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Con voz propia

La traición de los periodistas

Los periodistas en México están dando la espalda a las víctimas de derechos humanos y al pueblo que demanda la información como derecho y no como mercancía

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Guadalupe Lizárraga

Los periodistas de México están cada vez más dispuestos a traicionar todo aquello que su formación intelectual y los códigos éticos de la profesión representan. Lejos de mantener una función social en la que la información es un derecho y no una mercancía, les ha resultado muy fácil contaminar las mentes de sus audiencias.

En general, la traición al pueblo mexicano se ha convertido en una práctica distintiva de la clase política y de los intelectuales que los secundan por acomodarse en el círculo del poder. Aún así, se mantenía cierta esperanza y credibilidad en el periodismo crítico, aunque muchos de estos profesionales que hoy lo ejercen fueran impulsados desde las campañas salinistas con la etiqueta de “objetivos” y desde entonces no han dejado de encarecerse en el mercado de las influencias.

El escritor checo Karel Capek publicó un artículo periodístico en 1934 sobre el papel de los intelectuales en el contexto del ascenso al poder de los nazis en Alemania. Que en el contexto del PRI actual, en México, cobra mucho sentido.

“Allí donde la violencia es ejercida contra la humanidad civilizada nos encontramos con intelectuales que están ampliamente implicados en ello, e incluso hacen ostentación de argumentos ideológicos para justificarla. Ya no se trata de una crisis o de una enfermedad de la clase intelectual, sino de su tácita y general complicidad con el caos moral y político de la Europa actual […] Ningún valor civilizado puede ser obsoleto hasta que se abandona […] La decadencia de la clase intelectual es el camino hacia la barbarie de todo.” (The Spirit of Praga, 1990).

El periodismo en México se ha convertido en la reproducción sistemática de boletines gubernamentales y en entrevistas a políticos hechas a modo para imprimir en la audiencia la percepción de “señor indispensable” para la vida pública. Pero también, es un arma sicológica que vuelve invisibles a las verdaderas víctimas, y a los victimarios los convierte seres humanizados, al grado de suscitar solidaridad con éstos e indiferencia con aquellas.

Podemos identificar por grupos a los portadores de estas armas en México. Hay un grupo de periodistas que ha estado embelesado en legitimar, por ejemplo, el fraude electoral, y con la demagogia del PRI han justificado todo cuanto ha sucedido en el país respecto a violaciones de derechos humanos: terror, asesinatos, persecución política y encarcelamiento de inocentes sólo engrosan las tímidas denuncias de los familiares de las víctimas.

En estos últimos años, la violencia no ha dejado de ser la respuesta del poder contra toda esta energía en movimiento por intentar al menos una endeble democracia en la vida pública. Desde las desapariciones forzadas, presos políticos en Chiapas, atentados contra Agustín Estrada (expareja homosexual de Enrique Peña Nieto), violaciones en Atenco, masacres en Guerrero y el Noreste, feminicidios y los asesinatos despiadados de los periodistas en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León (territorio Zeta), entre otras miles de atrocidades, forma parte del silencio de los periodistas mediáticos.

Estos periodistas favorecen de forma directa el narcopoder para consumar la imposición de Enrique Peña Nieto, y son los que moldean las mentes dóciles de la audiencia masiva, por televisión. Los nombres y sus caricaturas grotescas circulan en las redes sociales, con una lista, mejor conocida como “Los prostitutos del poder”.

Pero hay otro grupo de periodistas que si bien no expresaron su apoyo al narcopoder, han tolerado sin ninguna objeción la violación sistemática de derechos humanos y abusos en contra del pueblo mexicano. Pueden identificarse por niveles, en cada entidad, en cada ciudad, en cada medio de comunicación. Su silencio es completamente funcional a la corrupción y al abuso de los políticos. Y un tercer grupo más exclusivo por su nivel de influencia, que es identificado con la etiqueta de objetividad e impulsa la agenda de la vida mediática mexicana.

