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Mexico Violento

La violación sexual a Yakiri, otro hueco en la justicia mexicana

Yakiri Rubio puede volver a prisión después de haberse defendido jurídicamente por matar a uno de sus violadores, el otro, pide al juez revocar su libertad

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Yakiri Rubí Rubio Aupart, la joven mexicana encarcelada tres meses y que corre peligro de volver a prisión, por haber matado a su agresor mientras se defendía de una violación. Foto: Daniela Pastrana /IPS

Yakiri Rubí Rubio Aupart, la joven mexicana encarcelada tres meses y que corre peligro de volver a prisión, por haber matado a su agresor mientras se defendía de una violación. Foto: Daniela Pastrana /IPS

Por Daniel Pastrana

MÉXICO, DF (IPS).– “Solo quiero salir de todo esto”, repite entre frecuentes suspiros la joven mexicana Yakiri Rubí Rubio Aupart, que desde diciembre de 2013 enfrenta un juicio por el asesinato de su violador.

Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México. La tarde del 9 de diciembre, iba a reunirse con su novia cuando fue interceptada por dos hombres en la calle, que la raptaron, amenazándola con una navaja, la subieron a una motocicleta y la llevaron a un hotel, según la versión que ella ha defendido durante el proceso.

Según su testimonio, los dos hombres la golpearon. Uno de ellos, Miguel Ángel Anaya, de 37 años y 90 kilos, la violó, mientras su hermano, Luis Omar Anaya, salía a fumar. La joven se defendió e hirió a su agresor en el vientre y el cuello con su propia navaja. El hombre comenzó a desangrarse, pero tuvo tiempo de salir del hotel y huir en su moto.

Ella también salió corriendo del hotel y pidió ayuda a unos policías. Sangrando y semidesnuda llegó a una oficina del Ministerio Público (fiscalía), a tres cuadras del lugar.

Mientras esperaba que la atendieran varias heridas, una de ellas de 14 centímetros en un brazo, llegó su segundo agresor y la acusó de asesinar a su hermano por un pleito de amantes, algo que su condición de lesbiana desmonta, según su defensa.

Yakiri fue trasladada a una prisión de mujeres ya sentenciadas, acusada de homicidio calificado, un delito penado con cárcel de 20 a 60 años.

Tres meses después, un juez reclasificó el delito por el de “legítima defensa con exceso de violencia”, asignó una fianza, que a la familia le costó mucho reunir, del equivalente a 10.000 dólares y le permitió seguir el juicio en libertad bajo presentación semanal ante el tribunal.

Ahora, vive encerrada en su casa, debido a las constantes amenazas que han recibido ella y su familia. Sólo sale acompañada de sus padres. “Pasó de una cárcel a la otra”, dijo Marina Beltrán, su madre de crianza desde que tenía seis meses, presente durante la entrevista.

Luis Omar Anaya negó haber participado en el rapto y según su versión, aseguró que estaba en su casa, a poca distancia del hotel, cuando su hermano llegó moribundo.

Además, el lunes 23 solicitó ante un juez federal que se revoque la libertad condicional, en un amparo sobre el que hay que decidir en un plazo de 90 días, pero no se logró la entrevista con el abogado de Anaya.

Todo el proceso ha puesto en evidencia una red de protección judicial sobre los hermanos Anaya, que incluye la fabricación posterior de pruebas en contra de la joven.

Para los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en México, Yakiri se ha convertido en un emblema contra el machismo que impera en las instituciones que imparten justicia, donde el principio es desestimar lo que digan las mujeres violadas.

“Miles de mujeres han sido asesinadas luego de ser violadas y los feminicidas siguen libres. Pero una mujer violada que se defiende de la muerte termina en la cárcel y uno de sus violadores queda libre”, escribió la periodista y activista Lydia Cacho.

Por lo menos, el caso ha mostrado todas las deficiencias del sistema de justicia frente a una violación.

Cada año, se denuncian 15.000 violaciones en México, pero solo 2.000 llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena, según el Informe de la Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por el parlamento y el gobierno con ONU Mujeres.

La situación real es peor porque solo entre 12 y 15 por ciento de las niñas o mujeres violadas lo denuncian, según el reporte que presentó Amnistía Internacional en julio de 2012 al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.

“Amnistía Internacional no tiene conocimiento de la existencia de pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están incrementándose”, asegura.

En el caso de Yakiri, los funcionarios del Ministerio Público tardaron nueve días en abrir una investigación sobre la violación y pasar el expediente a una fiscalía especializada en género.

Tampoco fue revisada por una ginecóloga, no le dieron atención psicológica, ni pastillas para evitar un embarazo, como establece la legislación del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México.

La Norma Oficial Mexicana 046, vigente desde 2005, estipula que en caso de violación, “las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán (…) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia” y están obligadas a “prestar servicios de aborto médico”.

Otro elemento machista, explica la abogada defensora Ana Katiria Suárez Castro, quien atiende gratuitamente el caso de Yakiri. Aseguró que la clasificación de “exceso de violencia” en la legitima defensa se usa mayoritariamente contra mujeres violadas.

El principal antecedente de este caso ocurrió en febrero de 1996, en el Estado de México, por el que se expande la metrópoli capitalina, cuando al salir de una fiesta, una joven disparó y mató al novio de una amiga que pretendía violarla.

Un juez consideró entonces que, como la sangre de él estaba saturada de alcohol y la de ella no, el agresor no era consciente de sus acciones, mientras que la joven sí pudo haber evitado las suyas.

“¡El exceso de violencia en la legítima defensa es absurdo! ¿Cómo te puedes defender poquito?”, exclama la madre de Yakiri.

El matiz es determinante. Si el juez no hubiera establecido el exceso de violencia al reclasificar el delito, la joven habría sido exonerada; en cambio, si el juez determina que es culpable de un exceso de violencia, la joven deberá pagar a la familia de su agresor más de 28.000 dólares para “reparar el daño”.

En contraparte, la denuncia por la violación está bloqueada porque, para la fiscalía del Distrito Federal, el agresor ya pagó. Los fiscales no han considerado la reparación del daño, ni la participación del segundo agresor.

Seis meses después de la violación, Yakiri y su familia mantienen dos batallas: una legal, para ser exonerada del asesinato y para que haya una reparación del daño, y otra personal, para vivir sin miedo y recuperar sus vidas.

Durante este tiempo sus padres abandonaron sus trabajos y sus hermanos dejaron la escuela. La familia recibe acompañamiento psicológico. Ella ha tenido que acostumbrarse a tratar con periodistas.

“Al principio fue horrible, me ponía a llorar, porque cada vez que tengo que contar lo que pasó es como volver a vivirlo. Ya no lloro. Solo quiero que esto se acabe”, dice.

También quisiera volver a estudiar. “Siempre me gustó más trabajar. Pero ahora desearía aprender de leyes para ayudar a otras mujeres que pasan lo mismo que yo y no tienen a una abogada como la mía”, dijo esbozando, por fin, una debil sonrisa.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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