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Investigaciones

La violencia tolerada de los youtuberos: el caso de las activistas de CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Los youtuberos Carlos Alberto de la Mora, en su personaje “Rata Política”, y Óscar Onofre Zurita, “Cerdonio fifí”, fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México, acusados de agredir y grabar a mujeres de distintos colectivos feministas que se pronunciaban contra los feminicidios durante la marcha del primero de noviembre. Al hacer públicos los hechos, se generó un revuelo en las redes sociales contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien pedían su renuncia, y contra destacadas activistas, a quienes lanzaron insultos, críticas, y amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres en la red fue la marca de los youtuberos.

La abogada y activista, integrante del colectivo Las del Aquelarre Feminista, Ana Elena Contreras, denunció durante el conversatorio “Nuestras Muertas”, en la Ciudad de México, que los youtuberos habían agredido a varias mujeres que habían participado en la marcha y se encontraban en el monumento de los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes.

La defensora de los derechos humanos dijo que los agresores acosaron y filmaron a varias mujeres sin su consentimiento, e incluso hubo agresiones físicas a una menor, familiar de la activista Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa, por lo que solicitó el apoyo policiaco, y fueron detenidos los youtuberos. Fue entonces que se desplegó un ataque intenso en las redes sociales hacia las mujeres y hacia la jefa de Gobierno.

“El lunes 2 de noviembre por la mañana y a raíz de una publicación en Facebook relacionada con los acontecimientos del domingo 1 de noviembre, me “doxean” llevando mi publicación a un foro llamado “Radio Búfalo”. En dicho post me referí a la reacción de las personas en el mundo virtual por la detención de un par de youtuberos y referí que desearía que así se indignaran cada vez que una niña o una mujer era violada o asesinada”.

Como reacción a su publicación, preguntaron a Ana Elena Contreras que si había estado en el lugar del suceso, por lo que ella respondió:

“Sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos con ellos, así que me tocó llamar a un contacto para que enviaran al resto de los policías”.

El mensaje, sin embargo, había sido desvirtuado y a partir de allí, el acoso en todos los espacios virtuales no cesaba. Ana Elena Contreras fue señalada con una serie de calificativos que la denigraban como mujer al tiempo que recibía amenazas de muerte. Se enfrentaba a una campaña de linchamiento virtual, pese a la evidencia videográfica del altercado donde una de las policías había sido agredida físicamente.

“Cuando me di cuenta de esto ya había fotografías mías en todos los espacios. Ahora se han enfocado en hostigar a mi jefe para exigir mi despido, lo que me tiene preocupada a pesar de que mi jefe ya se deslindó de los hechos, ya que al inicio fue señalado como la persona que supuestamente me financiaba”.

La persona a la que se refiere Ana Elena Contreras como su jefe es el diputado de MORENA, Martín Padilla Sánchez, del Congreso de la Ciudad de México.

“Se me involucró en estos incidentes, de que había sido partícipe. Sin embargo, yo no tuve nada que ver en el asunto, y me entero de que se me hace mención y empiezan a hacer cuestionamientos en torno a este tema y posteriormente vino una serie de acusaciones sin fundamentos, agresiones, incluso mensajes amenazadores, en ese sentido”, apuntó el diputado.

El diputado Padilla Sánchez señaló que ninguno de los youtuberos involucrados en el conflicto había solicitado su opinión al respecto, y que el foro de Facebook Radio Búfalo era el que más agresiones profería sin buscar ningún acercamiento para conocer su versión.

Respecto a la violencia de género en las redes sociales, señaló el diputado Padilla Sánchez que ha participado en campañas contra la erradicación, pero que el incremento de la violencia digital –calumnias, amenazas, dong y hostigamiento– requiere analizarse desde la tribuna legislativa.

El diputado también fue amenazado de muerte por ser el vínculo laboral de la activista, a quien destacó el legislador como una persona íntegra y comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres.

 

La versión que no se quiso escuchar

Dyan Verha, seudónimo de una de las voces que atestiguó cómo iniciaron las agresiones, dijo a Los Ángeles Press que sin ser dueña de la verdad, era importante conocer los dos lados de la historia. Sin embargo, su historia como la de las demás mujeres fue acallada por los youtuberos y sus aliados. La versión de Verha:

“Primero fueron dos policías a dialogar, incluso una de las activistas les pidió (a los youtuberos) que se marcharan; a lo cual la Ratita y su gente se negaron y alardearon de quiénes eran. Tanto fue el nivel de pelea y de agresividad que Ana Elena Contreras tuvo que pedir refuerzos”.

También señaló la testigo que los youtuberos fueron detenidos porque “la nieta de una activista fue agredida, menor de edad”, y que los youtuberos habían salido en libertad porque las denunciantes no levantaron cargos contra ellos ante la intimidación por las redes sociales en apoyo a ellos.