Es comprensible que los periodistas honestos no critiquen de forma explícita el terror del estado, porque en ello va su vida y la de sus familias. Sin embargo, no todos estos periodistas quedan relegados a un segundo plano, marginados, en su silencio. Sino que se suman a la elite del régimen con cargos y condecoraciones, en algunos casos, o ayudan a la enajenación de las audiencias respecto a la tragedia que vive México. Y esto es lo más difícil de comprender cuando vemos estas imágenes absurdas de quienes identificamos con un periodismo “objetivo”.

El asesinato del hijo de Moreira es un buen ejemplo que cómo se trató en los medios y de cómo el nombre de un criminal en voz de un periodista con reconocimiento, puede cambiar la percepción en un giro de 180 grados. Este reportaje fue recomendado por Jenaro Villamil, de su casa editorial Proceso.

@jenarovillamil  «Reportaje muy recomendable de @ArturoRodríguez sobre la tragedia de Moreira y la desgracia de Coahuila http://fb.me/1jYwqUXcz«

 

Se puede entender que su promoción responde a un intento de solidaridad con su colega. Lo que no se puede entender es porqué favorecer un velo mediático ante una situación de corrupción y crimen.

Sacerdote consuela a Humberto Moreira. Foto: EFE

El autor dice “Como gobernador –en referencia a Moreira– solía confrontarse con Felipe Calderón: varias veces le recriminó la militarización exacerbada del país. Desde Coahuila ayudó a varios de sus compañeros de partido a ser gobernadores, entre ellos a su hermano Rubén, quien lo sucedió.”

La forma de plantear el conflicto, por parte del reportero, favorece a quien ha cometido crímenes peores. Cualquier crítico de la militarización, no lo hace reivindicador de los derechos humanos ni lo exime de sus propias violaciones. Moreira era crítico de la militarización, pero por su desplazamiento como jefe tribal que controla el tráfico de influencias en la región.

Los militares protegen a un cártel y Moreira a otro. La militarización comandada desde la PGR, abre la competencia en el tráfico y esto genera enfrentamientos. Así me lo hizo saber una fuente confidencial, que antes de recurrir a Los Ángeles Press para revelar parte de esta información, recorrió varios medios en México. Ningún medio digital ni impreso quiso investigar más allá de la versión oficial. Se trata del pago que hacen periódicamente los Zetas a militares como Avigaí Vargas Tirado, director del centro de espionaje de la PGR, por dar información. Ésta es la “confrontación” de Moreira con Calderón, su desplazamiento a fuerza de balas en la que le tocó al hijo.

El reportero de Proceso, Arturo Rodríguez, escribe que Moreira es “crítico de la militarización”, y que “se convirtió en víctima de la violencia que azota al país y en estos días sobre todo al norte de Coahuila. En sus palabras, padece “en carne propia” el saldo de la “guerra absurda” declarada por Calderón al inicio de su mandato”.

Se insiste, Moreira no es víctima de la violencia y sus críticas no responden a los mismos motivos que de los defensores de derechos humanos.

El periodista no lo puede ubicar en el mismo plano de las niñas secuestradas de Juárez para su depredación sexual y venta de órganos, por ejemplo, sin perder rigor analítico. O de los miles de “daños colaterales” de los que cínicamente se deslindó Felipe Calderón. Moreira no está en desgracia, como lo califica el reportero, compite claramente en el mundo del narcotráfico y su deuda al estado de Coahuila sólo representa uno de tantos crímenes que se pueden cometer en México en completa impunidad, si se pertenece a la clase política.

Llevar a Moreira a juicio es imposible, y meterlo a la cárcel por dos o tres decenios, inimaginable. Y de igual manera resulta para cualquier político del narcopoder. La forma en que sólo pueden aplacarlos, cuando su avaricia está desbordada es afectando a sus propios intereses: “su carne propia”. El ejército y la PGR aparentan estar al mando de Calderón, pero hoy más que nada necesitan demostrar que aún son los pilares del control del tráfico, aun cuando sea con ayuda de los rivales de Moreira y compañía, porque se juegan los mandos burocráticos en este par de meses con sueldos onerosos.

