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La Suprema Corte aplaza la resolución sobre las fosas de San Fernando

MentesMaestras

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San Fernando, Tamaulipas / FOTO: Pepe Jiménez

San Fernando, Tamaulipas / FOTO: Pepe Jiménez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa uno de los casos más dramáticos de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de México: la aparición de decenas de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. ¿Es buena noticia? Tal vez no. La sentencia que se propone votar se queda a la mitad del camino que las víctimas necesitan y, peor, mantiene en el limbo la responsabilidad de la PGR en sus deficientes investigaciones sobre el caso.

Daniela Rea

SAN FERNANDO, Tamaulipas.- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución del amparo que familiares de personas cuyos cuerpos habrían sido identificados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, interpusieron en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por la posible cremación de restos y por el no reconocimiento de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

El amparo 382/2015 fue interpuesto por Bertila Parada de Osorio, otra víctima hermana de uno de los migrantes identificados, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). Sin embargo, debido a que el ministro ponente del caso, Jorge Pardo Rebolledo, fue comisionado a otras causas, no pudo asistir a la Sala y la resolución quedó aplazada, sin fecha prevista.

Los ministros deberán resolver entre otras cosas, si las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas en el año 2011 –que sumaron 47 fosas con 193 cuerpos– se consideran una grave violación a los derechos humanos, si se reconoce a Bertila y a la otra quejosa como víctimas de graves violaciones a derechos humanos (desaparición forzada), si se investiga la presunta orden de que se incineraran restos encontrados en esas fosas –contrario a los procedimientos judiciales y a los derechos de las víctimas-, y si se reconoce el interés legítimo de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho en el proceso judicial.

“Este es uno de los primeros casos donde se tocan casos de desaparición forzada, frente a restos sin identificar, enmarcados en graves violaciones a los derechos humanos y a víctimas migrantes, que deberían tener un estándar mayor de protección por la vulnerabilidad que enfrentan en su tránsito por México”, dijo Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación.

“La Corte va a revisar la pertinencia de la fragmentación de un caso en competencia local y federal, sobre todo cómo eso afecta en el acceso a la justicia de las víctimas. Además la Corte debiera evaluar cuáles son los límites, los retos que enfrenta un juicio de amparo cuando la víctima está en otro país”.

En mayo del 2013, las salvadoreñas Bertila y la otra mujer, acompañadas por la FJEDD, presentaron un amparo en contra de la PGR por varias deficiencias en la investigación de las fosas de San Fernando.

Cuerpos encontrados el 27 de marzo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas

Cuerpos encontrados el 27 de marzo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas

Entre los argumentos de las mujeres estaban: la posible incineración de los restos, que la PGR no las reconoció como víctimas por la desaparición, asesinato o posible ejecución de sus familiares Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, y por lo tanto no reconoció sus derechos; también se quejaron de la violación al derecho a no sufrir tortura o malos tratos como consecuencia de negar derechos e información como víctimas de desaparición forzada; de la violación al derecho a la verdad por no tener información certera sobre la identificación de sus familiares y la afectación al derecho a la verdad que reclamó la Fundación para acceder a investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos.

El caso llegó a la primera sala de la SCJN a manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El primer borrador del proyecto del Ministro está disponible en internet y a partir de ese documento la Fundación expresó su preocupación por la orientación que éste plantea:

En primer lugar, porque en él no se reconoce la condición de migrantes de las víctimas, lo que tiene mayor impacto en cuanto al acceso a la justicia, reparación y verdad; que el caso no se reconozca como una grave violación a los derechos humanos; que las quejosas no sean reconocidas como víctimas de la desaparición forzada de sus familiares; que no se reconozca el derecho a la verdad; que no se revisen las consecuencias de un trabajo pericial deficiente y que la carga de la prueba recaiga en las quejosas.

“También nos preocupa que no se reconozca el interés legítimo de la Fundación, siendo que se trata de una grave violación a los derechos humanos”, expresó Delgadillo.

Desde que comenzó la investigación de estos casos la Fundación ha reclamado a las instituciones como la PGR y el IFAI que se reconozcan como grave violación a los derechos humanos y el daño colectivo que generan.

“Estos crímenes ocurrieron en un contexto de generalidad y sistematicidad de crímenes cometidos contra personas migrantes, y en lo específico en estos hechos participaron agentes y funcionarios del Estado mexicano, entre ellos varios policías”, expuso la Fundación en su alegato a la SCJN.

“Cuando se presentan este tipo de grave violaciones, los estados deberán garantizar tanto el conocimiento de la verdad acerca de los acontecimientos como la participación en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y también a toda persona u organización que tenga un interés legítimo en el proceso”, agregó.

Ana Lorena Delgadillo reconoció que el proyecto del Ministro Pardo Rebolledo sí exige que se otorgue una copia del expediente a la víctima, lo que había negado la PGR desde el inicio del proceso, y que se reconoce el carácter de víctima de las quejosas, aunque es de manera parcial.

Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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Rusia presume avances en vacuna contra Covid-19

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Científicos rusos informaron que la vacuna que desarrollan contra el Covid-19 demostró seguridad a sus voluntarios que desarrollaron una respuesta inmune en un primer ensayo clínico.

De acuerdo con los investigadores, sólo tres de los 18 investigadores voluntarios seguidos durante un mes en la Universidad de Sechenov presentaron efectos secundarios menores, por lo que buscan determinar la fortaleza de la respuesta inmune producida por la vacuna.

Los especialistas refirieron que el ensayo clínico a mayor escala comenzará en agosto, por lo que esperan resultados positivos en las mimas para el desarrollo de una vacuna eficaz contra el nuevo tipo de coronavirus que ha causado una pandemia en el mundo.

Elena Smolyarchuk, directora del Departamento de la Universidad de Sechenov, explicó que están preparando el mecanismo de seguridad, por lo que destacó que la inmunidad específica ha mostrado resultados preliminares positivos para atender la problemática.

Los resultados de la respuesta inmune serán presentados en el Instituto Gamaleya que desarrolló la vacuna, aunado a que esperan que el Ministerio de Salud de Rusia masifica el ensayo clínico y con ello buscan atender de forma rápida cualquier tipo de eventualidad por la enfermedad.

En la actualidad se desarrollan más de cien vacunas en el mundo, de las cuales 19 se han efectuado en ensayos humanos y sólo dos están en la Fase III, siendo una de Sinoprham de China y otra de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

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