Verha también fue acosada en las redes sociales, y siendo del grupo de Amlovers difundían falsamente que era del movimiento opositor FRENAAA. Los seguidores de los youtuberos tomaron la imagen de su perfil con su hija de 11 años, y la difundieron profusamente en los grupos acusándola de ser opositora al presidente López Obrador.

“Le pedí a Rafael Herrera (youtubero de Sin Censura, de Vicente Serrano) que quitara la conversación y le expliqué lo que le acabo de contar, incluso le pedí que escuchara a las activistas. Al final sólo quitó mi conversación. Pero ni el Chapucero ni el Quesadillero de la verdad –o cómo se llame– lo han hecho”.

Señaló que habían fabricado unos videos donde relacionaban a un funcionario de gobierno de Claudia Sheinbaum con la activista Ana Elena Contreras, aludiendo una relación sentimental, y que por eso el influyentismo.

“El hombre es mi primo, vive en Morelia y se llama Eduardo. En los grupos se maneja que ese mismo día Rata política ya había tenido un enfrentamiento con unas personas de FRENAAA, me atrevo a suponer que se buscaba este roce para comenzar una campaña de desprestigio para la jefa de Gobierno”.

Insistió en que les pedía por favor que retiraran de los grupos la foto de su hija menor de edad por el daño moral que le ocasionaba, sin embargo, no fue escuchada.

La violencia de género en la red, normalizada

“Puta, femenaca, zorra, culera, perra, por eso las matan”, fueron parte de los insultos que recibió Ana Elena Contreras, de los que hacían eco los seguidores de los youtuberos, utilizando bots y cuentas anónimas.

El usuario con el nombre de Mau Rodríguez de la cuenta @mau_rodriguez77 dijo que “al parecer el colectivo feminista estaba bien conectado”, ya que aseveró que “su líder” –en referencia a Ana Elena Contreras– se presentaba como asesora de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 

La activista Norma Andrade, quien desarrolló su trabajo de lucha en contra de los feminicidios de Ciudad Juárez a raíz del secuestro y asesinato de su hija en 2001, fue también acosada por los youtuberos y señalada en la red como una “líder feminazi” por presuntamente haber reclamado a los youtuberos de grabar a las mujeres en la movilización. Incluso, sus agresores convocaron a otros seguidores a unirse para amedrentarla. Uno de los mensajes que revelaba su identidad decía: “Duro con esta líder feminazi en su próxima marcha, démosle con todo”. Incluso el youtubero Nacho Rodríguez (El Chapucero) retuiteaba las agresiones a Norma Andrade y pedía la renuncia de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras llamaba “presos políticos” a los youtuberos detenidos Carlos Alberto de la Mora y Óscar Onofre Zurita.

 

Los seguidores de los youtuberos que agredieron a las activistas se presentaron en la red como simpatizantes de la 4T, movimiento ideológico liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que la activista Ana Elena Contreras formaba parte del movimiento político denominado “FRENAAA” que ha demandado la salida del mandatario. En tanto, otros seguidores reclamaron que ella supuestamente había usado sus influencias para detener a los youtuberos y convocaban al linchamiento digital.

Los usuarios de las redes en favor de los youtuberos atacaban de manera coordinada con información engañosa y convocaban a otros grupos a organizarse de la misma manera. En Facebook, destacaban los mensajes de los usuarios como Héctor Fuentes que deseaban que Ana Elena Contreras fuera encarcelada, mientras que otro identificado como Mauricio Pulido la amenazaba con desaparecerla. Quesadillas de Verdades también la acusó de ser cercana a la jefa de Gobierno y de “meter a gente que se le da la gana a la cárcel”.

Al respecto, la red feminista internacional Enredhadas reprobó las agresiones contra la activista y exigieron al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad para evitar nuevos ataques, por lo que demandaron que concluya el linchamiento mediático en su contra, situación por la que llamaron a más organizaciones y colectivos a unirse a la exigencia general.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, condenó la violencia digital que ha sufrido la activista en redes sociales, y expuso que el colectivo Las del Aquelarre Feminista forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a las acciones de la Alerta de la violencia contra las mujeres, quienes tienen cargos honorarios, sin remuneración de la administración pública local.

Las campañas de odio en Twitter

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2016, realizó un estudio en el que especifica que Twitter es la plataforma digital donde más se promueven campañas de odio contra las mujeres, y en Facebook donde más se agrede a las mujeres activistas. Uno de los más recientes estudios, Ser Periodista en Twitter realizados por las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, reveló que las consecuencias de la violencia digital contra mujeres consistían en disminuir drásticamente su participación en el debate público, aislarse socialmente y su movilidad era limitada, además de padecer sufrimiento psicológico, físico y verbal.

Asimismo señala el estudio que el 67% de las periodistas entrevistadas optaron por dejar de hacer publicaciones sobre temas que podían generales una agresión; otras, de plano, se retiraron de la red.

En el caso de Ana Elena Contreras, optó por cerrar sus cuentas ante las constantes amenazas de muerte.

 

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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