Si el periodista pierde vista el contexto político de esta ejecución, nos presenta, en efecto, una víctima más. Y termina contaminado la mente de sus lectores, motivándolos a inclinarse hacia un criminal. Mientras que las verdaderas víctimas siguen en el anonimato y la injusticia.

Otro ejemplo complicado de entender es la entrevista de Carmen Aristegui a Aleph Jiménez, quien fue reportado por desaparición forzada. Aristegui termina acorralando a un hombre de 32 años que le explica, aún amedrentado, el contexto de la privación de su libertad o el porqué se vio obligado a esconderse. Como quiera que sea, hubo un móvil. La periodista hace abstracción de ello y caricaturiza una grave violación de derechos humanos contra este hombre e ignora el resto.

Aristegui no se preocupa por la represión en Ensenada que dio motivo a las denuncias públicas de Jiménez. Tampoco se preocupa por el ejercicio cabal de la libertad de expresión del activista. No pregunta cómo el senador Blázquez Salinas, usurpador de la izquierda, colaborador de Jorge Hank Rhon, aparece en la escena como su “protector”. Ni tampoco Aristegui creó en su agenda un espacio para entrevistar al presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, responsable de la represión el 15 de septiembre, con 19 detenidos, dos heridos y la situación no clara de Jiménez.

Tampoco se preocupó Aristegui, en su presunto papel de periodista, por qué los homicidios en torno a los científicos del CICESE, o porqué los dos feminicidios que fueron perpetrados a principios de septiembre no han sido investigados, pese a las alertas que ha mandado Tijuana. Por qué la ejecución del consuegro del presidente municipal que cultivaba marihuana en su domicilio. Mucho menos el acoso de paramilitares encapuchados a las comunidades indígenas, que denunciaba #YoSoy132 Ensenada. Todos estos hechos, que en total fueron nueve homicidios en una semana, no pueden extraerse del contexto y sólo “regañar” públicamente a un hombre que buscaba salvar su vida, después de que su delito fue denunciar violaciones de derechos humanos.

#Yosoy132 Ensenada Foto: red

Son hechos que en voz de periodistas reconocidos por sus medios o por sus trayectorias, fácilmente son manipulables y mal entendidos en términos de valores y principios por las audiencias. Imágenes absurdas que trivializan la violación de derechos y libertades en México, y muestran cómo una víctima puede terminar desintegrada ante los ojos de la opinión pública o un victimario atraer la solidaridad del pueblo por una baja en su familia.

En el caso de Aleph Jiménez, incluso, Aristegui incita al coraje de sus radioescuchas contra la víctima, al mencionarle directamente sin fuentes ni referencias precisas que “dicen que hiciste el ridículo” ante la movilización de redes sociales y medios para alertar sobre el riesgo que corría. Una asociación lingüística muy grave, en voz de Aristegui, porque lleva a desarticular completamente el drama que vivió la víctima y, por ende, la solidaridad popular.

Se requiere mucha fuerza moral, pues, para resistir al narcorégimen. Sin embargo, no se justifica ninguna de estas acciones que hacen invisibles a las víctimas. Hacerlo, es traicionarlas a ellas y al pueblo de México.

Y en este contexto, desde luego que es posible ser vocero del PRI o de cualquier otro partido cómplice de sus violaciones, después de los feminicidios en Ciudad Juárez donde por veinte años no ha habido un solo culpable. Es posible cerrar los ojos, después de las masacres y fosas comunes en cada entidad donde entra el ejército y se enfrenta con los controles locales peleando por lo mismo.

Es posible seguir volteando al lado opuesto donde degüellan, mutilan y torturan a los colegas por hacer su trabajo cabalmente. Sí, es posible sacudirse el pudor y legitimar la versión oficial con cada crimen perpetrado contra el pueblo sin poder, y desde luego es posible difundir rutinariamente la versión oficial de que el narcotráfico es un ente aparte de los gobiernos locales y de la misma presidencia.

