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España

La Transición Española, con víctimas sin reconocer ‘debidamente’ desde 1978

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Ascon

 

  • El 21 de abril de 1978, Elvira Parcero Rodríguez, muerta por las lesiones producidas en un vehículo de carga de la Policía Armada en Vigo.

En 1978 el fantasma de la crisis azotaba al sector naval, una crisis que engendraría todo un ciclo de conflictos, que alcanzaría su máxima tensión con la reconversión industrial llevada a cabo con el primer gobierno del PSOE, y que supuso la destrucción de cientos de puestos de trabajo.

Y los impunes con su águila negra,
con su uniforme de lápidas,
pudriendo el futuro con su mano dura

Silvia Delgado

Por Angelo Nero

Se llamaba Elvira Parcero Rodríguez, tenía solo veintiún años, y fue otra de las víctimas, no debidamente reconocida y recordada, de la Transición Sangrienta. Falleció tras las gravísimas lesiones producidas, durante una carga efectuada por la Policía Armada, que disolvía una manifestación de trabajadores de Ascón, en Vigo, el 11 de abril de 1978, empleando abundante material antidisturbios, pelotas de goma y botes de humo.

“Ciento ochenta y cuatro días después de haberse iniciado el conflicto de Ascon, éste aparece absolutamente podrido. El comité de huelga, apoyado por USO y la Intersindical Nacional Galega (ING), no controla la situación en la calle, donde se registran incidentes a diario, ni ha sido capaz de encontrar una alternativa. CCOO y UGT, minoritarias en las factorías, no han podido imponer la salida negociada que vienen defendiendo hace tiempo, ni han demostrado suficiente capacidad de convocatoria para controlar la situación.” Escribía en su crónica para El País, el periodista Gerardo González Martínez, sobre la huelga de Ascón. Antes que periodista había sido diputado autonómico de UCD, y después asesor del PP en tiempos de Fraga. Todo una muestra de periodismo objetivo.

En 1978 el fantasma de la crisis azotaba al sector naval, una crisis que engendraría todo un ciclo de conflictos, que alcanzaría su máxima tensión con la reconversión industrial llevada a cabo con el primer gobierno del PSOE, y que supuso la destrucción de cientos de puestos de trabajo. Y así hasta hoy, en que el sector naval, especialmente en las comarcas de Vigo y Ferrol, viven su, quizás, última y definitiva crisis. Pero volvamos a las calles de aquel Vigo del 78, donde la huelga de Ascón llegaría a prolongarse durante ocho meses.

Entonces se sucedían las manifestaciones, el bloqueo del ferrocarril, la ocupación de centros oficiales, que eran respondidas con la máxima dureza por las fuerzas policiales bajo el mando del gobernador civil de Pontevedra, Faustino Ramos, último presidente del Sindicato Nacional de Información de la Organización Sindical franquista. En una de estas manifestaciones, en la calle José Antonio, es apaleada por la policía Elvira Parcero, que ingresa en estado crítico en la residencia Almirante Vierna. Diez días después, el 21 de abril, fallece a consecuencia de un derrame cerebral provocado por los golpes recibidos por la policía.

La agencia EFE recogía así la noticia de su entierro: “Unas mil quinientas personas han asistido hoy al entierro de la joven Elvira Parcero Rodríguez, de 21 años, fallecida ayer en la residencia Almirante Vierna. La joven fue recogida sin conocimiento en el transcurso de una manifestación de los trabajadores de «Ascón», aunque según ha revelado la autopsia, las causas de su muerte han sido naturales, ya que su cuerpo no presentaba ningún signo de violencia.”

