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Mexico Violento

La trivialización del crimen organizado: La entrevista de Vicente Serrano a Javier Lozano Alarcón

Vicente Serrano y Javier Lozano, en la trivialización de las atrocidades cometidas por el gobierno de Felipe Calderón

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Guadalupe Lizárraga

En un ejercicio aparentemente cómico, de corte periodístico, el youtubero Vicente Serrano entrevistó a Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado con el gobierno de Felipe Calderón. Este encuentro –solicitado por Serrano, de acuerdo con la aclaración de Lozano– al margen de los intereses que lo suscitaron, surgió después de que el Capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón expusiera, en entrevista con Los Ángeles Press, a los periodistas que tenían la misma información que me estaba entregando y guardaron silencio: las pruebas de haber sido torturado por la Policía Judicial Militar, los días 2, 3 y 4 de junio del 2010, para que dijera quién más estaba enterado de la complicidad del entonces secretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa.  

El contexto

Un día antes de las torturas, el Capitán Malagón había sido insistentemente buscado por el Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, escolta de Javier Lozano, bajo argumento de que su familia estaba en riesgo si no iba. Se vieron en un lugar público, cerca de la SEDENA, y Alemán pidió que lo acompañara con Aponte Gómez (el jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa) que estaba esperándolos en unas camionetas muy cerca del lugar. Al negarse Malagón, Alemán quiso obligarlo a punta de pistola, lo esposó de una mano, hubo forcejeos y dos disparos. Malagón se liberó de las esposas, se dirigió a SEDENA con los cabos que lo esperaban, y se entregó con su superior inmediato, el General de División del Estado Mayor, Jorge Juárez Loera, quien fue ejecutado meses después, en medio de calumnias del propio Ejército.

El capitán Malagón tardó tres meses en recuperarse y saber dónde estaba, por lo que le habían hecho los torturadores de la Policía Judicial Militar. Poco a poco, se fue dando cuenta de su situación judicial, de las irregularidades y vicios de su proceso, declaraciones que le habían hecho firmar bajo tortura, y crímenes que le habían fabricado sin respeto a su derecho a la legítima defensa, ni por ser un militar en funciones mientras se dieron los hechos, y al igual que el general Loera, fue calumniado por el periódico Reforma, señalándolo como responsable de un crimen pasional. Quienes lo sentenciaron fueron los jueces Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña Hernández y José Ramón Cossío, éste último había avalado la no infiltración del narcotráfico en 2001, en el CISEN, con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.

Ésta es una parte de la historia.

La entrevista

La entrevista de Vicente Serrano, más allá de las actuaciones satíricas, dio pie a que Lozano respondiera sobre la denuncia del capitán Malagón. La primera reacción de Lozano fue preguntar: “¿Te consta?”. Sin embargo, el señalamiento no lo hacía directamente Serrano, él solo leía parte de mi trabajo que se refería a una afirmación, de acuerdo con el testimonio de Malagón, hecha por el escolta de Lozano para persuadirlo a que fuera con el jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Cuando le preguntó Serrano qué es lo que pensaba de esas declaraciones del capitán Malagón, a quien –por cierto– se refirió de manera despectiva y con aparente interés de sembrar duda, al decir de manera inexacta “que se dice perseguido y está en el bote”, Lozano sonrió. Segundos después, con ánimo bravucón, dijo “pónganmelo enfrente, pónganmelo enfrente”. Después, enfatizó su histrionismo y calificó de ridículo, el señalamiento: “No hay una palabra que tenga, nada de solidez, ninguna veracidad”. Y posteriormente, señaló que todo era inventado y era porque él no les caía bien.

La trivialización

Toda proporción guardada, ver a Lozano en el video jugando con Serrano, me evocó la pregunta de la filósofa política Hanna Arendt cuando dio cobertura al juicio de Eichmann como corresponsal para la revista The New Yorker: “¿puede una persona normal cometer semejantes atrocidades?”.

Con este sentido, las preguntas llegaron a mí: ¿Cómo una persona tan “normal” –como se ve Lozano, sonriendo frente a la cámara mientras lo entrevistan–, pudo haber operado para el Cártel de Sinaloa, como se le ha denunciado formalmente, y ser parte del hundimiento sangriento de México? ¿Cómo pudo haber mandado torturar para investigar quién más sabía de estos hechos en resguardo de su prestigio? ¿Cómo pudo ser parte de la ejecución del general Loera por las investigaciones que seguía, mientras el capitán Malagón era denigrado y humillado en prisión? ¿Realmente desconocía quién era su guardaespaldas, cuando su seguridad personal dependía de ello? ¿Qué tan “persona normal” es Javier Lozano como para decir hoy que Felipe Calderón fue el “mejor presidente de México”, después de todas las atrocidades que se perpetraron durante su gobierno? ¿Qué tan “persona normal” es Javier Lozano para jactarse de una amistad con el principal diseñador de la política macabra de fabricación de culpables en el país, Genaro García Luna, y reclamar respeto a los medios por el debido proceso y la presunción de su inocencia, principios absolutamente inexistentes durante el gobierno de Calderón? ¿Por qué la dignidad de un García Luna valdría más que la de las víctimas de Wallace, o más que la del capitán Malagón?