Pero lo que no es posible, es seguir siendo periodista, con los mismos principios y códigos éticos, que requiere la profesión.

 

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Las urgencias de Andrés Manuel

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El presidente López Obrador prioriza la militarización en su gobierno que, por ejemplo, esclarecer lo que pasó con segalmex

 

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa.

El tiempo de la unidad y reconciliación se terminó. A dos años del término de su mandato, Andrés Manuel López Obrador decidió dejar de ser el presidente de los mexicanos y se convirtió en sujeto activo de una de las partes que contenderá por el poder.

A la luz de los desastres financieros, económicos, sociales y ecológicos que se avecinan al término de este sexenio, a Andrés Manuel le urge: 1) Consolidar a su partido, 2) Dejar en el poder a uno de sus fieles y 3) Consumar la militarización que mantenga el statu quo.

De no lograrlo, será el primer presidente de la república que pise la cárcel. Y es que el tamaño del desastre que se vislumbra en las obras estelares como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto AIFA es descomunal. Dejará al erario al borde del colapso, con una inflación galopante y un compromiso social mayúsculo.

Por eso su dramático “cambio de opinión” y la entrega indiscriminada de obras y funciones al Ejército y Marina. Gane quien gane, nadie se atreverá a pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Se mantendrán bajo reserva por más de un lustro, los datos del desastre.

Están documentados, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pagos indebidos en el Tren Maya y Dos Bocas; pagos de pensiones y becas a gente no inscrita en los padrones de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan sólo el gobierno federal acumula irregularidades por 11 mil 848 millones de pesos.

Para leer más del autor: CDMX: La última Madre de todas las Marchas  

Otros 37 mil 917 millones corresponden a anomalías detectadas en las cuentas de estados y municipios. Ha sido, pues, un desfalco descomunal que se ha gestado en la actual administración y hoy tenemos padrones de 10 millones de pensiones y 11 millones de becas que no sabemos cómo vamos a mantener.

A esto debemos sumar desvíos por más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en contratos de compra en el sector salud para el presunto combate al Covid19 pero que no se cumplieron, como fue el caso de los famosos ventiladores que nunca se entregaron.

El Tren Maya es el ejemplo más claro y monumental de los abusos y falta de planeación en que ha incurrido el régimen lobradorista, pasando por encima de la Constitución, de las leyes secundarias, de las comunidades y ejidos; de las reservas históricas y ecológicas.

Costará alrededor de 20 mil millones de dólares, tres veces más de la estimación inicial; cruzará la selva maya; mutilará miles de árboles y quedará asentado sobre cuevas de piedra caliza, que no garantizan seguridad para los pesados trenes que pasarán por ahí.

Bajo el eufemismo de “Seguridad Nacional”, toda la información de trazos, costos y daño ambiental se mantendrá bajo reserva por 5 años o más. AMLO dobló a los jueces, a la Suprema Corte, impuso su voluntad, y dejará en manos de los militares la protección, administración y usufructo financiero de la obra.

Lee más: ¿Quién será culpable del estallido en México?

Tan sólo el caso SEGALMEX sería suficiente para fincar responsabilidades a varios del gabinete en la presente administración. En la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, superiores a los ocho mil 600 millones de pesos.

Es una trama parecida a la ocurrida en Conasupo, antecesora de Segalmex, pero a la “N” potencia. AMLO la ha tratado de mantener en el silencio. Apenas en abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado nuevo director general del organismo descentralizado en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández.

López Obrador mantiene protegido a este último, ahora como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Por eso el mandatario hace olas y tsunamis distractores, como la marcha del 27 de noviembre, con la que se siente renacido, fortalecido.

Pero es de escándalo el dispendio de recursos públicos; el uso y abuso de los puestos y recursos de la administración federal. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, de Segalmex fue acusado penalmente en 2019 por este tipo de abusos.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como:

  • Contratar a parientes cercanos
  • Incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios
  • Pagar a un guardaespaldas con recursos públicos.
  • Realizar despidos injustificados.