El conflicto de Ascón dejó muchas víctimas, Elvira no fue la única, aunque, como ella todas fueron olvidadas. Acabada la huelga, la empresa no dejó de destruir puestos de trabajo, hasta que el gobierno del PSOE, al albor de la reconversión industrial, el 1 de marzo de 1984, decretó el fin de su actividad productiva. Esto generó, tal como recoge la Asociación Universitaria Elvira Parcero, formada en la Facultad de Xeografía e Historia da USC: “Unos años de angustia e incertidumbre que se traducen en un elevado número de divorcios, depresiones nerviosas, afecciones cardiacas y muertes prematuras entre los trabajadores del astillero. Muchos de esos trabajadores fueron atendidos en hospitales psiquiátricos mediante un convenio amistoso conseguido por el comité de empresa con la Diputación Provincial, ya que en la Seguridad Social no contemplaba este tipo de tratamiento.”

El 1 de febrero de 1985, un año después de que el gobierno socialista decreta el fin de Ascón, el diario El País, recogía la noticia de una nueva víctima de la reconversión: “Un trabajador de los astilleros Ascon, Cándido Otero Collazo, apareció ayer ahorcado en la casa de una hermana suya, en la parroquia viguesa de Teis. Otero Collazo, que tenía 44 años, estaba casado y era padre de dos hijos, de 13 y 7 años, fue encontrado con una soga al cuello que había sido previamente sujeta a un listón de hierro, informa Efe. En un bolsillo de la víctima fue encontrada una nota en la que el trabajador señala que había tomado la determinación debido a los problemas por los que atraviesa su empresa.”

Fuente: Asamblea Leganés por la República

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España

Svetlana Sokova, activista perseguida por Rusia: “Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen”

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Svetlana Sokova, activista perseguida por Rusia: “Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen”

Por Sandra Vicente/eldiario.es

Svetlana Sokova jamás pensó que huiría de San Petersburgo para acabar exiliada en Segur de Calafell (Tarragona) con acusaciones por terrorismo, extremismo e incitación a la violencia a sus espaldas. Todo empezó con la compra de un piso en Rusia que una jueza anuló, argumentando que era una adquisición fraudulenta, después de haber sido sobornada por la esposa del propietario. Sokova lo explicó todo en Youtube, convirtiéndose en viral, y acabó descubriendo que no era la única a quien le había pasado. Las redes fueron su altavoz y se tornó la cara visible de centenares de casos como el suyo.

El resultado han sido más de 20.000 seguidores en Youtube y 80.000 en TikTok. Pero el Kremlin no reaccionó bien a las críticas y le ha cerrado las cuentas en repetidas ocasiones. Los equipos jurídicos de Youtube pidieron a Sokova, a través de unos mails a los que ha tenido acceso elDiario.es, que retirara sus vídeos a petición del Roskomnandzor, la agencia de censura de Rusia. Pero ella no lo ha hecho y sigue con una denuncia que le ha valido presiones que, según afirma, se han recrudecido desde la invasión de Ucrania.

Para entender más sobre el tema: Imágenes satelitales muestran aviones de combate de Rusia destrozados tras el ataque a la base aérea de Crimea

 

¿Cómo es que una jueza le quitó un piso que había comprado?

En 2017 mi marido, mis dos hijos y yo vivíamos en una habitación de San Petersburgo y estábamos ahorrando para independizarnos. Gracias al dinero que nos prestó nuestra familia, compramos un piso. Pero en tres meses, nos llegó una orden judicial diciéndonos que el piso no nos pertenecía. Resultó que la mujer del propietario, que murió poco después de la venta, había reclamado el piso. El padrastro de mi marido nos representó como abogado y un día se encontró con la jueza en los pasillos: le dijo que para que nos devolvieran el piso, teníamos que pagar más dinero que el que le había dado aquella mujer. No lo hicimos, porque no quisimos pagar dos veces por el mismo piso y porque tampoco teníamos más dinero.

¿Aquí es donde comienza su carrera como influencer?

Expliqué nuestro caso en Youtube. Mucha gente me empezó a escribir para explicarme casos de corrupción parecidos que les habían sucedido y no dejé jamás de darles voz, a pesar de las amenazas que recibía.

¿Quién te amenazaba Svetlana Sokova y cómo?