La “normalidad” de Javier Lozano Alarcón hoy, pese a su fingido histrionismo, contrasta con la normalidad de un sobreviviente de tortura, que siguiendo los principios de honor y valentía aprendidos en la milicia, sólo hacía su trabajo con dignidad, el denunciar la narco-corrupción, puesto que su cargo estaba relacionado directamente con ello, en Inteligencia militar para la seguridad del edificio de la SEDENA.

Lozano Alarcón era tan normal en el gobierno de Calderón como Eichmann en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lozano era un hombre de poder político y económico, con una estrecha relación con el entonces presidente que había declarado la guerra al narcotráfico rival del Cártel de Sinaloa. El contexto que se vivía era de autoritarismo, de restricción de libertades y derechos, de masacres a las comunidades indígenas y migrantes, de feminicidios, de crímenes de lesa humanidad que se perpetraron de manera sistemática, de asesinatos y amenazas a periodistas, de narcogenerales que ordenaron masacrar a su propio Ejército para justificar la guerra a los grupos delictivos contrarios a Sinaloa. Eso era lo normal en el gobierno de Calderón, incluso la traición y muerte entre ellos, porque el régimen era absolutamente autoritario y corrupto. Vivimos el narco-terror de Estado. En esas acciones, Javier Lozano Alarcón participó directamente con decisiones públicas contrarias al bienestar ciudadano, pero en aparente lealtad a Calderón.

Decisiones que no hubieran pasado en una democracia, con Estado de derecho, donde lo normal es que se denuncie la corrupción, se investigue, se abran juicios, y se determinen responsabilidades, e incluso se repare el daño. Pero desde el régimen calderonista y antes, el Poder Judicial ha sido parte de la misma corrupción.

Trivializar las atrocidades del crimen organizado desde el Estado, ayudado por Vicente Serrano, exhibe que lo normal en el régimen de Calderón era la depredación, y oponerse a ello era oponerse al presidente, lo que se pagaba con muerte o cárcel. El capitán Malagón sigue pagando su lealtad a México, pero su deslealtad a Calderón, mientras Lozano nos muestra su normalidad sonriente.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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El Caso Wallace

Sobrino de Isabel Miranda reportó amenazas y secuestro por revelar abuso sexual de parte Hugo Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La madrugada del 13 de octubre, Alfredo Miranda Cruz reportó a Los Ángeles Press que había sido retenido contra su voluntad desde el miércoles 7 de octubre por sus tíos María Isabel y Roberto Miranda Torres, después de que se enteraron de revelaciones que hizo a esta periodista sobre el abuso sexual sufrido a la edad de 9 y 15 años, por parte de su primo Hugo Alberto Wallace Miranda.

En estado de angustia, Alfredo Miranda llamó a la periodista para dejar un registro de las agresiones y declaró que su padre lo había rescatado de un departamento “que queda en Girasoles”. De allí, lo había trasladado al Hotel Montreal, ubicado en Calzada Tlalpan #2073, CDMX, desde donde envió la ubicación, varias veces y en diferentes horas, a la periodista.

Miranda Cruz señaló también que sus tíos estaban amedrentando a toda la familia y estaban indagando de donde se filtraba información sobre su primo Hugo Alberto.

En la conversación telefónica, de madrugada, dijo que su tío Roberto lo había seguido al hotel y que había golpeado a una mujer de Seguridad. También que había hablado con el dueño del hotel, y quería entrar a la habitación donde él se encontraba. Dijo que su tío lo estaba “amenazando con matarlo y cortarle la lengua”.

La primera llamada la hizo a las 3:27 horas (CDT), 1:27 hora de California, con la ubicación del hotel mencionado de la Ciudad de México. En el mensaje de audio abundó que habían detenido también a “Paulina”, madre de su hijo, a quien habían maltratado y desnudado, en la azotea, y que él alcanzaba a escuchar la voz de su tía Isabel Miranda. Especifica en el mensaje de voz que su tía Isabel iba a utilizar a Paulina para ofenderlo e “inventarle cosas” a cambio de dinero, “en lo que su tía era experta”.

