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Violencia contra las mujeres

La violencia sexual contra mujeres impregna el ejército estadounidense

La violencia sexual contra las mujeres es una epidemia en toda América. En 2014, se reportaron más de 19 mil asaltos sexuales sólo en el ejército de los Estados Unidos, aunque el 86 por ciento quedaron sin reportar.

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maxresdefaultPor Leticia Puente Beresford

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Me quedé fría, no  lo podía creer. ¿Y ahora qué hago? De inmediato le dije a la cajera: ¿escuchó lo que me dijo este señor?

Me miró y  preguntó ¿qué va a hacer, pago o devolución? Pago, dije, y volví la mirada a ese hombre que me secundaba en la fila y que me había dicho, sin más ni más, “F… you… and go…go…”.

No esperaba algo así. Mi esposo estaba a la vuelta de la caja. Terminé con mi pago y el hombre siguió en turno. Fue cuestión de segundos. Dudé en comentarle a mi esposo, pero decidí que sí, aunque corriera el riesgo de que al reclamarle el tipo reaccionara de forma agresiva.

“Ese hombre me insultó”, le dije y ni tardo ni perezoso estaba frente al hombre. “Óyeme, qué te pasa, es mi esposa”. El hombre reaccionó frío, me miró y expresó con voz falsamente melodiosa “lo siento, disculpe”.

“Hombre no es aquel que insulta mujeres, cobarde”, le dijo mi esposo. Rumbo a la salida de la tienda, mi esposo me confesó que presintió que el hombre me estaba diciendo algo. “Qué bueno que me comentaste”. Hace tres días de esto y aún pienso en que, cuando denunciamos, sobre todo en México, la culpable resulta ser una.

Así con el cobarde, inició con una agresión el mes en que celebramos el Día Internacional de la Mujer, un mes donde recordamos y promovemos el empoderamiento de las mujeres en el mundo…

Dice mi esposo que no debemos generar violencia dando un golpe al agresor, porque quien va a la cárcel es el que responde a la ofensa. Y bueno, el cobarde quedó en ridículo, pero es cierto que la impunidad es una constante y que la violencia se normaliza.

Habla una experta

Sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres, Sarah Sewall, de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirma que en Estados Unidos, los asaltos sexuales en las escuelas los padecen una de cada cinco mujeres, pero solo uno de cada 10 es denunciado.

En 2014 hubo más de 19 mil asaltos sexuales en el Ejercito de los Estados Unidos, 86 por ciento sin reportar. Además, 53 por ciento de todas las mujeres de América latina ha sufrido alguna forma de violencia doméstica. En Guatemala, miles de niñas han sido violadas sexualmente por sus padres y/o miembros de su familia, muchas se convierten en madres de familia antes de cumplir los 15 años. Más aún, en muchos países de la región latinoamericana,  muchas mujeres son asesinadas. Tan solo en Colombia matan a 10 mujeres al día.

Sewall, secretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de la OEA, asegura que los números son escalofriantes, inaceptables, y que debemos de llamar a esta violencia como lo que es: abuso y violación a los derechos humanos de nuestras propias hijas, hermanas y madres.

De todo eso habló la funcionaria en un acto conmemorativo del 8 de marzo, día en el que también el presidente Barack Obama afirmó que uno de los mejores indicadores del éxito de un país es cómo trata a sus mujeres. Y, bajo esta medición, reconoció, tenemos mucho trabajo qué hacer.

Prevención   

El trabajo para evitar la violencia contra las mujeres inicia con la prevención. Esto quiere decir que los ciudadanos, en lo particular, pero también los líderes y funcionarios públicos, especialmente los hombres, tienen que estar en contra de la violencia y en favor de la equidad. “Está en todos nosotros no tolerar los asaltos sexuales y rechazar la aceptación de lo inaceptable”, dijo Obama.

Hablar de la prevención también es, explicó Sarah Sewall, la funcionaria de la OEA, es acabar con la inequidad profunda que prevalece en la educación, en el empleo y en la política y que fortalece una cultura donde la mujer es devaluada y menospreciada, donde no hay respeto a la igualdad de oportunidades y ni a la protección.

Mencionó también que en aunque en algunos países de la región se ha hecho un gran trabajo en la educación y en el área de la salud,  la inequidad por razón de género persiste. Las mujeres de la región siguen aún ganando menos salario que los hombres por un trabajo igual. Además, las mujeres no están representadas equitativamente en los niveles de gobierno ni en los negocios. En Estados Unidos, en 500 compañías, solo 24 están dirigidas por mujeres y ellas ocupan solo 20 lugares del Congreso.

En el sistema de justicia hay avances, afirmó, pero aún se requieren mejore procesos judiciales para ellas. Hay que romper las barreras que enfrentan las víctimas, como en México y Chile, donde hay muchos casos de violación a los Derechos Humanos de las mujeres que quedan impunes.  Es urgente, dijo, contrarrestar estos ataques contras sus derechos fundamentales.

Sarah Sewall, de la Organización de Estados Americanos (OEA) / Foto: Stanford University

Sarah Sewall, de la Organización de Estados Americanos (OEA) / Foto: Stanford University

Estrategias en Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha desarrollado una estrategia global para atacar todas las formas de violencia hacia las mujeres de manera holística, mejorando la protección a las víctimas y el acceso a la justicia. Para ello destinó 150 millones de dólares y lo incrementará en 60 por ciento.

Las embajadas estadounidenses  desarrollan asimismo planes preventivos de violencia en contra de las mujeres y niñas. Sewall  destacó el estudio del McKinsey Global Institute, que calculó que lograr equidad para las mujeres en 2025 se obtendíia 12 trillones de dólares del  Producto interno Grupo a nivel mundial (GDP).

Asesinato de Berta Cáceres, botón de muestra

Sewall no pasó por alto el reciente asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, quien no se amedrentó ante las amenazas y siguió hablando y haciendo denuncias sobre los atentados al medio ambiente y los recursos de su país. “Despertemos”, pedía a la población.

Nos sentimos devastados, dijo Sewal, pero seguimos teniendo sus palabras, tenemos su ejemplo, Y nosotras debemos despertar, despertar ante la violencia en contra de las mujeres como Berta, quien con gran pasión lograba propósitos y contribuía a un mundo mejor.

Y yo, junto con Sewal muchas más mujeres, demando justicia para Berta, me manifiesto en contra de la violencia que se comete a diario contra nuestras hermanas, nuestras hijas y madres en América. Y no paso por alto las agresiones “comunes”, que se vuelven cotidianas y que, pese a los insignificantes que puedan parecer, como el del señor que me agredió en la tienda, nos vulneran e impiden que haya un mundo bueno para todas y todos.

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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