Venían a nuestra casa, nos decían que la quemarían con nosotros dentro, nos amenazaban de muerte. Eran personas de paisano y, a veces, policías que seguramente se quedaron una parte del soborno. La cosa se empezó a poner muy peligrosa y comenzamos a tener miedo de verdad así que, como mi marido había estado en España hacía poco y tenía el visado abierto, decidimos aprovecharlo para salir de Rusia hasta que las cosas se calmaran. Al día siguiente de llegar, nos llamó un amigo para contarnos que alguien había entrado en nuestro piso y se lo había llevado todo. Vimos que lo tendríamos muy difícil para poder volver.

El editor recomienda: Rusia y Ucrania se culpan por los ataques a un sitio de energía nuclear

 

Usted ha seguido publicando en redes sociales. ¿Han seguido también las amenazas?

Sí. Es imposible vivir así: nos envían correos electrónicos, me atacan por redes sociales e, incluso, han encontrado mi teléfono español. Nos amenazan de muerte. Vivimos con miedo y estrés constante. Cuando escuchamos un coche que se acerca, nos asustamos. Mi marido tiene siempre una herramienta pesada al lado de la cama, por si acaso, para protegernos. Putin ya ha matado a muchos activistas, políticos y periodistas disidentes.

¿Cree que estas amenazas podrían cumplirse, a pesar de estar en España?

Putin tiene las manos muy largas y puede llegar aquí. Hay muchos casos de gente muerta en el extranjero. Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen. Ha envenenado al pueblo de Rusia con tantas mentiras, que ahora viven engañados y aterrorizados a partes iguales.

Sus vídeos le han valido acusaciones de terrorismo, extremismo, incitación a la violencia y al cambio de régimen.

Siguen muy de cerca todas mis redes sociales. Cada vez que publico algo, añaden más cosas al caso. Mi abogado me dice que, si vuelvo a Rusia, tengo la cadena perpetua asegurada. Pero yo sigo hablando, es mi deber hablar, porque nos están matando. Cada día meten a gente en la cárcel por decir la verdad y, mientras viva, no callaré.

 

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Fuente: eldiario.es

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España

Congreso de España aprueba Ley de Memoria Democrática que declara ilegal el régimen franquista

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Congreso España

La ley ha sido aprobada con 166 votos a favor, 153 votos en contra y 14 abstenciones

Por Isabel García

«Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática».

Así reza el artículo 1.3 del Título Preliminar de la Ley de Memoria Democrática.

El texto fue aprobado este jueves, 14 de julio, por el pleno del Congreso de los Diputados. La ley obtuvo 166 votos a favor, 153 votos en contra de las derechas y 14 abstenciones del grupo de ERC.

Condena al franquismo

La nueva ley condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura declarando ilegal el régimen franquista.

También refleja de manera explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas y en consecuencia declara la nulidad de todas sus resoluciones y condenas.

Asimismo retira 33 títulos nobiliarios otorgados por el régimen franquista.

El periodo temporal que abarca la norma va desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución española. Pero gracias al acuerdo alcanzado con Bildu se ha incluido en la disposición adicional la ampliación del periodo hasta el 31 de diciembre de 1983, que posibilitará el “reconocimiento y reparación de trabajadores y estudiantes que lucharon por la consolidación de la democracia” según ha recordado el diputado socialista Valentín García Gómez durante su intervención en el pleno del Congreso.

Derecho internacional

Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la ley recoge los principios del derecho humanitario internacional en base a una enmienda del PSOE y Unidas Podemos señalando que:

«Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Fosas franquistas

La norma mandata el deber del Estado en la exhumación de las fosas franquistas. España sigue siendo el país europeo con mayor número de desaparecidos por actos de violencia. Se creará un censo de víctimas, un banco de ADN para las identificaciones y un plan anual de exhumaciones. Además se garantiza el acceso a los archivos públicos y privados.

El Valle de los Caídos pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros como lugar de recuerdo y se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. También extinguirá a fundaciones que ensalcen el franquismo y humillen a las víctimas.