Está vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además. es señalado de ser responsable de ​​la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.

Los abusos y el encubrimiento  

El uso y abuso es notorio. Así se vio con el desfile de más de 200 camiones para trasladar gente a la marcha del 27 de noviembre; la colocación de propaganda en espacios públicos y del Sistema de Transporte Colectivo. Todo, para demostrar que es un presidente adorado por más de 30 millones de mexicanos.

Pero nada de esto es nuevo. Desde el inicio de su mandato ha hecho todo lo legal e ilegal para blindar sus acciones y mantenerlas en la opacidad. Así, está reservada por 5 años o más toda la información referente a:

  • Planes de factibilidad de Santa Lucía y el AIFA
  • Contratos de la compra de vacunas para Covid19
  • Estudios clave del Fonatur sobre el Tren Maya.
  • Detalles sobre coberturas petroleras realizada por Hacienda
  • Informe del caso Tlahuelilpan y daños por ordeña de ductos de Pemex
  • Información del Culiacanazo y liberación de Ovidio Guzmán
  • Investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta 2028
  • Venta del avión presidencial
  • Venta de acero proveniente del fallido aeropuerto de Texcoco

 

Pueblo dócil  

Por todo esto, resulta preocupante la docilidad con la que el pueblo mexicano va al matadero. López Obrador sabe que constitucionalmente no puede modificar ya el tamaño de las Cámaras de Diputados y Senadores, ni del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, no está claro si legalmente el gobierno federal puede adjudicarse el control del padrón electoral y del listado nominal, como lo tenía antes el PRI. Tampoco se sabe si puede cambiar de nombre al INE, para incluir entre sus funciones las consultas populares.

Ese pequeñísimo cambio es fundamental, pues implica una modificación jurídico-administrativa que implicaría sustituir la credencial de elector actual, lo que permitiría al régimen controlar el listado electoral y el principal documento con los datos completos de los ciudadanos. Así empezó la dictadura de Venezuela.

El caso de Venezuela nos parece tan ajeno y distante, que ni en nuestros peores sueños podemos imaginarnos tan cerca de una dictadura de ese tamaño, pero la reforma electoral que se avecina nos puede colocar en esa situación. Por eso la radicalización del discurso de AMLO.

Andrés Manuel se ha quedado ya sin posibilidad de reconciliación o de tregua. La polarización es su único camino porque, en medio de la calma, sus detractores lo harán pedazos y lloverán las demandas penales en su contra. De ahí esos nuevos intentos de victimización: “todos nos atacan, es una campaña brutal

Sí, la del 27N fue una especie de tsunami, pero el que se avecina para fines de sexenio puede ser descomunal. Dios nos agarre confesados.

La editora recomienda: Efecto Búmeran o premio del fin del sueño llamado MORENA

 

El presidente miente todos los días. No hay mejora. Al 53% de los mexicanos no le alcanza para cubrir el consumo de la canasta básica; el Producto Interno Bruto per cápita es de los más bajos del mundo y casi el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) vive de la informalidad.

¿De qué demonios sirve, en esas circunstancias, decretar un salario mínimo que no llegará a todos y que sólo sirve para tasar costos y pagos de impuestos? El príncipe de las mareas, el amo de las manifestaciones y la protesta, hoy se queja de los reclamos de la oposición.

“Andanada brutal”, “Acción concertada”, le llama a la inconformidad de la sociedad. Van más de 140 mil asesinatos violentos en el país y matan por igual a ciudadanos que a jueces.

Vivimos un caso parecido al de la selección de futbol mexicana: la gente sabe que no da para más, pero mantiene la esperanza, la fe, aunque no existan posibilidades.

 

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Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

La editora recomienda: Acusan despojo de predio donado por gobierno de Hidalgo

Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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La persecución del periodismo independiente en México: Seminario Kapuscinski en Chihuahua

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La violencia contra el periodismo independiente y quienes lo ejercen se mostró en el Seminario Kapuscinski

 

Por Miguel Montesinos León

El fin de semana fue muy intenso en la vida política nacional, sin embargo, los medios masivos de información no hicieron eco del asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul en Veracruz.