Después de varios audios sobre la situación que estaba viviendo, y de las ubicaciones enviadas, Alfredo Miranda Cruz envió otro mensaje a las 4:50 horas, ya en pánico, en el que dice:

“Extremo peligro, en extremo peligro estoy, señora Guadalupe. Un señor quiere abrir nuestra puerta, estamos en extremo peligro, señora Guadalupe”.

 

Quince minutos después, reportó que el señor Roberto Miranda Torres (tío de la víctima) había lastimado a un testigo, mujer. Señaló que no tenía claro si había sido contratada por su tío, que eran las 5:05 de la mañana y que estaban muy estresados. Además de que ya había habido varios conflictos en ese hotel.

Cada diez minutos, Alfredo Miranda estuvo enviando sus ubicaciones a la periodista. Dijo haber recibido llamada de sus tíos a la habitación y que lo estaban confundiendo.

El último mensaje por la red WhatsApp fue a las 13:46 del mismo 13 de octubre, y la ubicación fue (19.3364444,-99.1273334) Ejido Xochimilco 33-43, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Coyoacán, 04470 Ciudad de México, CDMX, México.

 

Posteriormente envió cuatro mensajes de audio más, por Messenger, vía Facebook. El último mensaje de audio con su voz dice: “Señora Guadalupe, ya valió gorro”. A las 14:13, entró un mensaje de texto que dice: “Todo está bien, ¿de quién es el teléfono?”.

 

 

La acción de las autoridades

La Fiscalía General de la Ciudad de México dio seguimiento, directamente a través de la titular, Ernestina Godoy Ramos, después de que recibiera la información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, vía Alejandro Encinas Rodríguez, a quien se le reportaron los hechos.

Cuando la fiscal indagaba los detalles de lo que llamó “secuestro en curso” se le informó sobre la resistencia de la víctima para llamar al 911, por temor a que interfirieran en favor de Isabel Miranda, como ha sucedido años anteriores. Sin embargo, la fiscal enfatizó a la periodista que ya no era lo de antes, que estaban actuando conforme a derecho.

Después de que sus agentes de investigación llegaron al hotel de donde se estuvo reportando la ubicación de Alfredo Miranda Cruz, les informaron que no había ningún registro a ese nombre, y al mostrar su fotografía negaron haberlo visto entrar al hotel, por lo que solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, ya que la víctima decía estar dentro de una habitación y haber sido testigo auditivo de que su tío Roberto Miranda había lastimado a una mujer en el pasillo que daba a su habitación.

Hoy, 14 de octubre, en torno a las 3 de la tarde, la autoridad reportó que la policía ya estaba en entrevista con la víctima, y que se encontraba estable.

 

Contexto

Alfredo Miranda Cruz había reportado desde enero de 2019 el acoso que recibía por parte de su tía Isabel Miranda Torres, pero pedía que no fuese revelado por temor a su vida. Dijo que solo quería dejar un registro con la periodista Guadalupe Lizárraga que había llevado la investigación sobre el falso secuestro de su primo Hugo Alberto por si llegara a pasar algo. En las diferentes comunicaciones con la periodista, corroboró Miranda Cruz la fabricación de la prueba de ADN, a través de una gota de sangre, que Isabel Miranda Torres, junto con los agentes de la PGR, plantó en el departamento de Juana Hilda González Lomelí. Señaló que la gota de sangre, efectivamente, era de su prima Claudia, y que su tío Enrique Wallace no era padre biológico de su primo Hugo Alberto. Que todos en la familia lo sabían, pero que los tenía a todos controlados. Y ello se podía comprobar con un análisis de ADN a la hija de Hugo Alberto (Andrea Isabel) que no tenía sangre de los Wallace.

El 28 de julio de 2020, envió un nuevo mensaje de alerta vía Messenger, en el que escribió que si algo le pasaba hacía responsable a su tía Isabel Miranda, sus tíos Heriberto y Roberto Miranda, así como a su primo Luis Alberto, Andrés, y las señoras Asunción y Magdalena Miranda Torres, a Víctor Manuel Sánchez (esposo de su tía Asunción), a su prima Claudia Wallace (hermanastra de Hugo Alberto), a Abraham Pedraza (esposo de su tía Magdalena), a Jorge Ortega Miranda y a su padre.

En el mensaje se destaca:

“…por cualquier cosa que me pase de forma acusatoria o asalto donde caiga muerto, se les haga responsables.

Yo, Alfredo Miranda Cruz, abusado sexualmente a los 9 y 15 años por mi primo Hugo (Alberto Wallace Miranda)”.

En el penúltimo mensaje de texto, escrito el 13 de octubre a las 14:37 horas, señala a la periodista:

“Señora, mi tía me quiere matar, cuando pase, anéxelo. Me están torturando”.

 

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