Día de las víctimas

La ley declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio.

El texto hace una mención especial a la memoria democrática de las mujeres, al reconocer el “papel activo” de las mismas “como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad”.

La ley otorga la nacionalidad a los hijos de mujeres españolas que perdieron la suya, a los hijos de quienes hoy son españoles por la ‘ley de Memoria’ de 2007, en base a una iniciativa promovida por la senadora Sara Vila.

En su trámite parlamentario se han incorporado a la ley un total de55 enmiendas, de Bildu, el PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

La norma que debe pasar ahora su trámite en el Senado sale adelante un año después de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros con la ya exvicepresidenta Carmen Calvo como su principal impulsora. En octubre de 2021, la cámara baja aprobó su toma en consideración, pero quedó aparcada ante la falta de apoyos.

Texto completo de la ley

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Fuente: nuevatribuna.es

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España

Policía torturador y racista, condenado a dos años de cárcel en España

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patrulla españa

 

Por Alberto Pozas/eldiario.es

Un agente de Policía Nacional destinado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha sido condenado a dos años de cárcel por torturar y humillar a un detenido en los calabozos de la comisaría. El Tribunal Superior de Madrid declara probado que el agente golpeó varias veces con puñetazos, patadas y con la defensa extensible al detenido después de hacer un comentario racista. La sentencia, que no es firme, también apunta a que otro policía intentó encubrirle y ocultar la agresión a los jueces.

Los hechos ocurrieron en los calabozos de la comisaría de la ciudad complutense en enero de 2017. La víctima había sido detenida a primera hora de la mañana en una discoteca de la localidad y acusado de agredir a agentes de Policía y mostrarse nervioso y violento. Una vez en los calabozos, a primera hora de la mañana, pidió algo de comer y recibió una respuesta racista del agente que custodiaba su celda en ese momento: «A los moros sólo se les da agua», espetó el policía.

Fue entonces cuando, según declara probado la Justicia, empezaron los golpes. Varias tandas de puñetazos y patadas por todo el cuerpo que remató con un golpe en la cabeza del detenido con la defensa reglamentaria. Los partes médicos de la Casa de Socorro dejaron constancia de todas estas lesiones y golpes después de que el policía encargado del atestado comprobase alarmado que el detenido tenía unos golpes y magulladuras en la cara que no tenía cuando fue traído al cuartel a primera hora de la mañana.

El resultado es una condena todavía no firme de dos años de prisión para el agente por un delito de torturas y otro leve de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal y como adelantó el portal Noticias Jurídicas, ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que también le impuso 8 años de inhabilitación para ejercer como policía nacional, una multa de 240 euros y una indemnización de 6.700 euros para la víctima. El Estado es declarado responsable civil subsidiario.

A lo largo del caso el agente condenado ha intentado, sin éxito, ofrecer una versión distinta de los hechos. Ha asegurado que fue el detenido el que empezó a estrellar la cabeza contra los barrotes mientras amenazaba con denunciar a todos y que él fue agredido cuando entró en la celda a ofrecerle ayuda e intentar calmarle. Explicó durante el juicio este agente que es experto en artes marciales y que le redujo utilizando la técnica de judo denominada «Ippon seoi nage» pero siempre ciñéndose al protocolo y sin aplicar más fuerza de la necesaria.

Los magistrados de la Audiencia y del Tribunal Superior de Madrid no se basan sólo en la declaración del agredido – que fue condenado por el atentado contra la autoridad por el que fue detenido a la salida de una discoteca de Alcalá – sino también en la declaración de otros dos policías y la de los sanitarios que atendieron al arrestado así como los informes en los que reflejaron sus lesiones. Otra prueba determinante ha sido la grabación de las cámaras de seguridad de los calabozos, que no graban lo que pasa en el interior de las celdas pero sí los pasillos.