Durante los cuatro años de este gobierno, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos se acrecentó a tal grado que para la sociedad es normal la persecución, la fabricación de carpetas de investigación en contra de periodistas qué sufren persecución, encarcelamientos injustos o son asesinados por decir la verdad.

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En el X Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, fundado por la Universidad Miguel Hernández, de Elche España, y que ahora se realizó en Chihuahua por primera vez, del 16 al 18 de noviembre, donde periodistas de diversos países expusieron los peligros y desafíos de la prensa, específicamente de medios y periodistas independientes que manifestaron su preocupación por la ola de violencia en contra del gremio periodístico en México. Un seminario qué cruzo el Atlántico para darle vida al periodismo, que en palabras de los conferencistas de talla internacional se encuentra postrado al poder político de México.

Marco Lara Klahr, en su ponencia destacó la importancia del periodismo en su magistral participación denominada Acoso, desprestigio y criminalización de periodistas, en la que destacó que el periodismo no es un oficio, porque no se basa en prácticas reiterativas. El periodismo es una función crecientemente compleja, el periodismo es una profesión. El periodismo se ejerce en el marco de un derecho humano qué es la libertad de expresión, en un segundo nivel al ser un derecho humano es un mecanismo de información, especificó el ponente.

El periodismo mexicano, en efecto, está postrado al poder político porque muchísimos periodistas que ejercían de contrapeso democrático ahora son voceros del gobierno en turno. Periodistas como voceros oficiosos que antes ejercían el saludable contrapeso democrático en la sociedad mexicana. Pero el periodismo está de luto en ese sentido, y en ese sentido el periodismo ha dejado de ser el cuarto poder.

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Hoy en la boca de populistas como López Obrador o Bukele el cuarto poder es algo denigrante. Sin embargo, cuando el periodismo ejerce la función de cuarto poder en un sentido de contrapeso de los otros tres poderes, se vuelve un poder necesario, indispensable para la salud democrática, porque sin periodismo profesional, que sirva de contrapeso, no hay salud democracia.

¿Dónde dice qué la libertad de expresión es un derecho humano y tiene contraprestaciones?, pregunta Lara Klahr ante la audiencia del seminario.

Está en los tratados internacionales, específicamente está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en el Artículo 19, y está en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y también está en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo sexto de la Constitución Mexicana donde se establece el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano.

No obstante, el periodismo está postrado hoy en México, y tiene que recapitalizarse.

¿Quién es el sujeto obligado, quién está obligado a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión? De acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución mexicana la obligación de garantizar la libertad de expresión es del Estado, y en consecuencia quienes ejercen el poder público. Ese sujeto obligado de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución está obligado a respetarla, está obligado a protegerla, pero ahora en México tenemos un presidente qué es el redactor en jefe, es el que arma las primeras planas a la luz de los Guacamaya Leaks.

En esta magistral conferencia el maestro Marco Lara dejó en claro que los medios están postrados al poder público ya que dependen del presupuesto público y por ende no pueden morder la mano de quien les da de comer. Es de suma importancia que los periodistas profesionales sean independientes, pero eso en México se traduce en persecución política, fabricación de carpetas penales o incluso en asesinato.

El caso del periodista Héctor Valdez, quien acudió a Palacio Nacional y le pidió la protección y apoyo al presidente de México lleva dos años preso en el penal de Santa Martha Acatitla, caso que fue expuesto en Chihuahua en el marco del seminario, al igual que las agresiones, amenazas de muerte y persecución al periodista Alfredo Griz.

El periodismo en México tiene que empoderarse, tener aliados, crear redes internacionales, volver a inyectarle la dignidad para ser un pilar en la democracia. De lo contrario, será más de lo mismo, cárcel, muerte o exilio, fueron parte de las conclusiones del evento en los salones de Palacio Nacional del gobierno del estado de Chihuahua, donde se habló sin tapujos de los problemas del ejercicio de la libertad de expresión.

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