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Mexico Violento

La trivialización del crimen organizado: La entrevista de Vicente Serrano a Javier Lozano Alarcón

Vicente Serrano y Javier Lozano, en la trivialización de las atrocidades cometidas por el gobierno de Felipe Calderón

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Guadalupe Lizárraga

En un ejercicio aparentemente cómico, de corte periodístico, el youtubero Vicente Serrano entrevistó a Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado con el gobierno de Felipe Calderón. Este encuentro –solicitado por Serrano, de acuerdo con la aclaración de Lozano– al margen de los intereses que lo suscitaron, surgió después de que el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón expusiera, en entrevista con Los Ángeles Press, a los periodistas que tenían la misma información que me estaba entregando y guardaron silencio: las pruebas de haber sido torturado por la Policía Judicial Militar, los días 2, 3 y 4 de junio del 2010, para que dijera quién más estaba enterado de la complicidad del entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa.  

El contexto

Un día antes de las torturas, el Capitán Malagón había sido insistentemente buscado por el Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta de Javier Lozano, bajo argumento de que su familia estaba en riesgo si no iba. Se vieron en un lugar público, cerca de la SEDENA, y Alemán pidió que lo acompañara con Aponte Gómez (el jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa) que estaba esperándolos en unas camionetas muy cerca del lugar. Al negarse Malagón, Alemán quiso obligarlo a punta de pistola, lo esposó de una mano, hubo forcejeos y dos disparos. Malagón se liberó de las esposas, se dirigió a SEDENA con los cabos que lo esperaban, y se entregó con su superior inmediato, el General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, quien fue ejecutado meses después, en medio de calumnias del propio Ejército.

El capitán Malagón tardó tres meses en recuperarse y saber dónde estaba, por lo que le habían hecho los torturadores de la Policía Judicial Militar. Poco a poco, se fue dando cuenta de su situación judicial, de las irregularidades y vicios de su proceso, declaraciones que le habían hecho firmar bajo tortura, y crímenes que le habían fabricado sin respeto a su derecho a la legítima defensa, ni por ser un militar en funciones mientras se dieron los hechos, y al igual que el general Loera, fue calumniado por el periódico Reforma, señalándolo como responsable de un crimen pasional. Quienes lo sentenciaron fueron los jueces Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña Hernández y José Ramón Cossío, éste último había avalado la no infiltración del narcotráfico en 2001, en el CISEN, con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.

Ésta es una parte de la historia.

La entrevista

La entrevista de Vicente Serrano, más allá de las actuaciones satíricas, dio pie a que Lozano respondiera sobre la denuncia del capitán Malagón. La primera reacción de Lozano fue preguntar: “¿Te consta?”. Sin embargo, el señalamiento no lo hacía directamente Serrano, él solo leía parte de mi trabajo que se refería a una afirmación, de acuerdo con el testimonio de Malagón, hecha por el escolta de Lozano para persuadirlo a que fuera con el jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Cuando le preguntó Serrano qué es lo que pensaba de esas declaraciones del capitán Malagón, a quien –por cierto– se refirió de manera despectiva y con aparente interés de sembrar duda, al decir de manera inexacta “que se dice perseguido y está en el bote”, Lozano sonrió. Segundos después, con ánimo bravucón, dijo “pónganmelo enfrente, pónganmelo enfrente”. Después, enfatizó su histrionismo y calificó de ridículo, el señalamiento: “No hay una palabra que tenga, nada de solidez, ninguna veracidad”. Y posteriormente, señaló que todo era inventado y era porque él no les caía bien.

La trivialización

Toda proporción guardada, ver a Lozano en el video jugando con Serrano, me evocó la pregunta de la filósofa política Hanna Arendt cuando dio cobertura al juicio de Eichmann como corresponsal para la revista The New Yorker: “¿puede una persona normal cometer semejantes atrocidades?”.

Con este sentido, las preguntas llegaron a mí: ¿Cómo una persona tan “normal” –como se ve Lozano, sonriendo frente a la cámara mientras lo entrevistan–, pudo haber operado para el Cártel de Sinaloa, como se le ha denunciado formalmente, y ser parte del hundimiento sangriento de México? ¿Cómo pudo haber mandado torturar para investigar quién más sabía de estos hechos en resguardo de su prestigio? ¿Cómo pudo ser parte de la ejecución del general Loera por las investigaciones que seguía, mientras el capitán Malagón era denigrado y humillado en prisión? ¿Realmente desconocía quién era su guardaespaldas, cuando su seguridad personal dependía de ello? ¿Qué tan “persona normal” es Javier Lozano como para decir hoy que Felipe Calderón fue el “mejor presidente de México”, después de todas las atrocidades que se perpetraron durante su gobierno? ¿Qué tan “persona normal” es Javier Lozano para jactarse de una amistad con el principal diseñador de la política macabra de fabricación de culpables en el país, Genaro García Luna, y reclamar respeto a los medios por el debido proceso y la presunción de su inocencia, principios absolutamente inexistentes durante el gobierno de Calderón? ¿Por qué la dignidad de un García Luna valdría más que la de las víctimas de Wallace, o más que la del capitán Malagón?

La “normalidad” de Javier Lozano Alarcón hoy, pese a su fingido histrionismo, contrasta con la normalidad de un sobreviviente de tortura, que siguiendo los principios de honor y valentía aprendidos en la milicia, sólo hacía su trabajo con dignidad, el denunciar la narco-corrupción, puesto que su cargo estaba relacionado directamente con ello, en Inteligencia militar para la seguridad del edificio de la SEDENA.

Lozano Alarcón era tan normal en el gobierno de Calderón como Eichmann en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lozano era un hombre de poder político y económico, con una estrecha relación con el entonces presidente que había declarado la guerra al narcotráfico rival del Cártel de Sinaloa. El contexto que se vivía era de autoritarismo, de restricción de libertades y derechos, de masacres a las comunidades indígenas y migrantes, de feminicidios, de crímenes de lesa humanidad que se perpetraron de manera sistemática, de asesinatos y amenazas a periodistas, de narcogenerales que ordenaron masacrar a su propio Ejército para justificar la guerra a los grupos delictivos contrarios a Sinaloa. Eso era lo normal en el gobierno de Calderón, incluso la traición y muerte entre ellos, porque el régimen era absolutamente autoritario y corrupto. Vivimos el narco-terror de Estado. En esas acciones, Javier Lozano Alarcón participó directamente con decisiones públicas contrarias al bienestar ciudadano, pero en aparente lealtad a Calderón.

Decisiones que no hubieran pasado en una democracia, con Estado de derecho, donde lo normal es que se denuncie la corrupción, se investigue, se abran juicios, y se determinen responsabilidades, e incluso se repare el daño. Pero desde el régimen calderonista y antes, el Poder Judicial ha sido parte de la misma corrupción.

Trivializar las atrocidades del crimen organizado desde el Estado, ayudado por Vicente Serrano, exhibe que lo normal en el régimen de Calderón era la depredación, y oponerse a ello era oponerse al presidente, lo que se pagaba con muerte o cárcel. El capitán Malagón sigue pagando su lealtad a México, pero su deslealtad a Calderón, mientras Lozano nos muestra su normalidad sonriente.

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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