Unas cámaras que reflejan cómo el policía condenado entró y salió de la celda todas las veces que dijo la víctima, así como la presencia de su compañero viendo lo que pasaba. Un compañero que intentó exculparle durante el juicio en un testimonio al que los magistrados no dan ningún tipo de validez. Dijo por ejemplo la Audiencia Provincial sobre este segundo policía: «Su testimonio, ni corrobora la versión del acusado, ni tiene verosimilitud», asegura la sentencia. El segundo policía llegó a decir que su compañero no había podido usar la porra cuando el propio acusado reconoció haber dado dos golpes con ella.

Una vez examinadas las imágenes de las cámaras, incluso, los jueces dejan la puerta abierta que haya sido responsable por no haber impedido la agresión que dan por probada: «Pudiera haber tenido una participación omisiva, por la que no se le acusa, que arrancaría de su condición de agente de la autoridad y como tal obligado a la evitación de los delitos y en su caso a su persecución, y mucho más cuando se está cometiendo en su presencia».

El responsable del atestado, jefe de turno en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, no sólo explicó en su declaración que el detenido tenía unas lesiones que no presentaba cuando entró en el calabozo, lo que hizo saltar las alarmas. También explicó que ordenó a estos dos policías que dejaran las incidencias por escrito y que un día después no lo habían hecho y no había quedado reflejado en el atestado.

No se autolesionó

Las dos sentencias del caso evidencian la contradicción de la Fiscalía, que pasó de pedir la absolución en el juicio a solicitar la confirmación de su condena en segunda instancia. Los jueces, que no han presentado dudas hasta el momento, llegan a la conclusión de que el detenido fue víctima de una agresión racista y que no se autolesionó estampándose contra los barrotes de la celda, como llegó a decir el policía nacional acusado. Sus lesiones eran, dijo la Audiencia en primera instancia, «totalmente incompatibles con lesiones producidas por autolesión por el mismo ni en el coche policial ni en el calabozo con las rejas», ya que tenía golpes en la cara pero también en la zona lumbar y la espalda.

Para los magistrados, este detenido fue víctima de torturas: «Sufrió un padecimiento físico y psíquico, además el comportamiento degradante y humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la víctima» por la expresión racista del principio. Ni siquiera el hecho de que el detenido, una vez encerrado, siguiera insultando a los policías justifica la agresión: «Ni siquiera esa posible infracción de falta de respeto a los agentes de la autoridad puede ser atajada por el policía de forma desproporcionada ilegal y delictiva».

La sentencia de la Audiencia, ratificada ahora por el Tribunal Superior, recuerda que la función de los policías nacionales es la contraria a tratar así a un detenido: «Deben de velar por su seguridad e integridad, por más que el detenido les insultara o incluso hubiera agredido a sus compañeros durante esta madrugada».

El recurso del policía había sido apoyado por la Abogacía del Estado, en representación de la Administración, y ha sido rechazado en las últimas semanas por el TSJM. El agente condenado e inhabilitado ponía en duda tanto las declaraciones de la víctima como también la interpretación que los jueces habían hecho de las pruebas. Los jueces rechazan su recurso y explican, por ejemplo que no se puede apelar a la falta de exactitud temporal de la declaración de un detenido: «El detenido en la celda es despojado de sus efectos personales, entre ellos el reloj o el móvil», recuerda la sentencia del TSJM.

Los magistrados entienden, además, que si no quiso ser atendido por un médico nada más ser agredido por el agente era porque quería pasar cuanto antes a disposición judicial y dejar de estar en manos del policía que le había pegado una paliza.

El caso ahora tendrá que ser estudiado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo después de que su abogado Pedro Chamorro, asesor jurídico del sindicato JUPOL al que pertenece el condenado, haya recurrido reproduciendo sus críticas a la falta de pruebas de la agresión. La declaración firme de su condena no implicaría su entrada en prisión pero sí la retirada de la placa durante 8 años y el pago de una indemnización de la que el Estado debe responder como responsable civil.

Fuente original: eldiario.es

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