Nada de esto lo puede contar en los teléfonos del penal porque, al igual que a Carlos, los custodios les escuchan sus llamadas. Lo hace desde un teléfono celular ingresado ilegalmente: “A personas con VIH las tienen abandonadas, no les dan medicamentos. Los tienen durmiendo en los baños”, comenta el recluso, quien detalla que desde hace cinco meses no les renuevan los tapabocas. Sus familiares deben entregárselos o darles dinero para que los compren a los custodios.

De acuerdo con el ‘Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus COVID-19’ de la CNDH, solo al 40,9% de la población carcelaria le entregaron artículos de aseo; el 30% no recibía suministro de agua; el 22,4% de la población nacional no recibió atención médica; y el 30,6% no obtuvo medicamentos. Estos datos están actualizados hasta el 4 de junio de 2020.

En ese mismo punto de la república, en el penal femenino de Tepozanes, han enfrentado lo mismo y agregan que aumentaron las extorsiones. Debido a ello surgieron huelgas, aunque las convictas apuntan que son reprimidas, aisladas, amenazadas de ser trasladadas a otros penales y castigadas sin alimentos.

“Aquí se cobra renta para todo. Nos quitan lo poco o mucho que tenemos. Son mandadas por parte de seguridad y custodias (…) Como no contamos con mucha visita con lo del COVID-19, la corrupción comienza”, dice una mujer privada de la libertad, quien aclara que las extorsionadoras son presuntamente coordinadas por una comandante.

El pasado 18 de agosto dos internas se percataron que unas comandantes e internas golpeaban a una prisionera que se negó a pagar la extorsión. La familia hizo público este problema en redes sociales y fueron amenazados. Más tarde, las testigos fueron sometidas y golpeadas, de acuerdo con una queja interpuesta por PIDH ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). “Las aislaron en su mismo dormitorio, dejándolas sin alimentos”, señala la denuncia.

“Si no pagas, te tablean”, señala un reo del penal de Chiconautla en Ecatepec, el municipio más grande de América Latina. Un ejemplo de lo anterior ocurrió el pasado 18 de junio en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, cuando a un recluso le propinaron 25 tablazos en las nalgas por no pagar las extorsiones a las bandas que controlan el penal, de acuerdo con un video al que tuvo acceso la Agencia Anadolu.

La cuota se incrementó de los 100 a los 300 pesos, es decir, de 5 a 15 dólares, tan solo para que no les hagan daño.

Para Humbertus, con la pandemia “se elevó el nivel de agresividad ante el aislamiento total de los internos de sus familiares; y sobre todo se generó un gran problema de violencia. Las formas de autogobierno llevaron a extorsiones”. Según otra queja que interpuso Humbertus ante la CODHEM, a los reos los torturan “brutalmente” cuando no pagan la extorsión o los sacan desde la madrugada a hacer la limpieza de todo el módulo, de rodillas y desnudos.

Sea el penal que sea, bajo esquema público o privado, los reclusos están sumergidos en un infierno. Estos son los hoteles de cinco estrellas a los que se refiere López Obrador.

Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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